CE - 20240401180509

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

Demandante: John Alejandro García León Demandada: Policía Nacional Tema: Sanción de destitución e inhabilidad de 10 años a patrullero por apropiarse de un arma de fogueo de un particular , en un operativo policial

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de f ebrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

I.- Antecedentes

1.- La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, John Alejandro García León presentó demanda en orden a que se declarara la nulidad de los actos administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia: (i) del 28 de junio de 2018 por medio del cual la Oficina de Control Disciplinario de la Policía Metropolitana de Manizales lo sanci onó con destitución e inhabilidad por 10 años y (ii) del 11 de julio de 2019 emitido por la Inspección Delegada Regional 3, que confirmó la decisión anterior.

la Policía Metropolitana de Manizales lo sanci onó con destitución e inhabilidad por 10 años y (ii) del 11 de julio de 2019 emitido por la Inspección Delegada Regional 3, que confirmó la decisión anterior.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad demandada a: (i) levantar la sanción impuesta para ejercer cargos públicos, esto es eliminar de sus bases de datos los antecedentes disciplinarios anotados como consecuencia de la decisión sancionatoria, (ii) reintegrarlo al servicio activo en el grado que de acuerdo con la antigüedad debiera corresponderle para la fecha en que fue retirado, en el cargo que venía desempeñando o a otro de superior categoría, sin solución de continuidad , (iii) pagarle de manera indexada los salarios y demás emolumentos dejados de percibir, a sí como las sumas que demuestre haber pagado por concepto de servicios médicos, intervenciones quirúrgicas, hospitalarios, de laboratorio, especialistas, odontólogos, tanto para él como para su familia, y demás emolumentos económicos causados entre la fech a de su retiro y la del reintegro al cargo, (iv) reconocerle y pagarle el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMLMV, por los daños morales, de su imagen, la angustia y pesar que le fueron generados con la sanción, (v)

1 Señalado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.Demandante: John Alejandro García León Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.Demandante: John Alejandro García León Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022) pagar las c ostas y gastos del proceso, (vi) pagarle de manera actualizada las anteriores sumas, teniendo en cuenta el IPC más los intereses legales a que hubiere lugar y (iv) dar cumplimiento a la sentencia como lo dispone el artículo 192 y 195 del CPACA.

1.1.- Fundamentos fácticos

• John Alejandro García León realizó estudios en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez en el curso 036 de patrullero, al culminar sus estudios el 11 de diciembre de 2008 obtuvo el título de técnico profesional en servicio de policía y el grado de patrullero.

• El 3 de junio de 2017 se presentó en el sector denominado como Puerto Paz, jurisdicción del CAI Alfonso López, Manizales una riña en la que Rubén Darío González Galvis sacó un arma de fogueo, posteriormente, intervino la Policía y de manera irregular le confiscaron el arma que se encontraba en el bolso de su pareja sentimental.

• El 5 de junio de 2017, Rubén Darío González Galvis presentó queja contra los patrulleros Jhon Fredy Coy Vanegas, John García León y Juan Baena Rivera.

• El 21 de junio de 2017 la oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Manizales emitió auto inhibitorio I -MEMAZ 2017-572 respecto de la queja presentada porque no era clar a y no se aportaron elementos de prueba que demostraran irregularidades en el procedimiento policial.

Metropolitana de Manizales emitió auto inhibitorio I -MEMAZ 2017-572 respecto de la queja presentada porque no era clar a y no se aportaron elementos de prueba que demostraran irregularidades en el procedimiento policial.

• Rubén Darío González Galvis, mediante escrito 3 sin número y fecha , puso en conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Manizales su inconformidad con la decisión i nhibitoria, por lo que solicitó la apertura de investigación contra el patrullero García, comoquiera que contaba con testigos presenciales que podían dar fe de los hechos, para ello, relacionó al cabo Romero que labora ba en el CAI Alfonso López, al patrullero Buriticá que trabajaba en el CAI Palermo, al patrullero Torres quien para la fecha de los hechos prestaba sus servicios en el CAI Alfonso López, a su compañera sentimental Lorena Muñoz y a Yuli Alejandra Muñoz ; también aportó material fílmico.

• El 31 de agosto de 2017, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Manizales emitió auto de apertura de indagación preliminar PMEMAZ -2017-1074 en contra de «personal de policía» por establecer ; así mismo, ordenó vincular a los p oliciales que durante la investigación resultaran comprometidos en los hechos objeto de investigación ; también dispuso la práctica de pruebas, entre ellas, la extracción de las imágenes del material fílmico, con 3 videos y 1 foto para identificar los funci onarios que participaron en el procedimiento policial, las minutas de servicio obrante en la estación de policía referentes al apoyo policial prestado el día de los hechos entre las 21 y

fílmico, con 3 videos y 1 foto para identificar los funci onarios que participaron en el procedimiento policial, las minutas de servicio obrante en la estación de policía referentes al apoyo policial prestado el día de los hechos entre las 21 y

2 Págs. 128 a la 130 cuaderno 1 3 Pag 124 cuaderno 1 4 Págs. 134 a la 136 cuaderno 1Demandante: John Alejandro García León Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022) 23 horas, la identificación, a través del grupo de Talento Humano, de los funcionarios que laboraron en los CAI Palermo y Alfonso López el 3 de junio de 2017 y los testimonios de Lorena Muñoz, Yuli Alejandra Muñoz, Jhon Fredy Coy Vanegas y Juan Baena Rivera.

• El 25 de septiembre de 2017, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Manizales expidió auto con el cual decretó la práctica de pruebas5 relacionadas con la identificación de los testigos mencionados en el escrito presentado por Rubén Darío González Galvis , para ser escuchados en dilig encia de declaración juramentada , y con la individualización de los funcionarios que prestaron el servicio en el día y hora de ocurrencia de los hechos.

• El 2 de febrero de 2018, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de M anizales emitió auto en el que se ordenó la vinculación del patrullero John Alejandro García León6, a la investigación disciplinaria, decisión que fue notificada el 3 de febrero del mismo año7.

Metropolitana de M anizales emitió auto en el que se ordenó la vinculación del patrullero John Alejandro García León6, a la investigación disciplinaria, decisión que fue notificada el 3 de febrero del mismo año7.

• El 18 de abril de 2018, la referida autoridad citó a audienci a y formuló un único cargo en contra el demandante, por la siguiente falta gravísima a título de dolo:

«Ley 1015 de 2006

Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (…)

14. Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, el ementos, documentos o pertenencias de la Institución, de los superiores, subalternos, compañeros o particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero.»

• Los días 11, 25 y 30 de mayo, 5, 12, 19, 25, 26 y 28 de junio se lle vó a cabo la audiencia pública disciplinaria en la que se rindió versión libre, se presentaron descargos, se desarrolló la etapa probatoria, se presentaron los alegatos de conclusión y se emitió decisión sancionatoria de primera instancia.

• En el acto administrativo sancionatorio de primera instancia8 del 28 de junio de 2018, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Manizales sancionó al demandante con destitución e inhabilidad por 10 años, al hallar acreditada la comisión de la conducta disciplinaria descrita , notificada en estrados.

• Contra la decisión se interpuso el recurso de apelación , resuelto en acto

al hallar acreditada la comisión de la conducta disciplinaria descrita , notificada en estrados.

• Contra la decisión se interpuso el recurso de apelación , resuelto en acto administrativo sancionatorio del 11 de julio de 2019 9, notificad o en la misma fecha10, en el que se confirmó la decisi ón de primera instancia y se ordenó el desglose de las copia s de las principales pruebas obrantes en la actuación disciplinaria radicada SIJUR MEMA2 -201 y su remisión a la Fiscalía General

5 Pag 138 6 Pag 213 y 214 7 Pag 216 8 Pag 81 a la 105 cuaderno 1A 9 Pag 122 a la 138 cuaderno 1A 10 Pag 140 cuaderno 1ADemandante: John Alejandro García León Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022) de la Nación, oficina de asignaciones del lugar en donde ocurrieron los hechos por su posible incidencia en la ley penal.

• Mediante Resolución 03109 del 22 de julio de 2019 11, la Dirección General de la Policía Nacional lo retir ó del servicio activo de la Policía Nacional por destitución en cumplimiento de la sanción impuesta.

1.2.- Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 21, 25, 29, 42, 44, 52,

53, 84, 121, 122, 124, 128 y 209 de la Constitución; 52, 103, 138 del CPACA; 1 al 21, 34.9, 35.17, 37, 41.60; 30, 39, 48, 116, 137, 138, 141, 142, 171 de la Ley 1015 de 2006; del 1 al 23, 35 , numerales 1, 7 y 35, 37, 30, 39, 48, 116, 128 al 142, 171 entre otras, de la Ley 734 de 2002 y las Leyes 446 de 1998; 640 de 2001 y 1285 de 2009 y el Decreto 2511 de 1998.

En el concepto de violación, adujo que:

En cuanto a la búsqueda de la verdad por parte del órgano disciplinario, la investigación se centró en pruebas desfavorables en su contra, incumpliendo así la imparcialidad requerida por la Ley 734 de 2002, pues no se soli citó la prueba fílmica de cámaras de seguridad cercanas, lo que habría aportado evidencia crucial. Además, la autoridad disciplinaria, al actuar como juez y parte, omitió llamarlo en primer lugar con lo cual evit ó una defensa adecuada y omitió la vinculación de los otros policías involucrados, de lo cual resalt ó la preferencia por sancionarlo en lugar de investigar objetivamente los hechos.

En relación con el cargo calificado como falta gravísima y a título de dolo , la conducta fue desplegada en cumplimiento de sus funciones constitucionales y la providencia fue sesgada al centrarse en la presunta apropiación de un bien sin considerar la realidad vivenciada por él, quien no tuvo la más mínima intención de

conducta fue desplegada en cumplimiento de sus funciones constitucionales y la providencia fue sesgada al centrarse en la presunta apropiación de un bien sin considerar la realidad vivenciada por él, quien no tuvo la más mínima intención de lesionar el bien jurídico del ciudadano, sin conside ración a la falta de quejas en ninguno de los procedimientos policiales en los que actuó y la afirmación errónea de que se apropió de un bien para beneficio propio, sin evidencia de la existencia real de dicho bien. Asimismo, el fallo careció de fundamento al no demostrar cómo el policía orientó su voluntad para apropiarse del supuesto elemento.

La actuación disciplinaria no fue imparcial, pues hubo omisión de pruebas relevantes y la s que se tuvieron en cuenta no respaldaron la acusación, en tanto hubo un enfoque sesgado en la imputación de cargos contra el demandante , con lo que se se vulneró su derecho a la defensa.

Destacó que los actos administrativos son nulos, en forma genérica, por haberse expedido de forma irregular e hizo alusión a los siguientes cargos:

1. Falsa Motivación Fáctica por Indebida Valoración y Calificación de la

Prueba:

11 Pag 122 cuaderno 1Demandante: John Alejandro García León Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022)

La autoridad disciplinaria incurrió en una falsa motivación al dar por demostrados hechos sin sustento probatorio alguno , como la existencia y apropiación de un elemento, así como por la interpretación extensiva de situaciones fácticas y la falta de análisis detallado de la existencia de la supuesta arma de fogueo. Además, la

hechos sin sustento probatorio alguno , como la existencia y apropiación de un elemento, así como por la interpretación extensiva de situaciones fácticas y la falta de análisis detallado de la existencia de la supuesta arma de fogueo. Además, la omisión de valorar pruebas a favor del disciplinado y la contradicción en la valoración de test imonios, condujo a una indebida valoración que llevó a calificar los hechos como gravísimos a título de dolo sin pruebas contundentes.

2. Falsa Motivación Jurídica por Aplicación de Normas Ex Post Facto y

Hermenéuticas Restrictivas:

La autoridad disciplinar ia aplicó de manera inflexible las leyes sin interpretación sistemática. La falta de subsunción típica de la conducta bajo las condiciones subjetivas, ignorando la interpretación sistemática y la proporcionalidad. Y la sanción se basó en una hipótesis de c onducta reprochable inexistente, careciendo de una interpretación adecuada del material probatorio.

3. Ilegalidad Sustantiva de los Actos Sancionatorios por Desproporcionalidad

de la Sanción:

La autoridad disciplinaria al calificar los hechos como gravísimo s a título de dolo sin pruebas concluyentes, impuso una sanción desproporcionada. En ese sentido la destitución e inhabilitación por 10 años carece de fundamento, ya que no se probó la afectación al deber funcional, en consecuencia, la medida es ilegal y v a en contra del artículo 18 del CDU y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre proporcionalidad en la función pública.

4. Restablecimiento del Derecho y Eliminación del Exceso en el Poder

Sancionatorio del Estado:

en contra del artículo 18 del CDU y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre proporcionalidad en la función pública.

4. Restablecimiento del Derecho y Eliminación del Exceso en el Poder

Sancionatorio del Estado:

La forma en que se procesó y san cionó al demandante resultó lesiva a sus derechos y contraria a la ley, lo que evidencia la anulabilidad del fallo administrativo disciplinario.

En los actos que se demandan concurren causales de nulidad de que trata los artículos 103, 138, 187 y 238 del CPCA, por existir violación directa de la ley, además de contrariar disposiciones legales en que debía fundarse y se infringe el derecho fundamental al debido proceso de qu e trata el artículo 29 de la Constitución Política, por lo tanto, deberán ser anula dos sus efectos, así sean parcialmente a sus justas proporciones.

Finalmente, hace un llamado a tener presente la Convención Interamericana de Derechos Humanos para abordar violaciones al debido proceso en materia disciplinaria.

2.- Contestación de la demandaDemandante: John Alejandro García León Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022) Mediante auto del 11 de febrero de 2022, el a quo resolvió tener por no contestada la demanda, razón por la cual la Policía Nacional presentó una demanda de tutela en contra esta decisión , la cual fue inicialmente favorable a esa entidad; sin embargo, en segunda instancia , fue revocada mediante fallo del 4 de noviembre de 2021 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3.- La sentencia apelada

embargo, en segunda instancia , fue revocada mediante fallo del 4 de noviembre de 2021 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3.- La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia de primera instancia del 17 de febrero del 2022 12 negó las pretensiones de la demanda -sin condena en costas -, con base en los siguientes argumentos:

Frente a las irregularidades probatorias que a juicio de la parte demandante conllevaron a la vulneración del derecho al debido proceso, una vez revisado el proceso disciplinario, encontró que este se inició con una indagación preliminar contra el personal policial por hechos a establecer, lo cual no vulneró el debido proceso, en la medida en que esta etapa procesal tiene por finalidad, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, entre otros, identificar o individualizar al autor de la falta, que fue lo que ocurrió durante esta, en la que se verificó la ocurrencia de la conducta, se determinó si constituía falta disciplinaria y se identificó al posible autor, puesto que el quejoso presentó una queja sin precisar claramente la identidad del policía involucrado.

En la indagación preliminar, se practicaron pruebas, incluyendo testimonios y un informe sobre material fílmico aportado po r el quejoso. Ahora bien, cuando se vinculó al demandante a la investigación disciplinaria, se le notificó de sus derechos, incluyendo la posibilidad de ser escuchado en versión libre, solicitar y aportar pruebas, y controvertir las alegaciones y se le ent regó copia de la indagación preliminar. En ese sentido, el argumento atinente a que solo se

derechos, incluyendo la posibilidad de ser escuchado en versión libre, solicitar y aportar pruebas, y controvertir las alegaciones y se le ent regó copia de la indagación preliminar. En ese sentido, el argumento atinente a que solo se practicaron pruebas que desfavorecían al accionante no es de recibo, pues lo que se observa es que en la indagación preliminar se decretaron y practicaron aquellas que la oficina de Control Interno consideró eran necesarias para verificar la ocurrencia de la conducta e identificar al actor de la falta , y en la etapa de la investigación disciplinaria se decretaron aquellas pedidas por la parte demandante, las cuales , como se indicó , únicamente fueron testimoniales, aún teniendo la posibilidad, al tenor del artículo 130 de la Ley 734 de 2002, de acudir a otros medios probatorios como los que recrimina no fueron practicados por el operador disciplinario, esto es, los videos de las cámaras de seguridad aledañas al sector en donde ocurrieron los hechos y la prueba de la propiedad del arma de fogueo.

Si bien es cierto los actos sancionatorios solo hacen referencia a pruebas testimoniales, de ello no se sigue la violación del debido proceso, pues este es un medio de prueba establecido en el CDU, y no se observa que sea insuficiente, pues se rindieron bajo la gravedad del juramento y de su valoración conjunta permitió al operador arribar a una decisión.

12 Pag 24 a la 69 cuaderno 1BDemandante: John Alejandro García León Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022) Durante la investigación disciplinaria, se notificó al disciplinado sobre su derecho a

Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022) Durante la investigación disciplinaria, se notificó al disciplinado sobre su derecho a acceder a la investigación, ser escuchado en versión libre, solicitar o aportar pruebas, intervenir en su práctica, rendir descargos e impugnar decisiones, es decir, se respetaron todas las garantías del debido proceso.

El actor tuvo la oportunidad de conocer y controvertir las pruebas, incluso solicitar testimonios adicionales cuando se formularon cargos. Además, la falta de vinculación de otros uniformados no invalida los fallos ni viola de rechos de defensa y contradicción.

Las falencias en que pudo incurrir el abogado que defendió al demandante en el trámite disciplinario no pueden enrostrarse a l a autoridad disicplinaria, que como se advirtió respetaron el derecho al debido proceso.

En lo atinente a la falsa motivación , las pruebas indicaron que el disciplinado se apropió de un arma de fogueo que portaba Rubén González Galvis el 3 de junio de 2017. De acuerdo con los testimonios de la compañera sentimental y la cuñada de González, así com o de los uniformados Wilson Buriticá y William Torres, confirmaron que el patrullero extrajo el arma del bolso de la compañera sentimental de Rubén Gonz ález y que momentos antes estuvo en sus manos. También se mencionó que el Subintendente Wilson Romero en contró un arma de fogueo con reglamentación al día en posesión de González Galvis antes del incidente.

A pesar de la falta de otras pruebas o documentos que respalden la existencia del arma, argumentó que los testimonios, al ser coherentes y concordantes, son

fogueo con reglamentación al día en posesión de González Galvis antes del incidente.

A pesar de la falta de otras pruebas o documentos que respalden la existencia del arma, argumentó que los testimonios, al ser coherentes y concordantes, son suficientes para establecer la conducta del disciplinado en el operativo, en el que se apropió del arma de fogueo sin levantar un acta de incautación, y esta posteriormente desapareció.

En cuanto al dolo en materia disciplinaria, el patrullero conocí a de sus funciones y deberes como policía, pero aún así se apropió de un bien de un particular, ignorando la solicitud de levantar un acta de incautación, con lo cual, se confirmó que el conocimiento de la ilicitud y la voluntad están presentes en la condu cta del actor.

Finalmente, la sanción aplicada, que consiste en destitución e inhabilidad general por 10 años, se determinó en consideración a l buen comportamiento del actor en los cinco años anteriores, lo cual influyó en establecer la inhabilidad en el mínimo previsto por la ley.

En relación con la falta de competencia del fallador de segunda instancia del proceso disciplinario se destacó , según el artículo 52 del CPACA, que el procedimiento administrativo sancionatorio allí previsto es aplicable cuando no hay norma especial. Sin embargo, para los miembros de la Policía Nacional, la Ley 1015 de 2006, remite al Código Disciplinario Único y no a la Ley 1437 de 2011 y a pesar de que el artículo 171 del Código Disciplinario Único establece un plazo de 45 día s para que el funcionario de segunda instancia dicte sentencia, no se

pesar de que el artículo 171 del Código Disciplinario Único establece un plazo de 45 día s para que el funcionario de segunda instancia dicte sentencia, no se menciona la pérdida de competencia en caso de superar este plazo, aunado a queDemandante: John Alejandro García León Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022) la jurisprudencia del Consejo de Estado subraya que la superación de los términos no constituye causal de n ulidad de los fallos sancionatorios, a menos que ello implique una violación del derecho al debido proceso.

Además, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por la Ley 1474 de 2011, estableció que la acción disciplinaria caducaría después de 5 años contados desde la ocurrencia de la falta. En este caso, la falta por la cual se responsabilizó al demandante ocurrió el 3 de junio de 2017 y se considera una falta instantánea. El fallo de segunda instancia tiene fecha de l 11 de julio de 2019, es decir, no excedió aquel plazo para la prescripción de la acción disciplinaria. De ahí que, aunque se superó el plazo para emitir el fallo de segunda instancia según la Ley 734 de 2002, esto no invalidó los fallos sancionatorios debido a la falta de competencia del funcionario, especialmente porque no se evidenció una violación del derecho al debido proceso del demandante en el curso del proceso disciplinario.

Finalmente, sobre el presunto desconocimiento de la non reformatio in pejus , en cuanto a que el acto san cionatorio de segunda instancia emitido por el Inspector Delegado 3 dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del actor,

Finalmente, sobre el presunto desconocimiento de la non reformatio in pejus , en cuanto a que el acto san cionatorio de segunda instancia emitido por el Inspector Delegado 3 dentro del proceso disciplinario adelantado en contra del actor, confirmó en su integridad el fallo de primera instancia, pero en el numeral dos ordenó desglosar copias de las principales piezas procesales y remitirlas a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia en relación con la conducta cometida por el demandante y su posible incidencia en la ley penal , observó que su situación no se hizo más gravosa, pues la sanción dis ciplinaria se mantuvo en los mismos términos ordenados en el fallo de primera instancia y el hecho de que se ordenara trasladar las diligencias a la Fiscalía General de la Nación era una obligación del operador disciplinario al tenor del artículo 70 de la Ley 734 de 2002, que establece que «si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva»

4-. El recurso de apelación13

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

(i) el Tribunal no examinó la vulneración del derecho al debido proceso, respecto de la valoración probatoria en el proceso disciplinario, en esencia, porque:

La Sala de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no aplicó el ejercicio del juicio integral al no estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas qu e respaldaron la imposición de la sanción disciplinaria. En ese

porque:

La Sala de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no aplicó el ejercicio del juicio integral al no estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas qu e respaldaron la imposición de la sanción disciplinaria. En ese sentido, a diferencia de lo afirmado por el A quo, durante todo el trámite del proceso disciplinario se presentaron violaciones al debido proceso por la indebida

13 Págs. 74 a 149 del cuaderno 1BDemandante: John Alejandro García León Radicado: 17001-23-33-000-2020-00057-01 (3105-2022) valoración de pruebas y la fal ta de contradicción por parte de los operadores disciplinarios y que la sanción se basó en pruebas insuficientes y contradictorias.

En ese sentido, cuestionó la credibilidad de los testimonios presentados, especialmente los de la compañera sentimental de González Ga lvis, Claudia Lorena Buitrago Muñoz, y su cuñada, Yuli Alejandra Echeverry Muñoz, así como de los uniformados Wilson Buriticá y William Torres, quienes llegaron de últimos al lugar de los hechos después de que ocurrió el supuesto extravío del ar ma de fogueo, lo cual contradice la versión inicial.

Los testigos, algunos de los cu ales son familiares, presentaron contradicciones en sus versiones, no fueron coherentes en cuanto al modo, tiempo y lugar de los hechos. Además, no proporciona ron detalle s sobre el supuesto objeto perdido, como marca, serial, color, forma, lugar de adquisición y precio. Otros declarantes, sin interés en el proceso, afirma ron no haber presenciado el hecho ni tener conocimiento de que el policía se apropiara del arma.

como marca, serial, color, forma, lugar de adquisición y precio. Otros declarantes, sin interés en el proceso, afirma ron no haber presenciado el hecho ni tener conocimiento de que el policía se apropiara del arma.

La f alta de pruebas contundentes y las contradicciones en los testimonios deberían haber llevado a aplicar el principio de in dubio pro disciplinado, resolviendo las dudas en favor del acusado. En consecuencia, la sanción se basó en un material probatorio insu ficiente y dudoso, sin certeza sobre la existencia de la presunta arma y sin la debida documentación que respaldara la propiedad y presencia del objeto en el lugar de los hechos.

Enfatizó que no busca que la jurisdicción contenciosa administrativa sea una tercera instancia del juicio disciplinario, sino que se analice la nulidad de los actos demandados lo que es procedente solo cuando se haya vulnerado el debido proceso en el proceso inicial, como ocurrió en este caso.

(ii) Irregularidades procesales sustancia les en el trámite del proceso disciplinario, principalmente, porque:

La segunda instancia empeoró su situación, con lo cual incurrió en la prohibición de la non reformatio in pejus; hubo falsa motivación táctica y jurídica, así como ilegalidad sustantiva en los actos sancionatorios; también, pérdida temporal de competencia y la existencia de irregularidades en la recolección y valoración de pruebas, realizadas en gran medida sin la participación del demandante, puesto que desde el inicio del proceso disci plinario, la Policía conocía la identidad del actor de la conducta, lo cual se evidencia en la queja presentada y en documentos internos, sin embargo, omitió este dato para vincularlo a la indagación preliminar,

que desde el inicio del proceso disci plinario, la Policía conocía la identidad del actor de la conducta, lo cual se evidencia en la queja presentada y en documentos internos, sin embargo, omitió este dato para vincularlo a la indagación preliminar, generando un trato desigual y una violación al derecho de defensa y la falta de comunicación a la PGN de la investigación con lo cual se desconoció el artículo 155 del CDU

5.- Alegatos de segunda instancia

Las partes no se pronunciaron en esta etapa procesal14.

14 Constancia secretarial del 12 de septiembre de 2022. Samai, índice 9.Demandante: John Aleja