CE - 230012331000200800217011SENTENCIA20230809181721

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 23001-23-31-000-2008-00217-01(41300)

Actor: FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAÚL

Demandado: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-La acción de reparación directa es el medio idóneo para pedirlo. APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DAÑO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil. DAÑO ANTIJURÍDICO-No hay definición constitucional (art. 90 CN). DAÑO ANTIJURÍDICO-Afectación relevante para el derecho y opuesta al ordenamiento jurídico. ANTIJURIDICIDADSe predica de la acción que causó el daño y no del deber de la víctima de soportarlo. DAÑO O PERJUICIODebe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético. FALLA DEL SERVICIO O CULPA DE LA ADMINISTRACIÓN-Es la regla general. ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓNRégimen de la Ley 550 aplica a entidades territoriales. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍAPolicía administrativa. REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS-Efectos del acuerdo de restructuración.

DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. CARGA DE

Policía administrativa. REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS-Efectos del acuerdo de restructuración. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCAImprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que se declaró inhibido para emitir pronunciamiento de fondo. SÍNTESIS DEL CASO Durante 2007, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl prestó servicios médico-hospitalario-quirúrgicos a pacientes a cargo del Departamento de Córdoba. Alega que la entidad auditó y aprobó las facturas, pero no las pagó. ANTECEDENTES El 31 de julio de 2008, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, a través de2 Expediente n. 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra el Departamento de Córdoba. Solicitó $284.571.255 por enriquecimiento sin justa causa. En apoyo de las pretensiones, la demandante afirmó que, durante 2007, prestó servicios médico-hospitalario-quirúrgicos a pacientes a cargo del Departamento de Córdoba, Secretaría para el Desarrollo de la Salud. La Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl expidió las facturas correspondientes, pero la

prestó servicios médico-hospitalario-quirúrgicos a pacientes a cargo del Departamento de Córdoba, Secretaría para el Desarrollo de la Salud. La Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl expidió las facturas correspondientes, pero la entidad no las pagó, a pesar de haber auditado las cuentas y aprobado las facturas. El 13 de agosto de 2008 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, el Departamento de Córdoba adujo improcedencia de la acción de reparación directa, trámite inadecuado de la demanda, falta de legitimación en la causa por activa, ausencia de daño y ausencia de enriquecimiento sin justa causa. El 20 de octubre de 2009 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante reiteró lo expuesto. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio. El 24 de marzo de 2011, el Tribunal Administrativo de Córdoba en la sentencia se declaró inhibido para emitir un pronunciamiento de fondo, pues la demandante debió presentar una objeción al acuerdo de reestructuración de pasivos del Departamento de Córdoba, según la Ley 550 de 1999. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 6 de mayo de 2011 y admitido el 29 de junio siguiente. Esgrimió que solo la décima parte de las facturas fue reconocida como deuda cierta en la reestructuración del Departamento y que la «Ley 550 de 1999 no podía tener mayor jerarquía normativa que el CCA». El 19 de julio de 2011 se corrió

deuda cierta en la reestructuración del Departamento y que la «Ley 550 de 1999 no podía tener mayor jerarquía normativa que el CCA». El 19 de julio de 2011 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público conceptuó que se debían negar las pretensiones, pues las facturas quedaron incluidas como ciertas en el acuerdo de reestructuración de pasivos del Departamento de Córdoba. Por ello, cualquier reclamación de pago por una vía distinta es improcedente.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia3 Expediente n. 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1? de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6

CCA, esto es, $230.750.0001. Acción procedente

2. Según criterio unificado de esta Corporación, la acción de reparación directa es

valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $230.750.0001. Acción procedente

2. Según criterio unificado de esta Corporación, la acción de reparación directa es el medio de control idóneo para pedir el enriquecimiento sin justa causa (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CO?.

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble de propiedad ajena por trabajo público o por cualquier otra causa. Está acreditado que las facturas por la prestación de servicios médico-hospitalario-quirúrgicos que, según la demanda, el Departamento de Córdoba no pagó se expidieron en el año 2007 y se radicaron ante el ente territorial para pago entre el 20 de febrero y el 3 de septiembre de 2007

(f. 14 a 340 c.1). Como la demanda se presentó el 31 de julio de 2008, se interpuso en tiempo. 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2008, $461.500, por 500. 2 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, Rad. n”. 24.897 [fundamento jurídico 13], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017

Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 899-900, disponible en: https://cutt. Iy/OQ9KFJH. El Consejero Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 12 de julio de 2021, Rad. 55.173 y el salvamento de voto a la sentencia del 15 de diciembre de 2021, Rad. 56.400.4 Expediente n. 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones Legitimación en la causa

4. La Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en el proceso, pues prestó servicios médicohospitalario-quirúrgicos a pacientes a cargo del Departamento de Córdoba [hecho probado 7]. El Departamento de Córdoba está legitimado en la causa por pasiva, porque los pacientes que recibieron los servicios de salud pertenecían a esa entidad territorial [hecho probado 7].

Il Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se acreditó que una institución hospitalaria sufrió un daño por prestar servicios de salud a pacientes de una entidad territorial, que entró en proceso de reestructuración de pasivos y no pagó las facturas de los servicios. tl Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio%,

de conformidad con el artículo 357 CPC. Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio%,

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostró que desde julio a noviembre de 2007, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl prestó servicios de lll nivel de complejidad a pacientes de la población del Departamento de Córdoba por valor de $22.334.705 y emitió las correspondientes facturas, según da cuenta copia simple de la constancia del 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit ly/3gjiduK.5

Expediente n. 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones auditor médico del Departamento (f. 1 c. Anexo 1) y de las facturas (c. Anexos 1 a

4). El daño, presupuesto de la responsabilidad civil del Estado

8. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe

auditor médico del Departamento (f. 1 c. Anexo 1) y de las facturas (c. Anexos 1 a 4). El daño, presupuesto de la responsabilidad civil del Estado

8. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico.

Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídico — antijuricidad—, permite a su titular obtener una indemnización”. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoria?. Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado —en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina española— ha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis,

noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis, sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 1993, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o ilicitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad —como el deber de soportar—, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración. 4 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n”. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2]. 5 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre de 1982 [fundamento jurídico 2]. $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico párr. 19 a 24] y sentencia del 13 de julio de 1993, Rad. 8163 [fundamento jurídico párr. 12 a 22].6 Expediente n. 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico se caracteriza por ser cierto, personal y directo”. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su

Niega pretensiones Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico se caracteriza por ser cierto, personal y directo”. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable?. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

9. El artículo 333 CN protege la libertad económica, que no solo garantiza a los agentes económicos el acceso al mercado, sino que procura la protección de los usuarios, principales beneficiarios del sistema económico que ampara la Constitución. El Estado —como director general de la economíainterviene (regula y controla, en especial) el proceso económico para racionalizarlo, no solo en beneficio de la libertad económica, sino también del bien común (art. 334 CN).

Intervencionismo estatal que no es sinónimo de «dirigismo» económico y que, como todo en un Estado de derecho, supone respetar la libertad —en este caso económicay, por lo mismo, requiere una ley previa (art. 150.19 CN) En un sistema de gobierno presidencial, con una acentuada prevalencia del Ejecutivo, no sorprende que la Constitución actual —como la anterior atribuya al presidente de la República, como conductor de la Administración, la policía

En un sistema de gobierno presidencial, con una acentuada prevalencia del Ejecutivo, no sorprende que la Constitución actual —como la anterior atribuya al presidente de la República, como conductor de la Administración, la policía administrativa sobre los diversos sectores de la economía. Funciones de inspección y vigilancia que imponen los numerales 22, 24 y 26, entre otros del artículo 189 CN, en consonancia con el artículo 150.8 CN. Sin embargo, como el presidente y tampoco el gobierno —art. 115 CN-— están en condiciones de ejercer directamente estas delicadas competencias, las ejercen por intermedio de las diversas superintendencias sectoriales. Una institucionalidad 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960 [fundamento jurídico V]. $ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial. Tomo CL II, n. 2393, p 320, [fundamento jurídico 1].7 Expediente n. 41,300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones concebida para el adecuado ejercicio de estas funciones.

En consonancia con estos mandatos constitucionales, la Ley 550 de 1999 previó un régimen de reactivación, promoción empresarial y restructuración de las empresas y entidades territoriales. Si bien la Ley 1116 de 2006 reemplazó este régimen de reactivación respecto de las empresas —régimen de insolvencia empresarial—, su artículo 126 dispuso que las entidades territoriales quedarían aún cobijadas por la Ley 550. El «acuerdo de restructuración» es el eje del régimen de la Ley 550. Este consiste

empresarial—, su artículo 126 dispuso que las entidades territoriales quedarían aún cobijadas por la Ley 550. El «acuerdo de restructuración» es el eje del régimen de la Ley 550. Este consiste en una convención en favor de la empresa —sujeta al proceso de reactivación— para corregir sus deficiencias operativas y rehabilitar la capacidad de pago de las obligaciones dinerarias. El acuerdo, que determina un plazo y unas condiciones para el «salvamento» de la empresa, debe constar por escrito, fijar el término para su ejecución y los plazos —general y especial— para el pago de las deudas. También, tiene que establecer un marco «especial» para la atención de los beneficios laborales reconocidos a los trabajadores y sindicatos (art. 5). El representante legal del empresario o uno o varios de sus acreedores pueden solicitar el «acuerdo de restructuración». La superintendencia del sector económico de la empresa también puede hacerlo, si está sometida a vigilancia y control (art. 6). Asimismo, la respectiva superintendencia o la cámara de comercio, según sea el caso, designa a una persona natural como promotora. Esta tiene a cargo la gestión, negociación, formalización del acuerdo, determinación y base de liquidación de los créditos del deudor, así como de la vigilancia en su cumplimiento (arts. 7 y 8). La satisfacción de las obligaciones y metas de restructuración, junto con el vencimiento del plazo de ejecución, son causales de terminación del acuerdo. También el incumplimiento que, además, da lugar a la liquidación de la empresa (art. 36). El «acuerdo de restructuración» es el escenario para determinar y graduar la prelación de las deudas del empresario, para reconocer los acreedores y su

empresa (art. 36). El «acuerdo de restructuración» es el escenario para determinar y graduar la prelación de las deudas del empresario, para reconocer los acreedores y su participación en el salvamento de la empresa, a través del derecho a voto para aprobar o improbar el acuerdo y la formulación de las objeciones a la definición y liquidación de las deudas (arts. 23-26) Una vez aprobado el acuerdo de8 Expediente n. 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones restructuración, este es vinculante para todos los acreedores, incluidos los ausentes y los disidentes (art. 34).

En cuanto a las entidades territoriales, el «acuerdo de restructuración» —que se rige por la misma estructura del acuerdo para las empresas— persigue la continuidad en la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de la región. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe actuar como promotor —por conducto de una persona natural-. Los alcaldes o gobernadores, según el caso, deben contar con la autorización del concejo o asamblea para celebrar el acuerdo. Las operaciones presupuestales y medidas administrativas de carácter financiero deben sujetarse al acuerdo. Los actos o contratos que incumplan el acuerdo de reestructuración se sancionan con ineficacia (art. 58).

10. Según la demanda, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl prestó servicios médico-hospitalario-quirúrgicos a pacientes del Departamento de Córdoba. El hospital expidió las facturas correspondientes, pero la entidad no las pagó, a pesar de haber auditado las cuentas y aprobado las facturas. La

servicios médico-hospitalario-quirúrgicos a pacientes del Departamento de Córdoba. El hospital expidió las facturas correspondientes, pero la entidad no las pagó, a pesar de haber auditado las cuentas y aprobado las facturas. La demandante esgrimió en la apelación que solo una parte de la deuda fue reconocida en la reestructuración del Departamento de Córdoba y que la Ley 550 de 1999 «no podía estar por encima» del Código Contencioso Administrativo, que establece el juez natural de la controversia. Está acreditado que, durante 2007, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl prestó servicios médico-hospitalario-quirúrgicos de nivel ll de complejidad a pacientes de la población del departamento de Córdoba y emitió las facturas correspondientes por un valor de $22.334.705 [hecho probado 7].

11. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo

187 CPC.9 Expediente n. 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones 11.1. Obra en el expediente original del oficio n. 09-104 del 22 de julio de 2009,

187 CPC.9 Expediente n. 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones 11.1. Obra en el expediente original del oficio n. 09-104 del 22 de julio de 2009, suscrito por la Tesorera Departamental de Córdoba. Conforme al documento, las facturas emitidas por la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl se encontraban «en Ley 550 que lleva a cabo la Gobernación» (f. 290 c. 1). 11.2. Obra en el expediente original de la comunicación del 9 de abril de 2010, suscrito por el secretario de hacienda del Departamento de Córdoba. Según el documento, las facturas que la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl emitió por servicios prestados al Departamento quedaron incluidas como deudas ciertas en el acuerdo de restructuración de pasivos del departamento, con excepción de la factura n”. 1195400. Según la comunicación, conforme a la cláusula novena del acuerdo, la acreencia de la Fundación pertenecía al grupo n”. 2 de prelación de créditos «entidades públicas e instituciones de seguridad social». Para el 9 de abril de 2010, el Departamento de Córdoba aún pagaba las acreencias del primer grupo de prelación. Las acreencias correspondientes al segundo grupo se pagarían cuando se pagaran todas las acreencias del primer grupo (f. 324 y 325 c. 1).

Estos documentos son públicos, pues los otorgaron funcionarios públicos encargados de verificar y certificar el estado de los pasivos del Departamento; y se presumen auténticos, pues no se tacharon de falsos (art. 252 CPC).

12. Conforme a las pruebas, en el 2007 la Fundación Hospitalaria San Vicente de

encargados de verificar y certificar el estado de los pasivos del Departamento; y se presumen auténticos, pues no se tacharon de falsos (art. 252 CPC).

12. Conforme a las pruebas, en el 2007 la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl prestó servicios de salud a pacientes del Departamento de Córdoba y emitió las facturas correspondientes. En 2009, el Departamento entró en proceso de reestructuración, conforme a la Ley 550 de 1999, y las facturas adeudadas a la Fundación hicieron parte de las acreencias en negociación. Para abril de 2010, se celebró el acuerdo de restructuración de pasivos del Departamento y las acreencias de la Fundación quedaron reconocidas como deudas ciertas —en el segundo grupo de prelación de créditos— con excepción de una factura. Las acreencias de ese grupo se pagarían después de las del primer grupo.

La Sala advierte que la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, como acreedora de la entidad territorial, pudo participar en el proceso de reestructuración del Departamento de Córdoba, para aprobar o improbar el acuerdo y controvertir y objetar la definición y liquidación de sus acreencias. De modo que, cualquierExpediente ra 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones reclamación que la demandante tuviera frente a las deudas del Departamento, por los servicios prestados durante 2007, debía formularla dentro del proceso de reestructuración. Además, el acuerdo de reestructuración era obligatorio para la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, aun cuando no hubiera participado en su negociación. Así las cosas, la demandante debió estarse a lo dispuesto en el acuerdo de reestructuración en cuanto a la prelación, plazos y condiciones en las

Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, aun cuando no hubiera participado en su negociación. Así las cosas, la demandante debió estarse a lo dispuesto en el acuerdo de reestructuración en cuanto a la prelación, plazos y condiciones en las que se pagarían las acreencias a su favor. De acuerdo con las pruebas, la parte demandante no acreditó que sufrió un daño cierto, personal y directo, pues su acreencia se reconoció en el acuerdo de reestructuración y se pagaría conforme a la prelación de créditos. Cualquier inconformidad -se reiterala debía formular en ese proceso. Además, el cumplimiento de las obligaciones y metas del acuerdo también debía resolverse en el trámite de restructuración de la Ley 550. No se acreditó, entonces, un daño real y efectivamente causado. Tan solo una hipótesis o posibilidad sobre lo que podría ocurrir en el trámite de la restructuración. Ello no implica que la Ley 550 de 1999 esté «por encima del CCA». El legislador, en una democracia liberal, es el titular de la cláusula general de competencia para desarrollar las normas constitucionales (arts. 3 y 150.1 CN) y puede, como lo ha hecho, regular la competencia para conocer de los procesos de restructuración empresarial [núm. 9]. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor — si excepciona— debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las

la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor — si excepciona— debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones?. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como la parte demandante no probó el daño que pidió, la Sala modificará la sentencia apelada y negará las pretensiones. o 9 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 1936 [fundamento jurídico párr. 10] en Gaceta Judicial, Tomo XLIH n. 1907 - 1908, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero de 1971 [fundamento jurídico IV párr. 4] en Gaceta Judicial, Tomo CXXXVIII, n. 2340 a 2345, p. 24.11 Expediente n. 41.300

Demandante: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl Niega pretensiones

13. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte demandante haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: MODIFÍCASE la sentencia del 24 de marzo de 2011 proferida por el Tribunal

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: MODIFÍCASE la sentencia del 24 de marzo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE E, Presidente de la Goo JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Aclaración de voto Cfr. Rad. 59520 oa dl SÁNCHEZLUQUE

JFM/OAO