CE - 230012331000201100590011SENTENCIA20231212124133

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., primero (1) de diciembre dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00590-01 (65.453)

Actor: JAVIER ALONSO CARDONA ECHEVERRI Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – dilación en la adopción de decisiones judiciales - prescripción de la acción penal / DAÑO ANTIJURÍDICO - vulneración de los derechos constitucional y convencionalmente protegidos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva – ausencia de pronunciamiento judicial definitivo privó al afectado del punible investigado de lograr la resolución de su controversia.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpues to por la parte actora contra la sentencia del 13 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Javier Alonso Cardona Echeverri padeció lesiones personale s, como consecuencia de un accidente de tránsito; a raíz de ese hecho, se adelantó un proceso penal en contra del conductor y propietario del vehículo que lo colisionó, el cual terminó por cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal,

consecuencia de un accidente de tránsito; a raíz de ese hecho, se adelantó un proceso penal en contra del conductor y propietario del vehículo que lo colisionó, el cual terminó por cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, circunstancia que le impidió, en su condición de parte civil, obtener la reparación de perjuicios dentro de esa actuación penal.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 6 de octubre de 2011, los señores Javier Alfonso Cardona Echeverry, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor Estefannia Cardona Rivera,2

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00590-01 (65.453)

Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Acción de Reparación Directa

y Cruz Helena Rivera Grisales, presentaron demanda de reparación directa (fls. 1 – 16, c. 1), contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios causados con “la falla en el servicio de administración de justicia por defectuoso funcionamiento, al dejar prescribir la acción en el proceso penal seguido contra el señor Luis Jorge Segura Romero, por el delito de lesiones culposas, (…) siendo la víctima el señor Javier Alonso Cardona Echeverri, que impidió que se efectuara un pronunciamiento o reconocimiento acerca de los daños y perjuicios recibidos, con ocasión de las lesiones de carácter permanente sufridas producto del accidente de tránsito acaecido el 13 de noviembre de 2001, consistente en la

recibidos, con ocasión de las lesiones de carácter permanente sufridas producto del accidente de tránsito acaecido el 13 de noviembre de 2001, consistente en la amputación de su pierna derecha”.

Por lo anterior, solicitaron como indemnización de perjuicios materiales para el afectado directo: i) la suma de $512’640.000, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante; ii) el valor que resulte probado por concepto de daño emergente; iii) la suma equivalente a 200 SMLMV por concepto de daño a la vida de relación; y, iv) la suma equivalente a 200 SMLMV por concepto de perjuicios morales; asimismo, pidieron a favor de cada uno de los demás demandantes: v) la suma equivalente a 100 SMLMV, por concepto de daño a la vida de relación; y, vi) el mismo valor por perjuicios morales.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que, el 13 de noviembre de 2001, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Sahagún (Córdoba) puso en conocimiento de la Unidad de Fiscalía Local del mismo municipio la ocurr encia de un accidente de tránsito acaecido el mismo día, en el que sufrió lesiones permanentes el señor Javier Alonso Cardona Echeverri, cuando conducía una motocicleta de su propiedad, al colisionar con un camión, marca Dodge, tipo furgón, que era conducido por su propietario, señor Luis Jorge Segura Romero.

Con base en la anterior denuncia, el 18 de noviembre de 2001, la Fiscalía 18 Local de Sahagún abrió la investigación por el delito de lesiones culposas contra el señor

Romero.

Con base en la anterior denuncia, el 18 de noviembre de 2001, la Fiscalía 18 Local de Sahagún abrió la investigación por el delito de lesiones culposas contra el señor Javier Alonso Cardona Echeverri; y el 30 de julio de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Descongestión de Sahagún, culminó el proceso penal por haberse configurado el fenómeno de la prescripción de la acción penal.3

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Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Acción de Reparación Directa

La parte actora sostiene que la Rama Judicial incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por retardo injustificado, por cuanto el Juzgado Promiscuo Municipal de Sahagún permitió que prescribiera la acción penal y, por tanto, la acción impetrada como parte civil por el señor Javier Alonso Cardona Echeverri.

Precisó que el juez penal incumplió con los deberes previstos en el artículo 37 del C.P.C., puesto que no tomó correctivos ni impuso las sanciones a que había lugar ante la reiterada inasistencia de la defensa y la Fiscalía a la audiencia públ ica que fue citada en cuatro oportunidades.

Concluyó que la cesación del procedimiento, “le truncó la posibilidad de ser indemnizado de todos los perjuicios que se le causaron producto de la pérdida de su pierna derecha (…) habida cuenta de que hasta ese momento procesal, (…) no existió un elemento probatorio nuevo que indicara que el señor Luis Jorge Segura

indemnizado de todos los perjuicios que se le causaron producto de la pérdida de su pierna derecha (…) habida cuenta de que hasta ese momento procesal, (…) no existió un elemento probatorio nuevo que indicara que el señor Luis Jorge Segura Romero no fuera responsable de la ocurrencia del accidente y de las lesiones”.

2. El trámite de primera instancia

2.1. En auto del 14 de diciembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda (fl. 297, c. 1).

2.2. Notificado en debida forma el auto admisorio (fl. 301, c. 1), la Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, por estimar que la actuación del Juez Promiscuo Municipal de Sahagún se ciñó al cabal ejercicio de sus funciones y al giro ordinario del procedimiento penal. Asimismo, adujo que la decisión prescriptiva estuvo fundada y que esta constituye un castigo al demandante ante la inercia en la defensa de sus legítimos intereses y derechos, dado que, a través de su apoderado pudo insistir en la práctica de las audiencias y diligencias, a efectos de impedir la estructuración del término prescriptivo. En consecuencia, propuso las excepciones de falta de causa para demandar y culpa exclusiva de la víctima (fls. 303 - 313).

2.3. Concluida la etapa probatoria, el 31 de julio de 2017, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitier a concepto (fl. 384, c. 1).4

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00590-01 (65.453)

las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitier a concepto (fl. 384, c. 1).4

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Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Acción de Reparación Directa

La Rama Judicial señaló que la dilación del proceso obedeció a la inasistencia de la Fiscalía a las audiencias que fueron debidamente programadas por el juzgado, así como a la culpa de la víctima, quien no interpuso los recursos que procedían frente a la decisión preclusiva (fls. 385 - 386, c. 1)

La parte actora y el Ministerio Público no intervinieron en esta oportunidad procesal.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 13 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se demostró el daño antijurídico que se reclama, toda vez que el demandante podía obtener el resarcimiento de perjuicios en un escenario distinto al proceso penal, esto es , mediante demanda civil en contra de los terceros civilmente responsables por ejercer la guarda compartida del bien con el que se ejerció la actividad peligrosa, debido a que el vehículo era de servicio público, se encontraba vinculado a la empresa Sotran smuebles Ltda. y estaba amparado por una póliza de seguro vigente para el momento del accidente.

Adicionalmente, estimó que la parte actora tampoco demostró haber recurrido la decisión judicial que declaró la prescripción de la acción penal, circunstancia que,

vigente para el momento del accidente.

Adicionalmente, estimó que la parte actora tampoco demostró haber recurrido la decisión judicial que declaró la prescripción de la acción penal, circunstancia que, a su juicio, conlleva a la exoneración de responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 (fls. 1 - 10, c. ppal.).

4. Recurso de apelación

Inconforme con la anterior determinación, la parte actora inte rpuso recurso de apelación en el cual solicitó revocar la sentencia, para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.

En el escrito de apelación, la parte actora señaló que estaba demostrado el daño antijurídico y que este tuvo su origen en la a ctuación negligente del Estado, por cuanto omitió tomar medidas coercitivas a efectos de evitar la dilación de proceso y adoptar una decisión de fondo dentro de los términos de ley.5

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Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

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Argumentó que, desde el 11 de junio de 2004, cuando el proceso fue enviad o al Juez Promiscuo Municipal de Sahagún, se programaron “catorce”1 audiencias, que fracasaron por distintas razones, sin que el titular del despacho hiciera algún tipo de conminación a las partes.

También advirtió que no era relevante exigir la interposición de recursos en contra de la decisión que declaró la prescripción de la acción penal, dado que dicho

de conminación a las partes.

También advirtió que no era relevante exigir la interposición de recursos en contra de la decisión que declaró la prescripción de la acción penal, dado que dicho fenómeno operó por el transcurrir del tiempo y era jurídicamente imposible que pudiera ser reversado, como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 (fls. 14 – 16, c. ppal.).

El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de Córdoba 2 mediante auto proferido el 15 de noviembre de 2019 (fl. 18, c. ppal.) y remitido al Consejo de Estado para su trámite mediante oficio del 26 del mismo mes y año (fl. 19, c. ppal.).

5. Trámite en segunda instancia

En proveído del 20 de enero de 2020, esta Corporación admitió el recurso de apelación (fl. 22, c. ppal.) y, el 21 de febrero siguiente, corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 24, c. ppal.).

La Rama Judicial hizo suya la motivación de la sentencia de primera instancia (fls. 26 – 27, c. ppal.); mientras que la parte actora guardó silencio.

De otro lado, el Ministerio Público solicitó que se confirm ara el fallo de primera instancia, debido a que no se demostró la causación de un daño por pérdida de oportunidad, toda vez que el afectado contaba con otros medios idóneos para obtener el resarcimiento patrimonial de los perjuicios generados con el accidente; lo

instancia, debido a que no se demostró la causación de un daño por pérdida de oportunidad, toda vez que el afectado contaba con otros medios idóneos para obtener el resarcimiento patrimonial de los perjuicios generados con el accidente; lo que, a su parecer, concurre con la eximente de culpa exclusiva de la víctima, en cuanto no se interpusieron recursos contra la decisión que declaró la prescripción de la acción penal (fls. 30 – 40, c. ppal.).

1 Según las pruebas aportadas al expediente las audiencias preparatoria y pública se fijaron en seis oportunidades. 2 Por cuanto el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Arauca por descongestión, conforme al Acuerdo No. PSAA18-11134 del 31 de octubre de 2018 y devuelto al Tribunal de origen con oficio No. 1636 de 17 de septiembre de 2019 (fl. 12, c. ppal.)6

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena d el Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 20083, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauraran por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encontraba radicada

septiembre de 20083, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauraran por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encontraba radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso4.

2. Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u o cupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el presente asunto se demandó a la Nación -Rama Judicialcomo consecuencia de la prescripción de la acción penal declarada el 30 de julio de 2009, dentro del proceso adelantado por las lesiones personales ocasionadas al demandante Javier Alonso Cardona Echeverri en un accidente de tránsito, decisión que se notificó el 5 de agosto de 2009 (fl. 382, c. 1) y cobró firmeza el 11 de ese mismo mes y año5.

De este modo, la parte actora podía acudir ante esta jurisdicción, en principio, hasta el 12 de agosto de 2011; no obstante, el 29 de julio de esa anualidad, presentó solicitud de conciliación prejudicial, es decir, cuando faltaban 15 días para que operara la caducidad, y la constanc ia de no conciliación fue expedida el 5 de

solicitud de conciliación prejudicial, es decir, cuando faltaban 15 días para que operara la caducidad, y la constanc ia de no conciliación fue expedida el 5 de octubre de 2011 (fls. 97, 119 – 12, c. 1). Entonces, a partir del día siguiente se

3 Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 4 Ello es así por cuanto la demanda se interpuso el 6 de octubre de 2011, bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo. 5 Conforme a lo dispuesto en los artículos 179 y 187 de la Ley 600 de 2000.7

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00590-01 (65.453)

Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

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reanudó el plazo restante, fecha en la que se radicó la demanda, lo que impone concluir que fue oportuna.

3. La legitimación en la causa

En punto a la legitimación en la causa por activa en los eventos en los que se depreca la responsabilidad del Estado con fundamento en daños ocasionados por la administración de justicia, la Sala precisa que quienes están legitimados para acudir a reclamar el daño son aquellos que: i) gozan de la calidad de parte – víctima directaen el proceso en que se reprocha un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o que dio lugar a una providencia contentiva de un supuesto yerro o, ii) frente a quienes la actuación u omisión de la administración de

directaen el proceso en que se reprocha un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o que dio lugar a una providencia contentiva de un supuesto yerro o, ii) frente a quienes la actuación u omisión de la administración de justicia proyecta sus efectos -víctimas indirectas -6, por tener una relación con el proceso judicial del que se reprocha la actuación estatal.

Con este derrotero, ha de considerarse que el señor Javier Alonso Cardona Echeverri se encuentra legitimado en la causa por activa, por cuanto se constituyó como parte civil en el proceso penal en el que se declaró la prescripción de la acción penal.

Frente a la menor Estefannia Cardona Rivera y la seño ra Cruz Helena Rivera Grisales, si bien se encuentra acreditado que hacen parte del núcleo familiar del señor Javier Alonso Cardona Echeverri, en su condición de hija y esposa, tal como consta en las certificaciones de los registros civiles de nacimiento y matrimonio aportados al expediente (fls. 15 – 16, c. 1), lo cierto es que carecen de legitimación en la causa por activa para reclamar los perjuicios derivados de la actuación judicial, debido a que no tienen vínculo alguno con el proceso judicial que se reprocha, al no haber sido reconocidas como sujetos procesales en dicha actuación.

Por su parte, la Nación -Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que se le imputó el supuesto daño generado por la declaratoria de la prescripción de la acción penal a la que se refiere el libelo introductorio del proceso.

6 Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de noviembre de 2022,

declaratoria de la prescripción de la acción penal a la que se refiere el libelo introductorio del proceso.

6 Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de noviembre de 2022, exp. 53.873, sentencia de 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, sentencia de 24 de abril de 2023, exp. 56.673.8

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00590-01 (65.453)

Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

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4. Problema jurídico

Ab initio, para la Sala es claro que la parte actora deriva la responsabilidad de la entidad estatal de la prescripción de la acción penal seguida contra el señor Luis Jorge Segura Romero por el ilícito de lesiones personales, pues afirmó que ésta le impidió obtener la reparación de perjuicios en su condición de parte civil.

Por tanto, atendiendo a la tesis de la Subsección 7, se establecerá sí se configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la lesión de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva -bienes constitucional y convencionalmente protegidos -8, que es e l daño autónomo9 susceptible de reparación en estos asuntos, debido a que se acusa que la actuación del Juzgado Promiscuo Municipal de Sahagún fue permisiva ante la inasistencia de las partes a las múltiples audiencias fijadas durante el proceso penal, de ahí que no hubiera dispuesto de una decisión definitiva sobre los perjuicios causados por la conducta punible ante la configuración de la prescripción

inasistencia de las partes a las múltiples audiencias fijadas durante el proceso penal, de ahí que no hubiera dispuesto de una decisión definitiva sobre los perjuicios causados por la conducta punible ante la configuración de la prescripción de la acción penal.

Así las cosas, atendiendo a los reparos concretos que hizo la parte actora en su impugnación, el debate jurídico se orienta a determinar si la Nación -Rama Judicial

7 Al respecto, se puede consultar, entre otras: Consej o de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de febrero de 2022, expediente 66.028, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 22 de abril de 2002, expediente 56.676, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 14 de julio de 2023, expediente 64.146, C.P. María Adriana Marín. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, expediente 32.988. 9 Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporaci ón: “Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que la severa afectación de dichos bienes jurídicos constituye un daño autónomo -es decir que su configuración no depende de la existencia de otros dañosque puede ser reparado en sede de la acción de reparación directa, incluso cuando no ha sido solicitado en la demanda, de forma oficiosa: El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: i) Es un daño inmat erial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus

constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: i) Es un daño inmat erial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porqu e no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuesto s de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular. iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales (...) (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2017, expediente 42.425).9

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00590-01 (65.453)

Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Acción de Reparación Directa

es responsable por los daños irrogados, como consecuencia del defectuoso

Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

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Referencia: Acción de Reparación Directa

es responsable por los daños irrogados, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado de la prescripción de la acción penal. En caso de que así se concluya, se verificará si se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

5. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por dilación en la adopción de decisiones judiciales. Prescripción de la acción penal

Como ruta para el análisis de los aspectos antes indicados, se debe recordar que la Constitución Política establece el derecho a una pronta y cumplida justicia en el artículo 29, como una garantía propia del debido proceso que se concreta en el trámite sin dilaciones injustificadas. En igual sentido, el artículo 2 28 constitucional dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia” y que “ su incumplimiento será sancionado” , con lo cual eleva a rango constitucional los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial.

Sobre el particular, el artículo 7 de la Ley 270 de 1996 estableció que la administración de justicia debe ser eficiente, lo cual implica que los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley.

Así mismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, reconoce el derecho del

competencia que les fije la ley.

Así mismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, reconoce el derecho del acusado “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, como garantía básica del debido proceso10, prerrogativa que es aplicable a procesos de otra índole, de conformidad con la jurisprudencia del Comité Internacional de Derechos Humanos11.

Ahora bien, en relación con los parámetros para establecer si el retardo de una decisión judicial constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se precisa que este título de atribución es una modalidad de responsabilidad aplicable de forma residual, en tanto solo opera en su puestos

10 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 11 CIDH, Detención arbitraria, Diez años de actividad, 1982, pág. 320. Citado por Daniel O’Donnell en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004, págs. 306-307 y 442.10

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00590-01 (65.453)

Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

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Referencia: Acción de Reparación Directa

Radicación número: 23001-23-31-000-2011-00590-01 (65.453)

Actor: Javier Alonso Cardona Echeverri y otros

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Referencia: Acción de Reparación Directa

fácticos distintos al error jurisdiccional o a la privación injusta de la libertad. Adicionalmente, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que el título de imputación aplicable, por regla general, es la falla del servicio, por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional que se presente con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia.

Con base en dicho título de imputación, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que para establecer si el retardo de una decisión judicial está en la base de un juicio de responsabilidad del Estado, se deben observar diversos factores, entre ellos, la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial, así como las especificidades de cada trámite judicial, incluido el análisis de factores exógenos al proceso, como reformas normativas, paralización del servicio y, en general, c ircunstancias de toda índole con impacto directo en el trámite de los procesos y su duración, punto que debe analizarse desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, y no desde un Estado ideal12.

Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción diligente de las autoridades judiciales puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de las partes e intervinientes, dado que no todo procedimiento que se prolongue en el

autoridades judiciales puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de las partes e intervinientes, dado que no todo procedimiento que se prolongue en el tiempo más allá de las previsiones legales, puede calificarse automáticamente como desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso del tiempo sin que se produzca una decisi ón judicial puede obedecer a diversas circunstancias ajenas al operador judicial , de ahí que deban analizarse las condiciones particulares del servicio de administración de justicia, en concreto de la entidad a cargo del respectivo proceso, de los despacho s encargados de su

12 Al respecto, esta Corporación ha sostenido: “Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla”. Ver. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, ex p. 13539, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de

humanos y materiales disponibles para atenderla”. Ver. Consejo de Estad