CE-25000-23-25-000-2004-05678-02(2137-09)-2011

CORRECION DE LA SENTENCIA - Procede cuando en la parte resolutiva se haya incurrido en error puramente aritmético / CORRECION DE LA SENTENCIA - De oficio o a solicitud de parte en cualquier tiempo / ADICION DE LA SENTENCIA - Cuando se omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento, se adicionara por medio de sentencia complementaria de oficio o a solicitud de parte / SENTENCIA - Accedió a las pretensiones de la demanda / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA - Revoco la sentencia proferida por el a quo que accedió a las pretensiones de la demanda / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Al ser revocada la sentencia y al mantenerse el firme el acto administrativo imperativo, no da lugar a pronunciamiento alguno del restablecimiento del derecho / ADICION DE LA SENTENCIA - Debe adicionarse la parte resolutiva en el sentido de revocar los numerales que ordenaron el restablecimiento del derecho Se estima que el fallo proferido expresa razonadamente y de modo inequívoco el conjunto de normas aplicables al caso en estudio y su interpretación, seguida de una valoración de las pruebas que soportan la decisión, razón por la cual debe concluirse que en principio cumple con los requerimientos contenidos en los artículos 170 del C.C.A y 55 de la Ley 270 de 1996 y demás concordantes, así como con las exigencias constitucionales derivadas del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues, se reitera, en la misma se resolvieron, razonada y fundadamente, todos los asuntos planteados por las partes.

No obstante, en la parte resolutiva solo se aludió a los numerales relacionados con la nulidad de los actos administrativos, sin referirse al restablecimiento del derecho. Naturalmente que si se negó la pretensión de nulidad de los actos por los que la Procuraduría General de la Nación dispuso una sanción, ésta se mantuvo como acto administrativo imperativo y por lo mismo no da lugar a ningún restablecimiento del derecho, pues éste es consecuencial a la declaración de nulidad, luego negada ésta no hay lugar a dicho restablecimiento.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "B"

Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil once (2011).

Radicación número: 25000-23-25-000-2004-05678-02(2137-09)

Actor: JOSE DARIO SALAZAR CRUZ Demandado: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Se decide la solicitud de corrección pedida por la Procuraduría General de la Nación, respecto de la sentencia emitida por la Subsección el 7 de octubre de

2010. ANTECEDENTES Mediante la sentencia de 6 de diciembre de 2007, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada por el señor JOSÉ DARÍO SALAZAR CRUZ contra la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de 6 de diciembre de 2007, en respuesta a la impugnación, esta Subsección resolvió: “1. Revócase parcialmente la sentencia en cuanto decretó la nulidad de las siguientes providencias proferidas por la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República: el fallo de única instancia proferido el 28 de enero de 2004, por medio del cual se declaró responsable disciplinariamente al Dr. José Darío Salazar Cruz; el proveído de 27 de febrero de 2004, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra aquella decisión y, el artículo 2º de la Resolución No. 1759 del 28 de septiembre de 2004 en cuanto hizo efectiva la sanción de multa impuesta por la entidad demandada.

2. Niegáse las pretensiones relacionadas con la solicitud de nulidad de los actos demandados.

3. Confírmase en lo demás el fallo recurrido.” El 24 de noviembre de 2010 la parte demandada, con fundamento en lo establecido por el artículo 310 del C.P.C., solicitó la corrección al fallo de 7 de octubre de 2010 proferido por esta Subsección, para lo cual adujo los siguientes argumentos: “(…) Una vez examinado el texto completo de la sentencia en cita, se encuentra que al dirimir el asunto puesto en su conocimiento, en la parte motiva, deben quedar claramente establecidas la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho solicitado por el actor, por razón a la

naturaleza de la acción. (…) de ahí que si el actor no logra demostrar la ilegalidad del acto demandado, como ocurrió en el caso sub-exámine, mal podría pretenderse el reconocimiento de su derecho, como lo da a entender el ad quem. En este sentido, se reitera la petición, con el fin de que la Corporación proceda a corregir el fallo de 7 de octubre de tal manera que no quede duda alguna respecto a la orden judicial ha cumplir”. Para resolver, se CONSIDERA: Corresponde a la Sala decidir sobre la solicitud de corrección de la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia; petición que resulta improcedente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 310 el C.P.C., aplicable por remisión del artículo 267 del C.C.A. Así, el artículo 310 del C.P.C. establece: “ARTÍCULO 310. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 140 del Decreto 2282 de 1989 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y revisión. Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada en los numerales 1. y 2. del artículo 320. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén

contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. (...)”. Con sujeción a lo trascrito, la corrección de un fallo procede cuando en su parte resolutiva se haya incurrido en error puramente aritmético, el cual será corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, lo que no se evidencia en el presente caso. Respecto a la adición de la sentencia el artículo 311 del C.P.C prevé: “ARTÍCULO 311. ADICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 141 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término”. Ahora bien, la Sala observa, que la inconformidad expuesta por la entidad demandada, que ha pedido la corrección de la sentencia de 7 de octubre de 2010, atañe a que en dicho fallo se aludió a la revocatoria de la sentencia del

Tribunal que había resuelto favorablemente las pretensiones de la demanda, solo frente a la declaratoria de nulidad de los actos, sin reparar sobre los numerales del restablecimiento del derecho que dependía de la prosperidad del decreto de nulidad de los actos acusados. Se estima que el fallo proferido expresa razonadamente y de modo inequívoco el conjunto de normas aplicables al caso en estudio y su interpretación, seguida de una valoración de las pruebas que soportan la decisión, razón por la cual debe concluirse que en principio cumple con los requerimientos contenidos en los artículos 170 del C.C.A y 55 de la Ley 270 de 1996 y demás concordantes, así como con las exigencias constitucionales derivadas del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues, se reitera, en la misma se resolvieron, razonada y fundadamente, todos los asuntos planteados por las partes. Como se recuerda, el Tribunal había accedido a las pretensiones esgrimidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta por José Darío Salazar Cruz. En respuesta al recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado revocó la sentencia recurrida. No obstante, en la parte resolutiva solo se aludió a los numerales relacionados con la nulidad de los actos administrativos, sin referirse al restablecimiento del derecho. Naturalmente que si se negó la pretensión de nulidad de los actos por los que la Procuraduría General de la Nación dispuso una sanción, ésta se mantuvo como acto administrativo imperativo y por lo mismo no da lugar a ningún restablecimiento

del derecho, pues éste es consecuencial a la declaración de nulidad, luego negada ésta no hay lugar a dicho restablecimiento. A pesar de lo anterior, para disipar toda duda posible, evitar la ambigüedad y asegurar la eficacia del fallo, es menester adicionar la parte resolutiva de la sentencia en el sentido de revocar los numerales que ordenaron el restablecimiento del derecho a favor del actor, para en su lugar, negar en su totalidad las súplicas de la demanda impetradas por José Darío Salazar Cruz contra la Procuraduría General de la Nación. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, RESUELVE: Adiciónese la parte resolutiva de la sentencia de 7 de octubre de 2010, que revocó la sentencia de 6 de diciembre de 2007, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada por el señor JOSÉ DARÍO SALAZAR CRUZ contra la Procuraduría General de la Nación, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, en cuanto a : Revóquese los numerales quinto, sexto y “sexto” (sic), de la sentencia del 6 de diciembre de 2007, que ordenaron el restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad de los actos acusados, para en su lugar: Niégase el restablecimiento del derecho pretendido. Cópiese, notifíquese, publíquese en los anales del Consejo de Estado y

devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ GERARDO ARENAS MONSALVE

VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA