CE - 230012331000201100423011SENTENCIA20230704224911

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

• Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 23001233100020110042301 (66061)

Demandante: BETTY ELENA SALOME VERGARA Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Mora Judicial. Caducidad. Error jurisdiccional. Demanda de restitución de tenencia. No se acreditó el error judicial. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que negó las pretensiones de la demanda. Il. SÍNTESIS DEL CASO El 26 de junio de 2005, Betty Elena Salomé Vergara suscribió un contrato de arrendamiento con Patricia Carolina Rodríguez Salazar, sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula No. 140-45625, ubicado en el municipio de Montería (Córdoba). Sin embargo, el 5 de marzo de 2006, la señora Rodríguez Salazar, quien fuera la arrendataria del bien, abandonó el mencionado inmueble, por “encontrarse en mal estado”. En virtud de to anterior, el 27 de marzo de 2006, Patricia Carolina Rodríguez Salazar presentó demanda de restitución de tenencia pretendiendo la entrega del mencionado bien a la arrendadora y la nulidad del

por “encontrarse en mal estado”. En virtud de to anterior, el 27 de marzo de 2006, Patricia Carolina Rodríguez Salazar presentó demanda de restitución de tenencia pretendiendo la entrega del mencionado bien a la arrendadora y la nulidad del contrato de arrendamiento, pues consideró que la cláusula de depósito por incumplimiento pactada en el referido acuerdo de voluntades estaba proscrita. ' Mediante proveído del 2 de noviembre de 2007, el Juzgado 3” Civil Municipa! de Montería, a quien correspondió el proceso por reparto, ordenó la entrega provisional del inmueble a la señora Salomé Vergara, al constatar que ésta era la propietariaRadicado: 23001233100020110042301 (66061) . Demandante: Betty Elena Salomeé Vergara del bien. El 7 de diciembre de 2007, el Inspector 1 de Policía de Montería entregó el inmueble a su propietaria. Mediante providencia del 14 de marzo de 2008, el Juzgado 3” Civil Municipal de Montería declaró la terminación del contrato de arrendamiento y rechazó la solicitud de pago de las obligaciones contractuales adeudadas a la arrendadora, elevada por esta última en la contestación de la demanda, al evidenciar que el objeto del proceso había consistido en la simple entrega del inmueble a su propietaria. Dicha decisión fue confirmada mediante providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería. La demandante, como propietaria del inmueble, considera que la Nación — Rama Judicial es patrimonialmente responsable por el deterioro del bien arrendado y por no reconocer el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal

Montería. La demandante, como propietaria del inmueble, considera que la Nación — Rama Judicial es patrimonialmente responsable por el deterioro del bien arrendado y por no reconocer el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal pactados en el contrato de arrendamiento del bien referido. En este sentido, considera que se incurrió: i) en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, dado que el Juzgado 3 Civil Municipal de Montería sin justificación tardó en ordenar la entregar del inmueble arrendado y; if) en un error jurisdiccional en la providencia del 17 de abril de 2009, porque dicho proveído inobservó normas relacionadas con la indemnización y el trámite en los procesos de “restitución de inmueble arrendado”, en los eventos en los que el arrendatario es quien demanda para que el arrendador le reciba la cosa arrendada.

Il. ANTECEDENTES

t. Demanda El 28 de abril de 20111, Betty Elena Salomé Vergara, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación - Rama Judicial por los perjuicios ocasionados por el deterioro de un inmueble arrendado y por no reconocer el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal pactados en el contrato de arrendamiento que suscribió con Patricia Carolina Rodríguez Salazar. 1 FI. 46, C.1.Radicado: 23001233100020110042301 (66061) Demandante: Betty Elena Salomé Vergara Como pretensiones de su demanda, solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV,; y por daños materiales, la

Demandante: Betty Elena Salomé Vergara Como pretensiones de su demanda, solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV,; y por daños materiales, la suma de $233.083.500.

En apoyo de las pretensiones, la demandante afirma que el 26 de junio de 2005, Betty Elena Salomé Vergara suscribió un contrato de arrendamiento con Patricia Carolina Rodríguez, sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula No. 14045625, ubicado en la Calle 62 A No. 7-55 del municipio de Montería (Córdoba). Sostiene que el 5 de marzo de 2006, la señora Rodríguez Salazar, quien fuera arrendataria del bien, abandonó el mencionado inmueble por “encontrarse en mal estado”. Aduce que en virtud de lo anterior, el 27 de marzo de 2006, Patricia Carolina Rodríguez Salazar presentó demanda de restitución de tenencia, pretendiendo ta entrega del mencionado bien y la nulidad del contrato de arrendamiento, pues consideró que la cláusula de depósito por incumplimiento pactada en el referido acuerdo de voluntades estaba proscrita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 820 de 2003?. Manifiesta que dicho proceso correspondió por reparto al Juzgado 3 Civil Municipal de Montería y se tramitó con el número de radicado 2008-00200-12. Señala que mediante memorial del 28 de junio de 2006, Betty Elena Salomé Vergara contestó la demanda, argumentado que no se oponía a la entrega del inmueble. Asimismo, solicitó el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal!

contestó la demanda, argumentado que no se oponía a la entrega del inmueble. Asimismo, solicitó el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal! pactada en el acuerdo de voluntades. 2 Ley 820 de 2003. “Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones.”Radicado: 23001233100020110042301 (66061) Demandante: Betty Elena Salomé Vergara r Indica que mediante proveído del 2 de noviembre de 2007, el Juzgado referido ordenó la entrega provisional del inmueble a la señora Salomé Vergara, al constatar su calidad de propietaria del inmueble. Afirma que por ello, el 7 de diciembre de 2007, el Inspector 1 de Policía de Montería entregó el pluricitado inmueble a su propietaria. Expone que mediante providencia del 14 de marzo de 2008, el Juzgado 3" Civil Municipal de Montería declaró la terminación del contrato de arrendamiento suscrito entre Betty Elena Salomé Vergara y Patricia Carolina Rodríguez Salazar y rechazó la solicitud de pago de las obligaciones contractuales adeudadas a la arrendadora, al evidenciar que el objeto del proceso había consistido en la simple entrega del inmueble a su propietaria. Señala que dicha decisión fue confirmada mediante providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1” Civil del Circuito de Montería. La demandante, como propietaria del inmueble, considera que la Nación - Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por el deterioro del bien arrendado y por no reconocer el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal

La demandante, como propietaria del inmueble, considera que la Nación - Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por el deterioro del bien arrendado y por no reconocer el pago de los cánones de arrendamiento y de la cláusula penal pactados en el contrato de arrendamiento del bien referido. En este sentido, considera que se incurrió: i) en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, dado que el Juzgado 3 Civil Municipal de Montería injustificadamente tardó en ordenar la entrega del inmueble arrendado y; li) en un error jurisdiccional en la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el. Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, porque inobservó el numeral 10 del artículo 408 del Código de Procedimiento Civil, por medio del cual se establece el reconocimiento de indemnizaciones a que hubiere lugar en los procesos de restitución de tenencia; desconoció el numeral 3? del parágrafo 2” del artículo 424 ibidem, que dispone la obligación para el arrendatario de consignar los cánones de arrendamiento adeudados para ser oído en el proceso de “restitución de inmueble arrendado” y; se apartó de lo dispuesto en el artículo 426 ejusdem que establece la aplicación de normas de restitución de inmueble arrendado en los eventos en losRadicado: 23001233100020110042301 (66061) Demandante: Betty Elena Salome Vergara que es el arrendatario quien demanda para que el arrendador le reciba la cosa arrendada. En cuanto al defectuoso funcionamiento derivado de la demora en la entrega del inmueble arrendado, textualmente afirma en la demanda: Ya Nación - Rama Judicial

que es el arrendatario quien demanda para que el arrendador le reciba la cosa arrendada. En cuanto al defectuoso funcionamiento derivado de la demora en la entrega del inmueble arrendado, textualmente afirma en la demanda: Ya Nación - Rama Judicial [...] son (sic) administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a [...] Betty Elena Salomé Vergara [...] por la mora judicial (falla del servicio) en la entrega de un inmueble de su propiedad ubicado en la calle 62 A No. 7-55 [...] el cual le fue entregado (llaves) cerrado, abandonado, deteriorado y reformado (sic) al Juzgado 3” Civil Municipal por la arrendataria [...] Patricia Rodríguez Salazar el 27-03-06 sin el cumplimiento de los requisitos de ley y condiciones del contrato de arriendo y estuvo en manos de los accionados despachos por más de dos (2) años, no obstante haber sido solicitado en forma oportuna por su propietaria [...]”. Por su parte, frente al error jurisdiccional, en el libelo introductorio señala: “f...] las demás acciones u omisiones del [...] Juez Primero Civil del Circuito de Montería [...] a raíz de los hechos acontecidos y contenidos en [...] sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado 1” Civi (sic) del Circuito de Montería, de fecha 17 de abril de 2009 [...] No conformes con los daños y perjuicios causados a mi defendida tanto el ad quo como el ad quem, decretaron la terminación del contrato sin condenar a la demandante por incumplimiento del contrato y los daños y perjuicios causados por el mismo [...] se apartó de las disposiciones y normativas

defendida tanto el ad quo como el ad quem, decretaron la terminación del contrato sin condenar a la demandante por incumplimiento del contrato y los daños y perjuicios causados por el mismo [...] se apartó de las disposiciones y normativas de ley, para estos casos 424 (sic) Núm.3 parágrafo 2; Art. 408 Núm. 10; art. 426 del C.P.C. [...J

2. Contestación El 14 de julio de 2011? el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 3 FL 306, C.1.Radicado: 23001233100020110042301.(66061) Demandante: Betty Elena Salomé Vergara 2.1. La Nación - Rama Judicial argumentó que la decisión proferida por el Juzgado 1? Civil de Montería estuvo soportada en las leyes procedimentales y sustanciales vigentes para la época. Como excepciones formuló las que denominó “falta de causa para demandar” y “culpa exclusiva de la víctima”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 5 de julio de 2017 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante? y Nación - Rama Judicial” reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público guardó silenciof,

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2019% el Tribunal Administrativo de Arauca! negó las pretensiones de la demanda al constatar que el proceso

3.2. El Ministerio Público guardó silenciof,

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2019% el Tribunal Administrativo de Arauca! negó las pretensiones de la demanda al constatar que el proceso cuestionado se resolvió dentro del término razonable de 18 meses. Asimismo, consideró que la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1” Civil del Circuito de Montería, no incurrió en un error jurisdiccional, toda vez que se ajustó al ordenamiento jurídico y fue justificada, coherente y razonable.

En efecto, en cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial en la entrega del inmueble, el a quo sostuvo: “Nótese cómo desde que se integró a la litis Betty Elena Salomé Vergara y ejerció su derecho de defensa, 4 Fl, 313 a 322, C.1. 5 Fl, 477, C.1. 8 Fl, 480 a 502, C.1.

FL 477 y 478, C.1. 8 Fl, 478, C.1.

2FL3a12,Cc.P. 10 En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA18-11134 del 31 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo de Córdoba remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Arauca por descongestión.Radicado: 23001233100020110042301 (66061) Demandante: Betty Elena Salomé Vergara. hasta la diligencia de entrega, no se superaron los 18 meses -No dos años como to expresa la demandantey sólo transcurrió un mes y 19 días entre la solicitud de entrega que hizo yla diligencia para ello; hasta entonces quien ostentaba la calidad

hasta la diligencia de entrega, no se superaron los 18 meses -No dos años como to expresa la demandantey sólo transcurrió un mes y 19 días entre la solicitud de entrega que hizo yla diligencia para ello; hasta entonces quien ostentaba la calidad de arrendadora, había sido reacia y por lo menos se había abstenido de recibir el bien sobre el que afirma ejercer el derecho de dominio; téngase en cuenta además que fue la arrendataria quien promovió la acción para que la hoy demandante le recibiera y no al contrario. En todo caso, el término de tres meses que plantea la demandante en su escrito, sobre el cual supuestamente se debe resolver el proceso abreviado, no existe como plazo objetivo para desarrollarse todo el proceso de restitución de inmueble arrendado y en todo caso, si existiere, no se presentó por parte del Juez una i) dilación irrazonable por parte del funcionario judicial, o ii) falta de diligencia y omisión sistémica de sus deberes; por el contrario, se evidenció que el Juez estuvo atento al curso del proceso, atendió las solicitudes de las partes, procuró el recaudo del material probatorio y dio trámite de la manera correspondiente a los recursos que se presentaron. [...]”. Por su parte, frente al error jurisdiccional alegado por el demandante, el Tribunal señaló: “[...] no se demostró que por las decisiones de los Juzgados, se privara del uso, goce y disposición del inmueble a Betty Salomé Vergara; por el contrario, se demostró que la demandante tuvo la oportunidad de recibir el inmueble, incluso antes de llegar a los estrados judiciales; se demostró que Patricia Carolina Rodríguez Salazar intentó entregarle el apartamento en repetidas oportunidades,

demostró que la demandante tuvo la oportunidad de recibir el inmueble, incluso antes de llegar a los estrados judiciales; se demostró que Patricia Carolina Rodríguez Salazar intentó entregarle el apartamento en repetidas oportunidades, inclusive en diligencia practicada por la Inspección 1 Urbana de Policía Municipal de Montería, que también se intentó realizar la entrega por intermedio de apoderado y que incluso, tuvo que acudir la arrendataria a las instancias judiciales para que se lo recibiera. También se probó que la demandante residía en el mismo lugar donde se ubicaba el apartamento y que pese a las gestiones de Rodríguez Salazar no efectuó conducta alguna encaminada a la conservación del inmueble como facilitar la entrega de las llaves para verificar su estado, o encontrar un acuerdo con la que era su arrendataria para que así se efectuara el mantenimiento necesario; es decir, sólo en diciembre de 2007 ya en curso del proceso, propició el recibo provisional de este, a lo que el Juzgado accedió de manera oportuna y presta [...J”.Radicado: 23001233100020110042301 (66061)

Demandante: Betty Elena Salomé Vérgata

5. Recurso de apelación El 18 de noviembre de 20191! la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 26 de febrero de 20201? y admitido el 30 de octubre de 202013, 5.1. La recurrente?! argumentó que el Juzgado 3” Civil Municipal de Montería incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que ordenó injustificadamente de manera tardía la restitución del inmueble a la - señora Salomé Vergara. A su turno, reiteró que la providencia del 17 de abril de

incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que ordenó injustificadamente de manera tardía la restitución del inmueble a la - señora Salomé Vergara. A su turno, reiteró que la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1” Civil del Circuito de Montería incurrió en un error jurisdiccional, toda vez que desatendió lo dispuesto en el numeral 10” del artículo 408 y el artículo 426 de del Código de Procedimiento Civil, dado que no condenó a Patricia Carolina Rodríguez Salazar al pago de los cánones de arrendamiento adeudados y la cláusula penal pactada en el contrato.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 15 de enero de 20211 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente, 6.1. La parte demandante? y la Nación - Rama Judicial”? reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en el trámite de primera instancia, respectivamente. 6.2. El Ministerio Público guardó silencio?$.

FL 18, C.P. 12 FL. 30, C.P. 13 Fl, 34, C.P.

14F| 18a26, C.P. 15 F/, 37, C.P. 18 SAMA!, índice 10. 17 SAMAL, índice 14. 18 SAMAI, indice 15.Radicado: 23001233100020110042301 (66061)

Demandante: Betty Elena Salomé Vergara

1iI. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal

Demandante: Betty Elena Salomé Vergara

1iI. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996. |

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 861? de Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general??, estableció unos plazos para poder ejercer 19 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas

causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que fiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener10 a Radicado: 23001233100020110042301 (66061) Demandante: Betty Elena Salomé Vergara oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?!, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y

los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de s ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y fas acciones se inicien dentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y fas acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legistador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a fa justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran fa firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. .11

Radicado: 23001233100920110042301 (66061) Demandante: Betty Elena Salomé Vergara como una sanción ¡pso jure”? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento-o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día

Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. Así mismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro2. 2 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso lure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece

2 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perdertos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9 de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205. :12

Radicado: 23001233100920110042301 (66061)

Demandante: Betty Elena Salomé Vergara .

En el caso sub examine se estima que frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial el derecho de acción no se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años, teniendo en cuenta: i) que el 7 de diciembre de 2007, la demandante conoció de dicho daño, pues ese día el Inspector 1” de Policía de Montería le entregó el inmueble? en virtud de la orden dictada por el Juzgado 3 Civil Municipal de Montería en providencia del 2 de noviembre de 2007, ti) que la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de

el Juzgado 3 Civil Municipal de Montería en providencia del 2 de noviembre de 2007, ti) que la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de marzo de 2011%, la cual se declaró fallida el 13 de junio de 20112”; y ii) que la demanda se presentó el 28 de abril de 2011728. De otra parte, se observa que el derecho de accionar sí se ejerció en tiempo frente al error jurisdiccional alegado contra la providencia del 17 de abril de 2009, proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, teniendo en cuenta: i) que dicho proveido quedó ejecutoriado el 4 de mayo de 20092% de conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil 3%; ¡iy que la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de marzo de 20111, la cual se declaró fallida el 13 de junio de 20113; y iii) que la demanda se presentó el 28 de abril de 2011%,

4. Legitimación en la causa 4.1. Betty Elena Salomé Vergara está legitimada en la causa por activa, pues fungió como parte en el proceso de restitución de tenencia promovido por Patricia Carolina Rodríguez Salazar que versaba sobre un contrato de arrendamiento suscrito por 25 Fl, 239, C.2. 26 Fl. 302, C.P. 27 Fl, 44, C.5. 28 Fl. 4