CE-23001-23-31-001-2004-00467-01(49873)-2020

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE

ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL /

COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL GRADO

JURISDICCIONAL DE CONSULTA / PROCEDENCIA DEL GRADO

JURISDICCIONAL DE CONSULTA / NORMATIVIDAD DEL GRADO

JURISDICCIONAL DE CONSULTA / OMISIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en razón del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 184 del C.C.A., modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, teniendo en cuenta que: (i) el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en razón de su cuantía; (ii) la cuantía de la condena supera aquella exigida para el efecto -300 salarios mínimos legales mensuales vigentesy, (iii) el fallo no fue apelado.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 57 / CÓDIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 184

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / HECHO DAÑOSO / MUERTE DE INDÍGENA / OPORTUNIDAD

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN La acción estaba vigente al momento de la presentación de la demanda, pues de conformidad con el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, el término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de dos (2) años que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado y, la Sala ha constatado con el Registro Civil de Defunción (…) que la muerte del señor (…) ocurrió (…) y la demanda que dio origen a este proceso se presentó (…) luego, entre aquella y esta no transcurrió un lapso superior a dos (2) años.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / / DEMANDANTE / CALIDAD DE PARTES DEL PROCESO / PARENTESCO DE

CONSANGUINIDAD / PARENTESCO DE AFINIDAD / PRUEBA DEL

PARENTESCO / REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO / REGISTRO CIVIL / REGISTRO DE NACIMIENTO En lo que concierne a la legitimación en la causa por activa, por medio del registro civil de matrimonio (…), se probó el vínculo de la señora (…) con su cónyuge el señor (…), y quien es padre de los menores de edad (…), vinculo que, a su vez, se acreditó con sus respectivos registros civiles de nacimiento, por lo que todos los demandantes están legitimados en la causa por activa.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / ESTRUCTURA DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / INTEGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / NATURALEZA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y

DE JUSTICIA / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO /

IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / MINISTERIO DEL INTERIOR / MINISTERIO DE JUSTICIA En lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior y de Justicia, se observa que, respecto de esta entidad, la parte actora efectuó en la demanda una imputación fáctica y jurídica concreta (…). [L]a Sala advierte que, por medio de la Ley 790 de 2002, se fusionaron los Ministerios del Interior y de Justicia, por lo que a partir de ese momento se denominó Ministerio del Interior y de Justicia; sin embargo, por medio de la Ley 1444 de 2011, se escindió este Ministerio, conformándose así, nuevamente, los Ministerios del Interior y el de Justicia y del Derecho.

FUENTE FORMAL: LEY 790 DE 2002 / LEY 1444 DE 2011

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN / OBJETIVO DE LA UNIDAD

NACIONAL DE PROTECCIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL /

ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / PERSONERÍA JURÍDICA / AUTONOMÍA

ADMINISTRATIVA / AUTONOMÍA FINANCIERA / AUTONOMÍA PATRIMONIAL /

ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / ORGANISMOS ADSCRITOS

AL MINISTERIO DEL INTERIOR / ORGANISMOS DE SEGURIDAD NACIONAL /

MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS /

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD / SUPRESIÓN DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD / RESPONSABILIDAD

DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

[L]a Unidad Nacional de Protección (UNP) fue creada por el Decreto Ley 4065 del 31 de octubre de 2011, como una unidad administrativa especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de seguridad, encargado de asumir las funciones que desarrollaban el Ministerio del Interior -a través del Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos, según el artículo 28 de la Ley 782 de 2002y del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, cuyo proceso de supresión fue ordenado mediante Decreto Ley No. 4057 de 2011 por un término de 2 años, plazo que fue prorrogado mediante Decreto 2404 de 2013, el cual dispuso el fin del proceso de supresión hasta el 27 de junio del año 2014.

FUENTE FORMAL: LEY 182 DE 2002 - ARTÍCULO 28 / DECRETO LEY 4057 DE 2011 / DECRETO 2404 DE 2013 / DECRETO LEY 4065 DE 2011 - ARTÍCULO 23 / DECRETO LEY 4065 DE 2011 - ARTÍCULO 24

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN / OBJETIVO DE LA UNIDAD

NACIONAL DE PROTECCIÓN / MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS / POSICIÓN DE GARANTE DEL ESTADO

RESPECTO DE PERSONAS EXPUESTAS A RIESGO EXTRAORDINARIO /

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL / CONOCIMIENTO

DEL RIESGO EXTRAORDINARIO

[D]ado que las decisiones y actos relativos a la protección de personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de su cargo, recaen en cabeza de la Unidad Nacional de Protección (UNP) -de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 4065 de 2011-, en el presente caso se debe dar aplicación al artículo 60, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 4065 DE 2011 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 60 INCISO 2

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / SUCESOR PROCESAL / UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - Oficina jurídica / APLICACIÓN DE LA

SUCESIÓN PROCESAL / PROCEDENCIA DE LA SUCESIÓN PROCESAL /

ADMISIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL / MINISTERIO DEL INTERIOR Y

DE JUSTICIA / ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / INTEGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA La Sala evidencia, además, que el Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, por medio de escrito radicado ante el Tribunal Administrativo (…), solicitó que se decretara la sucesión procesal de este asunto en cabeza de la entidad que representa, de conformidad con las funciones que le fueron asignadas en virtud del Decreto-ley 4065 de 2011. Por consiguiente, se

reconocerá a la Unidad Nacional de Protección -UNPsu condición de sucesora procesal del escindido Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio del Interior, razón por la cual así será declarado en la presente sentencia, según lo dispuesto en el artículo 60, inciso 2 del C.P.C. y, por tanto, en estas condiciones, se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 4065 DE 2011 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 60 INCISO 2

IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA /

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / IMPUTACIÓN

FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO

ANTIJURÍDICO / MUERTE DE INDÍGENA / SOLICITUD DE MEDIDAS DE

PROTECCIÓN / DEBER DE DENUNCIAR LAS IRREGULARIDADES ANTE LA

AUTORIDAD COMPETENTE

[L]a Sala no encuentra procedente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Nación - Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional, en tanto su vinculación está fundada en argumentos relativos al objeto del litigio y al motivo de la demanda, respecto de los cuales, por razones de su deber misional, la Sala encuentra necesaria su comparecencia al proceso. En efecto, en los hechos de la demanda se asevera que, cinco días antes de la muerte del señor (…), este se dirigió en compañía de algunas personas ante el

Comando de Policía del municipio (…), con el fin de denunciar la presencia de personas sospechosas en el sector; no obstante -se afirma-, no fue resguardado de manera eficaz teniendo en cuenta que 72 horas después apareció muerto, razón por la cual se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ENTIDAD TERRITORIAL /

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO

ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO /

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN / SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN /

DEBER DE DENUNCIAR LAS IRREGULARIDADES ANTE LA AUTORIDAD

COMPETENTE / AMENAZA DE MUERTE / SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE AUTORIDAD POR AMENAZA DE MUERTE En cuanto al departamento (…) y el municipio (…) esta colegiatura observa que, respecto de ellas, también se efectuó una imputación fáctica y jurídica concreta, como quiera que en los hechos de la demanda se dijo que el señor (…) recibió amenazas contra su vida, las cuales puso en conocimiento de la Secretaría de Educación del departamento (…) y de algunas autoridades del citado municipio, a quienes le presentó la solicitud de traslado de su cargo como docente, de manera tal que estos entes también se encuentran legitimados en la causa por pasiva. MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COPIA DE DOCUMENTO PRIVADO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / TACHA DE FALSEDAD EN

DOCUMENTO / OPORTUNIDAD PARA LA TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO La Sala valorará integralmente el acervo probatorio incorporado al expediente con el fin de determinar los hechos y las consideraciones de fondo del litigio, inclusive aquellos documentos en copia simple introducidos por los sujetos procesales, conforme al precedente de la Sala Plena de la Sección Tercera, por cuanto estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen, sin que fueran tachados de falsos.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples ver sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL /

INVESTIGACIÓN PENAL / HOMICIDIO / SOLICITUD DE TRASLADO DE LA

PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / VALOR

PROBATORIO DE LA PRUEBA TRASLADADA / REITERACIÓN DE LA

JURISPRUDENCIA

[E]sta colegiatura advierte que, dentro del expediente obra copia del proceso penal (…) por el delito de homicidio siendo occiso el señor (…), el cual será valorado como prueba trasladada de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del CPC y lo definido por la jurisprudencia de esta Corporación, en tanto fue solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce y fue practicada con audiencia de esta.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 185

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el valor probatorio de la prueba trasladada del proceso penal, ver sentencia de 22 de octubre de 2012, Exp.

24070, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 9 de mayo de 2012, Exp. 20334, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia del 26 de marzo de 2014, Exp. 28096, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

DEBER DE VIGILANCIA DEL ESTADO / DEBER DE CUSTODIA, VIGILANCIA Y CUIDADO / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA / DEBER DE

PROTECCIÓN DEL ESTADO / PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL /

SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE AUTORIDAD POR AMENAZA DE MUERTE /

PROTECCIÓN ESPECIAL A PERSONA / POSICIÓN DE GARANTE DEL

ESTADO RESPECTO DE PERSONAS EXPUESTAS A RIESGO

EXTRAORDINARIO / MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL / CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO La obligación de protección y vigilancia a cargo del Estado -recuerda la Sala-, tiene su principal fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política (…). De esta manera, la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el Estado responderá por los daños sufridos por quienes han padecido una situación de riesgo o amenaza previamente conocida por las autoridades, bien sea porque: (i) el afectado solicitó medidas de protección o, porque (ii) sus circunstancias de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones de seguridad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de protección del Estado ver sentencia del 8 de noviembre de 1991, Exp. 6296, C.P. Daniel Suárez Hernández y

sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 38733, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO

POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CUSTODIA, VIGILANCIA Y CUIDADO

/ IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN / SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE AUTORIDAD POR AMENAZA DE MUERTE / OMISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA

POBLACIÓN CIVIL / POSICIÓN DE GARANTE DEL ESTADO RESPECTO DE

PERSONAS EXPUESTAS A RIESGO EXTRAORDINARIO / MEDIDAS DE

PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL / CONOCIMIENTO DEL RIESGO

EXTRAORDINARIO / PELIGRO DE LA VÍCTIMA / PELIGROSIDAD

[S]olicitud de protección constituye un elemento eficiente para la imputación de responsabilidad del Estado, cuando este no toma las medidas pertinentes y el hecho amenazado se materializa, como también la notoriedad pública de la situación de peligro que haga forzosa la intervención del Estado, pues se genera para este una posición de garante en relación con la integridad del ciudadano. En efecto, la jurisprudencia ha sido reiterativa en sostener que el Estado responderá patrimonialmente a título de falla en el servicio, por omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las personas (…). [S]e debe establecer que las autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible

la actuación y protección de las autoridades”.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la solicitud de protección dirigida a las autoridades públicas ver sentencia del 27 de marzo de 2008, Exp. 16234, C.P.

Ramiro Saavedra Becerra, sentencia del 6 de julio de 2017, Exp. 42104, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 16894, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 13 de mayo de 2014, Exp. 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FACULTADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / COMPETENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS / DIRIGENTE / ACTIVISTA / CAMPESINO /

PROTECCIÓN AL GRUPO ÉTNICO / COMITÉ DE REGLAMENTACIÓN Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS / SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN /

DEBER DE DENUNCIAR LAS IRREGULARIDADES ANTE LA AUTORIDAD

COMPETENTE / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / ALCANCE DEL

DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO

[L]a protección de los dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas, comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos para la época de ocurrencia de los hechos, se encontraba a cargo del Ministerio del Interior -a través de la Dirección de Derechos Humanos-, según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 782 de 2002, así como del Comité de Reglamentación y Evaluación de

Riesgos -CRER-, cuyas funciones están definidas en el artículo 4 del Decreto 1386 de 2002. (…) [E]l otorgamiento de las medidas de protección procedía a solicitud de parte que permitiera demostrar que existía conexidad directa entre la amenaza y el cargo o la actividad que ejercía la persona dentro de la organización y, en todo caso, estas medidas eran otorgadas conforme a la evaluación de riesgo que realizaba el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos -CRER-, las cuales eran de carácter temporal y estaban sujetas a una revisión periódica.

FUENTE FORMAL: LEY 782 DE 2002 - ARTÍCULO 28 / DECRETO 1386 DE 2002 - ARTÍCULO 4

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO /

DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA

DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así pues, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y, (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA

DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / MUERTE DE INDÍGENA / MUERTE VIOLENTA / PRUEBA DE LA MUERTE / REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN / USO DE ARMA DE FUEGO El deceso (…) se encuentra acreditado con la copia del Registro Civil de Defunción (…), documento en el que se certifica su fallecimiento (…). La modalidad violenta de la muerte resulta corroborada con el oficio (…) emitido por la E.S.E. Hospital (…); Estos documentos demuestran fehacientemente que la muerte del señor (…) sobrevino como consecuencia de las heridas causadas por arma de fuego.

MUERTE DE INDÍGENA / RESGUARDO INDÍGENA / MIEMBROS DEL

CABILDO INDÍGENA / ETNOEDUCADOR / SOLICITUD DE TRASLADO DEL

TRABAJADOR / SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN / TRASLADO

DEL TRABAJADOR / MEDIDAS IDÓNEAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS / DEBER DE PROTECCIÓN DEL

ESTADO / ALCANCE DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO /

POSICIÓN DE GARANTE DEL ESTADO RESPECTO DE PERSONAS

EXPUESTAS A RIESGO EXTRAORDINARIO / DEBER DE CUSTODIA, VIGILANCIA Y CUIDADO En el plenario está probado que el señor (…), tenía la calidad de Secretario General del Resguardo Indígena (…) el señor (…) “es educador y salió elegido Secretario General del Cabildo Mayor Municipal”; empero, no está acreditado que,

para la fecha de su muerte, (…) continuará desempeñando esta dignidad. Consta en el expediente, además, que el señor (…) era docente de nómina nacionalizada, (…) y laboraba como tal en la Escuela (…). La Sala evidencia, igualmente, que el señor (…) solicitó traslado de su lugar de trabajo (…) con fundamento en razones de seguridad. (…) [E]l Secretario de Educación del departamento (…), legalizó el traslado del docente (…) al lugar solicitado (…) razón por la cual, en criterio de la Sala, se atendió de manera oportuna el requerimiento formulado.

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO /

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL /

FUNCIONES DEL MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / FUNCIONES DE ENTIDAD TERRITORIAL / ALCANCE DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO - No es ilimitado / PRINCIPIO DE NO OBLIGATORIEDAD A LO

IMPOSIBLE / RECURSOS DEL ESTADO / FACULTADES DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR / COMPETENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS / DIRIGENTE / ACTIVISTA / CAMPESINO / PROTECCIÓN AL GRUPO ÉTNICO /

COMITÉ DE REGLAMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS / SOLICITUD

DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

[A]l departamento (…) como al municipio (…) no les resulta imputable la muerte del señor (…), porque, por un lado, a dichas entidades territoriales no le correspondía brindar seguridad a los dirigentes o activistas de organizaciones

sociales, cívicas, comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos para la época de ocurrencia de los hechos, pues esta función se encontraba radicada en el Ministerio del Interior -a través de la Dirección de Derechos Humanos-, así como en el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos -CRER-, y, por el otro, porque no está probado que las referidas entidades tuvieran conocimiento de la posibilidad de que sucediera lo finalmente ocurrido al señor (…), de ahí que no se les pueda imputar responsabilidad por un hecho respecto del cual no estaban al tanto.

OMISIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA / DEBER DE DENUNCIAR LAS

IRREGULARIDADES ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE - Omisión /

CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO - No acreditado /

POLICÍA NACIONAL / SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN / SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE AUTORIDAD POR AMENAZA DE MUERTE - No acreditada / POSICIÓN DE GARANTE DEL ESTADO RESPECTO DE PERSONAS EXPUESTAS A RIESGO EXTRAORDINARIO / DEBER DE CUSTODIA, VIGILANCIA Y CUIDADO / INEXISTENCIA DE LA FALLA EN EL SERVICIO DE POLICÍA / RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL - No configurada [E]l señor (…) no denunció amenazas contra su vida o integridad personal ante la Policía Nacional. Ninguna prueba se trajo al contencioso de ello. (…) De esta manera, determina la Sala que en el presente caso no se encuentra acreditado

que la Policía Nacional haya tenido conocimiento de la situación de amenazas en contra del señor (…) que arguye la parte actora en los hechos de la demanda y, como ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación en distintas oportunidades, la posición de garante que tiene el Estado y, en particular, esta institución sobre la seguridad de los ciudadanos, nace de situaciones concretas y especiales que fueran notorias o suficientemente conocidas por la entidad a la que se le reclaman perjuicios, de manera tal que a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional tampoco le resulta imputable la muerte de este educador y líder indígena.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de brindar seguridad a las personas en situación de riesgo, ver sentencia de 31 de enero de 2011, Exp. 17842, C.P.

Enrique Gil Botero.

INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN / MINISTERIO

DEL INTERIOR / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL

ESTADO / COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS /

MEDIDAS CAUTELARES / SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES /

PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD INDÍGENA / PROTECCIÓN ESPECIAL A LA

PERSONA EN SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA / SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / FACULTADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA En cuanto a la responsabilidad de la Nación - Ministerio del Interior y de Justiciahoy Ministerio del Interior-, (…) a la entidad demandada no le era exigible un especial deber de protección respecto de la vida del señor (…), y que en este proceso no obra prueba de la falla en el servicio por omisión que se le ha endilgado a la Nación - Ministerio del Interior (…). [S]i bien está acreditado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó de manera general medidas cautelares de protección a la vida e integridad personal de la Comunidad Zinú, no es menos cierto que el Ministerio del Interior y de Justicia reunió a miembros de esta comunidad para proceder (…) de manera tal que no puede indicarse que dicha entidad no actuó para proteger la vida e integridad de los miembros de esta comunidad indígena.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS / MEDIDAS

CAUTELARES / SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES / PROTECCIÓN A

LA COMUNIDAD INDÍGENA / PROTECCIÓN ESPECIAL A LA PERSONA EN SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA / MUERTE DE INDÍGENA - Ocurrió siete años después de que se implementaras las medidas de protección /

DEBER DE DENUNCIAR LAS IRREGULARIDADES ANTE LA AUTORIDAD

COMPETENTE - Omisión / CONOCIMIENTO DEL RIESGO

EXTRAORDINARIO - No acreditado / SOLICITUD DE MEDIDAS DE

PROTECCIÓN

[L]as medidas de protección que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentaron (…) y la muerte del señor (…) ocurrió (…) casi siete años después, por manera que no se advierte la relación entre un hecho y otro, además que, las medidas especiales que ordenó la Corte Interamericana de

Derechos Humanos por medio de la Resolución (…) en ningún momento cobijaron a esta persona de manera particular, al margen que no obra en el expediente prueba alguna que indique que presentó denuncia por amenazas contra su vida ante el Ministerio del Interior y de Justicia o el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos -CRER-, de manera que se hubiera dado inicio al trámite previsto en el artículo 28 de la Ley 782 de 2002.

FUENTE FORMAL: LEY 782 DE 2002 - ARTÍCULO 28

CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO - No acreditado / SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN / SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE AUTORIDAD POR AMENAZA DE MUERTE - No acreditada / PRUEBA DE AMENAZA DE MUERTE - No aportada / PELIGRO DE LA VÍCTIMA - No

acreditada / PELIGROSIDAD / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO

POR OMISIÓN / MINISTERIO DEL INTERIOR / INEXISTENCIA DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CUSTODIA, VIGILANCIA Y CUIDADO - No configurado

[E]sta colegiatura no encuentra probado que la referida entidad estuviera enterada de amenaza alguna contra la integridad del señor (…), de ahí que no se le pueda imputar responsabilidad por un hecho respecto del cual no tenía conocimiento; igualmente, las pruebas obrantes en el expediente no acreditan que la presunta situación de peligro que desencadenó la muerte de la víctima fuese de público

conocimiento, toda vez que, se insiste, (i) no se probó que estuviera amenazada y, (ii) no fue cobijada de manera especial por las medidas cautelares solicitadas y ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /

TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DE LA

PRUEBA TESTIMONIAL / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / DEBER DE IMPARCIALIDAD / ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS POR EL JUEZ / FALTA DE TACHA DE TESTIGO A[l] (…) informe juramentado y los testimonios rendidos la Sala les otorgará valor probatorio, por cuanto tienen características y cualidades lógicas que permiten valorarlos al ser coherentes y no contradictorios, además que no fueron tachados de falsos por la contraparte, los testigos tuvieron conocimiento de los hechos y circunstancias anteriores a la muerte de la víctima y, si bien tenían un vínculo familiar o afectivo con esta -en el caso de los declarantes-, no se observa circunstancia alguna que pudiera afectar la imparcialidad de sus afirmaciones.

CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO /

CONDUCTA DE LA PARTE DEMANDANTE / CONDUCTA OMISIVA DE LA

PARTE DEMANDANTE / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA /

OMISIÓN DE APORTAR LA PRUEBA

[L]a parte actora no observó el mandato que le impone el artículo 177 del C.P.C. según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, en cuanto no pudo demostrar con las pruebas idóneas para ello la imputación del daño a las entidades demandadas y, en particular, a la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con salvamento voto del honorable consejero

Guillermo Sánchez Luque.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 23001-23-31-001-2004-00467-01(49873) Actor: YINETH DEL CARMEN DÍAZ SIERRA Y OTROS Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIAMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA Contenido: Tema: acción de reparación directa. Subtema 1: Posición de garante por parte del Estado - Medidas de protección y seguridad a las personasreiteración jurisprudencial. Subtema 2: sucesión procesal del Ministerio del Interior y de Justicia -hoy Ministerio del Interiora favor de la Unidad Nacional de

Protección UNP - acreditada. Subtema 3: Falla en el servicio de las entidades demandadas - no configurada por carencia probatoria. Procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia del diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Con ocasión de la muerte violenta del señor Ramiro Manuel Sandoval Mercado, acaecida el día 4 de mayo de 2003 a manos de desconocidos, los integrantes de su grupo familiar solicitan que las entidades demandadas sean declaradas responsables de los perjuicios morales y materiales que les fueron ocasionados por omisión en la debida salvaguarda de la vida e integridad personal de aquel, pese a que presentó reiteradas solicitudes de protección a raíz de las amenazas recibidas por el desarrollo de sus actividades como educador y miembro del

Cabildo Mayor Indígena de San Andrés de Sotavento, Córdoba.

II. LA DEMANDA 2.1.- El dieciséis (16) de junio de dos mil cuatro (2004)[1], la señora Yineth del Carmen Díaz Sierra, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Karen Paola y Yeison Manuel Sandoval Díaz, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación Colombiana, 1 Folio 2 al 9 del cuaderno 1

Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Departamento de Córdoba y Municipio de San Andrés de Sotavento, con la

que pretende que: (i) se declare que las demandadas son administrativa y extracontractualmente responsables, por todos los daños, perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, por la muerte violenta del educador Ramiro Manuel Sandoval Mercado; (ii) que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las demandadas a indemnizar a los actores, así: (a) Perjuicios Materiales: los que sean determinados conforme a la edad del fallecido, el promedio de vida, por el ingreso promedio mensual percibido que, para la época de su muerte, correspondía a la suma de $915.290; teniendo en cuenta que el fallecido constituía el soporte económico de su familia y, (b) Perjuicios Morales: mediante el pago a cada uno de l