CE - 24 Sentencia SENTENCIA 520240510500ALBERTOB 0 20241114162907819

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05105-00

Demandante: Alberto Betancur Jaramillo

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2024-05105-00

Demandante ALBERTO BETANCUR JARAMILLO

Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y OTRO Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad). Acto de reconocimiento pensión gracia a docente con vinculación nacional . Requisitos de procedencia de la acción de tutela: la relevancia constitucional. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por el señor Alberto Betancur Jaramillo de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 20 de septiembre de 20241, el señor Alberto Betancur Jaramillo interpuso acción de tutela, contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por considerar vulnerados sus

El 20 de septiembre de 20241, el señor Alberto Betancur Jaramillo interpuso acción de tutela, contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital, al debido proceso y a los derechos adquiridos, las expectativas legítimas y el principio de seguridad jurídica. En consecuencia, presentó las siguientes pretensiones: “Se declare que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, incurrió en vía de hecho por DEFECTO FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO No. 11001250200020210112901 dentro del proceso disciplinario contra RODRIGO EDUARDO

CARDOZO ROA.

Por la prosperidad de la anterior declaración, solicito;

1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DE

LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y

EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, DEBIDO

PROCESO, del señor ALBERTO BETANCUR JARAMILLO.

2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”, en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 09 d e noviembre de 2023, que CONFIRMÓ, la sentencia de primera instancia por la cual accedió a las pretensiones de la demanda de la entidad accionante, y en consecuencia sea reconocida nuevamente la pensión de jubilación gracia a favor del señor ALBERTO BETANCUR JARAMILLO.

la demanda de la entidad accionante, y en consecuencia sea reconocida nuevamente la pensión de jubilación gracia a favor del señor ALBERTO BETANCUR JARAMILLO.

1 Tutela radicada al correo de la Secretaría General de la Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05105-00

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3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados”.

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Alberto Betancur Jaramillo laboró para el departamento de Caldas como docente desde el 1º de marzo de 1968 hasta el 31 de agosto de 1991, con nombramiento de carácter nacional. 2.2. El accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, lo que se negó por la extinta Cajanal mediante la Resolución Nro. 000619 del 24 de enero de 2000, por no haber acreditado 20 años de servicio en la docencia oficial en el orden departamental, municipal o distrital. 2.3. Mediante fallo de tutela proferido por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá el 16 de junio de 2006, se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia al accionante, a lo que se dio cumplimiento por Cajanal en su momento, mediante la Resolución Nro. 36307 del 28 de julio de 2006 , efectiva a partir del 16 de marzo de 1999.

de la pensión gracia al accionante, a lo que se dio cumplimiento por Cajanal en su momento, mediante la Resolución Nro. 36307 del 28 de julio de 2006 , efectiva a partir del 16 de marzo de 1999. 2.4. Por lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, presentó demanda en contra del actor Alberto Betancur Jaramillo, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por el que, en cumplimiento de una orden de tutela, se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia al actor y, en consecuencia, pidió se ordenara al mencionado señor el reintegro de las sumas canceladas por ese concepto, además de que se declarara que no tenía derecho a tal prestación y que por tanto, no había lugar al reconocimiento de la misma. 2.5. En primera i nstancia conoció el Tribunal Administrativo de Caldas , Sala Primera de Decisión, el proceso con radicación Nro. 17001-23-33-000-201500583-00 que, en sentencia del 28 de enero de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda. Luego de hacer un recuento de las normas, consideró que no había lugar al reconocimiento de la pensión gracia ya que no era posible computar tiempos nacionales en la docencia. Que, pese a cumplir con el requisito de edad y de estar vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, no cumplía con el requisito del tiempo de servicios pues que no solo se trataba del lugar geográfico de la prestación del servicio, sino

Que, pese a cumplir con el requisito de edad y de estar vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, no cumplía con el requisito del tiempo de servicios pues que no solo se trataba del lugar geográfico de la prestación del servicio, sino de que el nombramiento fuera por parte de una entidad territorial y que, para el caso, el actor había sido nombrado por el Ministerio de Educación. Finalmente, no se ordenó la devolución de dinero al haber sido percibidos de buena fe y haberse amparado en principio, por una decisión judicial. 2.6. La decisión se apeló por la parte demanda da, hoy accionante. Correspondió conocer al Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección B que, enRadicado: 11001-03-15-000-2024-05105-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co providencia del 9 de noviembre de 2023 (notificada por correo electrónico el 22 de marzo de 2024), confirmó la decisión del a quo. Sostuvo igualmente que, verificadas las pruebas, el actor estuvo vinculado con carácter nacional y que, si bien tuvo una vinculación como nacionalizado, esta no cumplía el tiempo exigido en la norma.

3. Fundamentos de la acción La parte actora consideró que las sentencias del 28 de enero de 2021 y del 9 de noviembre de 2023 , proferida s por el Tribunal Administrativo de Caldas , Sala Primera de Decisión y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en la

noviembre de 2023 , proferida s por el Tribunal Administrativo de Caldas , Sala Primera de Decisión y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, con la radicación Nro. 17001-23-33-000-2015-00583-00/01, incurrió en los defectos por decisión sin motivación y por violación directa de la Constitución Política, por las razones que se exponen a continuación. 3.1. Defecto por decisión sin motivación . Se refirió a la decisión de segunda instancia, dijo que se evidenciaba una falta de juicio razonable, de análisis y estudio de la controversia conforme los argumentos del recurso de apelación. Dijo que las dos instancias habían hecho un recuento de los hechos significativos del proceso ordinario, pero en su sentir, existió una falta de motivación y de argumentación, reiterando que en el recurso de apelación se había hecho una exposición breve pero juiciosa de las normas con las que se llevó a cabo el proceso de descentralización de la educación en Colombia , esto es, conforme lo dispuesto en las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001. 3.2. Defecto por violación directa de la Constitución Política . Hizo mención a los derechos invocados como vulnerados por las autoridades judiciales y consideró inadmisible que luego de haber prestado sus servicios por más de 30 años al Estado, se le despojara de un derecho otorgado desde el año 2006, todo lo cual afectaba su mínimo vital y el derecho a la seguridad social. Agregó que se trataba de un e ducador que tenía su estilo de vida con unos

30 años al Estado, se le despojara de un derecho otorgado desde el año 2006, todo lo cual afectaba su mínimo vital y el derecho a la seguridad social. Agregó que se trataba de un e ducador que tenía su estilo de vida con unos ingresos superiores y que, por una decisión judicial arbitraria, habían cambiado las condiciones de vida del pensionado, lo que afectaba directamente su mínimo vital.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 26 de septiembre de 202 4 el despacho ponente admitió la presente acción, ordenó la notificación a las partes accionante y accionadas y dispuso vincular como tercero con interés a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, quien fue parte demandante en el proceso ordinario respectivo. 4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, rindió informe en el que hizo un recuento de lo solicitado por la parte actora y de lo resuelto ante esta instancia.

En criterio de la autoridad judicial accionada, se estaba buscando reabrir el debate y pretender la tutela como una instancia adicional, por lo que pidió se negaran las pretensiones de la demanda de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05105-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, se pronunció e indicó que la presente acción de tutela era improcedente, que buscaba

www.consejodeestado.gov.co 4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, se pronunció e indicó que la presente acción de tutela era improcedente, que buscaba reabrir el debate judicial y que se buscaba una pretensión económica que consistía en el reconocimiento y pago de la pensión gracia a su favor. Que no acredito una situación que permitiera evidenciar un perjuicio en su contra, por el contrario, dijo que consultada la página de bonos pensionales se evidenciaba que el actor percibía pensión de jubilación desde el 18 de marzo de 2021 por parte de la Fiduprevisora S.A. y que se encontraba en estado activo. 4.4. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, no se pronunció en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 5 ha indicado qu e cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión pro ferida en

fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión pro ferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii ) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05105-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia

cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por una alta corte (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es por tal razón que la Corte Constitucional ha establecido como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, y es que la providencia judicial atacada contenga un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico 3.1. La Sala debe comenzar por indicar que, si bien la parte actora presentó la acción de tutela contra la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión y contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la Sala, en caso de resultar procedente la solicitud de amparo, estudiará el caso únicamente con relación a esta última decisión, pues respecto de la decisión de primera instancia, la parte actora tuvo la posibilidad de presentar recurso de apelación, como en efecto ocurrió. 3.2. Precisado lo anterior, t eniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad, en concreto el de la relevancia constitucional.

De superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la providencia del 9 de noviembre de 2023 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en el proceso con la radicación Nro. 17001-23-33-0002015-00583-00/01, incurrió en los defectos por decisión sin motivación y por violación de la Constitución Política, propuestos por la parte actora.

4. Requisito general de la relevancia constitucional La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar

4. Requisito general de la relevancia constitucional La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, estáRadicado: 11001-03-15-000-2024-05105-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia

para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes

ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidenci e de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela

6 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05105-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evite inmiscui rse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural7. De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración

corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural7. De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, compl etar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa. En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción, tiene su justificación en la medida en que: «sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al moment o de pretender la protección constitucional de sus derechos»8. De otra parte, la relevancia constitucional también supone que la tutela no se emplee para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa, ni para insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Por consiguiente, el juez debe verificar que la parte actora no introduzca cargos nuevos no expuestos ante el fallador natural.

5. Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto 5.1. Para la Sala, la acción de tutela de la referencia no satisface el requisito general de la relevancia constitucional, en la medida que la parte actora acude a este mecanismo a modo de instancia adicional.

De la revisión de las decisiones proferidas en el respectivo medio de control ,

general de la relevancia constitucional, en la medida que la parte actora acude a este mecanismo a modo de instancia adicional. De la revisión de las decisiones proferidas en el respectivo medio de control , es posible establecer que en ambas instancias se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP y que, los argumentos que presenta el actor en el escrito d e tutela guardan identidad con los del escrito de apelación. 5.2. Los argumentos propuestos por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión , coincide con los fundamentos del escrito de tutela: 5.2.1. Hizo toda una exposición del proceso de descentralización de la educación en Colombia, citando las Leyes 60 de 1993, 43 de 1975, así como también la Ley 715 de 2001 y, teniendo en cuenta lo anterior, consideró que , en su caso concreto, tenía la condición de docente territorial.

7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T422 de 2018, T715 de 2016, C-590 de 2005. 8 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2024-05105-00

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2.2. Se refirió al principio de favorabilidad y al mínimo vital al no contar con el reconocimiento de la pensión gracia reclamada, luego de ha ber laborado toda una vida para el sector docente. 5.3. En el escrito de tutela, la parte actora presentó los mismos argumentos, pero anunciados desde la presunta configuración de los defectos por decisión sin motivación y por violación de la Constitución Política: 5.3.1. Sostuvo que se evidenciaba una falta de juicio razonable, de análisis y estudio de la controversia conforme los argumentos del recurso de apelación, en el que se había hecho una exposición breve pero juiciosa de las normas con las que se llevó a cabo el proceso de descentralización de la educación en Colombia, esto es, conforme lo dispuesto en las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001. 5.3.2. Manifestó que no era posible que luego de haber prestado sus servicios por más de 30 años al Estado, se le despojara de un derecho otorgado desde el año 2006, todo lo cual afectaba su mínimo vital y el derecho a la seguridad social. 5.3.3. Señaló que se trataba de un educador que tenía su estilo de vida con unos ingresos superiores y que, por una decisión judicial arbitraria, habían cambiado las condiciones de vida del pensionado, lo que afectaba directamente su mínimo vital. 5.4. En la sentencia del 9 de noviembre de 2023 , con el propósito de resolver el

unos ingresos superiores y que, por una decisión judicial arbitraria, habían cambiado las condiciones de vida del pensionado, lo que afectaba directamente su mínimo vital. 5.4. En la sentencia del 9 de noviembre de 2023 , con el propósito de resolver el problema jurídico , el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, luego de hacer un extenso recuento de las normas y la jurisprudencia relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, sostuvo lo siguiente: “Vistos los antecedentes normativos previamente expuestos, se observa que la pensión gracia cobija a aquellos docentes que hubiesen prestado sus servicios como profesores de establecimientos públicos, que cumplan 20 años de servicios con nombramientos del o rden Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado, sin que les sea dable acumular tiempos en el orden nacional. Ahora bien, la Sala manifiesta que, una vez analizadas las pruebas allegadas al expediente, se pudo establecer que el Ministro de Educación nombró a Alberto Betancur Jaramillo como docente en el Colegio Cooperativo Pio XII de Salamina a partir del 17 de septiembre de 1973; y posteriormente, en el Instituto Nacional Salamina de Salamina (Caldas) del 1 de septiembre de 1991 al 23 de marzo de 1999, conforme lo acredita la certificación relacionada en líneas atrás. Nombramientos que fueron del orden nacional. En este orden de ideas,