CE - 2211001032600020230005500120230815100241
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- Título
- CE - 2211001032600020230005500120230815100241
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
e CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023) RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2023-00055-00 (69723)
CONVOCANTE: CONSORCIO SAN PATRICIO
CONVOCADO: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU REFERENCIA: RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES-No es una segunda instancia. ARBITRAMENTO Naturaleza contractual. PACTO ARBITRAL-Su objeto es sustraer el conflicto de la justicia institucional. JUEZ DEL RECURSO DE ANULACIÓN-No es juez del contrato. CAUSAL 7 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563Fallo en conciencia o equidad debiendo ser en derecho. FALLO EN CONCIENCIA-El Juez sigue las determinaciones de su fuero interno. FALLO EN EQUIDAD-El juez inaplica la ley por inicua o falla por fuera del ámbito de la ley. FALLO EN CONCIENCIA O EQUIDAD-No se configura porque se omitió resolver sobre excepciones. FALLO EN CONCIENCIA O EQUIDAD-Se configura cuando se omite en su integridad el acervo probatorio.
La Sala decide el recurso de anulación interpuesto por la convocante en contra del laudo del 12 de enero de 2023, que negó las pretensiones. SINTESIS DEL CASO La convocante interpuso recurso de anulación en contra del laudo del 12 de enero
laudo del 12 de enero de 2023, que negó las pretensiones. SINTESIS DEL CASO La convocante interpuso recurso de anulación en contra del laudo del 12 de enero de 2023 proferido por el Tribunal Arbitral constituido para dirimir las diferencias con ocasión del contrato de obra n.º 1550, celebrado entre el Consorcio San Patricio y el Instituto de Desarrollo Urbano-lDU. La recurrente estima que se configuró la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. ANTECEDENTES El 28 de diciembre de 2018, el Consorcio San Patricio y el Instituto de Desarrollo Urbano-lDU celebraron el contrato de obra n. º 1550. El objeto del contrato fue la construcción de la avenida El Rincón desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91 y de la intersección avenida El Rincón por avenida Boyacá y obras complementarias, en Bogotá DC.e Expediente n.º 69.723
Convocante: Consorcio San Patricio Niega recurso de anulación El 2 de febrero de 2021, el Consorcio San Patricio presentó solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento y demanda ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de solucionar las diferencias surgidas con el Instituto de Desarrollo Urbano-lDU, en relación con el contrato de obra n.º 1550 de 2018. El 12 de julio de 2021, el convocante presentó reforma a la demanda. En apoyo de las pretensiones, afirmó que la convocada incumplió el contrato, pues los diseños que le entregó no
2021, el convocante presentó reforma a la demanda. En apoyo de las pretensiones, afirmó que la convocada incumplió el contrato, pues los diseños que le entregó no permitieran la ejecución de la obra, al no al no ser definitivos o fase 111. El 14 de abril de 2021, se celebró la audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento y el 13 de julio de 2021 siguiente se admitió la reforma de la demanda. La convocada, en la contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones al estimar que no incumplió el contrato. El 12 de enero de 2023, el Tribunal Arbitral dictó el laudo que se recurre. Consideró que como la convocante debía complementar los estudios entregados por la convocada según lo pactado en el contrato, no hubo un incumplimiento. La convocante en el recurso de anulación propuso la causal del numeral 7 artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Las razones del recurso, oposición y análisis de las causales se harán en la parte considerativa de esta providencia.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de anulación, de conformidad con el artículo 104 numeral 7° de la Ley 1437 de 2011, porque el laudo arbitral fue proferido para dirimir un conflicto surgido ocasión del contrato de obra n. º 1550, en el cual una de las partes es una entidad pública.
Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configura la causal del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configura la causal del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. El recurso extraordinario de anulación de laudos arbitralese Expediente n.º 69.723
Convocante: Consorcio San Patricio Niega recurso de anulación
2. El arbitraje es una institución esencialmente contractual. Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (1602 CC), deciden que su conflicto sea resuelto por particulares investidos para administrar justicia. El objeto del pacto arbitral es, entonces, sustraer de la justicia institucional el conflicto. Por ello, el recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia en la que se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio.
Los tribunales arbitrales son falladores de única instancia. El juez de anulación, pues, no puede convertirse en juez del contrato. La decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por el Tribunal Arbitral, en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria pues ello supondría desconocer la voluntad de las partes de sustraer el litigio de la justicia institucional1. El recurso no es la vía para controvertir la decisión que los árbitros adopten.
Causal invocada: «Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo»
(Numeral 7° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012). Sustentación
derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo» (Numeral 7° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012). Sustentación La convocante esgrimió que el Tribunal Arbitral falló en conciencia, porque omitió valorar un dictamen pericial practicado en el proceso. Oposición y concepto del Ministerio Público La convocada y el Ministerio Público expusieron que el laudo arbitral tiene soporte en normas jurídicas y en la valoración probatoria, y que el recurrente pretende revivir el debate. Análisis de la Sala 1 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de junio de 2006, Rad. 29.476 [fundamento jurídico 2.3] y 32.398 [fundamento jurídico 2.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 18172017, Sección Tercera, Tomo A, Imprenta Nacional, pp, 937 y 973, disponible en disponible en https://bit.ly/3gjjduK.e Expediente n. º 69. 723
Convocante: Consorcio San Patricio Niega recurso de anulación
3. El fallo en conciencia no lleva a cabo un razonamiento soportado en el ordenamiento jurídico vigente, sino que se imparte solución al litigio de acuerdo con la convicción personal y el sentido común. Así, el juez o árbitro sigue las determinaciones de su fuero interno, según su leal saber y entender de manera que bien puede identificarse con el concepto de "verdad sabida y buena fe guardada"2.
A su vez, el fallo en derecho se apoya en el conjunto de normas sustanciales y
determinaciones de su fuero interno, según su leal saber y entender de manera que bien puede identificarse con el concepto de "verdad sabida y buena fe guardada"2. A su vez, el fallo en derecho se apoya en el conjunto de normas sustanciales y procesales, así como en los «principios» que integran el ordenamiento jurídico y que constituyen el marco de referencia de la decisión. El juez o árbitro debe apreciar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y podrá tener en cuenta, en esa libre apreciación de la prueba las reglas de la experiencia, la lógica y la ciencia3. Solo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado, en forma ostensible, el marco jurídico que debe acatar para basarse en el sentido común o en convicciones personales podrá asimilarse a un fallo en conciencia. Si el juez o árbitro adquiere la certeza que requiere para otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos4. Por ello, esta causal no autoriza al juez del recurso de anulación para verificar el fondo del fallo, ni alterar el valor que el juzgador le otorgó a cada una de las pruebas. Los límites que la ley ha fijado a este recurso suponen la sanción de yerros por la inobservancia de normas procesales [in procedendo] y no por la aplicación o no de normas sustanciales [in iudicando]5. No es procedente analizar una violación indirecta a la norma sustancial por la existencia de errores de hecho o de derecho al valorar las pruebas, porque este
sustanciales [in iudicando]5. No es procedente analizar una violación indirecta a la norma sustancial por la existencia de errores de hecho o de derecho al valorar las pruebas, porque este aspecto es un error in iudicando sobre el cual no está edificado este recurso extraordinario. La decisión equivocada no corresponde a un fallo en conciencia, ni el desacuerdo de las partes con las razones esgrimidas en la providencia configura 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 27 de abril de 1999, Rad.15.623 [fundamento jurídico tercer cargo]. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de abril de 2012, Rad. 42.126 [fundamento jurídico 3.2.3.1] 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992, Rad. 6.695 [fundamento jurídico b], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 985-986, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2000, Rad. 17.591 [fundamento jurídico consideraciones] y sentencia de 16 de junio de 2008, Rad. 34.543 [fundamento jurídico 3.1.2]e Expediente n. º 69. 723
Convocante: Consorcio San Patricio Niega recurso de anulación la causal, porque el juicio de anulación no supone una nueva instancia de discusión en relación con el fondo del asunto6.
Convocante: Consorcio San Patricio Niega recurso de anulación la causal, porque el juicio de anulación no supone una nueva instancia de discusión en relación con el fondo del asunto6.
4. Los fallos en equidad se presentan cuando el juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto, porque la considera inicua o conduce a una inequidad. En ninguna de tales hipótesis el juzgador puede prescindir de la motivación o de las pruebas, pues en tal evento ya no sería en equidad sino en conciencia y las decisiones de esta naturaleza están proscritas de nuestro ordenamiento jurídico.
En el fallo en conciencia el árbitro decide el litigio bajo su propia noción de justicia, sin tener en cuenta el marco jurídico. Cuando lo hace en equidad, el árbitro tiene claras las reglas de la ley, pero se aparta de ellas porque producen un resultado que estima injusto para ese caso particular. El fallo será en derecho si el árbitro decide con sustento en las reglas jurídicas, acude en apoyo a principios generales del derecho y valora el acervo probatorio.
5. Según el recurrente, el Tribunal de Arbitramento omitió valorar un dictamen pericial practicado en el proceso.
El Consorcio San Patricio afirmó que el Instituto de Desarrollo Urbano-lDU incumplió el contrato de obra n. º 1550 de 2018, pues los diseños que le entregó no permitieran la ejecución de la obra, al no al no ser definitivos o fase 111. El Tribunal Arbitral, con fundamento en lo pactado por las partes, las pruebas allegadas al proceso, y el conjunto de normas sustanciales y procesales que estimó aplicables a la
la ejecución de la obra, al no al no ser definitivos o fase 111. El Tribunal Arbitral, con fundamento en lo pactado por las partes, las pruebas allegadas al proceso, y el conjunto de normas sustanciales y procesales que estimó aplicables a la controversia, concluyó que el Instituto de Desarrollo Urbano-lDU no había incumplido el contrato, pues el contratista debía complementar los estudios entregados por la entidad. El razonamiento del Tribunal Arbitral se fundamentó en el ordenamiento jurídico, en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica. Como su decisión no constituye una solución al litigio de acuerdo con la convicción personal y el sentido común por parte de los árbitros, la causal no prospera. 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2002, Rad 22.191 [fundamento jurídico c), en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p 987, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH.e Expediente n.° 69.723
Convocante: Consorcio San Patricio Niega recurso de anulación
6. El artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 dispone que si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente. Como no prosperó el recurso de anulación la Sala tasará las costas procesales únicamente en el valor que corresponde a las agencias en derecho, ya que no se encuentran probados otros pagos como impuestos, pagos de auxiliares de justicia u otros gastos judiciales. En los términos del Acuerdo n.º PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en
agencias en derecho, ya que no se encuentran probados otros pagos como impuestos, pagos de auxiliares de justicia u otros gastos judiciales. En los términos del Acuerdo n.º PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en atención a la naturaleza de este proceso, a la calidad, duración y utilidad útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la recurrente pagará la suma de diez (1 O) salarios mínimos mensuales legales vigentes. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso de anulación interpuesto por el Consorcio San Patricio contra el laudo arbitral proferido el 12 de enero de 2023, convocado para resolver las controversias entre el Instituto de Desarrollo Urbano lDU y la recurrente.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la recurrente en costas, a pagar a favor del Instituto de Desarrollo Urbano-lDU la suma de diez (1 O) salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de agencias en derecho.