CE-25000-23-15-000-2021-00101-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO – Ajustada a derecho / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO QUE NIEGA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ / PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA / DICTAMEN DE LA JUNTA MÉDICO LABORAL – Se aportó al proceso más de un dictamen con diferencias ostensibles / DICTAMEN DE LA JUNTA MÉDICO LABORAL – Ordenado como prueba de oficio ante las diferencias evidenciadas en los dictámenes aportados por las partes / DICTAMEN DE LA JUNTA MÉDICO LABORAL – Ordenado de oficio no implica el surgimiento de un nuevo acto

administrativo / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / PRINCIPIO DE LA

SANA CRÍTICA / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Antes de adentrarse en el fondo del asunto, esta Sala precisa que, si bien el tutelante no señaló un defecto en específico, fijará el alcance de los argumentos, tal como lo hizo el juez de primer grado constitucional, bajo el análisis del defecto procedimental. (…) En el caso concreto el señor Cuervo Cifuentes, en síntesis, aduce que el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, decretó

una prueba innecesaria, y que, lo hizo cuando ya había fenecido el término para que las partes solicitaran pruebas. Ahora bien, para resolver el problema jurídico es necesario traer a colación el artículo 212 del CPACA. (…) Nótese que la norma transcrita hace referencia a las pruebas cuando provienen de las partes, sea porque las aportan o solicitan, de lo cual indefectiblemente conlleva concluir que no es de recibo el argumento del accionante aseverar que la prueba decretada se realizó sin apegó a las etapas procesales, puesto que la prueba que reprocha fue decretada de oficio y, bajo ese entendido, la norma a la cual ha de acudirse es aquella que consagra la facultad oficiosa del juez, es decir, al artículo 213 ibídem. (…) Ahora bien, de la revisión del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala advierte que mediante auto del 1º de diciembre de 2020, dicha autoridad judicial consideró, dentro de la etapa probatoria de la audiencia del artículo 180 del CPACA, decretar una prueba de oficio determinante para establecer cuál es realmente el porcentaje de disminución de capacidad laboral del demandante, por ser un asunto categórico al momento de decidir sobre el fondo del asunto puesto a su conocimiento, comoquiera que se trata precisamente del reconocimiento o no de una pensión de invalidez. Asimismo, se tiene que dicha determinación obedeció a la protuberante diferencia que sobre los porcentajes de la calificación de invalidez se evidenciaron en las diferentes actas de las juntas médico laborales allegadas al plenario, ya que de un

90% pasó a un 11%. (…) Al punto, la Sala recuerda que las herramientas que el ordenamiento jurídico otorga para encauzar el poder del juez en el ámbito probatorio son las reglas de la sana crítica, generalmente identificadas con la lógica, las reglas de la ciencia y la experiencia. Sumado a lo anterior, la vinculación del juez al derecho sustancial le exige perseguir al máximo la verificación de la verdad, aspecto relacionado íntimamente con la facultad de decretar pruebas de oficio para el cumplimiento de tales fines, como lo ha expresado la Corte Constitucional. De otra parte, frente al reparo referido a que la realización de una nueva junta médico laboral generaría un nuevo acto administrativo, tampoco es de recibo pues el hecho de que exista, al efecto, un nuevo pronunciamiento de la administración dentro del proceso judicial no limita su facultad oficiosa, con fines de esclarecer los hechos, en garantía de la tutela judicial efectiva y en cumplimiento de su deber de proteger los derechos fundamentales de las partes, cuyo respeto debe evaluarse en el marco de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, luego entonces, se itera, los presupuestos de las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria, así como la facultad que tiene el juez de decretar pruebas de oficio con el fin de encontrar la verdad procesal, son plenamente aplicables al caso bajo estudio. Finalmente, en lo relacionado con el argumento nuevo expuesto por el actor en la impugnación por el cual referenció la sentencia proferida por esta Sección Quinta de 16 de mayo de 2019 para destacar que en dicha providencia se tuteló el derecho

fundamental al debido proceso al determinar que el juez del proceso ordinario no tuvo en cuenta los requisitos de procedencia para una prueba señalados en el CGP, es oportuno indicar que, en principio, no sería del caso pronunciarse al respecto, habida cuenta que vulneraría el derecho de defensa de la parte accionada y el a quo constitucional no tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto. (…) En suma, la Sala al igual que lo concluyó el a quo, no encuentra que la decisión reprochada haya quebrantado el derecho fundamental al debido proceso que estima conculcado la parte actora.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 180 - ARTÍCULO 212ARTÍCULO 213

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-15-000-2021-00101-01(AC)

Actor: ANDREWS CUERVO CIFUENTES

Demandado: JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ Referencia: ACCIÓN DE TUTELA TEMAS: Tutela contra providencia judicial – Prueba de oficioConfirma fallo que negó defecto procedimental SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Andrews Cuervo Cifuentes contra la sentencia del 10 de febrero de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”

negó la solicitud de amparo.

1. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud El tutelante, mediante escrito radicado en la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de marzo de 2021, presentó acción de tutela contra el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para que se ampare su derecho fundamental al debido proceso.

La mencionada garantía la estimó vulnerada por la referida autoridad judicial con ocasión de la providencia de 1º de diciembre de 2020, a través de la cual dicha autoridad judicial decretó una prueba de oficio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, y que se identificó con el No. 11001-33-35025-2019-00386-00. 1.2. Hechos De la solicitud de tutela y el expediente digital se extraen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia: El señor Andrews Cuervo Cifuentes fungió como auxiliar de policía desde el 23 de noviembre de 2009 hasta el 18 de julio de 2011, fecha en la cual cumplió con su servicio militar obligatorio. Narró que, desde el mes de mayo de 2010, presentó cuadros de ansiedad, razón por la cual constantemente era remitido al área de psiquiatría. Adujo que, pese a lo anterior, al momento del retiro no se le realizó ningún examen de egreso. Manifestó que el 21 de junio de 2016 radicó acción de tutela, la cual fue conocida

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien en sentencia del 7 de julio de 2016 tuteló sus derechos fundamentales a la salud y la igualdad y, en consecuencia, le ordenó a la Policía Nacional efectuar el examen de retiro y, de ser el caso, reconocer las prestaciones a que tuviese derecho. En cumplimiento de lo anterior, mediante Acta No. 11269 de 14 de noviembre de 2017, se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 90% y, por estar conforme con la decisión no interpuso recurso alguno. Posteriormente, mediante petición de 19 de diciembre de 2017, solicitó a la Comandancia General de la Policía Nacional el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y de la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica. Lo cual fue resuelto con oficio S-2018-009717 del 22 de febrero de 2018, en el cual se le indicó que se procedería a reunir la totalidad del expediente prestacional y a proyectar el acto que resolviera de fondo el asunto. No obstante, mediante oficio S-2018 del 23 de abril de 2018, el jefe del Grupo de Pensionados de la Policía Nacional le pidió al Área de Medicina Laboral aclarar el Acta No. 11269 del 14 de septiembre de 2017, en el sentido de especificar si las patologías allí descritas tenían nexo causal con el servicio. En virtud de lo anterior, la Junta Médico Laboral profirió la Resolución No. 355 del 6 de septiembre de 2018, mediante la cual revocó el Acta de No. 11269 del 14 de

noviembre de 2017, entre otras cosas, por haberse encontrado informes del FOSYGA y RUAF para los años 2011-2017, que contrariaban lo referido al estado de salud de señor Cuervo Cifuentes y, además, por considerarse que la patología descrita se presentó con anterioridad a la prestación del servicio. En dicho acto se ordenó la realización de una nueva junta médico laboral. Contra la anterior decisión, el actor presentó recurso de reposición, resuelto de manera desfavorable con Resolución No. 455 de 17 de octubre de 2018. Posteriormente, el 8 de abril de 2019 se llevó a cabo Junta Médico Laboral y con Acta No. 1509 se le otorgó un porcentaje de disminución de la capacidad laboral correspondiente al 11.00%. Ante lo acontecido, el actor instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, que se identificó con el No. 11001-33-35-025-2019-00386-00, en la cual, en síntesis, persiguió la anulación de la totalidad de los actos administrativos a través de los cuales se revocó el acta de la junta médico laboral que calificó la disminución laboral en un 90%, y, en consecuencia, se le reconozca una pensión de invalidez1. Del asunto conoció el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, dentro de la audiencia inicial celebrada el 1º de diciembre de 2020, decretó una prueba de oficio así: “(...) 1. Vamos a oficiar a la entidad demandada Policía Nacional para que nos

allegue si hubo investigación disciplinaria penal contra los tres galenos o los galenos que hicieron la junta medico laboral que participaron y asignaron el 90% de discapacidad.

2. Remitir al señor Andrews Cuervo Cifuentes a la JUNTA MÉDICA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE CALDAS con el fin de que su valoración sirva para determinar lo siguiente: - El grado de pérdida de capacidad que se presenta con su porcentaje si lo hubiese. - Fecha de la estructuración de la discapacidad. - Metodología que se utiliza para llegar a las conclusiones. - Explicación uno a uno de las asignaciones porcentuales si las hay y su motivación una a una”.

Lo anterior tras advertir que la modificación en la calificación fue abrupta, ya que pasó de un 90% a un 11%, entonces se presentaba en el caso bajo su estudio un manto de duda insuperable el cual pretende superar a través de la calificación de un tercero - Junta Médica Regional de Calificación de Caldasy no de la misma institución. 1 A título de restablecimiento del derecho, dentro del proceso ordinario pidió: “Que como consecuencia de la anterior pretensión la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, reconozca y pague a la parte Demandante por intermedio de su apoderado, o quien represente sus derechos, todas las sumas correspondientes al reconocimiento y pago de la Pensión de Invalidez, primas, semestral y de navidad, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieren decretado debidamente indexados hasta la fecha en que se realice su pago al señor ANDREWS CUERVO CIFUENTES, así como el reconocimiento y pago de la indemnización por

disminución de la capacidad psicofísica otorgada en el Acta de Junta Medico Laboral No.11269 del 14 de noviembre de 2017”. 1.3. Fundamentos de la solicitud La parte actora adujo que el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá al proferir el auto de 1º de diciembre de 2020 por medio del cual, resolvió decretar una prueba de oficio vulneró su derecho fundamental al debido proceso habida cuenta que, ya había fenecido la etapa en la cual las partes pueden solicitar pruebas, para lo cual explicó que, la parte actora lo debe hacer con el escrito de demanda, mientras que, la demandada con su contestación, destacando que la parte accionada dentro del proceso ordinario guardó silencio. Adujo que es obligación del juez analizar si los medios de prueba peticionados por las partes cumplen con los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad antes de determinar si hay lugar o no a su decreto y práctica. Al punto agregó que, debe atenderse a la oportunidad en la cual según el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se deben incorporar al expediente. Afirmó que “al haber dos actos administrativos vigentes (Junta Médica 11269 del 14/11/2017 y la que expida por la Junta Regional de Manizales, Caldas), no le es dable al señor juez de manera oficiosa dejar sin efectos el Acta de Junta Médica No. 11269 del 14 de noviembre de 2017, ya que de ésta no se demandó su nulidad y cobró firmeza el día 28 de marzo de 2018 y al ser esta una jurisdicción

rogada, adversarial y de parte, no podría el señor Juez 25 Administrativo de Bogotá decretar la nulidad a lo NO PEDIDO”. Por último, transcribió apartes jurisprudenciales que de manera general explican sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales2, la “vía de hecho”3 y el decreto de pruebas4. 1.4. Petición de amparo constitucional Las pretensiones de la acción de tutela son las siguientes: “Tutelar el derecho fundamental constitucional, al debido proceso, vulnerado por el señor Juez 25 Administrativo Oral de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicación 11001333502520190038600, que se adelanta en ese Despacho judicial. Se decrete la nulidad (sic) del Auto fechado en audiencia el día 01/12/2020 a través del cual el señor Juez 25 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, ordenó que se practicaran las siguientes pruebas de oficio: (Minuto 06:27 al 07:14) “(...) 1. Vamos a oficiar a la entidad demandada Policía Nacional para que nos allegue si hubo investigación disciplinaria penal contra los tres galenos o los galenos que hicieron la junta medico laboral que participaron y asignaron el 90% de discapacidad. 2. Remitir al señor Andrews Cuervo Cifuentes a la junta médica regional de calificación de Caldas con el fin 2 Sentencia del Consejo de Estado de 23 de noviembre de 2011. Exp. No. 11001-03-15-000-201603763-01(AC) y de la Sala Plena Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. M.P. María Elizabeth García González. 3 T-231 de 1994 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 4 Sentencia del Consejo de Estado con Radicación No. 11001-03-25000-2011-00589-00 (226511), del 27 de noviembre de 2014. de que su valoración sea servida sirva para determinar lo siguiente: - El grado de pérdida de capacidad que se presenta con su porcentaje si lo hubiese. – Fecha de la estructuración de la discapacidad. – Metodología que se utiliza para llegar a las conclusiones. – Explicación uno a uno de las asignaciones porcentuales si las hay y su motivación una a una (...)”. Una vez decretada la nulidad (sic) antes solicitada, se fije fecha y hora para continuar con la audiencia de alegatos de conclusión y/o fallo tal como lo refiere la Ley 1437 de 2011”. 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 1º de febrero de 2021, el magistrado ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al Ministerio Público para que se pronunciaran sobre los hechos de la acción de tutela y (ii) negó la medida provisional solicitada. 1.6. Contestaciones Efectuadas las notificaciones correspondientes solo presentó informe el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en el cual adujo que la decisión adoptada en la providencia de 1º de diciembre de 2020 dentro del

proceso reprochado fue proferida conforme a derecho y en ningún momento conculcó los derechos fundamentales del señor Cuervo Cifuentes. Realizó un resumen de las actuaciones surtidas dentro del expediente No. 1100133-35-025-2019-00386-00 y afirmó que si bien es cierto se surtió la audiencia inicial, en la cual se decretan las pruebas, también lo es que el debate probatorio no se había cerrado y al avizorar la diferencia ostensible que media entre la calificación efectuada por la Junta Médico Laboral de Policía el 14 de noviembre de 2017, que determinó una pérdida de capacidad del 90% y la arrojada en la Junta Médico Laboral No. 1509 del 8 de abril de 2019, que dio finalmente como resultado el 11.00% de pérdida de capacidad, se determinó someter al actor a una nueva valoración. Decisión que no contraviene el ordenamiento jurídico, pues para el juzgado no es claro y, por el contrario, constitutivo de un manto de duda insuperable, el verdadero porcentaje de pérdida de capacidad que posee el actor, más aún si se tiene en cuenta que las valoraciones provienen exclusivamente de la accionada y que la diferencia entre sus resultados son protuberantes, razón por la que considera necesario que, un tercero imparcial - JUNTA MÉDICA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE CALDASestablezca el verdadero porcentaje de pérdida de capacidad del actor. Lo anterior con el propósito de determinar el derecho pretendido el cual de ser accedido afecta el erario, luego, no se puede tomar como exagerado el ejercicio imparcial de llegar a la “verdad verdadera”, comoquiera que ese es el nuevo papel

que está llamado a cumplir juez. Luego, en relación con las pruebas de oficio, destacó que la jurisprudencia constitucional ha respaldado su legitimidad e incluso sostenido su necesidad, partiendo de la idea de que, la búsqueda de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención de decisiones justas. Tal potestad no debe entenderse como una inclinación indebida de la balanza de la justicia para con alguna de las partes, sino como “un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial”, entonces, el decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal. Finalmente afirmó que de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional, el juez deberá decretar pruebas oficiosamente cuando: (i) a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material; cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la negligencia o mala fe de las partes. Con base en lo anterior concluyó: “las pruebas de oficio decretadas no tienen finalidad distinta a encontrar la verdad verdadera, amén de estar facultado para tal fin atendiendo la normatividad expuesta. En suma, este Juzgado ha resguardado las garantías constitucionales y legales de las partes, en especial el debido proceso, razón por la cual se solicita se nieguen las pretensiones”.

1.7. Fallo impugnado5 Mediante sentencia del 10 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, luego de encontrar superados los requisitos adjetivos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y adecuar los argumentos de la tutela a un defecto procedimental, negó la acción de tutela al considerar que el juzgado acusado no incurrió en el mismo por las siguientes razones: Destacó que la decisión censurada por el accionante se adoptó habida consideración de la abismal diferencia del porcentaje que se advirtió en la Junta Médico Laboral No. 11269 del 14 de noviembre de 2017 que asignó al accionante una pérdida de capacidad laboral del 90% y la subsiguiente No. 1509 de 8 de abril de 2019, que asignó una pérdida de capacidad laboral equivalente al 11%. En consecuencia, tras advertir que el Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Bogotá, analizó las pruebas recaudadas y utilizó la facultad oficiosa consagrada en el artículo 213 del CPACA para decretar de oficio la prueba cuestionada, no encontró que dicha actuación haya vulnerado el derecho al debido proceso alegado por la parte actora, en tanto, a su juicio, el juez de instancia, hizo uso de una herramienta procesal a efectos de aclarar un hecho oscuro o dudoso y así aclarar sí es procedente o no el reconocimiento de la pensión de invalidez, máxime cuando dicho punto es determinante para adoptar la decisión de fondo.

En ese orden de ideas, concluyó que dicha decisión no resultó caprichosa o arbitraria, pues se soportó en las reglas mínimas de razonabilidad en atención a las circunstancias fácticas descritas en el medio de control, razón por la cual negó las pretensiones de la tutela. 1.8. Impugnación Mediante escrito enviado por correo electrónico el 16 de febrero de 2021, el tutelante solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar su derecho fundamental al debido proceso. 5 Providencia notificada el 15 de febrero de 2021. Insistió en que, si bien el ordenamiento jurídico consagra facultades oficiosas del Juez, entre estas, la de decretar pruebas, también lo es que, esta potestad debe atender los principios de pertinencia, conducencia y utilidad, y que, para su caso no se configuran. Explicó que, de realizarse una nueva calificación de su pérdida de capacidad laboral surgiría un nuevo acto administrativo, sumado a todos aquellos que ya se han expedido, por lo que concluye, se trata de una prueba innecesaria. En el escrito de impugnación como argumento nuevo referenció la sentencia proferida por esta Sección Quinta de 16 de mayo de 20196 para destacar que en dicha providencia se tuteló el derecho fundamental al debido proceso al concluir que el juez del proceso ordinario no tuvo en cuenta los requisitos de procedencia para una prueba señalados en el Código General del Proceso. Por último, concluyó que el a quo constitucional “le dio un alcance diferente al referido amparo puesto que se limitó a verificar que el juez administrativo sí podía

hacer uso de su facultad oficiosa, asegurando que el decreto de la misma no era caprichoso y arbitrario, sin revisar que la misma no cumplía con los atributos de la procedencia de la prueba”. 1.9. Trámite en segunda instancia Mediante escrito de 5 de mayo de 2021, el magistrado ponente puso en conocimiento su impedimento para conocer e intervenir en la acción de tutela de la referencia, por estar incurso en la causal consagrada en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal7; declarado infundado en proveído de 3 de junio de 20218. Posteriormente, el Magistrado Ponente de esta decisión mediante auto de 24 de junio de 2021 vinculó como tercero con interés a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, haciéndole saber de la existencia de una nulidad saneable ante la ausencia de dicha actuación, por haber sido la parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado No. 11001-33-35-025-2019-00386-00. 1.10. Informe de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Surtida la notificación correspondiente9, la entidad vinculada mediante correo de 1º de julio de 2021 manifestó que la tutela no procede en el presente asunto habida cuenta de que (i) no es relevante constitucionalmente ya que lo que se está cuestionando es un aspecto procesal, esto es, el decreto de pruebas de oficio, (ii) no se ha culminado todo el trámite ordinario, entonces, no se supera la 6 M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp.: 27001-23-33-000-2019-00005-01.

7 Con fundamento en que “(…) participé en el proceso promovido por el señor Andrews Cuervo Cifuentes contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 11001333502520190038600 (sic), dentro del cual fue proferido la providencia objeto de reproche en esta acción de tutela”. 8 Lo anterior, al considerar que, si bien se tuvo acceso al expediente para el trámite de admisión, en ningún momento se emitió concepto alguno sobre el caso ni resolvió de fondo sobre él, pues solamente remitió el proceso en razón al factor cuantía, siendo finalmente conocido por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. 9 Por parte de la Secretaría general de la Corporación, a través de correo electrónico de 15 de febrero de 2021. subsidiariedad y, (iii) ya transcurrieron más de 6 meses desde el auto que ordenó la práctica de pruebas que reprocha, en consecuencia no se cumple con el requisito de la inmediatez. Con todo, frente al fondo del asunto adujo que el decreto oficioso de las pruebas es una potestad legal del juez que busca la verdad y, bajo las circunstancias que rodean el caso concreto, en ninguna medida puede afirmarse que estas constituyen una vulneración al debido proceso. Cita apartes jurisprudenciales de la sentencia SU-768 de 2014 proferida por la Corte Constitucional que refieren sobre la potestad del juez para decretar pruebas de oficio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 10 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia de 10 de febrero de 2021, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, a través de la cual se negó el amparo deprecado. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, de encontrarse superados; (iii) el análisis del caso concreto. 2.2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201210 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió

modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12. 10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 12 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.2.2. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva De manera previa debe precisarse que la providencia de segunda instancia es sobre la cual recaerá el estudio de dichos requisitos y, de ser el caso el análisis de fondo correspondiente, por cuanto fue la que decidió la controversia planteada por

la parte accionante en sede ordinaria. 2.2.2.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de su derecho fundamental al debido proceso. De acuerdo con lo anterior, en el sub examine, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamental alegados por el tutelante en tanto que, a su juicio, la autoridad judicial decretó una prueba, a su juicio, innecesaria y, además, cuando ya había fenecido la etapa probatoria. 2.2.2.2. La acción constitucional de la referencia no se dirige contra una sentencia de tutela, puesto que la providencia judicial censurada por la parte accionante fue proferida en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-025-201900386-00 que promovió contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional. 2.2.2.3. Frente al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia reprochada fue proferida el 1º de diciembre de 2020 por el Juzgado 25 Admi