CE-23001-23-31-000-1997-08467-01(19117)-2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil once (2011).

Radicación: 230012331000199708467 01(19117)

Actor: Horacio Mendoza Martínez y Otro Demandado: Municipio de Montería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por los señores Horacio Mendoza Martínez y Rodrigo Ardila de León, por intermedio de apoderado, contra la sentencia del 29 de junio de 2000 proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda Los antes nombrados Horacio Mendoza Martínez y Rodrigo Ardila de León, actuando a través de apoderado judicial, ejercieron la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Montería y del señor Jairo Martín Vargas Díaz, para que se declare la nulidad de la resolución número 003610 del 20 de diciembre de 1996, con la cual el ente territorial adjudicó la Licitación Pública Nacional 03-MDMOC-96 del mismo año y se condene a los demandados solidariamente al pago de perjuicios1. 1.1 Pretensiones Los demandantes impetraron las siguientes pretensiones y condenas: Primera: Que se decrete la nulidad de la Resolución No. 003610 de Diciembre 20 de 1996, por la cual se resuelven las observaciones

planteadas al informe de evaluación y se adjudica la Licitación Pública Nacional No.03-MDM-OC-96, al ingeniero Jairo Vargas Díaz, notificada el día 27 de diciembre de 1996, proferida por la Alcaldía de Montería.

Segunda: Como consecuencia de tal declaración y para efectos del restablecimiento del derecho se declare al Municipio de Montería como responsable de indemnizar todos los daños patrimoniales sufridos por la Unión Temporal HORACIO MENDOZA MARTÍNEZ y RODRIGO ARDILA DE LEÓN, como consecuencia de la adjudicación irregular de la Licitación Pública 03-MDM-OC-96.

Tercera: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones enunciadas en las pretensiones primera y segunda, condénase, al Municipio de Montería a pagar a la Unión Temporal HORACIO 1 La demanda fue presentada el 18 de abril de 1997 -folios 1 a 17 del cuaderno principaly posteriormente reformada, folios 125 a 143 del mismo cuaderno.

MENDOZA MARTÍNEZ y RODRIGO ARDILA DE LEÓN, los daños patrimoniales causados en la siguiente forma: aDAÑO EMERGENTE. Consistente en todos los gastos que la Unión Temporal HORACIO MENDOZA MARTÍNEZ y RODRIGO ARDILA DE LEÓN debieron realizar para participar en la Licitación Pública No. 03-MDM-OC-96, así: Valor compra de pliegos $1.000.000 Valor póliza de seriedad 270.000 Valor preparación y elaboración de la Propuesta pagados a CARLOS LYONS HOYOS 15.000.000

$16.270.000 O en subsidio lo que determinen los peritos expertos en la materia. bLUCRO CESANTE. Consistente en las sumas dejadas de percibir como consecuencia de la adjudicación irregular de la Licitación 03-MDM-OC-96, denominada Administración-Utilidad-Imprevistos iguales al 22% del costo directo del contrato, y asciende a la suma de $271.964.588,80.

Cuarta: Las sumas indicadas en la pretensión anterior, serán actualizadas tomando como base el índice oficial de precios al consumidor, certificado por el DANE o el Banco de la República, desde la fecha en que fueron causados los daños (realización de gastos y privación de ingresos), hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia.

Quinta: Que esta sentencia se cumpla de acuerdo a lo ordenado en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.- Es decir reconociendo los intereses comerciales y moratorios en las mencionadas normas –fls. 43 a 69, cuaderno principal-. 1.2 Hechos alegados En apoyo de las pretensiones el apoderado del actor adujo, en síntesis, los siguientes hechos: 1.2.1 Mediante la resolución número 002608, del 25 de septiembre de 1996, la alcaldía de Montería ordenó abrir la Licitación Pública 03MDM-0C-96 para contratar la construcción i) del módulo 300 LPS de la planta de tratamiento de aguas y ii) del tanque de almacenamiento de 5000 m3 en Sierra Chiquita, según el plan maestro de acueducto y alcantarillado.

1.2.2 Los señores Horacio Mendoza Martínez y Rodrigo Ardila de

León participaron bajo la figura de unión temporal en el proceso licitatorio al que se hace mención, como oferentes, en compañía de Civilia Ltda., Salcedo Ltda., U.T. Constructora Alvarado-Prefactor Ltda., Jairo Martín Vargas Díaz, Constructora Argo Ltda. y Héctor García y Cía. 1.2.3 El 6 de diciembre de 1996, el Alcalde de Montería puso a disposición de los interesados el informe de evaluación de las propuestas que otorgó el segundo puesto a los demandantes, después del proponente Jairo Martín Vargas Díaz. 1.2.4 El día 13 del mismo mes, los demandantes objetaron la evaluación del proponente que ocupó el primer puesto y pidieron a la entidad licitante que lo excluyera de la lista de elegibles, por irregularidades en lo relativo a la experiencia, al informe financiero, a los programas de trabajo y a la declaración de renta. Para probar la objeción solicitaron copia de este último documento a la oficina regional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN en Cali. 1.2.5 El 19 de diciembre de 1996 el señor Alcalde de la ciudad de Montería envió comunicación a quienes participaron en la licitación, convocándolos a la audiencia de adjudicación que se adelantaría al día siguiente. 1.2.6 En la oportunidad señalada los señores Mendoza Martínez y Ardila de León entregaron al alcalde un facsímile de la declaración de renta del proponente Vargas Díaz enviado desde la DIAN, con el fin de evidenciar la disconformidad existente entre aquel y la copia allegada

por el licitante que ocupó el primer lugar con la oferta. “Durante el tiempo que duró la audiencia no se llegó a ningún acuerdo… y al final se llegó a un acuerdo con el Alcalde LUIS ALFONSO LEÓN PEREIRA, en el sentido de que no se adjudicaba el contrato hasta que no se verificara la autenticidad de la declaración de renta... -fl. 129, cuaderno principal-. Según los demandantes, aunque todos los asistentes firmaron el acta de la audiencia, el alcalde manifestó que suscribiría ese documento después de la referida verificación. 1.2.7 Tres días después de la audiencia, el 23 de diciembre de 1996, los proponentes Mendoza Martínez y Ardila de León le solicitaron al alcalde de Montería copia de la resolución expedida por el mismo para adjudicar la propuesta al señor Jairo Martín Vargas Díaz y, ante el silencio del burgomaestre, formularon queja ante la Personería del municipio, denuncia penal ante la Fiscalía y pudieron constatar que el municipio no verificó ante la DIAN la veracidad de la copia de la declaración de renta, presentada por el proponente que salió favorecido. 1.2.8 El 13 de enero de 1997 la alcaldía de Montería les entregó a los demandantes copia de la resolución número 003610 del 20 de diciembre de 1996 que resuelve las objeciones al informe de evaluación y adjudica la Licitación Pública 03-MDM-OC-96, al proponente que ocupó el primer puesto, según la evaluación objetada. 1.3 Fundamentos de derecho

Se sostiene en la demanda que procede decretar la nulidad de la resolución 003610 del 20 de diciembre de 1996, porque i) el señor alcalde de la entidad demandada actuó con dolo, lesionando patrimonialmente a los demandantes y violando de esta forma los artículos 2, 58 y 90 constitucionales; ii) se funda en una calificación que utilizó una declaración de renta falsa o adulterada, hecho que constituye un trato discriminatorio en contra de los demandantes, violatorio de los principios de igualdad, de buena fe y de efectividad del derecho, protegidos por los artículos 13, 83 y 209 de la Constitución política; iii) la entidad licitante desatendió la objeción fundada en la falsedad o adulteración de la declaración de renta de la propuesta adjudicada, violando así los artículos 23, 24, 25, 27, 29 y 30 de la Ley 80 de 1993 que imponen el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, ecuación contractual y selección objetiva; iv) fue expedida con desconocimiento de los numerales 11, 12, 17, 29 y 30.2 del pliego de condiciones de la licitación, a cuyo tenor “…la declaración de renta es la base fundamental para la elaboración del balance y demostrar el estado financiero del proponente” –fl. 134, cuaderno principal-, dado que al reconstruir el informe financiero del proponente adjudicatario con la copia de la declaración de renta suministrada por la DIAN, éste no alcanza los 800 puntos exigidos para ser declarado elegible y v) el alcalde municipal actuó con desviación de poder y según su libre

albedrío, si se tiene en cuenta que faltó a la verdad, cuando firmó la adjudicación, sin verificar la validez de la declaración de impuestos, habiéndose comprometido a hacerlo y afirmando que no le competía resolver la impugnación sobre falsedad o adulteración propuesta por los demandantes.

2. Trámite de primera instancia 2.1 Intervención pasiva 2.1.1 Municipio de montería El ente territorial demandado, a través de apoderado, se opone a las pretensiones –fls. 159 a 162, cuaderno principal-, acepta unos hechos, niega otros y señala i) que calificó las propuestas aplicando el numeral 30.2 del pliego de condiciones, modificado por el Adendo 2, que prevé que la evaluación de “…la capacidad financiera se hará basándose únicamente en el Balance General Clasificado presentado por el proponente” y no construyéndola a partir de la declaración de renta; ii) que si bien los demandantes impugnaron oportunamente la evaluación del proponente, lo hicieron en lo relativo a su experiencia únicamente, sin referencia a la falsedad que luego resolvieron endilgar a la documentación presentada para sustentar su oferta por el señor Jairo Martín Vargas Díaz; iii) que el delito de falsedad en que se funda la demanda, no fue demostrado; iv) que la audiencia de adjudicación no tenía como fin lograr acuerdos con los interesados sino dar a conocer el acto administrativo irrevocable de adjudicación que obligaba a la entidad licitante y al adjudicatario a celebrar el contrato, al tenor del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y de la jurisprudencia de esta

Corporación2 y v) que la resolución 003610 de la fecha les fue notificada a los actores el día 20 de diciembre de 1996, porque participaron en la audiencia adelantada con tal fin y firmaron el acta respectiva. Advierte el municipio, además, una discordancia en el número del folio y su contenido, entre las fotocopias del balance general clasificado que los actores allegaron a este proceso y las copias presentadas con la propuesta, dejada en custodia en la personería municipal, por razones de transparencia, imparcialidad y moralidad. Denuncia la demandada, que cuando objetaron la evaluación, los actores dijeron tener en su poder una declaración de renta enviada por fax desde la DIAN de Cali, la que omitieron presentar oportunamente, como era su deber, para luego usarla en este proceso. Señala: 2 Cita la Sentencia del 16 de enero de 1975, consejero ponente Gabriel Rojas Arbeláez. Conviene aclarar que el día 13 de diciembre a las 6 P.M. se les vencía el plazo de cinco (5) días hábiles para hacer las objeciones pertinentes. Ese día… a las 10 horas 54 minutos, el doctor Rodrigo Ardila de León recibió en su oficina el mencionado FAX de la DIAN de Cali. Entonces, porqué (sic) no objetó oportunamente la Declaración de Rentas del Ingeniero Vargas Díaz por adulterada, si contaba con más de siete (7) horas para tal fin?. Obsérvese que cuatro (4) horas cincuenta y un (51) minutos después de la llegada del mencionado fax, el apoderado de los actores, abogado José Luis Mendoza Barrios hace ante el señor Alcalde de Montería, las

objeciones pertinentes, las cuales tienen fecha y hora de recibido Diciembre 13/96 hora 3:45 P.M. Porqué (sic) esperaron hasta la audiencia de adjudicación para hacer dicha objeción a sabiendas de que era extemporánea?. Sencilla y llanamente porque las copias que expidió el doctor Hernando García, con posterioridad a su entrega al Señor Velásquez, fueron adulteradas y era muy difícil engañar a la administración que tenía en su poder los originales de las copias expedidas, entre ellas, la declaración de rentas del oferente Vargas Díaz. Entonces, maquiavélicamente se urdió el plan que en otras ocasiones les había dado buen resultado a los hoy actores: llegar a la audiencia señalada para el acto de adjudicación con actitudes y acciones poco caballerosas, amenazar con denunciar penalmente al señor Alcalde aprovechando su condición sacerdotal, al igual que a los demás funcionarios municipales asistentes y al oferente caleño Vargas Díaz para intentar como en otras ocasiones, que bajo la presión ejercida por los actores y sus apoderados, éste renunciara a su legítimo derecho a ser declarado adjudicatario de la licitación que en franca lid se había ganado y, de esta forma, como en otras ocasiones, ser los actores en este proceso, los contratistas del Municipio de Montería. Pero en esta oportunidad el ingeniero caleño Vargas Díaz no les tuvo miedo ni se dejó amedrentar por las bravuconadas de los actores y sus apoderados y no renunció a su derecho. Ahora, quién adulteró o

falsificó dichas copias?. Lo investiga la Fiscalía y, con absoluta seguridad, no fue el señor Alcalde de Montería, ninguno de sus funcionarios y mucho menos el ingeniero Vargas Díaz. El municipio demandado propuso las excepciones de i) ineptitud de la demanda, fundada en que los actores no pueden pretender la nulidad de todo el acto de adjudicación porque su oferta fue parcial y ii) de ambigüedad del acto de apoderamiento, porque el que confirieron los demandantes faculta al apoderado para obtener la nulidad y el restablecimiento del derecho del acto de adjudicación y, además, para obtener la nulidad de un concurso de méritos que no existió. 2.1.2 El adjudicatario Jairo Martín Vargas Díaz Quien resultó beneficiado con la adjudicación, señor Jairo Martín Vargas Díaz se opone a las pretensiones –fls. 159 a 162, cuaderno principal-, acepta unos hechos, niega que los demandantes hayan objetado su propuesta por falsedad en la declaración de renta anexa a la propuesta; rechaza la existencia de esta irregularidad y aduce que no existe nexo causal que lo vincule con un eventual responsabilidad patrimonial del municipio, porque no emitió el acto demandado, no intervino como evaluador, no hizo la selección y no adjudicó el contrato. El apoderado del señor Vargas Díaz propuso las excepciones de i) ineptitud de la demanda, porque se presentó como demandante la Unión Temporal y, reformada la demanda, fungen como actores Horacio Mendoza y Rodrigo Ardila, sin reparar en que a la nulidad del acto de

adjudicación deben concurrir todos los adjudicatarios y, además, porque las pretensiones están dirigidas exclusivamente contra el municipio y no contra su representado y ii) de falta de personería, en tanto el poder otorgado por los demandantes no confiere representación, para proceder contra el proponente beneficiario de la adjudicación. 2.2 Alegatos de conclusión En sus alegatos de conclusión –fls. 280 a 286, cuaderno principallos actores trascriben apartes de la demanda y sostienen i) que los testimonios que obran en el expediente confirman los hechos de la demanda; ii) que el proceso licitatorio se adelantó con violación del pliego de condiciones y culminó adjudicando la licitación a quien fundó en documentos falsos su oferta, como, oportunamente, lo conoció la Fiscalía; iii) que según el informe rendido por personal técnico del ente investigador, el contador público que firmó el balance general del proponente adjudicatario debe certificar la realidad de las cuentas por cobrar por $150.000.000,oo, valor que afecta los rubros del pasivo en el largo plazo y iv) que las pruebas allegadas al proceso demuestran que la audiencia de adjudicación fue una burla a los demandantes, porque, para cuando se adelantó la audiencia el alcalde ya había adjudicado la licitación a Jairo Martín Vargas Díaz, desconociendo su obligación de actuar con honestidad, seriedad y pulcritud administrativas. 2.3 Sentencia de primera instancia La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba declaró imprósperas las excepciones y negó las pretensiones. Para el efecto sostuvo i) que los demandantes no probaron que su propuesta hubiese

sido la más favorable para la administración; ii) que los factores determinantes de la selección fueron aquellos definidos en los pliegos de condiciones como ley de la licitación; iii) que está demostrado que la evaluación de la capacidad financiera del proponente adjudicatario se basó únicamente en el balance general, como lo exigía el pliego de condiciones; iv) que según el informe n.° 092 emitido por la Policía Judicial, que obra en el expediente, entre la declaración de renta y el balance general presentados por el Jairo Martín Vargas Díaz existe un desfase del 10%, el cual no excede el 25% previsto en el pliego de condiciones para rechazar la propuesta y v) que la diligencia de inspección judicial permitió establecer que, si bien el documento que el adjudicatario acompañó a la propuesta -archivada en la Secretaría de Desarrollo Municipalno coincide con la copia de su declaración de renta reportada por la DIAN, sí coincide el duplicado que reposa en la misma propuesta.

3. Trámite de segunda instancia Los demandantes apelaron la providencia de primera instancia –fls. 109 y 122 a 129, cuaderno principalpara que sea revocada y se acceda a las pretensiones, porque el Tribunal i) consideró erradamente que la demanda se funda solamente en la impugnación de la adjudicación por la disconformidad de la declaración de renta presentada, con la copia que reposa en la DIAN, omitiendo que también la nulidad se presenta por la calificación del informe financiero, tenido en cuenta para la adjudicación; ii) no tuvo en cuenta que, según el informe número 092, rendido el 23 de junio de 1997 por el CTI de Antioquia, la declaración de

renta expedida por la DIAN era el documento válido para evaluar la capacidad financiera y que, conforme al numeral 29 del pliego de condiciones, es un requisito para controlar desfases superiores al 25% en el balance general; iii) ignoró que el informe número 0224, rendido el 26 de febrero de 1997 por el CTI de Córdoba, demuestra que la correlación entre la declaración de renta y el balance general del proponente Jairo Martín Vargas Díaz arroja desfases superiores al 25% en los rubros de acciones y aportes, activos fijos, inversiones, deudas y otros ingresos, lo que debe ameritar una calificación inferior a los 800 puntos requeridos para ser elegible; iv) no puede excluir las cuentas por cobrar del balance general presentado por Vargas Díaz para concluir que el desfase es solamente del 10%, porque eso implica cercenar el dicho balance para favorecer al demandado, en contra de los actores, desconociendo los pliegos de condiciones; v) omitió estudiar con detenimiento los documentos aportados por quien resultó favorecido, como lo exigía el hecho de que éste licitaba por primera vez ante el departamento de Córdoba y iv) desconoció que al no ser elegible la propuesta, los proponentes Horacio Mendoza y Rodrigo Ardila y no el adjudicatario Vargas Díaz tenían que haber resultado favorecidos por derecho propio, ya que la evaluación que los puso en el segundo lugar de elegibilidad no fue impugnada, ni objetada y, el informe del CTI concluyó que su oferta no presentó el desfase de la que quedó en primer lugar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que negó las pretensiones, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 19883 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia.

2. Hechos probados y material probatorio De conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, se pueden tener por ciertos los siguientes hechos relevantes para la decisión: 3 El 18 de abril de 1997 cuando se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 13.460.000,00 -artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597/88y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en la suma de $271.964.588,80. 2.1. El 25 de septiembre de 1996, mediante resolución número 2608 de esa fecha, el alcalde de Montería ordenó la apertura de la licitación pública número 03-MDM-OC-96 a partir del 11 de octubre siguiente, con el objeto de adelantar la construcción del módulo central de 300 LPS de la planta de tratamiento (grupo I) y del tanque de almacenamiento de 5000 m3, en Sierra Chiquita (grupo II). Se fijó como fecha del cierre de la licitación el 5 de noviembre del mismo año4. 2.2. Según consta en el “acta de cierre de la urna y apertura de

la licitación pública nacional No. 03-MDM-OC-96. Municipio de Montería-Córdoba” -fls. 31 a 33, cuaderno principal-, así como en el informe de evaluación de las propuestas –fls. 83 a 94-, los demandantes Horacio Mendoza y Rodrigo Ardila concurrieron como proponentes de la construcción del tanque de almacenamiento objeto de la licitación, al igual que el demandado Jairo Martín Vargas Díaz. En total fueron ocho los proponentes para este ítem. Los demandantes no aportaron al expediente copia de la propuesta que los mismos presentaron, en orden a demostrar que su oferta debía ser elegida por ser la más favorable, como de manera reiterada lo ha exigido la jurisprudencia de esta Corporación en los casos en que se pretende desconocer el acto de adjudicación en razón de la escogencia del oferente mejor calificado5, en tanto en el plenario obran copias de la presentada por el proponente Vargas Díaz, recabadas en la inspección judicial practicada por el Tribunal a quo en las oficinas de la secretaría de obras públicas –cuaderno 1y de la personería –cuaderno 2municipales. 2.3. El 5 de diciembre de 1996, el Secretario de Obras Públicas Municipales, el Gerente de SAAM S.A. E.S.P. y el asesor jurídico del municipio de Mosquera, rindieron informe conjunto de evaluación, que comprende “…el análisis y evaluación de los aspectos jurídicos,

4 Copia de esta resolución obra a folio 190 del cuaderno principal. 5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, entre otras, sentencias de septiembre 19 de 1994 (exp. 8071), de enero 30 (exp. 9724) y marzo 17 de 1995 (expediente 8858), de mayo 3 de 1999 (exp.12344), de abril 26 de 2006 (exp. 16041) y de junio 4 de 2008 (exp. 17783). técnicos y económicos exigidos en los pliegos de condiciones relacionadas con… la construcción del tanque de almacenamiento de 5000 m3 en Sierra Chiquita”. Conforme al cuadro denominado “[p]ropuestas habilitadas para elegibilidad” que integra el informe de evaluación, el proponente Jairo Martín Vargas Díaz obtuvo un total de 803 puntos, de 1000 posibles y el primer puesto del orden de elegibilidad. Mientras que la Unión Temporal Horacio Mendoza-Rodrigo Ardila ocupó el segundo lugar de elegibilidad con 843 puntos –fl. 93, cuaderno principal-. 2.4. El 13 de diciembre de 1996, los demandantes, a través de apoderado, presentaron observaciones –fls. 78 a 81, cuaderno principala la calificación obtenida por el señor Jairo Martín Vargas Díaz, señalando que i) la experiencia no merecía ser calificada -cero (0) puntosporque los certificados presentados no fueron suscritos por los propietarios de las obras documentadas, ii) que su informe financiero no podía alcanzar 110 puntos, porque adolece de falta de notas explicativas, iii) que la programación de trabajos no podía obtener

puntaje máximo -120porque no concuerda con tiempos reales y iv) que el principio de la buena fe no permite aceptar documentos que no cumplan las exigencias requeridas en el pliego de condiciones. En esta misma oportunidad los demandantes pusieron de presente una disconformidad entre la capacidad de organización que se atribuía el adjudicatario y los ingresos denunciados por el mismo en la declaración de renta presentada con la oferta, en estos términos: De acuerdo con los términos de referencia, la Capacidad de Contratación requerida, para poder participar en la Licitación de la Referencia, es de 13.000 SMLV.- En el Certificado de la Cámara de Comercio, el Ingeniero Vargas Díaz, se asignó 7.682,29 SMLV, como su Capacidad de Organización, es decir que sus INGRESOS durante los 2 últimos años en promedio, fueron de aproximadamente MIL MILLONES DE PESOS, sin embargo en su Declaración de Renta del Año Gravable de 1995, presenta INGRESOS solamente por $374.519.000.- De lo anterior fluye con meridiana claridad, una total incoherencia o dudosa información por parte del proponente, razón por la cual impugnamos la Declaración de Renta del Ingeniero Vargas Díaz, amén de las otras Falencias en que puede estar incursa –se destaca-. 2.5. Mediante telefax del 13 de diciembre de 1996, quien dijo ser Cristina María Guzmán S., administradora regional del suroccidente de la DIAN, desde Santiago de Cali remitió –sin firmacopia de una declaración de renta por el año gravable 1995, al parecer suscrita

por Jairo Martín Vargas Díaz –fls. 45 y 47, cuaderno principal-. 2.6. El 20 de diciembre siguiente -según acta-, después de instalada la audiencia por el alcalde del municipio, se dio lectura a normas de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 287 de 1996 en el ámbito del “…acto por el cual se resuelven las observaciones a la Evaluación y se adjudica la licitación, el cual se anexa como parte integral”. Seguidamente se relaciona en el acta que el señor Juan Alberto Rodríguez F., apoderado de los demandantes, dejó una constancia – fls. 179 a 181, cuaderno principal-. Efectivamente, de conformidad con la copia que obra en el expediente, estos últimos habrían puesto de presente i) que no existió audiencia de adjudicación “…porque el acto administrativo ya venía elaborado y firmado por el Alcalde de Montería” y ii) que ellos presentaron “…un documento público suscrito por la DIAN Seccional Cali donde consta que la declaración de renta presentada por el Ingeniero Vargas para participar en la Licitación Pública N°03-MDMOC-96 es falsa o por lo menos inexacta violando de esa forma el pliego de condiciones que es la Ley que regula esta Licitación…” –fl. 49, cuaderno principal-. 2.7. En la misma fecha, 20 de diciembre de 1996, el alcalde municipal expidió la resolución número 3610, con el objeto de resolver las observaciones planteadas al informe de evaluación y adjudicar la Licitación Pública Nacional No. 03-MDM-OC-966, demandada en este

proceso. En la parte motiva de ese acto se hizo la siguiente consideración sobre la impugnación de la declaración de impuestos del proponente

Vargas Díaz: El apoderado de la U.T. HORACIO MENDOZA–RODRIGO ARDILA impugna la Declaración de Renta del año 1995 del oferente JAIRO MARTÍN VARGAS, por considerarla incoherente y de dudosa información por parte del oferente.

RESPUESTA: La observación hecha no es procedente puesto que se impugna la Declaración de Renta y no es competencia de la

Administración Municipal resolverla. Y en sus artículos 2º y 3º, del acto demandado se resuelve sobre la adjudicación así: ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudíquese el grupo I de la licitación pública No. 03-MDM-OC-96, al oferente IVÁN DE JESÚS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, para celebrar el respectivo contrato. 6 Copia de este acto obra en los folios 19 a 27.

ARTÍCULO TERCERO: Adjudíquese el grupo II de la licitación pública No. 03-MDM-OC-96, al oferente JAIRO MARTÍN VARGAS DÍAZ, para celebrar el respectivo contrato.

3. Planteamiento del problema Los demandantes Horacio Mendoza Martínez y Rodrigo Ardila de León, a través de apoderado judicial, impetran la declaratoria de nulidad de la resolución número 003610 del 1º del 20 de diciembre de 1996, con la cual el ente territorial adjudicó al también demandado Jairo

Martín Vargas Díaz la Licitación Pública Nacional 03-MDM-OC-96, por

desconocer los artículos 2, 13, 58, 83, 90 y 209 de la Constitución Política, 23, 24, 25, 27, 29 y 30 de la Ley 80 de 1993 y de los numerales 11, 12, 17, 29 y 30.2 del pliego de condiciones. Para el efecto los inconformes con la adjudicación aducen que la calificación financiera obtenida por quien a la postre resultó beneficiado i) desconoció que el balance general presentado por el adjudicatario, si bien correlaciona con la declaración de rentas presentada por el mismo, no corresponde al facsímil de este último documento expedido por la DIAN y ii) no tiene en cuenta los desfases superiores al 25% hallados en la correlación. Deberá, en consecuencia, la Sala establecer si la adjudicación del grupo II, realizada por la entidad demandada en el ámbito de la licitación pública convocada para contratar la construcción, además de un módulo de la planta de tratamiento de aguas, la del tanque de almacenamiento en Sierra Chiquita, en cuanto adjudicó al señor Jairo Martín Vargas Díaz esta última en la forma denunciada por los demandantes, comporta la violación del Pliego de Condiciones y de las normas superiores en que la demandante apoya sus pretensiones, porque, de ser así, procedería decretar la nulidad pretendida y asimismo disponer el restablecimiento del derecho impetrado. 3.1. Los criterios de evaluación y adjudicación del pliego de condiciones de la licitación 03-MDM-OC-96 Como lo disponen los artículos 24, 25, 29 y 30 de la Ley 80 de 1993, el

municipio de Montería en el ámbito de la licitación pública 03-MDM-OC96, en aras de garantizar transparencia en la selección del contratista, tenía que determinar en el pliego de condiciones de manera objetiva, clara y completa los factores de selección y ponderación y todas las circunstancias de tiempo, mod