CE - 230012333000201600445011SENTENCIA20230207095733

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018)

Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reliquidación pensional. Régimen de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2017 y adicionada el 18 de enero de 2018, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Gustavo Javier Jiménez Sampayo, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) GNR 350747 del 6 de noviembre de 2015; ii) GNR 14912 del 19 de enero de 2016; y iii) VPB 18515 del 21 de abril de 2016, mediante las cuales Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez con el régimen especial de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).2

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018)

Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) reconocer la pensión reclamada, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, esto es, la asignación básica (sueldo y sobresueldo), la bonificación por servicios prestados, las primas de navidad, de vacaciones, de servicios y de riesgo, la bonificación especial por recreación, los subsidios de alimentación y de unidad familiar, los viáticos, y el auxilio de transporte; ii) pagar la diferencia que surja e ntre el declaración anterior y lo que se venía pagando como consecuencia de un reconocimiento previo; iii) realizar los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor; iv) dar cumplimiento a la sentencia dentro

pagar la diferencia que surja e ntre el declaración anterior y lo que se venía pagando como consecuencia de un reconocimiento previo; iii) realizar los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor; iv) dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos del artículo 19 2 de la Ley 1437 de 2011; y v) condenar en costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. El señor Gustavo Javier Jiménez Sampayo prestó sus servicios por más de 20 años como servidor público en el cargo de dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), esto es, desde el 6 de abril de 1990 hasta el 30 de junio de 2014.

1. Mediante la Resolución GNR 81515 del 19 de marzo de 2015, Colpensiones reconoció y ordenó el pago a favor del demandante de una pensión de jubilación.

1. El 3 de agosto de 2015, el actor solicitó a la entidad demandada, la reliquidación de su pensión de jubilación acorde al régimen especial de pensiones previsto en la constitución y la ley para los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC, con fundamento en lo establecido en el parágrafo transitorio 5.º del Acto Legislativo 01 de 2005. Sin embargo, a través de los actos demandados, Colpensiones negó la solicitud anterior, con fundamento en que el demandante no cumple con los requisitos del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.3

actos demandados, Colpensiones negó la solicitud anterior, con fundamento en que el demandante no cumple con los requisitos del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.3

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo iv) Mediante la Circular 000027 del 12 de junio de 2013, el INPEC ordenó el pago y los descuentos retroactivos de los salarios y demás prestaciones legales desde el año 1994 para la cotización de todos los factores salariales devengados por los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Naciona l, beneficiarios del contenido normativo del parágrafo transitorio 5.º del Acto Legislativo 01 de 2005, los Decretos 1950 de 2005, 2090 de 2003, 407 de 1994, y 1835 de 1994. Es decir, que las cotizaciones por concepto de la reliquidación que se pretende ya fueron pagadas por el demandante y el empleador.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58, 93, 94 y 2017 de la Constitución Política; parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005; 16 de la Declaración Americana de Derechos de la Persona; 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

de la Declaración Americana de Derechos de la Persona; 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, numeral 2 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 54 de 1962; 96 y 114 de la Ley 32 de 1986; 172, numeral 6 de la Ley 65 de 1993; 3 y 40 de la Ley 48 de 1993; 8, 115, 117, 168, 184 y 185 del Decreto Ley 407 de 1994; 45 del Decreto 1045 de 1978; 4 de la Ley 4.ª de 1966; 1, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985; 1 y 4, inciso 2.º del Decreto 1835 de 1994; 11, 140 y 289 de la Ley 100 de 1993; 2 de la Ley 1437 de 2011; 9, 11, 14, 19, 20, 21 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 10, 14, 27 y 28 del Código Civil, subrogado por la Ley 57 de 1887; 114 y 115 de la Ley 1395 de 2010; 8 de la Ley 71 de 1988; la Ley 5.ª de 1969; y los Decretos 1743 de 1996, 2090 de 2003 y 1950 de 2005.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:1

1. El régim en especial de pensiones de los miembros del Cuerpo de Custodia y

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:1

1. El régim en especial de pensiones de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC fue elevado a rango

1 Folios 1 a 61.4

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo constitucional mediante la expedición del parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, en el cual solo se exige que el interesado haya ingresado antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para acceder a la prestación en los términos de la Ley 32 de 1986.

1. El régimen especial al que se alude en nada tiene que ver con la transición prevista para el régimen general de pensiones establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de

1993. Así, en atención a que el demandante ingresó al INPEC el 6 de abril de 1990, es beneficiario de la prestación reclamada.

1. Comoquiera que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC están exceptuados del régimen general pensional de los servidores públicos, por virtud de lo dispuesto en el artículo 1, inciso 2.º de la Ley 33 de 1985, debe acudirse a las previsiones del artículo 4 de la Ley 4.ª de 1966, según la cual, la liquidación debe realizarse con el 75 % del promedio mensual de los factores

1985, debe acudirse a las previsiones del artículo 4 de la Ley 4.ª de 1966, según la cual, la liquidación debe realizarse con el 75 % del promedio mensual de los factores devengados en el último año de servicio. Empero, como aquella n orma no señala cuáles factores deben tenerse en consideración, corresponde recurrir al contenido normativo del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y no al establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

1. Si bien la prima de riesgo no está enlistada dentro de la norma señalada con anterioridad como factor para la liquidación de la pensión, ello no obsta para que se incluya, toda vez que el pago de estas sumas no tiene causa distinta a la del servicio que prestó el funcionario, lo que lo constituye en factor salarial. En igual sentido concluyó el Consejo de Estado en sentencia del 23 de septiembre de 2010.2

1.2. Contestación de la demanda

Colpensiones, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones,3 con fundamento en que no es procedente la liquidación de la pensión en la forma solicitada, esto es, con el 75 % de lo devengado en el último año de servicio y

2 Citó la sentencia proferida dentro del proceso con radicado 47001 23 31 000 2003 00376 01 (1201-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 3 Folios 182 a 195.5

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018)

Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo

Lucía Ramírez de Páez. 3 Folios 182 a 195.5

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo con la inclusión de todos los factores salariales, ya que se debe dar aplicación a las reglas previstas en las Sentencias SU -230 de 2015 y SU -427 de 2016, proferidas por la Corte Constitucional, según las cuales, el IBL se debe calcular conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia proferida el 28 de septiembre de 2017 y adicionada el 18 de enero de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:4

1. Se demostró que el señor Jiménez Sampayo trabajó al servicio del INPEC del 6 de abril de 1990 al 30 de junio de 2014, es decir, por más de 24 años. Por esta razón, Colpensiones le reconoció una pensión de jubilación, efectiva a partir del 1.º de julio de 2014, para lo cual aplicó lo dispuesto en la Ley 32 de 1986, por ser beneficiario del régimen de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional; sin embargo, en la determinación del IBL, aplicó los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo señalado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

sin embargo, en la determinación del IBL, aplicó los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo señalado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. Comoquiera que la Ley 32 de 1986 no contempló la forma en la que se debe determinar del monto pensional y tampoco los factores a tener en cuent a para efectos de la liquidación de la pensión, de acuerdo con la remisión prevista en los artículos 114 ibidem y 184 del Decreto 407 de 1994, es pasible acudir, en lo no regulado, a lo consagrado en el artículo 4 de la Ley 4.ª de 1966, y en lo referente a los factores salariales, a lo preceptuado en el Decreto 1045 de 1978.

1. El Consejo de Estado ha sostenido que para la obtener el IBL, no sólo deben tenerse en cuenta los factores taxativamente relacionados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sino otros conceptos que haya devengado el trabajador durante el último año de servicio, comoquiera que los factores descritos en este artículo lo son por vía

4 Folios 221 a 229 y 259 a 260.6

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo enunciativa, mas no taxativa. Así se desprende de la sentencia proferida el 9 de julio de 2009,5 que al analizar la interpretación que debía otorgarse a ese artículo, señaló que dichos factores «deben ser entendidos como principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo así, se correrá el riesgo

de 2009,5 que al analizar la interpretación que debía otorgarse a ese artículo, señaló que dichos factores «deben ser entendidos como principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que que daren por fuera otros que por su naturaleza se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación». 6 En similar sentido se pronunció mediante las sentencias de unificación del 4 de agosto de 20107 y 24 de noviembre de 2016.8

1. En el último año de servicio, esto es, del 1.º de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, el demandante devengó los siguientes emolumentos: el sueldo básico, las primas de riesgo, de navidad, de servicios y de vacaciones; los subsidios de alimentación y de unidad familiar; el auxilio de transporte, la bonificación por recreación y viáticos. Se desestima la solicitud de inclusión de la bonificación por servicios prestados puesto que no obra prueba de que dicho factor haya sido percibido durante el periodo reconocido.

1. En consecuencia, la entidad debe reliquidar la prestación con la inclusión del sueldo básico, la prima de riesgo, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, los viáticos, las primas de vacaciones y de navidad en una doceava parte. Sin embargo, se deben excluir los conceptos bonificación por recreación y subsidio de unidad familiar por no ser factores salariales. Se advierte que el hecho de no haberse realizado los respectivos aportes no es impedimento para incluir los factores salariales que se hayan devengado durante el último año de servicio; pues, «lo procedente es ordenar el descuento respectivo de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se

respectivos aportes no es impedimento para incluir los factores salariales que se hayan devengado durante el último año de servicio; pues, «lo procedente es ordenar el descuento respectivo de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal».

1. De acuerdo con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, no hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción trienal propuesta

5 Se refirió a la sentencia con radicado interno 0208 -2007, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Actor: Jorge Hernández Vásquez. 6 Citó la sentencia del 7 de noviembre de 2013, identificada con el número de radicado 68001 23 31 000 2010 000831 01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 7 Aludió a la sentencia proferida dentro del proceso con radicado interno 0112 -09, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila 8 Indicó que se trataba de la sentencia del 24 de noviembre de 2016, radicado 11001 03 25 000 2013 01341 00(341313). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.7

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo por Colpensiones, teniendo en cuenta que el derecho se hizo exigible a partir de la expedición del acto administrativo de reconocimiento pensional, esto es, la Resolución 81515 de 19 de marzo de 2015; que el 3 de agosto de 2015, el actor presentó la

por Colpensiones, teniendo en cuenta que el derecho se hizo exigible a partir de la expedición del acto administrativo de reconocimiento pensional, esto es, la Resolución 81515 de 19 de marzo de 2015; que el 3 de agosto de 2015, el actor presentó la reclamación administrativa, con lo que se produjo la interrupción del término prescriptivo por un lapso de 3 años; y que conforme al acta de reparto la demanda fue presentada el 12 de septiembre de 2016.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. El señor Gustavo Javier Jiménez Sampayo, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación 9 con fundamento en que d entro de las certificaciones expedidas por el INPEC, se observa que al demandante sí se le pagó la bonificación por servicios prestados para el mes de abril de 2014, de suerte que se encuentra acreditado que sí la percibió durante el último año de servicio.

1.4.2. Colpensiones, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación10 y lo sustentó así:

1. La pensión fue reconocida en aplicación de la Ley 32 de 1986, esto es, el régimen especial del INPEC, y la liquidación se efectuó en aplicación de los artículos 18, 19 y 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Por esta razón, los actos demandados se encuentran ajustados a derecho y no es procedente acceder a las pretensiones de la demanda.

1. El parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 señala que el

Por esta razón, los actos demandados se encuentran ajustados a derecho y no es procedente acceder a las pretensiones de la demanda.

1. El parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 señala que el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no podrá excederse más allá del 31 de julio de 2010, salvo para los trabajadores que al 1.º de abril de 1994 tengan 40 años de edad, si son hombres y tengan 750 semanas de cotización a la entrada en vigencia de dicho acto, esto es, el 25 de julio de 2005; empero, el demandante no colmó tal requisito.

9 Folios 261 a 269. 10 Folios 242 a 244.8

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo iii) La Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que el IBL no es un aspecto de la transición y, por lo tanto, las reglas contenidas en el régimen general son las que deben aplicarse para establecer el monto pensional, con independencia del régimen especi al al que pertenezca.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Gustavo Javier Jiménez Sampayo, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada.11

1.5.2. La demandada

Colpensiones guardó silencio, según se desprende de la constancia secretarial del 24 de mayo de 2019.12

sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada.11

1.5.2. La demandada

Colpensiones guardó silencio, según se desprende de la constancia secretarial del 24 de mayo de 2019.12

1.6. El ministerio público

El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto.13

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en los escritos de apelación, 14 se circunscribe a establecer si el señor Gustavo Javier Jiménez Sampayo tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación, en su condición de ex servidor del INPEC, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

2.2. Marco normativo

11 Folios 293 a 324. 12 Folio 330. 13 Ibidem. 14 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.9

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo 2.2.1. Régimen pensional de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido aplicado a todos los habitantes del territorio nacional, conservando los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos «conforme a disposiciones normativas

Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido aplicado a todos los habitantes del territorio nacional, conservando los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos «conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sec tores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general».15

Sin embargo, en su artículo 140 dispuso que «el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos». Al respecto, esta Sala recientemente señaló que, con fundamento en esta norma, era evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los trabajadores comprendidos en esa clasificación».16

Ahora bien, el Gobierno nacional expidió el Decreto 407 de 1994, por el cual estableció el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en cuyo artículo 168 preceptuó lo siguiente:

Artículo 168. Pensión de jubilación. [Derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003]

el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en cuyo artículo 168 preceptuó lo siguiente:

Artículo 168. Pensión de jubilación. [Derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003] Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la pe nsión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de

15 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado 20001-23-39000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.10

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos. Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1º. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobi erno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la

Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala].

Respecto de los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126 del citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

En consecuencia, corresponde analizar la Ley 32 de 1986, 17 que definió que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional es un organismo armado, de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de Justicia e integrado por personal uniformado». Además, el artículo 96 de esta norma dispuso que «[l]os miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta la edad».

Posteriormente, el presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas en el numeral 2.º de l artículo 17 18 de la Ley 797 de 2003, que reformó «algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», expidió el Decreto 2090 de 2003, «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones,

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», expidió el Decreto 2090 de 2003, «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones,

17 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia». 18 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: […]

2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definic ión de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema».11

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades».19 Esta norma, en lo pertinente, preceptúa:

Artículo 1º. Definición y campo de aplicación . El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada impliq ue la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su

aquellas en las cuales la labor desempeñada impliq ue la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo.

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: […]

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec , la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública.

[…]

Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido pa ra el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003[20].

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido pa ra el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003[20].

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada ( 60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.

De la disposición trascrita se concluye que la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de internos del INPEC y de otros establecimientos carcelarios tiene

19 Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003. 20 «Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º. de en ero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».12

Radicado: 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-2018) Demandante: Gustavo Javier Jiménez Sampayo el carácter de alto riesgo; por tanto, dichos servidores públicos gozan del régimen pensional establecido por el aludido Decreto 2090 de 2003.

Sin embargo, esta disposición estableció un régimen de transición consistente en que

el carácter de alto riesgo; por tanto, dichos servidores públicos gozan del régimen pensional establecido por el aludido Decreto 2090 de 2003.

Sin embargo, esta disposición estableció u