CE-25000-23-15-000-2020-02684-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO – Decreto Legislativo 682 de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL – Por medio de la sentencia C-430 de 2020 el decreto legislativo objeto de análisis fue estudiado por la Corte Constitucional en el que se concluyó que no se vulneraban las garantías consitucionales / AUSENCIA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA – Las disposiciones adoptadas por medio de decreto legislativos únicamente pueden ser examinadas por la Corte Constitucional en sede de control abstracto de constitucionalidad / SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE UN NUEVO DECRETO LEGISLATIVO – Se torna imposible ordenar al Gobierno nacional expedir decretos el marco del Estado de excepción cuando el mismo no se encuentra vigente [L]o primero que destaca la Sala es que el decreto legislativo que estableció la medida que, en sentir del accionante, vulneró su derecho fundamental a la igualdad, fue dictada por el Gobierno nacional en ejercicio de las potestades extraordinarias que le confiere el artículo 215 de la Constitución y, en esa medida, contiene normas de carácter general, impersonal y abstracto, que no pueden ser cuestionadas a través de la acción de tutela. En segundo lugar, las disposiciones adoptadas por medio de decretos que gozan de tal naturaleza especial únicamente pueden ser examinadas por la Corte Constitucional, en sede de control abstracto de constitucionalidad, en los precisos términos establecidos en la norma citada y, adicionalmente, en el artículo 241 numeral 7º de la Constitución

Política, de tal manera que la acción de tutela no es procedente para resolver una temática como la planteada por el accionante ni determinar la existencia de una posible discriminación, pues tal juicio material corresponde realizarlo a la Corporación citada en forma exclusiva y excluyente. En tercer lugar, en el caso concreto la posible desigualdad que podía derivarse de las exigencias contenidas en el numeral 6.3. del decreto legislativo objeto de análisis, fueron sometidas por la Corte Constitucional a un test estricto de igualdad, el cual dio como resultado que tal derecho fundamental no se vulneraba por las exigencias referidas, lo que quedó contenido en la sentencia C-430 de 2020, oportunidad en la que se examinaron ampliamente, a la luz de los valores y principios constitucionales, los preceptos que, a juicio del actor, vulneran su derecho a la igualdad. (…) La sentencia cuyos apartes se transcribieron por contener el test de igualdad que reclama el actor, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y su ratio decidendi es obligatoria para todos los jueces de la república, quienes no pueden apartarse de su contenido, máxime cuando resolvió exactamente el problema jurídico planteado por el accionante. El reconocimiento de esta figura jurídica constituye una razón adicional para estimar improcedente la acción de amparo. Finalmente, no es posible desconocer que el Decreto Legislativo 682 de 2020, en punto de la exención del impuesto del IVA sobre algunas mercancías que, efectivamente, incluyen computadores, los cuales en momentos de trabajo y educación por medios virtuales y a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones se convierten en elementos esenciales, fijó como fechas tres días

correspondientes al año 2020 -19 de junio, 3 de julio y 19 de julioque a la fecha de esta decisión ya transcurrieron y, por ende, se consolidaron las situaciones jurídicas derivadas de la norma, sin que le sea posible al juez de tutela dictar orden alguna en aras de salvaguardar el derecho del accionante, pues ella caería en el vacío, ante la carencia de objeto por sustracción de materia . (…) La Sala precisa que los decretos legislativos que desarrollan las medidas anunciadas en 1 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los decretos que declaran el Estado de emergencia económica, social y ecológica únicamente se pueden dictar en vigencia de los mismos, los cuales tienen una duración de treinta (30) días. En este caso el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 tan sólo estuvo en vigor hasta el 6 de junio de la misma anualidad, lo que torna imposible ordenar al Gobierno nacional expedir decretos el marco del Estado de excepción, cuando el mismo no se encuentra vigente, lo cual constituye una razón adicional para que se torne imperativo declarar la improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto. La decisión en cuestión no es óbice para indicarle al accionante que el Gobierno nacional ha adoptado otras medidas para beneficiar a los estratos 1 y 2 a los cuales dice pertenecer, relacionadas con la exención del

IVA para el servicio de internet o la devolución del impuesto en los eventos señalados por el legislador extraordinario, la financiación en materia de servicios públicos y otros, a la cuales le es posible acceder con la acreditación de los requisitos exigidos.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 215 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 241 NUMERAL 7

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-15-000-2020-02684-01(AC)

Actor: VÍCTOR MANUEL MUÑOZ MENDIVELSO

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Referencia: TUTELA Temas: Tutela de fondo – Improcedencia de la acción de tutela en relación con actos administrativos de contenido general, impersonal y abstracto - Existencia de cosa juzgada constitucional respecto a los requisitos para la exención del IVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 15 de septiembre de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B” que declaró improcedente la acción de tutela. 2 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá

D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito remitido al correo establecido para la recepción de tutelas y habeas corpus1 el 7 de septiembre de 2020, el señor Víctor Manuel Muñoz Mendivelso, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, con el fin de obtener el amparo del derecho fundamental a la igualdad.

2. El referido derecho constitucional lo consideró vulnerado “en virtud del contenido del Decreto Legislativo 682 del 21 de mayo de 2020”2, por no haberse incluido la modalidad de pago en efectivo en los días sin IVA cuyas fechas se fijaron para el año 2020.

1.2. Pretensiones

3. A título de amparo constitucional del derecho a la igualdad solicitó que se ordenara a la Presidencia de la República que “en un término perentorio, se sirva expedir un Decreto Ley, esta vez consistente en la exención del IVA en un 19% exclusivo para pagos en efectivo por un término igual a tres días, en virtud a que se me están vulnerando mis derechos constitucionales correspondiente al derecho a la igualdad (sic), al igual que a la mayoría de ciudadanos, quienes no disponemos ni tenemos tarjetas de crédito ni débito, en virtud a que nos exigen a través de las mismas una vinculación directa con los bancos, quienes en las condiciones en que han sido concebidas los más beneficiados son las entidades bancarias con un 30% por concepto del crédito, en detrimento de los estratos 1 y

2.” 1.3. Hechos probados y/o admitidos Como supuestos facticos relevantes para resolver la presente acción de tutela, la Sala precisa los siguientes: 1.3.1. Antecedentes de las decisiones - Decretos de emergencia económica, social y ecológica y actos que los desarrollan 1.3.1.1. Primera declaratoria

4. En virtud de lo dispuesto por el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994, el Gobierno nacional, mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, abordando cuatro aspectos: i) el presupuesto fáctico; ii) 1 tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co. La demanda de tutela correspondió inicialmente al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual lo remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según providencia dictada el 8 de septiembre de 2020. 2 “Por el cual se establece la exención especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el propósito de promover la reactivación de la economía colombiana, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 de 2020”. 3 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá

D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el presupuesto valorativo de gravedad; iii) la justificación de la declaratoria; y iv) la adopción de la medida.

5. La Corte Constitucional, en sentencia C-145 del 20203, encontró ajustado a la Carta el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, por considerar que el Gobierno nacional, lejos de haber incurrido en una valoración arbitraria o en un error de apreciación manifiesto, ejerció apropiadamente sus facultades dentro del margen razonable de análisis que establece la Carta4. 1.3.1.2. Segunda declaratoria

6. Mediante el Decreto No. 637 del 6 de mayo de 2020, el Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, declaró nuevamente el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, para lo cual señaló, entre otras razones, que “(…) ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias y extraordinarias dispuestas en el Decreto 417 de 2020, con las que cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis económica, social y de salud generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar medidas extraordinarias adicionales que permitan conjurar los efectos de la crisis en la que está la totalidad del territorio nacional”.5

7. La Corte Constitucional, en la sentencia C-307 de 20206, declaró la exequibilidad de este decreto declarativo, por considerar que, “Ante una crisis de esta magnitud, como ya se dijo en la Sentencia C-145 de 2020, los medios

ordinarios, que no han cambiado de manera significativa entre la primera y la segunda declaración de un estado de emergencia, pese a que se han usado, siguen siendo insuficientes.” 1.3.2.3. Decreto Legislativo No. 682 de 2020

8. En desarrollo del Decreto 637 de 2020 el Gobierno nacional, con el fin de reactivar la economía y estimular el consumo, expidió el Decreto Legislativo No. 682 de 2020 “Por el cual se establece la exención especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el propósito de promover la reactivación de la economía colombiana, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 de

2020.”

9. En el artículo primero del decreto citado se estableció la exención del impuesto sobre las ventas para determinados bienes corporales muebles que 3 Corte Constitucional, Sentencia C-145, 20.05.2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas 4 La Corte consideró que las dimensiones de la calamidad pública y sanitaria, sus efectos en el orden económico y social, así como el impacto negativo en la protección efectiva de los derechos constitucionales de los ciudadanos colombianos y residentes en el país requería la adopción de medidas extraordinarias. 5 Consideró que “la adopción de medidas de rango legislativo -decretos legislativos-, autorizada por el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección a los empleos, la protección de las empresas y la prestación de los distintos servicios para los habitantes del territorio colombiano, así como la mitigación y prevención

del impacto negativo en la economía del país”. 6 Corte Constitucional, C-307, 12,08.2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez 4 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sean enajenados dentro del territorio nacional en los días de que trata el artículo 2º, a saber: el primero, el 19 de junio, el segundo el 3 de julio y el tercero el 19 de julio todos del año 2020, fechas en las que efectivamente se llevaron a cabo.

10. En el artículo sexto del decreto legislativo en cuestión se reguló lo relacionado con los requisitos para la procedencia de la exención, incluyéndose en el numeral 6.3. la forma de pago de los bienes exentos del impuesto, en los siguientes términos: “6.3 Forma de pago. Los pagos por concepto de venta de bienes cubiertos solamente podrán efectuarse a través de tarjetas débito, crédito, y otros mecanismos de pago electrónico entendidos como aquellos instrumentos presenciales que permitan extinguir una obligación dineraria a través de mensajes de datos en los que intervenga al menos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La fecha del comprobante de pago (o voucher) por la adquisición de los bienes cubiertos deberá corresponder al mismo día en el cual se emite la factura o documento equivalente.”

11. El decreto legislativo referido, incluido el artículo transcrito, fue declarado

exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-430 de 20207, oportunidad en la que se examinaron ampliamente, a la luz de los valores y principios constitucionales, los preceptos que, a juicio del actor, vulneran su derecho a la igualdad.

12. En la sentencia referenciada, la Corte precisó que el legislador (ordinario o excepcional) tiene competencia para establecer beneficios asociados al IVA, en relación con clases de sujetos, productos o bajo condiciones particulares.

13. Sin embargo, advirtió que los principios de igualdad y equidad tributaria constituyen un límite al ejercicio de esta potestad, lo cual implica analizar si una exención, exclusión o descuento resulta compatible con la Carta, constatando si “las personas o supuestos confrontados son comparables y que entre ellos se establece, efectivamente, una diferencia de trato, la medida será exequible siempre que (i) el fin buscado sea constitucionalmente legítimo o no se encuentre constitucionalmente prohibido, y (ii) sea idóneo o adecuado para lograr el fin buscado.”

14. Siendo ello así, la Corte Constitucional, al efectuar el test estricto de igualdad y equidad tributaria con respecto a los cánones de la resolución, que regularon lo relacionado con la exención del IVA y los requisitos para su aplicación, concluyó que se encuentran ajustados a la Carta y que la regla, según la cual, para acceder a la misma los pagos se deben realizar con tarjetas débito, crédito u otros mecanismos electrónicos es respetuosa de tales principios, lo cual quedó consignado en los siguientes

términos: “En primer lugar, las personas o supuestos confrontados son comparables y entre ellos se establece, efectivamente, una diferencia de trato. En efecto, los consumidores que emplean el citado medio de pago y quienes usan, en cambio, dinero en efectivo, son comparables desde el punto de vista lógico, como lo indica 7 Corte Constitucional, Sentencia C-430 del 30.09.2020, M.P. Diana Fajardo Rivera 5 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el Procurador General de la Nación. Su aptitud general y potencial capacidad de compra los hace susceptibles de confrontación. En segundo lugar, el artículo 6.3. del Decreto objeto de control efectivamente establece que solo los primeros pueden acceder al beneficio fiscal en mención, de tal modo que la norma excepcional introduce un trato diferenciado. Sin embargo, la Sala encuentra que (i) la medida específica tiene un fin constitucional, no solo no prohibido, sino imperioso, y, además, (ii) es idónea para lograr su obtención.”

15. Sobre el punto, consideró que la medida constituye un mecanismo idóneo, en orden a prevenir la elusión y la evasión del impuesto objeto de recaudo, los cuales “poseen una importancia constitucionalmente imperiosa”. Del examen realizado concluyó que “ninguna de las reglas de la medida que se analiza impide a los consumidores adquirir productos en dinero efectivo. Solamente limita un

beneficio tributario, por razones constitucionales de eficiencia, al medio de pago electrónico.” 1.3.1. Hechos referidos por el accionante

16. El accionante informó que el 19 de junio de 2020 acudió al almacén comercial Alkosto, con el fin de adquirir un computador portátil, cuyo pago pretendía realizar en efectivo, sin que fuera posible ante la exigencia de que se cancelara con una tarjeta de crédito, para acceder al beneficio de la exención del IVA. 1.4. Sustento de la solicitud

17. El accionante argumentó que el Decreto No. 637 del 6 de mayo de 2020, por medio del cual se declaró -por segunda vezla emergencia económica, social y ecológica y su desarrollo delimitaron “considerablemente la extensión de sus efectos otorgándoselos solamente para una clase privilegiada, ha decidido beneficiar de una manera exclusiva a quienes tienen a su disposición dinero plástico tarjetas de crédito y débito, inevitablemente excluyendo a quienes disponemos de dinero en efectivo, por lo que de manera excepcional, los más beneficiados en últimas han sido los Bancos quienes son los que expiden las tarjetas de crédito y débito, es decir han sido los destinatarios directos de una política pública, es así como la exención del IVA, no cumplió el fin específico el cual era buscar el beneficio para las familias de estratos 1 y 2.” (Subrayas incluidas en el texto transcrito) 1.5. Actuaciones procesales relevantes I.5.1. Trámite previo a la admisión

18. La demanda de tutela fue asignada para su conocimiento al Juzgado

Veintidós Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, el cual, mediante providencia del 8 de septiembre de 2020, la remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por razones de competencia funcional, en consideración a la naturaleza de la autoridad accionada, por ser la Presidencia de la República. I.5.2. Admisión de la demanda 6 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \ MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

19. El Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B”, según auto de ponente, dictado el 10 de septiembre de 2020, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la Presidencia de la República. 1.5.3. Informe de la autoridad accionada

20. La Presidencia de la República, por intermedio de apoderado judicial, rindió informe, mediante escrito remitido el 14 de septiembre de 2020 en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Argumentó que, tanto el acto de declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica como los decretos que contienen las medidas tomadas solo pueden ser estudiados en cuanto a su constitucionalidad, legalidad, conveniencia y oportunidad por la Corte Constitucional, de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 215 de la Constitución Política, quedando, en tiempos de excepción, excluida dicha

facultad para los jueces de tutela.

21. Reiteró que la tutela no es la instancia para analizar la conveniencia, oportunidad, legalidad o constitucionalidad de las medidas tomadas para hacerle frente a la crisis generada por la COVID-19 y el contagio proliferado y rápido de su virus. Advirtió que, la solicitud de amparo desconoce el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, por cuanto el accionante cuenta con las herramientas ordinarias dispuestas por el ordenamiento jurídico, para controvertir la legalidad y constitucionalidad del Decreto Legislativo 682 de 21 de mayo de

2020.

22. Adicionalmente sostuvo que existe una falta de legitimación por pasiva, por cuanto ni el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ni el Presidente de la República tienen competencia para inaplicar el Decreto 682 de

2020. Como sustento de ello citó la Ley 3ª de 1898, el Decreto 133 del 27 de enero de 1956, convertido en legislación permanente mediante la Ley 1ª de 1958, el artículo 2 del Decreto 1784 de 2019, la Ley 55 de 1990, el artículo 56 de la Ley 489 de 1998, los artículos 115, 189, 6 y 121 de la Constitución Política.

1.5.4. Concepto del Ministerio Público

23. La Procuradora 50 Judicial II para Asuntos Administrativos allegó conceptoel 15 de septiembre de 2020en el cual solicitó que se negara el amparo pretendido por la parte accionante. Afirmó que el Decreto Legislativo 682 de 2020 tiene como objetivo la reactivación del sector comercio, el cual, según informe

titulado "Propuesta sectorial de aislamiento inteligente: Balance entre riesgo de salud e importancia económica" elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Política Macroeconómica, corresponde al 7.4% del PIB, de tal manera que aporta la mayor generación de empleo, con un 15.8% del total a nivel nacional, así como el abastecimiento de alimentos para toda la población.

24. A continuación, el Ministerio Público citó el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019, el cual estableció una “compensación de IVA a favor de la población más vulnerable para la equidad del sistema tributario”, considerando que el accionante puede acceder a ese beneficio, si está en capacidad de acreditar los requisitos consagrados en la legislación, los cuales no presentó ante el juez de tutela. 7 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que esa normativa permite devolver el valor de dicho impuesto a través de los diferentes programas del Gobierno nacional para la población vulnerable.

25. Finalizó su intervención aseverando que en la actualidad existen cuentas de ahorro físicas y virtuales que hacen entrega de tarjetas débito y de crédito que no generan costos para el usuario y le permitan estar activo en el sistema financiero para acceder a compras electrónicas, como en el caso del día sin IVA, por lo cual, tampoco se estaría en una desventaja generada por un trato diferente para la

población que por no tener relaciones laborales o comerciales no se encuentra vinculada a entidades bancarias y no goza de sus productos tradicionales. 1.5.5. Fallo impugnado

26. Por medio de la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B” declaró improcedente la acción de tutela, con fundamento en el numeral 5º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991, por considerar que la misma se dirige contra un acto general, impersonal y abstracto.

27. El juez constitucional a quo consideró que los artículos 215 y 241 constitucionales, y el 55 de la Ley 137 de 1994 disponen textualmente que el juez natural para estudiar la constitucionalidad de los decretos legislativos es la Corte Constitucional. A agregó que, “en la actualidad es conocido en esa Corporación con ese fin, mediante el expediente RE-313.”

28. Concluyó que no le compete al juez de tutela efectuar un juicio de constitucionalidad, por lo que la determinación de si la exención especial prevista en el Decreto 682 de 2020 tiene como propósito reactivar el comercio o proteger económicamente a los estratos 1 y 2, corresponderá a la Corte Constitucional, pues una interpretación contraria conllevaría a que se tomara la tutela como un medio para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturaliza la acción que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.

29. La sentencia de tutela fue notificada al accionante, por medios electrónicos

el 16 de septiembre de 2020. 1.5.6. Impugnación

30. El accionante, mediante escrito remitido por correo electrónico el 18 de septiembre de 2020 a la Secretaría General de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impugnó el fallo de tutela, solicitando que se revocara, con fundamento en los siguientes argumentos:

31. A juicio del accionante, la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela constituye una continuación de la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, pues realmente no tiene como propósito desgastar inoficiosamente a la administración de justicia y, por el contrario, se encuentra acorde con el principio de buena fe.

32. Consideró que era merecedor de un trato especial, por cuanto se encuentra en situación de vulnerabilidad por ser víctima del conflicto armado. Afirmó que, el juez 8 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitucional de primera instancia no realizó el estudio detallado de los hechos y de las pruebas allegadas con el escrito inicial y se fundamenta en consideraciones inexactas, adoptando decisiones parcializadas, seguidas de unas apreciaciones erróneas.

33. Aseveró que, si bien es cierto la acción de tutela es subsidiaria no se le puede imponer la obligación de desplegar actuaciones para ejercer los mecanismos ordinarios de defensa, por cuanto se le hace más gravosa la situación y no se

encuentra en capacidad de demostrar los daños que se le ocasionaron por no haber podido comprar su computador sin IVA. 1.5.7. Actuaciones en segunda instancia

34. Por medio de auto del 7 de febrero de 2021, el despacho ponente puso en conocimiento de todos los ministerios que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 215 Constitucional8 como requisito de validez de los decretos dictados para declarar y desarrollar el Estado de emergencia económica, social y ecológica, intervinieron en la expedición del Decreto declarativo del Estado de excepción637 del 6 de mayo de 2020y del Decreto Legislativo 682 de la misma anualidad, que son objeto de cuestionamiento, por consagrar –a juicio del accionanteun trato desigual, al exigir que, para obtener el beneficio tributario, el pago se realice a través de medios electrónicos o con tarjetas crédito o débito.

35. Lo anterior igualmente, en virtud de la pretensión del actor, en el sentido de que se ordene a la Presidencia de la República que dicte un nuevo decreto legislativo para establecer días sin IVA con la posibilidad de efectuar el pago en efectivo, decretos que deben llevar la firma de todos los ministros para integrar el Gobierno nacional9, constituyendo una responsabilidad conjunta del Presidente de la República y de todos los ministros la adopción de medidas que resulten contrarias a la Constitución o que afecten derechos fundamentales.

36. En la misma providencia se solicitó a la DIAN que rindiera concepto sobre la materia objeto de debate en el vocativo de la referencia y se ordena completar el

expediente digital, toda vez que no se habían incluido las intervenciones de la autoridad accionada y de la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ni el escrito de impugnación del accionante, tornando imposible adoptar la decisión. 1.5.7.1. Intervención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

37. La cartera ministerial, por intermedio de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, presentó informe en el que se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual hizo amplia referencia al contenido del artículo 215 Constitucional. Sobre el 8 El precepto en cita dispone que: “Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.” Por su parte, consagra que El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia. 9 El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. 9 INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \

MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co punto afirmó que, todo decreto legislativo que sea expedido con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno nacional debe ser remitido a la Corte Constitucional, para que aquella decida sobre su exequibilidad, por lo que, mediante la Sentencia C307 de 2020 esta declaró exequible el Decreto 637 de 2020, por medio del cual se declaró la segunda emergencia económica, por razón del COVID-19.

38. Por otro lado, anotó que, contrario a lo manifestado por el accionante, en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 no se adoptó ninguna disposición relativa a la exención del IVA. No obstante, consideró que se trataba de un error numérico en el que incurrió el actor en el escrito de la demanda e h