CE-25000-23-25-000-2007-00753-01(0532-08)-2011

PRUEBA DECRETADA - Si no se práctica la parte solicitante debe insistir en la práctica o hacer uso de los recursos previstos La omisión atribuida a la Procuraduría General de la Nación no es propia de ella, pues es evidente que a pesar de que dentro del proceso se decretó la prueba, en el expediente no obra oficio alguno que acredite que el ISS remitió a la entidad demandada esos documentos. Adicionalmente, si dicho elemento de convicción era tan primordial como lo quiere hacer ver el demandante, debió haber solicitado que se oficiara nuevamente al Instituto de los Seguros Sociales con el objeto de requerirlo para que lo allegara; o acudir directamente a esa Entidad -en ejercicio del derecho de petición-, con el propósito de obtener copia del mismo. También pudo insistir en la práctica de la prueba o hacer uso de los recursos previstos impugnando el auto con el cual se agotó la etapa probatoria. JUEZ NATURAL - Funcionario competente para dirigir el proceso / PROCURADOR GENERAL DE LA NACION - Competente para adelantar procesos disciplinarios La competencia del funcionario al que le corresponda dirimir un litigio o “Juez Natural” debe ser i) constitucional o legal; ii) preexistente, es decir, anterior al hecho que motiva la actuación o proceso correspondiente, y iii) explícita. En el caso que nos ocupa, la facultad del Procurador General de la Nación para adelantar procesos disciplinarios, se encuentra establecida en la Constitución y la Ley. Así, el artículo 277 de la Carta Política, le atribuye al Procurador General de la Nación una serie de funciones, las cuales puede ejercer directamente o por medio de sus delegados y agentes.

DOBLE INSTANCIA - Por necesidad de preservar el principio de legalidad / DOBLE INSTANCIA - Posibilidad de corregir errores del juez o de la administración / PROCESOS DISCIPLINARIOS DE UNICA INSTANCIA - El Procurador General es la máxima autoridad de la Procurador General de la Nación y el jefe del Ministerio Público ante lo cual no tiene instancia superior La doble instancia surgió ante la necesidad de preservar el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una decisión judicial o administrativa, y permite enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de una autoridad de la Constitución o la Ley. Con este propósito, la doble instancia constituye una garantía contra la arbitrariedad, y un mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que pueda incurrir una autoridad pública. En la sentencia C429 de 2001, al pronunciarse sobre la exequibilidad del inciso segundo del numeral 17 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, -que establece que “los procesos disciplinarios que asuma el Procurador General de la Nación serán de única instancia”-; la Corte Constitucional consideró que esa disposición no lesiona el ordenamiento supremo (particularmente los artículos 29 y 31 de la Carta) porque, siendo el Procurador General la máxima autoridad de la entidad que dirige y el Jefe del Ministerio Público, no tiene otra instancia superior y, por ende, sus decisiones solamente están sujetas a las

acciones contencioso administrativas establecidas en las normas pertinentes, las cuales pueden ser ejercidas por los procesados disciplinariamente, cuando consideren que se les han vulnerado sus derechos. INDAGACION PRELIMINAR DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA - El incumplimiento de los términos no afecta las garantías constitucionales / DEBIDO PROCESO - No se vulnera por el incumplimiento del término de la indagación preliminar Resulta claro que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. En ese mismo sentido se pronunció ésta Corporación en providencia del 23 de mayo de 2011. Así las cosas, habida cuenta de i) que el objeto de la indagación preliminar eran las presuntas irregularidades que cometió la administración del ISS, al tramitar la licitación pública VA 0011 de 2002, la cual se abrió para “la adquisición, instalación y puesta en marcha de los equipos de imagenología y diagnóstico con destino a las clínicas del ISS, por un valor de $19.300 millones de pesos”, ii) que los presuntos implicados eran los directivos de ese Instituto, iii) el volumen de los documentos que se debían analizar, y iv) que ese proceso precontractual estaba revestido de una gran complejidad, no sólo por sus ingredientes técnicos sino también por su magnitud y la gran trascendencia administrativa, social y presupuestal que tuvo; la Sala considera que el hecho de que en este caso la indagación preliminar haya tardado

11 meses y 18 días no desconoce el derecho al debido proceso del actor, y tampoco causa la nulidad de la totalidad del proceso disciplinario que se adelantó en su contra a pesar de que, como bien lo sostuvo la Corte Constitucional, el proceder de la comisión investigadora al adelantar la fase de indagación por un lapso mayor a los 6 meses, no es lo deseable. TERMINO DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA - El vencimiento del plazo del proceso disciplinario no implica perdida del competencia de la procuraduría, ni causal de nulidad Siguiendo la línea argumentativa expuesta con anterioridad; sobre el término de la investigación disciplinaria (6 meses) esta Corporación ha sostenido que el solo vencimiento del plazo no implica la pérdida de competencia de la Procuraduría para actuar y tampoco se encuentra prevista como causal de nulidad del proceso disciplinario. Así, en un caso similar a éste, la Sala concluyó que si bien el término de la investigación disciplinaria excedió al previsto en la Ley, ello “no constituye una violación al debido proceso por dilación injustificada en el trámite de la investigación”. Ese mismo razonamiento quedó consignado en la sentencia de 19 de mayo de 2011, en el cual esta Subsección consideró que si bien “el Investigador Disciplinario, efectivamente, excedió el término de seis (6) meses consagrado en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002” esa circunstancia objetiva, per se, no limita el ejercicio de su potestad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios que incidieron en el incumplimiento del término procesal.

DERECHO A LA IGUALDAD - Vulneración / DERECHO A LA IGUALDADTrato diferenciado a todos los investigados / DERECHO A LA IGUALDADNo se vulnera porque los supuestos de hecho en la investigación eran diferentes y las consecuencias jurídicas no coinciden para los implicados No advierte la Sala violación alguna al derecho a la igualdad por la decisión que adoptó la entidad demandada de terminar las diligencias respecto de quienes no encontró mérito para proferir cargos. Al contrario, lo que se evidencia es que la Procuraduría General de la Nación dio un tratamiento diferenciado a los investigados justificado porque la situación fáctica y jurídica en la que se encontraban la mayoría de ellos, era sustancialmente distinta a la del actor quien, para la época de los hechos que dieron origen al proceso disciplinario, se desempeñaba como Presidente del Seguro Social y tuvo injerencia directa y trascendental en la apertura de la licitación pública VA 011 de 2002. Analizado el auto de cargos, esta Sala considera que en el sub-lite la entidad demandada no violó el derecho a la igualdad, porque interpretó la Ley de la misma manera para todos los investigados sólo que, como los supuestos de hecho eran diferentes, las consecuencias jurídicas para el señor Fino y para los demás investigados de ninguna manera podían coincidir. PRESUNCION DE INOCENCIA - Vulneración desvirtuada / PRESUNCION DE INOCENCIA - Principio que garantiza la legitimidad de las actuaciones públicas Para la Sala la argumentación del actor es incoherente pues olvida que si la entidad que ejerce la potestad disciplinaria profiere un fallo sancionatorio, es

precisamente porque encontró desvirtuada la presunción de inocencia. Adicionalmente el demandante confunde dicha presunción con “la reserva de la actuación disciplinaria” y con el principio de imparcialidad, los cuales son completamente distintos. En efecto, la presunción de inocencia es uno de los principios que expresan el criterio de legitimidad de las actuaciones públicas – administrativas y jurisdiccionales- , el cual se aplica en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y por consiguiente también en materia disciplinaria. NOTIFICACION - Comunicación de la decisión proferida por el juez o por la administración / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - Notificación del acto administrativo al interesado / NOTIFICACIONES - Principal y subsidiarias / NOTIFICACION PERSONAL - Mayor conocimiento y convocatoria directa al proceso / NOTIFICACION CON NORMAS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - Improcedente La notificación es un trámite procesal que materializa el principio de la publicidad, en virtud del cual, las decisiones proferidas por el Juez o, en este caso, por el titular de la acción disciplinaria; deben ser comunicadas a las partes o a sus apoderados para que, conocidas por éstos, puedan hacer uso de los derechos que la Ley consagra para impugnarlas, aclararlas o, simplemente, para que, enteradas de su contenido, se dispongan a cumplir lo que en ellas se ordena. Dada la variedad de providencias que existen, de su contenido y de la oportunidad en la que se dictan dentro del proceso, el legislador estableció diversas formas de notificación, de las cuales una es la principal (la notificación personal) y otras son

las subsidiarias (por edicto, por estado, por estrado y por conducta concluyente). De este modo, por encima de las formalidades que pretende el actor prevalezcan en este caso, relacionadas con la forma en la que se debe surtir la notificación personal, la Sala reitera que en nuestro ordenamiento jurídico, prevalece el derecho sustancial, al tenor de lo previsto en el artículo 228 de la Constitución. Y, como en el sub-lite el accionante conoció de la decisión y no se vislumbra violación alguna a sus derechos al debido proceso y a la defensa; no es dable afirmar que la actuación disciplinaria adolece de nulidad. Finalmente, sobre el argumento del demandante relacionado con la situación de detención domiciliaria que adujo para invocar la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Penal y así tachar de nulidad el trámite de la notificación; la Sala precisa que en este caso no son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, porque en materia de notificaciones, la Ley 734 de 2002 se aplica de preferencia al ser la norma especial. Y, si bien es cierto que el demandante se encontraba privado de la libertad, también lo es que gozaba del beneficio de la detención domiciliaria, lo que le permitió entrevistarse con el notificador quien fue hasta su residencia (lugar de la detención) y enterarse de primera mano de la decisión de la Procuraduría contenida en el proveído del 13 de febrero de 2007. Además, tal y como lo precisó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia al responder la solicitud que le elevó la Procuraduría General de la Nación para obtener la conducción del señor Fino Serrano a efectos de surtir la notificación; la decisión

del 13 de febrero de 2007 no era de carácter penal. Si hubiere sido de tal naturaleza, necesariamente se imponía la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Penal, pero ello no resultaba viable en el caso del actor, habida cuenta de que se trataba de una decisión administrativa que confirmaba la imposición de una sanción disciplinaria. De este modo, las disposiciones que debían aplicarse en materia de notificaciones eran las de la Ley 734 de 2002 por ser expresas y especiales, sin que tuviera incidencia la investigación penal o la situación de privación de la libertad (en el domicilio) en la que se encontraba el actor.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 100 / LEY 734 DE 2002ARTICULO 102 / LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 103 / LEY 734 DE 2002ARTICULO 104 / LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 105 / LEY 734 DE 2002ARTICULO 106 / LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 107 / LEY 734 DE 2002ARTICULO 108 / LEY 734 DE 2002 - ARTICULO 109

ESTUDIO PREVIO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA - Es un deber de la administración cumplir antes de la apertura del proceso de selección del contratista / VIOLACION LEGAL DE EFECTUAR LOS ESTUDIOS PREVIOS - Incide en la formación del contrato y en la etapa de ejecución / ESTUDIOS PREVIOS - Requisitos Cabe precisar que la exigencia legal de efectuar estudios previos no nació con la

expedición de la Ley 80 de 1993, pues la misma se ha contemplado reiteradamente en la legislación colombiana, en los distintos estatutos de contratación administrativa. En efecto, el artículo 72 del Decreto 150 de 1976 preceptuaba que “no podrá licitarse ni contratarse la ejecución de una obra sin que previamente se hayan elaborado los planos, proyectos y presupuesto respectivos y determinados las demás especificaciones necesarias para su identificación”. El mismo enunciado normativo se incorporó en el artículo 84 del Decreto - Ley 222 de 1983 y, finalmente, la Ley 80 de 1993, continuó con esa tradición jurídica. En vigencia del último cuerpo normativo, se expidió el Decreto 2170 de 2002, el cual regló de un modo más preciso la exigencia legal de los estudios previos. Sin embargo, la Sala no se referirá a éste por no encontrarse vigente al momento en el que se abrió la licitación VA 011 de 2002. De esta manera, los estudios previos constituyen un deber que la administración está obligada a cumplir antes de la apertura del proceso de selección del contratista, con el objeto de darle una mayor certeza a la relación contractual. La violación del deber legal de efectuar los estudios previos, vulnera los principios de planeación, economía, transparencia, responsabilidad, selección objetiva, eficiencia, entre otros y, además, incide tanto en la etapa de formación del contrato, como en la etapa de ejecución. En la primera porque puede afectar el proceso de evaluación de las propuestas, por cuanto impide la comparación objetiva de las mismas; y, en la segunda, porque en

el momento de la ejecución del contrato las omisiones de la Administración por falta de estudios y diseños definitivos generan serias consecuencias, en desmedro del interés general, los fines de la contratación y el patrimonio público; pues en los más de los casos conducen a modificar los precios, las cantidades y las condiciones técnicas inicialmente pactadas, generan el incremento de los costos del proyecto y, en el más grave de los casos, conducen a la paralización del contrato o a la imposibilidad de cumplir su objeto, situaciones que generalmente culminan en cuantiosos pleitos judiciales. FALSA MOTIVACION - Plantear el error de hecho o de derecho en que incurre la administración / FALSA MOTIVACION POR FALTA DE TIPIFICACION DE LA CONDUCTA - No motivado ni alegado en la demanda Esta Sala precisa que el cargo que se estudia no está bien formulado, porque de acuerdo con la jurisprudencia de ésta Corporación, la falsa motivación como vicio de ilegalidad del acto administrativo, puede estructurarse cuando en las consideraciones que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico. Estas circunstancias no fueron alegadas por el demandante en el cargo que nos ocupa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "B"

Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil once (2011).

Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00753-01(0532-08)

Actor: GUILLERMO FINO SERRANO Demandado: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Decide la Sala en única instancia1, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, interpuesta por el señor Guillermo Fino Serrano contra la Nación - Procuraduría General de la Nación.

LA DEMANDA GUILLERMO FINO SERRANO, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos2: 1 Mediante auto del 15 de octubre de 2008, al resolver el recurso de apelación que interpuso el actor contra el auto que rechazó la demanda, esta Corporación declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia funcional y avocó el conocimiento del asunto en única instancia. Adicionalmente corrió traslado al actor para que corrigiera la demanda (Folios 313 a 318 del cuaderno principal).- 2 La demanda, presentada el 25 de junio de 2007, obra a folios 4 a 86 del cuaderno principal. Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2008, el actor la corrigió y, esta Corporación la admitió a través del auto de 5 de febrero - El proferido por el Despacho del señor Procurador General de la Nación el 11 de octubre de 2006, mediante el cual le impuso las sanciones i) de destitución en el ejercicio del cargo de Presidente del Instituto de los Seguros Sociales y, ii) de inhabilidad para el ejercicio de funciones

públicas por el término de 12 años. - El que dictó el Procurador General de la Nación el 13 de febrero de 2007, a través del cual resolvió el recurso de reposición que interpuso el actor, y confirmó en todas sus partes la decisión previamente señalada. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, el demandante pretende: - Que se ordene el restablecimiento del derecho que le fue violado, dejando sin efecto las sanciones impuestas. - Que se ordene a la Procuraduría General de la Nación, borrar la respectiva anotación de las sanciones. - Que se condene a la entidad demandada a pagarle 1000 salarios mínimos, por concepto de los perjuicios morales que padeció como consecuencia de la expedición de los actos administrativos acusados. - Que se condene a la Procuraduría General de la Nación a pagarle $450.000.000 por concepto del lucro cesante y el daño emergente. - Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término previsto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo3. De manera subsidiaria, el actor pretende: - Que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra, por indebida notificación del acto administrativo de 2009 visible a folios 579 a 580 del cuaderno principal.- 3 Para relacionar las pretensiones, se tuvieron en cuenta los escritos de la demanda (folios 4 a 86 del cuaderno principal) y el de corrección a la misma (folios 387 a 503 del cuaderno principal). del 13 de febrero de 2007; toda vez que no se cumplieron los requisitos

establecidos en la Ley 734 de 2002, con lo cual se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso. - Como consecuencia de la anterior declaración, pretende que se ordene al Procurador General de la Nación, llevar a cabo la notificación del acto administrativo del 13 de febrero de 2007, garantizándole su derecho al debido proceso4. Para sustentar sus pretensiones, el demandante expuso los hechos que la Sala sintetiza así: - En el año de 1993, la Gerencia de la Clínica San Pedro Claver, envió a la Presidencia y Vicepresidencia del Instituto de los Seguros Sociales (ISS)5 un proyecto encaminado a llevar a cabo la reposición y adquisición de equipos para el departamento de radiodiagnóstico y radioterapia. Posteriormente envió otros proyectos de renovación de tecnología. - En el mes de febrero de 1997, el doctor Álvaro Gutiérrez, Vicepresidente de la IPS, solicitó cotizaciones a las principales casas comerciales de mayor representación del País, para la adquisición de equipos de imagenología; información que posteriormente fue evaluada para iniciar los estudios del proyecto. - Dicho estudio arrojó como conclusiones i) que el ISS se encontraba en un grave atraso de más de 30 años en relación a la tecnología de otros hospitales del País, ii) que existía una problemática en la contratación de todos esos servicios, pues los pacientes hospitalizados debían ser trasladados a otras instituciones para la realización de estudios en imágenes exponiéndolos a un inminente riesgo médico. - El 21 de abril de 1997, se inició el proyecto de adquisición de equipos en “imagenología para las clínicas del Seguro Social”. Al efecto, se

efectuaron visitas a las clínicas de diferentes ciudades y seccionales, con el fin de obtener datos históricos y estadísticos en servicios de 4 Ver, folio 503 del cuaderno principal. 5 En adelante, solamente ISS. imagenología, y se elaboraron cuadros de factibilidad financiera para el proyecto. - Con ocasión de las citadas visitas, se presentaron diversos reportes sobre i) la capacidad eléctrica de los hospitales, ii) el inventario nacional de los equipos existentes y, iii) el funcionamiento de los mismos. De ellos se confirmó el atraso tecnológico y las grandes dificultades que tienen las clínicas en la obtención de estudios imagenológicos de los niveles medio y alto. - Los días 25, 26 y 27 de septiembre de 1997, en las instalaciones del Hotel Dann en Bogotá, se realizó un taller de análisis sobre la situación tecnológica de las clínicas y hospitales del ISS, en el cual participaron varios de los funcionarios de ese Instituto. Las conclusiones de dicho taller fueron enviadas a la Presidencia del ISS. - Las Vicepresidencias Jurídica, Financiera y de Planeación del ISS, emitieron los respectivos conceptos y adelantaron estudios de mercados para la adquisición de equipos con las diferentes casas comerciales. - En el mes de marzo de 1998, la Coordinadora de Servicios de imagenología, presentó ante el Vicepresidente de la OPS, el informe titulado “proyecto de adquisición de equipos de imagenología”, el cual reposa a folios 7 al 9 del cuaderno 2 del expediente. - El 5 de marzo de 1999, la Vicepresidencia del ISS elaboró un cuadro que contiene las necesidades de unidades en cada clínica del ISS,

discriminando el tipo de equipo requerido6. - El 30 de agosto de 2001, la Doctora Diana Cristina Rivas, “Coordinadora Nacional de Servicios de Salud”, envió un listado de procedimientos quirúrgicos en espera para la red externa de prestadores de servicios de salud, del cual se infiere la deficiencia que tenía el ISS para la realización de exámenes de diagnóstico e imagenología. 6 El actor afirma que este obra a folios 18 a 24 del cuaderno 2 del expediente. - El 14 de noviembre de 2001, la doctora Carmenza Devia, Vicepresidenta de la IPS, elaboró un documento7 dirigido a los gerentes de las clínicas solicitándoles que en forma prioritaria enviaran las necesidades de equipos médicos hospitalarios que requerían para la prestación completa de servicios de salud. - El 19 de noviembre de 2001, se elaboró la primera acta de reunión para la iniciación del proyecto de dotación con tecnología de uso médico hospitalario y apoyo a las instituciones prestadoras de servicios de salud del ISS, la cual está firmada por el consultor externo Ricardo Gailer. - El 22 de noviembre de 2001, la Vicepresidencia de IPS, remitió un documento a la Presidencia del ISS, titulado “equipamiento con dotación médica hospitalaria en las clínicas del ISS”, en el cual se discriminan los objetivos, marco legal de las posibles contrataciones, antecedentes técnicos y la propuesta de minuta del contrato. - El 25 de noviembre de 2001, el doctor Mauricio Ramos, Jefe del Departamento Nacional Hospitalario, envió comunicación dirigida al señor Ricardo Galier, Consultor Externo, en el cual hace entrega de las

especificaciones técnicas básicas de las necesidades de dotación médica hospitalaria. - Al día siguiente, Ricardo Gailer, envió comunicación a la Presidencia del ISS, en la cual le informó de las actividades relativas al proyecto de dotación hospitalaria, en la que se relacionaron entre otras, la actualización que efectuó la Vicepresidencia de IPS de las necesidades de las clínicas y de la consulta tecnológica de mercado de equipos médico-hospitalarios de alto costo. - El día 3 de diciembre de 2001, la Vicepresidencia de IPS, envió carta dirigida a la directora jurídica nacional, en la cual relacionó una serie de parámetros a ser tenidos en cuenta para las futuras contrataciones. 7 Según el demandante, este documento obra a folio 4 del segundo cuaderno. - En su calidad de Presidente del ISS, con el fin de actualizar las necesidades en dotación y actualización de equipos, envió una comunicación a varias empresas, solicitándoles las diferentes alternativas tecnológicas existentes en el mercado, relacionadas con imagen de diagnóstico (análisis y estudio de las condiciones de mercado). - Adicionalmente, a efectos de racionalizar el gasto, conformó un grupo de apoyo para el desarrollo del proyecto y, en diciembre de 2001, suscribió un documento técnico contentivo de la justificación para la adquisición de equipos de imagenología y diagnóstico al interior del ISS, en el cual se analizaron i) el estado actual de las tecnologías en las clínicas del ISS, ii) los indicadores internacionales y iii) el análisis costo – beneficio. - En el mes de enero de 2002, la Dirección de Planeación Corporativa del ISS, informó que en el presupuesto para la vigencia fiscal de ese año,

existía la respectiva apropiación presupuestal para el plan de dotación de clínicas y la correspondiente ficha técnica. - En el mes de agosto de 2002, la situación de atraso tecnológico no había cambiado. LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN A juicio del actor, los actos administrativos demandados desconocen las siguientes disposiciones8: - De la Constitución Política, los artículos 13, 29 y 277. - Del Código Contencioso Administrativo, el artículo 84. - De la Ley 734 de 2002, los artículos 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 100 a 107, 150 y 152. - De la Ley 80 de 1993, el artículo 25, numerales 7 y 12. - De la Ley 600 de 2000, el artículo 310. - De la Ley 200 de 1995, el artículo 140. 8 Relacionadas en el acápite de “fundamentos de derecho”. - Del Código de Procedimiento Penal, los artículos 177, 178 y 184. - Del Decreto 2179 de 2002, el artículo 8. Sustentó el concepto de la violación mediante extensos argumentos que agrupó en diez “cargos”,9 los cuales se dejarán enunciados como aparece a continuación. La Sala precisa que, para efectos metodológicos, en el acápite de las consideraciones se referirá in extensu a los argumentos que expuso el demandante10. En ese orden, en criterio del señor Guillermo Fino Serrano los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad porque:

1. La entidad demandada le vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa y, además, desconoció el bloque de integración normativa11. Al efecto, manifestó que: 1.1. Hubo una falla exclusivamente imputable a la comisión investigadora, pues se abstuvo de practicar una prueba que ordenó el señor Procurador General de la Nación: No incorporó al expediente el informe que rindió Ricardo Gailer y, en consecuencia, la sanción se fundamentó en un supuesto fáctico inexistente. 1.2. Le violó la garantía del Juez Natural: no le respetó la doble instancia. 1.3. Desconoció los términos para investigar y para practicar pruebas. 1.4. Ordenó el cierre de la investigación sin haber culminado la ampliación de la versión libre. 9 Que el actor denominó “fundamentos de derecho”. 10 Los cargos de nulidad que plantea el demandante, son básicamente dos: i) violación a los derechos al debido proceso y a la defensa y ii). falsa motivación. Bajo ese parámetro, la Sala agrupará los argumentos del actor, refiriéndose en primer término a los cargos relacionados con la violación a los derechos al debido proceso y a la defensa. 11 O bloque de constitucionalidad. 1.5. Desconoció los principios fundamentales que deben orientar el proceso disciplinario, contemplados en la Ley 734 de 2002, a saber: 1.5.1. El principio de ilicitud sustancial (artículo 5). 1.5.2. El derecho al debido proceso (artículo 6). 1.5.3. La garantía del Juez Natural. 1.5.4. El derecho a rendir la versión libre sin apremios.

1.5.5. La dignidad humana (artículo 8). 1.5.6. La presunción de inocencia. 1.5.7. La duda razonable. 1.5.8. El principio de celeridad (artículo 12). 1.5.9. El principio de favorabilidad (artículo 14). 1.5.10. El principio de igualdad (artículo 15). 1.5.11.El derecho a la defensa (artículo 16). 1.5.12. El principio de proporcionalidad (artículo 18). 1.5.13. El principio de interpretación de la Ley disciplinaria (artículo 20). 1.5.14.El principio de integración normativa. 1.6. No le notificó en debida forma, el fallo definitivo que le impuso la sanción.

2. Los actos administrativos demandados adolecen de “falsa motivación”, porque: 2.1. Sí existen los estudios previos a la apertura del proceso de licitación VA 011 de 2002. 2.2. La sanción que le fue impuesta estuvo sustentada en supuestas afirmaciones que nunca fueron expresadas por el señor Ricardo Gailer y, en consecuencia, el señor Procurador General profirió un fallo contrario a la realidad de los hechos. 2.3. Las consideraciones de la Procuraduría son absolutamente contradictorias, y carecen de los elementos fácticos y jurídicos que permitan configurar la tipicidad necesaria para sancionar. 2.4. Con la expedición de los actos demandados la entidad demandada vulneró normas superiores y desconoció i) el derecho al debido proceso y, ii) el contenido de una sentencia de revisión de constitucionalidad que

es de obligatorio cumplimiento (C-818 de 2005) y que desde su expedición está integrada al bloque de constitucionalidad. 2.5. La contratación de la asesoría del señor Ricardo Gailer, era necesaria para efectos de preparar el estudio previo.

LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Procu