CE-25000-23-15-000-2021-00009-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Niega / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA CONSULTA PREVIA, A LA

PARTICIPACIÓN Y A LA PAZ / ZONAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN

INTEGRAL–ZEII / PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL-PDET Respecto de la consulta previa, los accionantes pretenden demostrar que es en la práctica y no en la formalidad de las normas contenidas en la Ley 1941 de 2018 y en el Decreto 2278 de 2019, que se están incumpliendo los deberes constitucionales del Estado, razón por la cual deben suspenderse sus efectos jurídicos. (…) Se evidencia que en la actualidad se están implementado los diálogos con las comunidades y, por tanto, no existe una vulneración actual y real del derecho deprecado y, en esa medida, no es factible acceder al amparo deprecado. De la presunta vulneración del derecho a la participación. En relación con este derecho, el artículo 2. de la Constitución Política establece que uno de los fines del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. (…) Si bien el precedente de las altas cortes ha señalado líneas que persiguen la cultura del respeto de los mecanismos de participación ciudadana y han hecho especial énfasis en la protección de las etnias y de las comunidades afrodescendientes y campesinas, considera la Sala que la construcción, implementación y ejecución de las estrategias y mecanismos de intervención,

mediante la creación de zonas y establecimiento de planes en los territorios indígenas y en las comunidades campesinas, y en consideración al marco fáctico que rodea la situación de las comunidades aludidas y analizada las pruebas aportadas al efecto, contrario a lo afirmado por los accionantes, se encuentra acreditado el derecho fundamental a la participación de las comunidades. (…) Valga reiterar que los planes especiales implementados por el Consejo de Seguridad Nacional para las ZEII, no pueden suspender los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, que ellos deben articularse entre sí, en caso de concurrencia y que hacen parte de la estrategia integral en los territorios priorizados, donde se articularán en la «Hoja de Ruta Única»; sin embargo, los accionantes, sin argumento válido, suponen un cambio de la ruta del Acuerdo Final para garantizar la paz, dado que denominan un enfoque militarista, por la presencia de tropa extranjera. (…) En consecuencia, la Sala, concluye que no se probó la afectación directa del derecho fundamental a la paz de los accionantes.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-15-000-2021-00009-01(AC)

Actor: IVÁN CEPEDA CASTRO Y OTROS

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

1. La acción de tutela

Los señores Iván Cepeda Castro, Gustavo Bolívar Moreno, Jomary Ortegón Osorio, Reinaldo Villalba Vargas, Alirio Uribe Muñoz, Juan David Romero Preciado,1 César Santoyo Santos,2 Nilson Estupiñán Arboleda,3 Elizabeth Pabón Guerrero,4 Edilson Sánchez,5 Pedro Antonio Moreno,6 Wilder Antonio Franco Albernia,7 César Ruíz,8 Jorge Muñoz,9 Orlando Mauricio Álvarez Pabón,10 Rubén Darío Morantes Moncada,11 Víctor Manuel Suárez Carrascal,12 Juan Manuel Martínez Moreno,13 Luz Mery Franco, Luis Jesús Flórez Uribe,14 Ever Sánchez,15 Yonny Feldrteh Abril Salcedo,16 promueven acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, los comandantes General de las Fuerzas Militares de Colombia, del comando Conjunto de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, del comando Conjunto de la Fuerza de Tarea Vulcano, del consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación y la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la consulta previa , la participación y la paz. 1.1. Pretensiones En protección de los derechos reclamados, impetran: (i) Se DECLARE que las instituciones demandadas han vulnerado los derechos fundamentales a la participación y a la consulta previa de las comunidades campesinas agremiadas en ASCAMCAT, de los ciudadanos habitantes de los municipios de Convención, Tibú y Teorama en el departamento de Norte de Santander, así como de las comunidades y

organizaciones que integran la REDHPANA. (ii) Se DECLARE que las instituciones demandadas han vulnerado el derecho fundamental a la paz de todos los actores; 1 Actuando en calidad de integrantes del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo». 2 Actuando en calidad de representante de la Corporación Colectivo Sociojurídico «Orlando Fals Borda». 3 En representación de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y Piedemonte Costero. 4 En representación de la Asociación Campesina del Catatumbo. 5 En su calidad de habitante de la vereda Santa Isabel, municipio de Tibú (Norte de Santander). 6 En su calidad de habitante de la vereda 20 de julio, municipio de Tibú (Norte de Santander). 7 En su calidad de habitante de la vereda Palmeras Mirador, municipio de Tibú (Norte de Santander). 8 En su calidad de habitante del corregimiento Tres Bocas, municipio de Tibú (Norte de Santander). 9 En su calidad de habitante del barrio El Silencio, del corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú (Norte de Santander). 10 En su calidad de habitante del barrio 11 de noviembre, del corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú (Norte de Santander). 11 En su calidad de habitante de la vereda La Paz, municipio de Tibú (Norte de Santander). 12 En su calidad de habitante de la vereda Pueblo Nuevo, municipio de Tibú (Norte de Santander). 13 En su calidad de habitante de las Timbas, municipio de Tibú (Norte de Santander). 14 En su calidad de habitante de la vereda Caño Mariela, municipio de Teorama (Norte de Santander). 15 En su calidad de habitante de la vereda Bellavista, municipio de Teorama (Norte de Santander).

16 En su calidad de habitante de la vereda Las Palmas, municipio de Convención (Norte de Santander). (iii) En virtud de las anteriores declaraciones, se ORDENEN las siguientes medidas para la restauración plena de los derechos de los actores, así: a. Se ORDENE a los accionados ABSTENERSE DE CONTINUAR la implementación de los Planes Estratégicos de Intervención Integral, diseñados indebidamente en aplicación de la Ley 1941 de 2018 y el Decreto 2278 de 2019, en las zonas de Catatumbo y Pacífico nariñense, y en consecuencia SUSPENDAN todo tipo de operaciones, de manera que no se ejerza ninguna labor, hasta tanto: a.1. Se REALICE el proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades étnicas presentes en la Zona Futuro de la subregión del Pacífico nariñense, especialmente las agremiadas en la REDHPANA, sobre el contenido del Plan Integral de Intervención Estratégica de esa zona, en armonía con la orden emitida por la Corte Constitucional en la sentencia C040 de 2020, y que se articule a los procesos de planificación de cada zona, especialmente los instrumentos derivados de los contenidos del Acuerdo Final de Paz, tales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) y los dispuesto en el Plan (PISDA), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) y los dispuesto en el Plan Marco de

Implementación (PMI). a.2. Se REALICE un escenario amplio de participación activa y eficaz que, permita el goce efectivo de este derecho por parte de ASCAMCAT, de los presidentes de las juntas de acción comunal de los municipios de Convención, Tibú y Teorama (Norte de Santander), y – en general – de los habitantes de la Zona Futuro de la subregión del Catatumbo, para que se garantice su intervención y contribución en el diseño, implementación y seguimiento del Plan de Intervención Integral de esa zona estratégica, en armonía con la orden emitida por la Corte Constitucional en la sentencia C040 de 2020, y que se articule a los procesos de planificación de cada zona, especialmente los instrumentos derivados de los contenidos del Acuerdo Final de Paz, tales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) y los dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI). a.3. Se ORDENE el inicio de uno y otro escenario en un plazo NO mayor a diez (10) días, contados a partir de la notificación del fallo que resuelva la presente acción de tutela. b. Que, en virtud de la articulación que debe existir entre las ‘Zonas Futuro’, y sus correspondientes PEII, con los demás instrumentos del Acuerdo de Paz, se ORDENE la creación de un espacio de seguimiento, control y veeduría a la ejecución de la Hoja de Ruta del Programas de Desarrollo con Enfoque

Territorial (PDET) de Catatumbo y Pacífico nariñense, y de sus respectivos Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), conformado por las organizaciones sociales del territorio, en particular se garantice la participación de ASCAMCAT y las juntas de acción comunal accionantes dentro de la causa de la referencia, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional en su sentencia C-040 de 2020, debe asegurarse la participación integral y amplia de las comunidades interesadas que habitan las ‘Zonas Futuro’. c. Que, para atender en debida forma las medidas contenidas en las pretensiones expuestas en los literales a., a.1., a.2., a.3. y b., se ORDENE a las entidades accionadas que representan al Estado Colombiano generen todas las garantías logísticas de transporte, movilidad y alimentación de las organizaciones campesinas, étnicas y demás representantes de las comunidades del Catatumbo y el Pacífico Nariñense. d. Se ORDENE a los accionados, ABSTENERSE DE PERMITIR cualquier tipo de participación de los militares estadounidenses, integrantes de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad SFAB, presentes en las Zonas Futuro de Catatumbo y Pacífico nariñense, en labores de asesoría y asistencia técnica o militar a las Fuerzas de Tarea conjunta Hércules y Vulcano, sea en el marco de actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito en esas subregiones, o de cualquier otra labor prevista en los planes de intervención diseñados para esas Zonas Futuro. e. Con fundamento en el Acto Legislativo 02 de 2017, se ORDENE a los

accionados que de inmediato orienten las políticas públicas que dirigen al cumplimiento de buena fe del Acuerdo Final de Paz, y en consecuencia, armonicen su acción a los principios de integralidad que entraña el Acuerdo. (Resaltado de los accionantes) 1.2. Hechos de la solicitud Los hechos de la acción presentada se resumen de la siguiente manera: i) El artículo 2.° de la Ley 1941 de 201817autorizó al Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional declarar Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII o Zonas Futuro), disposición declarada exequible mediante sentencia C-040 de 2020, en el entendido de que los planes, medidas y recursos a ejecutar en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral para la prestación de servicios sociales, deberán ser formulados e implementados conforme a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y participación; y deberán guardar coherencia e integralidad con los compromisos del Acuerdo Final en materia de intervención del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto. ii). En cumplimiento de los dispuesto en dicha Ley, el Gobierno Nacional implementó las primeras 5 Zonas Futuro18 en las subregiones de: i) Catatumbo (Norte de Santander), ii) Pacífico nariñense, iii) Bajo Cauca antioqueño y Sur de 17 Reglamentada a través de los Decretos 2278 de 2019 y 062 de 2020 Córdoba, iv) Arauca, y v) PNN Chiribiquete y Parques aledaños (Nudo de Paramillo, Sanquianga y La Macarena). iii) El 30 de julio de 2020 el Consejo de Seguridad Nacional, publicó -de forma

unilaterallos Planes Especiales de Intervención Integral (PEII).19 Para la Zona del Catatumbo y para la Zona del Pacífico Nariñense. iv) En el marco de operación antidrogas en nuestro país y del cual hace parte el Gobierno de los Estados Unidos de América, arribó una misión compuesta por 53 militares de la Brigada Norteamericana de Asistencia de la Fuerza de Seguridad (SFAB), con el propósito de apoyar las maniobras contra el narcotráfico, dentro de la jurisdicción de las Zonas Futuro y de la implementación de las PEII, en especial de las Fuerzas de Tarea Hércules, Vulcano, Tarea Conjunta Omega y la Brigada contra el Narcotráfico, que actúan en los municipios de Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander), Macarena (Meta) y Bogotá D.C. Los integrantes de la tropa extranjera fueron dirigidos a las ZEII de Catatumbo y Pacífico Nariñense, para prestar su asistencia en distintas labores, estrechamente vinculadas con la implementación del Acuerdo de Paz, sin que de su ingreso y participación fueran informados o consultados. v). Destacaron que con posterioridad a la firma del acuerdo de paz las agresiones contra la población civil han ido en aumento en las Zonas del Catatumbo y el Pacífico Nariñense y a diario se reportan asesinatos, masacres, desapariciones y desplazamientos masivos. 1.3. Fundamentos jurídicos de los accionantes 1.3.1. Los campesinos y pueblos étnicos como sujetos de especial protección. Derecho fundamental a la participación y a la consulta previa

La Corte Constitucional20 ha reconocido a los campesinos y a los pueblos étnicos un tratamiento particular y especial dada las condiciones de vulnerabilidad histórica, y de identidad cultural diferenciada, por tal razón exigen para su implementación, el desarrollo de una serie de políticas públicas y la consagración de mecanismos de protección con enfoque diferencial encaminados a revertir sus precarias condiciones. De igual manera, la jurisprudencia ha estimado que sus 18 Los responsables de cada Zona Futuro son: i) el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (Zona Pácifico Nariñense), ii) el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (Zona del Catatumbo), iii) el Alto Comisionado para la Paz (Bajo Cauca Antioqueño y el Sur de Córdoba), iv) Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer (Zona de Arauca), v) Consejera Presidencial para la Gestión y Cumplimiento (Parque Nacional Chiribiquete y parques aledaños). 19 Los cuales deben articularse en una Hoja de Ruta Única, dirigida para los municipios clasificados como ZOMAC, y en la que se reflejen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) y lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz. 20 Corte Constitucional, sentencia C - 077 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, SU - 426 de 2016. M.P.

María Victoria Calle, T-001 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. derechos deben orientarse a disponer de una estrategia global de desarrollo rural, así como de instrumentos que garanticen la realización de sus proyectos de vida. Esa corporación ha sido enfática en manifestar que, dada su condición de vulnerabilidad, es procedente que acudan a la acción de tutela para la protección de sus derechos a la autodeterminación, al territorio y a la consulta previa, entre otros. 1.3.2. Afectaciones derivadas de la militarización de los territorios con ocasión de la instalación de las Zonas Futuro El proceso de militarización en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral produce un involucramiento de la sociedad civil, contradice los avances estatales en materia de implementación de superación del conflicto armado y la materialización de la paz territorial y desconoce el principio de distinción, consagrado en las normas del Derecho Internacional Humanitario, y si bien el Plan Nacional de Desarrollo del año 2009 indicó que se habían priorizado 170 municipios para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, con el cambio del enfoque de intervención subregional para blindar la reactivación de nuevos brotes de violencia, lejos de consolidar la seguridad se ha convertido en un «teatro de operaciones militares», donde se registra un incremento de la violencia contra sus pobladores. 1.3.3. Vulneración del derecho fundamental a la participación ciudadana de las comunidades campesinas del Catatumbo Múltiples instrumentos internacionales, la doctrina, la jurisprudencia21 y la Constitución22 reconocen la garantía de la participación política de los ciudadanos como un instrumento facilitador para la consolidación de la democracia

participativa, en tanto que significa el supuesto necesario para el fortalecimiento de los valores democráticos y la realización plena de los derechos reconocidos constitucionalmente. Particularmente, sobre los criterios de participación ciudadana y comunitaria que debe satisfacer el proceso de declaratoria e implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral -ZEII, el artículo 2.° de la Ley 1941 de 2018, establece que el Consejo de Seguridad Nacional, podrá declararlas en las regiones que se encuentran afectadas por la criminalidad, sin que su consolidación implique la suspensión de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, y por el contrario de concurrir con él, deberán articularse. La mencionada disposición normativa fue objeto de control por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-040 de 2020, que resaltó que esas zonas 21 Corte Constitucional. Sentencia T 660 de 2015. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, C-490 de 2011. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. 22 Artículos 3, 40, 85, 86, 103. autorizan la participación integral del Estado mediante la formulación e implementación de planes especiales de fortalecimiento, que involucran diferentes ámbitos de la vida económica, política y administrativa de las regiones objeto de intervención. La Corte concluyó que, en armonía con lo dispuesto en el Acto legislativo 02 de 2017, las actuaciones que se adelanten en las zonas ZEII, los Planes -PEII deben guardar coherencia e integralidad con los compromisos del Acuerdo Final, preservando sus contenidos, espíritu y principios.

El reconocimiento jurisprudencial de la intervención de los pobladores en las Zonas Futuro, la Asociación Campesina del Catatumbo, a pesar de ser un actor relevante e histórico en su territorio, no ha sido involucrada en el proceso de definición o en el plan de integración de esas zonas, por lo que persiste la vulneración al derecho fundamental de participación. 1.3.3. Vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de los consejos comunitarios del Pacífico Nariñense Al igual que a los campesinos, la Corte Constitucional23 ha reconocido a las comunidades étnicas como titulares de derechos fundamentales por su condición de sujetos de especial garantía constitucional en situación de vulnerabilidad, razón por la cual es procedente que acudan a la acción de tutela para su solicitar su protección. A pesar de la implementación del acuerdo final de paz a través del Acto Legislativo 01 de 2016, y de su desarrollo legal con la expedición del Decreto-Ley 893 de 2017, por medio de la cual se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDTE, cuya coordinación le corresponde a la Agencia de Renovación del Territorio,24 con el fin de instituir condiciones de bienestar rural, la transformación del campo y contribuir a la paz, ven con preocupación la mutación institucional al implementar la intervención territorial en una institución de carácter militar sin haberla sometido a la participación y deliberación comunitaria de las comunidades étnicas del Pacífico Nariñense, en abierta contradicción con los postulados internacionales25 legales, constitucionales26 y jurisprudenciales27 que condicionaron su constitucionalidad a que se garantice su participación.

Consideran que la autorización que el Gobierno Nacional ha dado a los militares norteamericanos para el apoyo de la lucha contra el narcotráfico en las Zonas Futuro, omitiendo la consulta previa, desconoce que la mayoría de esas comunidades suscribieron acuerdos en el marco de las PNIS,28 siendo prioridad la 23 Corte Constitucional, T485 de 2015 24 Decreto-Ley 893 de 2017, artículo 7.° 25 Convenio 169 de la OIT 26 Artículos 1, 7, 10, 70, 246, 285 y 330 27 Sentencia C-040 de 2020. 28 Decreto 896 de 2017. sustitución voluntaria de cultivos frente a la erradicación forzada y las fumigaciones con glifosato, en armonía con el acuerdo de paz. 1.3.4. Violación al derecho a la paz Si bien el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela no está instituida para proteger derechos colectivos, como la paz, su procedencia estaría sujeta a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual si procedería. En el caso concreto, se fundaría en la garantía de la paz territorial, como una expresión para consolidar una paz estable y duradera, que reconozca las condiciones interseccionales de vulnerabilidad que vinculan a las comunidades en las zonas con presencia de cultivos de uso ilícito, que se agravó con la autorización impartida a la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad -SFAB, para desplazarse hasta las Zonas Futuro y prestar labores de

apoyo y asesoría militar para contrarrestar el narcotráfico y la criminalidad, pues ello propicia un escenario de confrontación con los grupos armados ilegales que operan en el territorio y pone en riesgo a sus comunidades y a los líderes sociales, cuando existen otras medidas menos lesivas de derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico, que promueven un enfoque humanitario en la atención del tema de drogas y criminalidad en el país. En ese sentido, solicitaron dejar sin efectos la decisión del Ministerio de Defensa y del presidente de la República sobre la presencia de la misión militar de las SFAB en los territorios de las Zonas Futuro Catatumbo y Pacífico nariñense, en atención al riesgo que suponen sus labores de asistencia y asesoramiento a los Comandos Conjuntos en protección a la garantía del derecho a la paz de todos los habitantes del territorio nacional. Finalmente, consideraron que la facultad del Consejo de Seguridad Nacional para ejecutar las políticas públicas también vulnera el derecho a la paz, por cuanto «el involucramiento de la población civil con uno de los actores armados (en el caso de las Zonas Futuro, las Fuerzas Militares de Colombia, cuyo comandante tiene asiento en el Consejo de Seguridad Nacional), resulta ser un riesgo ante la presencia de otros actores armados que pueden interpretar la acción coordinada del Estado, liderada por los organismos de seguridad, como una actuación de guerra, así como resulta ser una falta de garantía concreta para la efectividad de políticas públicas que busquen asegurar condiciones mínimas de ejercicio de derechos fundamentales». En tal virtud, solicitaron se ordene suspender la actuación de militares extranjeros en territorio colombiano, así como la creación y ejecución de las Zonas Futuro y de

sus respectivos Planes Estratégicos de Intervención Integral en el Pacífico nariñense y el Catatumbo. 1.4. Actuación Procesal La acción de tutela admitida mediante auto del 15 de enero de 2021, ordenó notificar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a los comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia Grupo Conjunto de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, y Comando Conjunto de la Fuerza de Tarea Vulcano, al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación y a la consejera presidencial para los Derechos Humanos Asuntos Internacionales como demandados, para que en el término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. Mediante auto de trámite del 11 de marzo de 2021, se solicitó al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior - Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, para que rindieran informe con el fin de atender hechos relacionados con las pretensiones de amparo. 1.5. Intervenciones 1.5.1. La apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,29 María Carolina Rojas Charry, contextualizó el marco conceptual de las Zonas Futuro y, al efecto, señaló que a partir de la promulgación de la Ley 1941 de 2018, el gobierno nacional dispone de mecanismos para asegurar y acelerar la presencia del Estado en los territorios que las integran; además, instauró la posibilidad de declarar Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII, en regiones con altos índices de criminalidad y, como

estrategia para combatir esta problemática, se implementó el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, con el fin de transformar los territorios, garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, el acceso a los servicios básicos, preservar el medio ambiente, así como procurar la disrupción de las economías ilícitas. Aclaró que la implementación de las ZEII inicia con su declaratoria por parte del Consejo de Seguridad Nacional, los instrumentos que la componen son los Planes Especiales de Intervención Integral PEII, los cuales corresponden a una metodología de intervención y focalización de programas, planes y recursos estatales que contienen: a) de aceleración de los programas de desarrollo con enfoque territorial, b) único de seguridad de medidas reforzadas de protección a la población en el marco de la competencia constitucional de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, y c) de fortalecimiento del estado social de derecho orientado a la focalización de la gestión pública. Bajo esos parámetros y frente al derecho de participación de las comunidades en 29 Expediente digital acción de tutela. los planes especiales de intervención integral, reiteró que la base de estos son los procesos participativos de las comunidades en la construcción de los planes de acción para la transformación regional y en los programas de desarrollo con enfoque territorial, en los que intervinieron más de 220.000 participantes delegados de los diferentes actores del territorio y quienes definieron cerca de 32.000 iniciativas En específico, para el caso de la subregión del Catatumbo, en el proceso de construcción y validación de la hoja de ruta para la región se invitó con la debida anticipación a las organizaciones campesinas (entre ellas a ASCAMCAT) los días

22 a 24 de enero y 4 a 5 de febrero de 2020 y se contó con la participación de más de 8.000 campesinos. En similar sentido y en relación con el derecho fundamental a la consulta previa de los consejos comunitarios del Pacífico Nariñense, aclaró que el plan especial de intervención integral contempla la consulta previa en los términos señalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 2020, esto es, que dicho requisito se surtirá cuando se verifiquen las condiciones específicas previstas en el ordenamiento y la jurisprudencia. En segundo lugar, afirma que no existe relación alguna entre la estrategia de las Zonas Futuro en el Catatumbo y en el Pacífico Nariñense con la mencionada cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos, pues los militares norteamericanos hicieron presencia en el país cuando apenas se estaban elaborando los planes especiales de intervención integral y su permanencia en el territorio corresponde al asesoramiento a los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea en el proceso de planeamiento y operación de la lucha contra el narcotráfico. De otra parte, reseñó que, en todo caso, a través de la acción de tutela no es posible decidir sobre la permanencia en el país de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de Estados de Unidos de América, en atención a que la facultad para manejar la política exterior y las relaciones internacionales y de cooperación corresponde al presidente de la República en forma exclusiva, quien ha suscrito numerosos acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos con el propósito de recibir cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el

terrorismo. En tercer lugar y en relación con la vulneración del derecho a la paz, sostuvo el Departamento Administrativo que los accionantes parecen entender que el Acuerdo de Paz es una fuente jurídica y tiene valor normativo, pese a que su validez y vigencia depende de su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano a través de los procedimientos de producción normativa, salvo en lo relacionado con las normas de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales. En ese orden, precisó que corresponde al presidente determinar cuáles son los medios más apropiados para la implementación del Acuerdo. Así mismo, agregó que, en todo caso, el Acuerdo de Paz incorpora obligaciones en cabeza del Estado para garantizar la seguridad del territorio, las cuales se han incluido en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final. 1.5.2. La directora de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional,30Sonia Clemencia Uribe Rodríguez, manifestó que coadyuva la intervención presentada en el trámite tutela por la apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 1.5.3. El secretario jurídico de la Presidencia de la República,31 Germán Eduardo Quintero Rojas, señaló que conforme la Ley 1941 de 2018 corresponde al Consejo de Seguridad Nacional declarar las ZEII, acto que se llevó a cabo el 20 de mayo de 2019, respecto de territorios relevantes para la seguridad nacional con el fin de atender la protección del agua, la biodiversidad, el m