CE - 230012333000202100267011AUTOQUERESUEL20231204153442

Radicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

Demandante: Cooperativa Colanta

AUTO

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

Demandante: Cooperativa Colanta

Demandado: Municipio de Planeta Rica (Córdoba)

Temas: Medida cautelar de suspensión del proceso de cobro coactivo.

AUTO - Resuelve recurso de apelación

Se decide el recurso de apelación interpuesto por l a demandante contra el ordinal segundo del auto del 22 de junio de 2023 , proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba en el proceso de la referencia, que resolvió la medida cautelar solicitada así:

“PRIMERO: Decretar la medida cautelar de suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo que se adelanta en contra de la Cooperativa Colanta, con ocasión de la

“PRIMERO: Decretar la medida cautelar de suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo que se adelanta en contra de la Cooperativa Colanta, con ocasión de la deuda tributaria por concepto del ICA por las vigencias 2015 a 2020, determinada en la Resolución nro. 80, del 13 de julio de 2021 y su confirmatoria, la Resolución nro. 0247, del 16 de septiembre de 2021. En consecuencia, se ordena al Municipio de Planeta Rica levantar las medidas cautelares que se encuentren vigentes dentro del referido cobro coactivo y, hasta tanto se defina la deuda a su favor, abstenerse de decretar cualquier otro embargo dentro del referido procedimiento de cobro coactivo, por cualquier concepto que eventualmente reste por saldar o liquidar con ocasión de éste.

SEGUNDO: Negar la so licitud cautelar referente al reintegro de las sumas de $3.000.171.900, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

ANTECEDENTES

La Cooperativa Colanta promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones nros. 80 del 13 de julio de 2021 y 247 del 19 de septiembre de 2021, mediante las cuales el municipio de P laneta Rica (Córdoba) la declaró deudora del impuesto de industria y comercio por las vigencias 2015 a 202 0, y decidió el recurso de reconsideración, respectivamente.

La solicitud de medida cautelar de suspensión provisional

La demandante solicitó como medida cautelar la suspensión del proceso de cobro coactivo que dio lugar al embargo decretado mediante Resolución 001 - del 6 de

La solicitud de medida cautelar de suspensión provisional

La demandante solicitó como medida cautelar la suspensión del proceso de cobro coactivo que dio lugar al embargo decretado mediante Resolución 001 - del 6 de octubre de 2021, el oficio que lo ejecutó del 17 de marzo de 2022, y la Resolución 039 de 11 abril de 2022 que negó el levantamiento de las medidas cautelares y el desembargo hasta que se decida de manera definitiva sobre la legalidad de los actos que cons tituyen el título ejecutivo . Además, pidió el reintegro de la suma deRadicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

Demandante: Cooperativa Colanta

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$3.000.171.900 m ás los intereses o actualización causado s desde el traslado de los dineros a la cuenta bancaria del municipio.

Lo anterior, por cuanto la administración dispuso de l dinero embargado sin autorización para ello conforme con el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, al ordenar el traslado de este a la cuenta del municipio, lo que ocasionó un perjuicio irremediable a la demandante con pleno desconocimiento de la ley. Además, señaló que resulta ser más gravoso para el interés público negar la medida pues con el paso del tiempo, los

a la demandante con pleno desconocimiento de la ley. Además, señaló que resulta ser más gravoso para el interés público negar la medida pues con el paso del tiempo, los intereses causados a favor de la demandante son mayores en el evento que se anulen los actos demandados.

La administración desconoció con su actuación que los recursos emba rgados pueden utilizarse exclusivamente “hasta tanto quede demostrada la acreencia a su favor” con un fallo debidamente ejecutoriado.

AUTO APELADO

En auto de 22 de junio de 2023, el Tribunal decretó la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado en contra de la demandante por el impuesto de industria y comercio de las vigencias 2015 a 2020, determinada en la Resolución nro. 80 del 13 de julio de 2021 y su confirmatoria 0247 del 16 de septiembre de 2021, y e n consecuencia ordenó al municipio de Planeta Rica levantar las medidas cautelares vigentes hasta que se defina la deuda, y abstenerse de decretar otro tipo de embargo por cualquier concepto.

La suspensión del proceso de cobro coactivo procede con la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo , conforme con el artículo 837 del Estatuto Tributario ; esto es, los actos que determinaron a cargo de Cooperativa Colanta una deuda por el ICA de las vigencias de l os años 2015 a 2020 , y se encuentra pendiente de fallo, por lo que la discusión de legalidad de los actos ante la jurisdicción impidió su ejecutoria.

Por otra parte, el Tribunal negó el reintegro solicitado de $3.000.171.900 , por cuanto

y se encuentra pendiente de fallo, por lo que la discusión de legalidad de los actos ante la jurisdicción impidió su ejecutoria.

Por otra parte, el Tribunal negó el reintegro solicitado de $3.000.171.900 , por cuanto consideró que en el momento de la solicitud de la medida cautelar, el municipio mediante Auto 002-2022 del 18 de abril de 2022, ya había decretado el levantamiento de las medidas cautelares y el desembargo de los dineros que se “hubieren efectuado a los productos financier os de la contribuyente; esto en virtud de que imputó el pago de la suma de $3.000.171.900, por concepto de ICA” de las vigencias en discusión . Precisó que si bien la entidad demandada no podía disponer de los recursos embargados, ordenar su traslado a la cuenta bancaria y aplic arlos como pago a la deuda, la legalidad de dicha actuación le corresponde pronunciarse al juez de conocimiento del proceso en contra de los actos de cobro coactivo.

Advirtió que al no tener conocimiento de la finalización de l procedimiento de cobro , decretó la suspensión de este y prohibió al municipio decretar cualquier otro tipo de medida cautelar.

Por último, sostuvo que no hay lugar a que la demandante preste caución, pues pese a la procedencia de la medida cautelar, no se vislumbra un perjuicio irremediable paraRadicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

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el ente territorial, en la medida que no hay lugar a iniciar el cobro de una deuda que no se encuentre definida.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demanda nte en el recurso de apelación solicita que se revoque la decisión del Tribunal que negó el reintegro de los dineros que fueron embargados y trasladados a la cuenta del municipio de Planeta Rica, al considerar que la actuación de la demandada es ilega l puesto que embargó unas sumas de dinero cuando no había lugar a ello, y ordenó el giro de los recursos a favor del propio municipio en contravención del artículo 837 del Estatuto Tributario.

El traslado de recursos por débito del banco Davivienda desde las cuentas de la demandante a la cuenta del municipio en el banco BBVA, se produjo por la existencia de la orden de embargo impartida por la Secretaría de Hacienda del municipio de Planeta Rica, mas no por el pago voluntario por parte de Colanta.

Si bien el Auto 002 -.2022 del 18 de abril de 2022, levantó el embargo, ello no es resultado de que la Cooperativa efectuara pago alguno de la deuda sino que el “monto fue obtenido producto de la ejecución plena de una orden de embargo”.

CONSIDERACIONES

resultado de que la Cooperativa efectuara pago alguno de la deuda sino que el “monto fue obtenido producto de la ejecución plena de una orden de embargo”.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el numeral 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, el auto que decreta o niega una medida cautelar es apelable. Como la providencia la dictó en primera instancia el Tribunal Administrativo de Córdoba, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación y la decisión corresponde a la Sala, según lo dispuesto en el artículo 125 ib.

Corresponde resolver en es ta instancia si debe revocarse o no la decisión apelada que negó el reintegro de la suma embargada en cuantía de $3.000.171.900 solicitada por la parte demandante como consecuencia de la suspensión del proceso de cobro coactivo.

El artículo 238 de la Constitución Política dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo susceptible de ser impugnado por vía judicial, con el cumplimiento de los requisitos que establece la ley. En concordancia con la norma constitucional citada, el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 establece que el juez o magistrado ponente, a petición de parte debidamente sustentada, puede decretar no solamente la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, sino las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

1 Artículo 243. “Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (…)

proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

1 Artículo 243. “Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (…)

5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. (…)”Radicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

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Entre las medidas cautelares que pueden ser decretadas por el juez o el ma gistrado ponente, el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 prevé la suspensión del procedimiento o actuación administrativa, así como la posibilidad de impartir órdenes o fijar obligaciones de hacer o no hacer. Las medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo proceden cuando: i) la demanda esté razonablemente fundada en derecho; ii) la demandante demuestre al menos sumariamente la titularidad del derecho o de los derechos invocados; iii) se acredite con pruebas y argumentos que, al realizarse un juicio de ponderación de intereses, resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y iv) que se concluya que al no otorgarse la medida se causa un perjuicio

con pruebas y argumentos que, al realizarse un juicio de ponderación de intereses, resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y iv) que se concluya que al no otorgarse la medida se causa un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que se harían nugatorios los efectos de la sentencia.

En el presente caso, Colanta no solo solicitó la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra por el impuesto de industria y comercio de los años 2015 a 202 0, sino también que se ordenara a la entidad territorial demandada el reintegro de las sumas embargadas de las que dispuso sin autorización legal, para el pago de la acreencia que se encuentra en discusión en el presente proc eso.

Conforme con el parágrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario, se deben levantar las medidas preventivas de embargo y secuestro de los bienes del deudor proferidas en el proceso administrativo de cobro coactivo, cuando el deudor demuestre que se ha admitido demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo.

Lo anterior es acorde con la regla especial de ejecutoria de los títulos ejecutivos en materia tributaria, pues el artícu lo 829 del Estatuto Tributario establece que se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, entre otros, cuando las acciones de restablecimiento del derecho se hayan decidido de forma definitiva.

En ese or den, en materia tributaria, la impugnación de los actos impide que la administración lleve a cabo su ejecución coactiva, por lo que no hay lugar a adelantar

decidido de forma definitiva.

En ese or den, en materia tributaria, la impugnación de los actos impide que la administración lleve a cabo su ejecución coactiva, por lo que no hay lugar a adelantar el cobro mediante el decreto o práctica de medidas cautelares cuando se encuentra en discusión el título ejecutivo hasta tanto se resuelva de manera definitiva la legalidad del acto que declara la deuda.

En el expediente está probado que la demandante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones nros. 80 del 13 de julio de 2021 y 0247 del 16 de septiembre de 2021 que determinaron como sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio a Colanta por las vigencias los años 2015 a 2020 por la realización de actividades industriales y comerciales en el municipio , actos que constituyen el título ejecutivo para iniciar el proceso de cobro coactivo.

Mediante Auto nro. 001 del 6 de octubre de 2021 , el municipio profirió mandamiento de pago en contra de Colanta por valor de $2.011.432.000 más los intereses causados por concepto de lo adeudado por impuesto de industria y comercio. Y por oficio 2200386 del 17 de marzo de 2022, dirigido al banco Davivienda, el municipio informó del embargo decretado por Auto 001 -20212, señalando que el monto a emba rgar era de

2 Folios 282 a 290 anexos, índice 2 SAMAI.Radicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

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2 Folios 282 a 290 anexos, índice 2 SAMAI.Radicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

Demandante: Cooperativa Colanta

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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$3.000.000.000, y que “ los dineros deberán consignarse a m ás tardar el día hábil siguiente al recibo de esta comunicación en la cuenta activa denominada municipio de Planeta Rica Procesos Judiciales Predial e Industria y Comercio del Banco Agrario (…)”.

En el folio 32 de la solicitud de la medida cautelar obra la certificación expedida el 13 de abril de 2022 por el Banco Davivienda S.A. en la cual se indica que en cumplimiento del embargo decretado por el municipio , se realizaron los débitos de la cuenta de ahorros de la demandante y fueron consignados en la cuenta del BBVA del municipio, en cuantía total de $3.000.171.900.

Por Auto 002 -2022 de l 18 de abril de 2022 3, el municipio demandado decretó el levantamiento de la medida cautelar y el desembargo de los dineros en cuentas de ahorro o corrientes de que es titular la Cooperativa Colanta, en consideración a que la demandante “consignó en la cuenta de ahorro (…) del BBVA, mediante certificación

levantamiento de la medida cautelar y el desembargo de los dineros en cuentas de ahorro o corrientes de que es titular la Cooperativa Colanta, en consideración a que la demandante “consignó en la cuenta de ahorro (…) del BBVA, mediante certificación expedida por Banco Davivienda S.A. de fec ha 13 de abril de 2022, cuyo titular es el municipio de Planeta Rica, la suma de $3.000.171.900 por concepto de pago de impuesto de industria y comercio correspondiente a las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020”.

De acuerdo con lo anterior, para la S ala es evidente la vulneración del ordenamiento jurídico por parte de la demandada, en tanto pese a existir una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo que dio lugar al proceso de cobro y el decreto del embargo, no suspendió el proceso. A demás, decretó el embargo de l dinero de la cuenta de ahorros de Colanta y dispuso su traslado a la cuenta del municipio, en abierto desconocimiento de lo dispuesto en l os incisos 3 y 4 del artículo 837-1 del Estatuto Tributario 4 que establece n expresamente que los recursos embargados deberán permanecer congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión mediante caución bancaria , y que la entidad pública no podrá disponer de los recursos embargados hasta tanto se demuestre la acreencia a su favor. Si bien el inciso segundo del numeral 2 del artículo 839 -1 del Estatuto Tributario dispuso que las sumas embargadas deben ser depositadas en la cuenta que señale la

los recursos embargados hasta tanto se demuestre la acreencia a su favor. Si bien el inciso segundo del numeral 2 del artículo 839 -1 del Estatuto Tributario dispuso que las sumas embargadas deben ser depositadas en la cuenta que señale la administración, el artículo 837 -1 ib. modificado por la Ley 1066 de 2006 - norma posterior que prevaleceprevé que los recursos embargados permanecen congelados en la cuenta del deudor, y no pueden ser usados o ejecutados hasta tanto q uede demostrada la acreencia a su favor mediante un fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales que tiene el deudor para ejercer las acciones procedentes.

3 Folio 24, anexos, índice 2 SAMAI. 4 Artículo 837-1 límite de inembargabilidad. (…) No obstante no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su f avor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes. Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deu dor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.Radicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

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petición de parte, a ordenar el desembargo.Radicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

Demandante: Cooperativa Colanta

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Así, la entidad demandada no podía ordenar a los bancos el traslado de los depósitos de las cuentas bancarias de Colanta a su cuenta, ni disponer de dichos recursos para el pago de la acreencia que se encuentra en discusión ante la jurisdicción contenciosa.

Resulta irrelevante que al momento de la solicitud de la medida cautelar, la entidad demandada ya hubiera decretado el desembargo de los dineros, pues se reitera, ello obedeció a una actuación arbitraria y contraria a la ley, máxime si su levantamiento no se originó en un pago voluntario por parte de Colanta , sino en la disposición de los recursos inicialmente embargados, razón suficiente para ordenar el reintegro inmediato de estos por cuantía de $3.000.171.900 a la cuenta bancaria que disponga la demandante para tal efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 837-1 ib.

Para la Sala, resultaría más gravoso para el interés general no decretar la medida cautelar de suspensión del proceso de cobro coactivo junto con el reintegro de la suma

Para la Sala, resultaría más gravoso para el interés general no decretar la medida cautelar de suspensión del proceso de cobro coactivo junto con el reintegro de la suma indicada, pues ante la posibilidad de que se declare de manera definitiva la nulidad de los actos administrativos demandados en el presente proceso, los cuales constituyen el título ejecutivo, el municipio tendría que proceder a la devolución de las sumas embargadas y co n las que se pagó el impuesto junto con los intereses correspondientes. Además, es claro que se causó un perjuicio injustificado a la demandante quien, aunque acude a la jurisdicción contenciosa en defensa de sus derechos, encuentra que la entidad demandad a soslaya sin justificación alguna el cumplimiento de la ley, que le prohibe disponer de los dineros embargados hasta que haya una decisión definitiva sobre la legalidad de la actuación administrativa impugnada.

Por lo expuesto, la Sala revocará el ordinal segundo del auto del 22 de junio de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó el reintegro de la suma de $3.000.171.900 correspondiente al valor embargado y puesto a disposición del municipio para el pago del impuesto de industria y comercio de los años 201 5 a 2020.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc ión Cuarta,

RESUELVE

PRIMERO: Revocar el ordinal segundo del auto del 22 de junio de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de C órdoba que negó el reintegro de una suma sobre una medida cautelar, el cual quedará así:

“Segundo: Ordenar al municipio demandado el reintegro a la cuenta bancaria

por el Tribunal Administrativo de C órdoba que negó el reintegro de una suma sobre una medida cautelar, el cual quedará así:

“Segundo: Ordenar al municipio demandado el reintegro a la cuenta bancaria que disponga la demandante para tal efecto en virtud de lo dispuesto en el artículo 837 -1 ib , la suma de $3.000.171.900 correspondiente al valor embargado y puesto a disposición del municipio para el pago del impuesto de industria y comercio de los años 2015 a 2020”

SEGUNDO: Devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase..Radicación: 23001-23-33-000-2021-00267-01 (28073)

Demandante: Cooperativa Colanta

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La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Presidenta

(Firmado electrónicamente)

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

(Firmado electrónicamente)

MILTON CHAVES GARCÍA

(Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN