CE-25000-23-15-000-2021-02469-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA - Ampara / JORNADAS DE PROTESTA / VULNERACIÓN

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA E INTEGRIDAD, LA DIGNIDAD HUMANA, LA SEGURIDAD PERSONAL, LA PROPIEDAD PRIVADA, Y LA LIBRE EMPRESA EN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL TRABAJO / OMISIÓN DEL ESTADO DE AMPARAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS QUE NO PARTICIPAN EN LA PROTESTA Los derechos fundamentales a la manifestación y reunión pública y pacífica están protegidos por la Constitución, por ser un mecanismo de participación y control político que busca llamar la atención sobre las necesidades sociales, garantizando la existencia de un Estado democrático y plural. De igual forma, es evidente que su ejercicio al tener lugar en el espacio público incide en los derechos de otros ciudadanos que no participan en la protesta, afectando de manera temporal la vida en comunidad. (…) En estos casos, corresponde a las autoridades adoptar las acciones necesarias para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no sólo de aquellos que están involucrados de manera activa en las manifestaciones, sino también e igualmente, de aquellos que no participan en ella. (…) , aunque es cierto que las autoridades accionadas han adelantado algunas actuaciones para garantizar el derecho a la protesta pacífica ciudadana, las cuales deben ser destacadas, se advierte que dichas acciones no han sido suficientes para proteger los derechos del Centro Comercial Los Héroes y de las personas propietarias de los establecimientos de comercio ubicados en dicho centro comercial. (…) Pues bien, de lo relatado en el escrito de tutela y el material probatorio obrante en el expediente, es

posible concluir que, durante las manifestaciones ciudadanas que han tenido lugar desde el pasado 28 de abril de 2021, se han presentado actos que afectan los derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad humana y a la propiedad privada de terceros que no participan en ella, entre estos los derechos de los comerciantes. (…) En ese sentido, es claro que las protestas que degeneran en violencia afectan las condiciones de vida de las personas que tienen que padecerlas y constituyen amenaza contra su integridad, que pueden en consecuencia ampararse mediante el derecho a la seguridad personal.(…) En el anterior contexto, a partir de las consideraciones expuestas, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales a la propiedad privada, a la vida, integridad, seguridad personal y dignidad humana y libertad de empresa en conexidad con el derecho al trabajo, en atención a que se encontró probada su vulneración.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-23-15-000-2021-02469-01(AC)

Actor: EDIFICIO CENTRO COMERCIAL LOS HÉROES, PROPIEDAD

HORIZONTAL, NOHRA TABARES, PEDRO ORLANDO RICO GALINDO y

PABLO LLINÁS VILLA

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, POLICÍA NACIONAL y ALCALDÍA DE BOGOTÁ La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Edificio Centro Comercial los

Héroes P.H.; la señora Nohra Tabares y Pedro Orlando Rico Galindo, en su condición de propietarios de los establecimientos de comercio “La Cocina de Eva” y “Ellasi Local Comercial”; y Pablo Llinás Villa, en calidad de administrador de los locales comerciales “Empanadas Típicas” y “Pizza Pisa”, en contra de la Presidencia de la República, la Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional.

I. SÍNTESIS DEL CASO Jaime Carmona Aristizábal, en su calidad de representante legal del Edificio Centro Comercial los Héroes P.H.; Nohra Tabares y Pedro Orlando Rico Galindo, en su condición de propietarios de los establecimientos de comercio “La Cocina de Eva” y “Ellasi Local Comercial”; y Pablo Llinás Villa, en calidad de administrador de los locales comerciales “Empanadas Típicas” y “Pizza Pisa”, los cuales funcionan en el centro comercial citado, actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela en contra del Presidente de la República, la Alcaldesa de Bogotá y la Policía Nacional, por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la vida e integridad, a la seguridad y a la propiedad privada, con ocasión de los actos violentos que se han presentado

durante las protestas adelantadas en la ciudad de Bogotá D.C. en contra del Gobierno Nacional. Afirman que, en el mes de octubre de 2020, se presentó una tutela por el centro comercial, así como por 2 comerciantes y 2 trabajadores que desempeñaban labores de seguridad, con el fin de que se les ampararan sus derechos al trabajo,

vida digna, seguridad, integridad personal y propiedad privada y, por tanto, se dispusiera de un esquema de seguridad particular y específico, así como un grupo de investigación para prevenir y judicializar los actos vandálicos presentados durante las jornadas de protestas. Sin embargo, indican que dicha acción fue negada en razón a que los hechos por los que se solicitaba la protección eran futuros e inciertos. Aseguran que la presente acción de tutela tiene un carácter preventivo, toda vez que lo que se busca es que de manera urgente se brinde protección al centro comercial, el cual se ha visto afectado de manera grave con los actos de violencia que se han generado durante las jornadas de protestas y movilizaciones que iniciaron el 28 de abril de 2021, las cuales continuarán, según lo afirmado por el Comité Organizador del Paro Nacional. Aducen que no se pretende la reparación de daños sino un pronunciamiento de medidas adecuadas para evitar o mitigar al máximo los daños causados, así como que se analice la vulneración del núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad de empresa. Señalan que existe un perjuicio irremediable que se ha presentado desde el inicio de las protestas, que reviste de una alta gravedad por los daños a los establecimientos del centro comercial y por la imposibilidad de atención al público aproximadamente en un 90% respecto de las jornadas laborales normales. Así mismo, consideran que existe un riesgo inminente de que continúen las afectaciones al comercio por la infortunada participación de personas que cometen actos vandálicos dentro de las protestas y que las medidas adoptadas por las entidades accionadas han sido insuficientes para garantizar los derechos

invocados y evitar el daño a los establecimientos de comercio, lo que les impide abrir las puertas del centro comercial generando un daño cada vez más grave. Resaltan que el derecho a la protesta previsto en el artículo 37 de la Constitución no es absoluto, ya que pronunciamientos de las Altas Cortes han impuesto límites al mismo, particularmente frente a los daños a terceros, por lo que a las entidades accionadas les corresponde garantizar la seguridad de los terceros que se ven afectados por los hechos violentos que se presentan durante dichas manifestaciones, así como asumir una actitud activa de protección y prevención frente a los bienes y fuentes de trabajo. Alegan que la afectación y destrucción de bienes de los empresarios y comerciantes va más allá de una simple vulneración al derecho a la propiedad y trasciende a otros derechos fundamentales. Aducen que se ha vulnerado su derecho al mínimo vital en su calidad de propietarios de los establecimientos de comercio, toda vez que, con ocasión de las protestas y los actos vandálicos, se les ha impedido desarrollar actividades en un 90% del tiempo laboral disponible, lo que impacta directamente en sus ingresos, los cuales han sido casi nulos. Indican que los comerciantes que están presentando la tutela no han tenido ingresos con ocasión de las marchas, lo cual pone en riesgo su mínimo vital. Agregan que en el centro comercial existen 87 locales comerciales que generan aproximadamente 348 empleos y que cuenta con 35 personas que trabajan en tareas de apoyo, vigilancia, aseo y personal administrativo, por lo que los cierres constantes afectan no solo a la persona jurídica sino a todas las personas naturales que derivan su sustento de la

operación del centro comercial y, por tanto, se les afecta su mínimo vital. Estiman que los actos vandálicos que se han presentado durante las protestas también vulneran sus derechos a la vida e integridad personal, así como a la de sus empleados, ya que, al intentar diariamente ejercer su actividad comercial, se han visto involucrados en situaciones de peligro por la violencia contra las instalaciones del centro comercial. Consideran que del mismo modo se afecta su derecho a la dignidad humana, en tanto que la violencia injustificada contra los bienes de una persona atenta contra su elección de vida, en este caso la de ser comerciante, además de que limita su bienestar al imponer una carga injustificada, como es reparar los daños que sufran con ocasión de los actos violentos. Señalan que los hechos expuestos en la tutela vulneran los derechos a la propiedad y a la seguridad del centro comercial poniendo en riesgo la existencia misma de la persona jurídica como sujeto de derechos. Reiteran que también se afecta a todas aquellas personas que trabajan directamente para el centro comercial, así como a quienes laboran en los locales comerciales, en razón a que los constantes cierres trasgreden los derechos de quienes derivan su sustento de la operación del centro comercial. Afirman que la Constitución define a la empresa como “base del desarrollo” con una función social que implica obligaciones, y con una relación clara con derechos fundamentales como el mínimo vital, en tanto que son las que garantizan el empleo de la mayor parte de los colombianos; por lo que, si a una empresa o establecimiento de comercio no se le permite su normal funcionamiento, se le está afectando directamente el mínimo vital de sus trabajadores y de sus dueños.

Aseveran que el derecho a la propiedad también tiene conexidad con otros derechos fundamentales, como la vida, la integridad y la dignidad, en razón a que la actividad comercial es la que permite a los empresarios y comerciantes, empleados y proveedores, derivar el sustento de su existencia y procurarse una vida digna a través de una actividad legal y legítima dentro del ordenamiento jurídico y la sociedad. Manifiestan que el derecho a la seguridad no sólo debe ampararse en las personas naturales, sino que, de igual forma, en las personas jurídicas, ya que consiste en recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuando quiera que se esté expuesto a riesgos excepcionales que no tienen la obligación de sobrellevar las personas que reciban la protección. En ese sentido, es evidente la afectación a la seguridad del centro comercial y de las personas que diariamente realizan sus actividades comerciales. Agrega que la seguridad ha sido entendida como una manifestación del principio de igualdad de las cargas públicas, por lo que, aunque la solidaridad demanda que las personas tienen que soportar unas cargas por la misma convivencia en sociedad, esas cargas no pueden rebasar los niveles normales del peligro implícito. En el caso particular, consideran que han tenido que soportar desproporcionadamente las cargas que han implicado los actos de violencia presentados durante las manifestaciones. Por todo lo anterior, solicitan como pretensiones las siguientes: “PRIMERO: Ordenar al Presidente de la Republica, Dr. Iván Duque Márquez que a partir de la fecha, ordene a la fuerza pública como a las autoridades administrativas del Distrito Capital, la adopción de medidas de prevención y protección sobre los

establecimientos comerciales y empresariales del centro comercial los Héroes y sus alrededores, particularmente en las zonas donde se han presentado concentraciones y marchas.

SEGUNDO: Ordenar a la Alcaldesa de Bogotá, Dra. Claudia Nayibe López, que de manera inmediata, en el marco de sus competencias como primera autoridad de policía del municipio, disponga de un plan de protección con acompañamiento de la fuerza pública, sobre los establecimientos comerciales y empresariales del Centro Comercial los Héroes y sus alrededores.

TERCERO: Ordenar a la Policía Nacional para que, de manera inmediata y de conformidad con su organización en la ciudad de Bogotá dirija planes de protección y prevención de daños sobre los establecimientos comerciales y empresariales del Centro Comercial los Héroes y sus alrededores.” Con el escrito de tutela se adjuntaron, entre otros, los siguientes documentos: i) Comunicado de Fenalco denominado “Fenalco Bogotá Cundinamarca rechaza todo tipo de violencia y hace un llamado para respetar derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la libre movilidad. Las pérdidas diarias para el comercio en la ciudad por el paro alcanzan los 50 mil millones de pesos lo que se traduce en más pobreza para las personas”; ii) comunicado de 5 de mayo de 2021, “La Alianza por Bogotá Región propone cinco ejes para recuperación social y económica”; iii) artículo periódico El Tiempo de 6 de mayo de 2021 denominado “Gremios llaman a frenar violencia para acelerar la reactivación”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN 2.1. El 24 de mayo de 2021 el Despacho admitió la acción de tutela y ordenó

notificar a la Presidencia de la República, Alcaldía Distrital de Bogotá y Policía Nacional, y vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 612 del Código General del Proceso. En esta misma providencia se ordenó decretar como medida cautelar de urgencia que las autoridades accionadas den cumplimiento permanente a las acciones preventivas, concomitantes y posteriores dispuestas en el Decreto 003 de 2021. 2.2. La apoderada judicial del Presidente de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, presentó informe1 en el que solicita se les desvincule del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que la presunta vulneración de derechos que se alega no es consecuencia de una actuación específica de las demandadas en el proceso; además de que, de acuerdo a sus funciones, “[…] (i) no representan a la Nación para efectos de la acción de tutela de la referencia, (ii) no tienen funciones, competencias y/o facultades que se relacionen con las pretensiones de la demanda, pues estas están dirigidas a la Alcaldía Municipal de Cali, quien tiene a cargo el mantenimiento del orden público. […]” Aduce que el amparo constitucional resulta improcedente teniendo en cuenta que la “parte accionante solicita expresamente que se ordene la prestación del servicio de transporte a los lugares esenciales para la población como clínicas, EPS, centros de acopio de alimentos y centros de distribución de medicamentos”; medidas que de implementarse implican que sean oponibles a todas las personas 1 Remitido mediante correo electrónico el 31 de mayo de 2021, tal como consta en el

índice No. 7 del historial de actuaciones del aplicativo Samai, Sede Electrónica para la Gestión Judicial, del Consejo de Estado. y autoridades públicas, y no se limitarían, como debe ser en el caso de la tutela, a afectar únicamente a las partes accionantes. Por último, afirma que también resulta improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que en el caso particular resulta procedente el medio de control de reparación directa en “relación con la presunta afectación causada debido a la actuación u omisión de los agentes de policía o de la Alcaldía Municipal de Yumbo.” 2.3. La Secretaría Distrital de Gobierno presentó informe2 en el que alega la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que dicha autoridad, de acuerdo con sus funciones, carece de competencia para satisfacer lo pretendido en el escrito de tutela. Así mismo, se opone a las pretensiones, por cuanto, en su criterio, no han vulnerado los derechos fundamentales invocados. Aseguran que, aunque entienden la preocupación de los accionantes por la ocurrencia de hechos vandálicos que atenten contra el Centro Comercial los Héroes y el sector aledaño, lo cierto es que dichos hechos no se pueden prever, por lo que se está ante hechos futuros e inciertos, que impiden ser amparados por medio de la acción de tutela al no ser inminente la vulneración de derechos fundamentales. Sin perjuicio de lo anterior, indica que las autoridades distritales han adelantado acciones con el fin de proteger los derechos de todos los ciudadanos, tanto de

quienes participan en las manifestaciones como de quienes deciden no hacerlo. Alega que la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno rindió informe en el que señaló que carece de competencia respecto a la adopción de medidas de prevención y protección de los establecimientos comerciales y empresariales del centro comercial los Héroes y sus alrededores por la concentración de movilizaciones, así como la disposición del plan de protección con acompañamiento de la fuerza pública. Agrega que desde sus funciones está realizando verificación y seguimiento al cumplimiento de los protocolos distrital y nacional3 vigentes en materia de movilizaciones y protestas sociales en Bogotá D.C., los cuales están orientados a garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía en general en el marco de las movilizaciones, independientemente que las personas estén o no vinculadas a las mismas. Indica que la Secretaría Distrital de Gobierno ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa de Seguimiento al ejercicio de la movilización social y pacífica, a través de la cual se hace seguimiento de las diversas situaciones que se presenten y se señalan los elementos del protocolo que no se están cumpliendo correctamente. De igual forma, afirma que existe la Mesa Técnica de Policía, Derechos Humanos y Convivencia creada en el marco del Comité Civil de Convivencia Distrital del 2 Enviado mediante correo electrónico el 1º de junio de 2021, como consta en el índice No. 10 del historial de actuaciones del aplicativo Samai, Sede Electrónica para la Gestión Judicial, del Consejo de Estado. 3 Decreto Distrital No. 563 de 2015 y el Decreto No. 003 del 2021

Decreto 562 de 2017, cuyo objetivo es garantizar los derechos de los ciudadanos que han sido víctimas de presuntos abusos de autoridad policial, así como de aquellos servidores públicos que hayan sido víctimas de agresiones en el ejercicio de sus funciones, como lo es el caso del personal uniformado de la policía. Así mismo, destaca que se han realizado procesos de formación con el personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD que opera en Bogotá. Señala que la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno presentó informe, en el que indica que, una vez conocida la jornada que se realizaría el 28 de abril, se activó el protocolo establecido en el Decreto Distrital 563 de 2015 respecto de las manifestaciones pacíficas, por lo que se convocó a la Mesa Distrital de Seguimiento para al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización pacífica, en el que se contó con la participación de más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicales y gremiales convocantes del Paro Nacional; el Ministerio Público; las Secretarías de Movilidad; de Seguridad, Convivencia y Justicia; de Salud, y de Gobierno, y Policía Metropolitana de Bogotá. En el desarrollo de la citada Mesa, fueron informadas 56 movilizaciones para el 28 de abril y se dispuso los puntos de acompañamiento de acuerdo con lo solicitado en la convocatoria, así: los gestores de diálogo de la Dirección de Convivencia y Diálogo estuvieron en 25 puntos en las diferentes localidades, y uno de los puntos focalizados y priorizados para la

localidad de Chapinero fue el monumento los Héroes con acompañamiento desde las 8:00 a.m. El equipo de Diálogo estuvo durante toda la jornada de acuerdo con la dinámica de cada evento programado; es pertinente resaltar que, desde los gestores de la Secretaría de Gobierno, se hace un trabajo interinstitucional de interlocución, mediación y diálogo, con los organizadores y participantes de las manifestaciones, con el fin de evitar bloqueos en las vías y espacio público, alteraciones de orden público y demás actos que puedan derivar en vulneración de derechos fundamentales. Resalta que, de acuerdo con las dinámicas presentadas en las movilizaciones desde el 28 de abril, se identificaron 13 puntos críticos; uno de ellos es el Monumento Los Héroes, al cual se le ha realizado acompañamiento y el desarrollo de actividades de diálogo social en el marco de la protesta a través de los Gestores de Diálogo, los días 28, 29 de abril, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 y 30 de mayo de 2021. Dicho trabajo es de forma coordinada y articulada con los equipos del Ministerio Público, Secretarías Distritales y la Policía Metropolitana, en el marco del "Protocolo de actuaciones para las movilizaciones sociales en Bogotá”. Asevera que la Dirección de Convivencia y Diálogo Social ha realizado un trabajo continuo con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, aún en tiempo de la declaratoria de emergencia sanitaria y Alerta Roja,

en el que se ha llevado a cabo el acompañamiento permanente y labores de interlocución, mediación y diálogo desde el 28 de abril en el punto denominado Monumento Los Héroes, de acuerdo con la dinámica de cada evento realizado en el marco de la protesta social; antes, durante y después, con el fin de evitar brotes de violencia que pongan en riesgo a los demás habitantes y con el fin de garantizar el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos. Así mismo, afirman que se ha escalado en tiempo real ante el COE Distrital y el PMU, los casos en los cuales, después de múltiples intentos de negociación, persiste la perturbación a la convivencia, y cuando se vea la necesidad de restablecer el orden público, en cumplimiento del Decreto Nacional 003 de 2021 y el Decreto Distrital 563 de 2015, se procede primero a la intervención de la Fuerza Disponible y, como último recurso e instancia para controlar la situación, actúa el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD. Menciona que la Alcaldía Local de Chapinero presentó comunicación en la que indica que, en cumplimiento de sus competencias, se ha acompañado a los habitantes del sector, y que, desde el 28 de abril al 31 de mayo 2021, el equipo territorial de convivencia y seguridad de dicha alcaldía ha realizado 30 acompañamientos en las diferentes manifestaciones sociales, marchas y plantones que se han adelantado en la localidad de Chapinero. Frente a las presentadas en el sector del monumento de Héroes, señala que, en articulación con entidades distritales como los Gestores de Dialogo Social y Derechos

Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, los Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo, realiza acompañamiento a la protesta social y manifestaciones públicas, para promover la convivencia pacífica, los derechos humanos y la mediación social, con el fin de prevenir confrontaciones que puedan afectar la integridad de las personas y el daño a bienes públicos y privados. Frente al cordón de seguridad de policía, señala que “[…] la Policía Nacional ha cumplido con sus funciones las cuales son controlar los disturbios que se puedan presentar en las manifestaciones, en este orden de ideas y al ser un hecho notoria los efectivos policiales se encuentran garantizando seguridad a la población, razón por la cual no es posible que estos efectivos únicamente resguarden algunos edificios, toda vez que el bien común prima sobre el particular, a su vez los funcionarios de la Alcaldía Local de Chapinero realizan acompañamiento a la protesta social y manifestaciones públicas, para promover la convivencia pacífica, los derechos humanos y la mediación social, de igual modo buscan prevenir confrontaciones que puedan afectar la integridad de las personas y el daño a bienes públicos y privados. […]” De otra parte, respecto de las medidas provisionales, realizó un recuento de las actuaciones que ha llevado a cabo dicha autoridad para dar cumplimiento a la sentencia de tutela STC7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, así como de los diferentes lineamientos dados por la Corte Constitucional, los organismos internacionales y en especial lo establecido en el

Decreto Nacional 003 de 2021, discriminados por cada etapa del Protocolo, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica. Por último, manifiesta que se configura temeridad por parte de los accionantes, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, ya que el señor Jaime Carmona Aristizábal y el anterior Representante Legal del Centro Comercial los Héroes, ya habían presentado una acción de tutela por similares hechos y pretensiones, la cual cursó en el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogotá D.C. bajo el radicado 11001-31-11-0019-2020-00464-00, y fue decidida de manera desfavorable sus intereses. 2.4. La Directora Distrital de Gestión Judicial de la Secretaria Jurídica Distrital presentó contestación4 en la que se opuso a las pretensiones de la tutela, al considerar que su representada no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados. Al referirse sobre la administración distrital como autoridad de policía frente al orden público, señaló que la actividad de policía la ejerce la Policía Nacional, y los medios que utiliza en su cumplimiento los define institucionalmente con apego a las decisiones que se toman en desarrollo del poder y la función de policía atribuidas a las autoridades nacionales y territoriales. Aduce que el director de la Policía depende del Ministro de Defensa, quien, a su vez, sigue las órdenes del Presidente de la República, según lo establece el artículo 218 de la Constitución, de modo que, las acciones operativas son del resorte de la Policía de acuerdo con la cadena de mando.

Con relación al derecho a la manifestación pública, afirma que, desde que dieron inicio las manifestaciones el 28 de abril de 2021 y hasta la fecha, se ha realizado una articulación interinstitucional con las entidades del Distrito y/o Nación y la MEBOG para salvagua7rdar los derechos ciudadanos a partir del trabajo mancomunado y coordinado desde el Puesto de Mando Unificado – PMU y/o Centro de Operaciones de Emergencia - COE. Afirma que el derecho a la protesta pacífica ha sido garantizado por la administración distrital, en el entendido que las marchas y plantones han sido acompañadas desde la Secretaría de Seguridad a través de los gestores de convivencia y de los gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno, quienes actúan como mediadores de los conflictos que se puedan presentar en el ejercicio de los derechos de los manifestantes; todo ello, haciendo énfasis en los medios pacíficos que respeten el derecho de los demás ciudadanos que no participen en los eventos de protesta. Sin embargo, señala que, de persistir los focos de violencia, pese a los esfuerzos de quienes organizan la protesta, las Comisiones de Verificación y los equipos de diálogo y convivencia, los participantes del PMU deberán informar a sus superiores, de forma que se decida sobre el agotamiento o no de la etapa de diálogo, la cual, en caso de agotarse, se debe dejar constancia en acta, para escalar la información a los representantes de cada entidad, esto es, a la Alcaldesa y al Comandante de la Policía MEBOG, para que de forma conjunta se evalúe la necesidad o no del uso de la fuerza.

Agrega que en caso de que se presenten actos de vandalismo en el marco de las protestas, también está la garantía por parte de la Policía Nacional (Arts. 32 y 33 del Decreto 003) de que, en el acompañamiento a las movilizaciones, se realice el 4 Escrito enviado por correo electrónico el 2 de junio de 2021, tal como consta en el índice No. 12 del historial de actuaciones del aplicativo Samai, Sede Electrónica para la Gestión Judicial, del Consejo de Estado. proceso de focalización o la aplicación del uso de la fuerza, el cual será diferencial y objeto de acciones judiciales desplegadas por la Fiscalía General de la Nación. De igual forma, hizo un recuento de las acciones desplegadas por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en las recientes jornadas de movilización ciudadana e indicó que, en lo referente a disponer de la fuerza pública con el fin de adoptar medidas de protección y acompañamiento a los establecimientos comerciales y empresariales ubicados en el centro comercial cercano al Monumento a los Héroes, la Secretaría ha promovido el diálogo y mediación entre los manifestantes y las entidades que acompañan la movilización y protesta pacífica en las diferentes actividades que han empezado en otros puntos de la ciudad y que terminan confluyendo el sector de los Héroes (Av. Caracas con Calle 80). Reitera que, desde el 28 de abril del presente año, se han dispuesto de Gestores de Convivencia, en aras de articular acciones encaminadas a desescalar los posibles conflictos que se puedan presentar reduciendo el nivel de intensidad y conflictividad. Afirma que la Secretaría no es competente, en estricto sentido, para

dar trámite a las pretensiones formuladas en esta acción de amparo, dado que dicha entidad no cuenta con competencias para satisfacer lo solicitado, pues ello excede los alcances y misionalidad atribuida legalmente, teniendo en cuenta que la labor que se adelanta corresponde a un papel de mediación interinstitucional con organismos de seguridad. Respecto de la competencia de la Secretaría de Gobierno, reiteró lo señalado en el informe presentado por dicha autoridad, así como las actuaciones desplegadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales ordenadas por el despacho y, por tanto, del Decreto Nacional 003 de 2021. 2.5. El jefe del Áre