CE-25000-23-25-000-2011-01201-01(0745-18)-2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO REALIDAD /

PRUEBA DE LA RELACIÓN LABORAL

[E]n cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando: (i) no puedan realizarse con el personal de planta o se (ii) requieran de conocimientos especializados. De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social, además de tener un límite temporal, siendo solo posible por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada. […] [E]l ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una verdadera relación laboral personal subordinada y dependiente. En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador. […] [Q]uien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo.

FUENTE FORMAL: CP - ARTÍCULO 53 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32

NUMERAL 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 25000-23-25-000-2011-01201-01(0745-18)

Actor: ALESSANDRA VÁSQUEZ ECHEVERRI

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - FONDELIBERTAD Referencia: CONTRATO REALIDAD La Sala decide el recurso de apelación presentado por la demandada contra la sentencia adiada el 18 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”, mediante la cual se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La demanda1

1. La señora ALESSANDRA VÁSQUEZ ECHEVERRI, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A, presenta demanda en contra de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FONDELIBERTAD, para que se declare la existencia una relación laboral entre las partes del litigio (fl.606).

Pretensiones

2. Se declare nulo el acto administrativo contenido en el Oficio Número 20111200002951 – MDVPAIDODLP-22, de 10 de mayo de 2011 (fl.639), que expide la Directora Operativa de FONDELIBERTAD y que niega a la actora su reclamación administrativa de reconocimiento y pago de derechos laborales y

prestacionales, como PSICÓLOGA en igualdad de condiciones a los cargos vinculados de planta en la demandada (fl.615).

3. Conforme a lo anterior, se declare la existencia de una relación laboral, sin solución de continuidad entre las partes de la demanda, durante el periodo del 10 de marzo de 2003, hasta el 11 de mayo de 2009 (fl.606). Así, se reconozca y pague a la demandante, todos los derechos laborales y prestacionales causados en dicho periodo frente al cargo de una Psicóloga de Planta de la demandada, y

(fl.616) a las demás consecuenciales. Al pago de costas y agencias en derecho (fl.617) Fundamentos fácticos

4. Refiere la demandante ALESSANDRA VÁSQUEZ ECHEVERRI que prestó sus servicios para la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FONDELIBERTAD, ejerciendo funciones como PSICÓLOGA en los GAULAS del Valle, Cali, Buenaventura y Bogotá, por medio de reiteradas órdenes de prestación de servicios, sin solución de continuidad, cumpliendo un horario asignado en forma habitual y permanente, recibiendo una remuneración, bajo subordinación a un jefe 1 Folios 606 a 627. inmediato, desde el 10 de marzo de 2003, hasta el 11 de mayo de 2009 (fls.606 a

615).

5. Se establece dentro del plenario, que la actora elevó reclamación administrativa ante FONDELIBERTAD, solicitando el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de prestaciones sociales, el 29 de abril de 2011(fl.639), a lo cual aquel respondió mediante el acto administrativo

demandado, negando dichas expectativas (fls.640 a 644).

6. Se constata audiencia de conciliación extrajudicial declarada fallida entre las partes, ante la Procuraduría 146 - Judicial II para Asuntos Administrativos, el 30 de noviembre de 2011 (fl.14, C. Anexo), interpuso demanda la actora ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 5 de diciembre de 2011 (fl.628), admitida el 11 de septiembre de 2012 (fl.164), con sentencia de 18 de mayo de 2017, la cual accede parcialmente a las pretensiones de la demanda (fls.783 a 793) y que fuera apelada por el convocado el 8 de junio de 2017 (fls.797 a 802).

Concepto de violación

7. Para la demandante con la expedición del acto acusado, vulnerados resultan los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política, de tal forma que se afectaron los principios a la igualdad y primacía de la realidad sobre las formalidades al promoverse una indebida aplicación del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, siendo que se ejecutaron reiterados contratos de prestación de servicios que desnaturalizaron la relación contractual, donde existió el cumplimiento por parte de la actora de las mismas funciones que sus pares de planta (fls.617 a 624).

Oposición a la demanda2

8. La entidad accionada sostiene que deben desestimarse todas las pretensiones de la demanda, ya que el acto demandado goza de presunción de legalidad, sin falsa motivación y sin desviación de poder, porque la modalidad de contratación

estuvo de acuerdo a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, y normas afines a los requerimientos exigidos; se cumplieron las obligaciones contractuales, actuó la administración de buena fe y en la relación laboral alegada no aparecen los 2 Folios 674 a 687. elementos fundantes de una relación laboral, en especial el elemento de la subordinación (fls.676 a 684). Sentencia apelada3

9. La sentencia accede parcialmente a las pretensiones de la demanda; encuentra el Tribunal de Instancia que la actora logra acreditar los elementos esenciales de la relación laboral, así falla declarando la nulidad del acto administrativo discutido. Lo anterior lo considera frente a los contratos aportados dentro del plenario, la documental diversa que demuestra subordinación en la relación, y que afirman los testimonios recibidos, en cuanto a las funciones, asignadas a la accionante, las establece del resorte y naturaleza de la entidad con lo que se desnaturalizó la relación contractual (fls.788 a 792).

10. Así, falla (fls.793 y 793, vto.): “PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo con radicado No. 20111200002951-MDVPAIDODLP-22 de 10 de mayo de 2011, proferido por la Directora Operativa para la Defensa de la Libertad

Personal del Ministerios de Defensa Nacional.

SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fondelibertad: a) A reconocer y pagar a la doctora Alessandra Vásquez Echeverri,

identificada con la Cédula de ciudadanía número 66.771.819 de Palmira, todos los valores, que por concepto de prestaciones sociales debieron liquidarse, según lo que devenga una psicóloga de planta del Ministerio de Defensa Nacional y correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2003 y el 11 de mayo de 2009; b) En cuanto a los aportes al sistema de seguridad social que inciden en el derecho pensional, deberá tomar el ingreso base de la cotización (IBC) de la demandante, mes a mes, y si existe diferencia en los aportes realizados como contratista y de los que se debieron efectuar, cotizar al fondo de pensiones la suma faltante en el porcentaje que le correspondía como empleador, teniendo en cuanta las cotizaciones realizadas por la actora.

TERCERO: DECLARAR que el tiempo laborado por la señora Alessandra Vásquez Echeverri en Fondelibertad bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, desde el 10 de marzo de 2003 y el 11 de mayo 3 Folios 268 a 293. de 2009, salvo sus interrupciones, se debe computar para efectos pensionales.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa NacionalFondelibertad, realizar sobre los valores que resulten de la presente condena la actualización referida en la parte motiva de esta sentencia.” Recurso de apelación

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FONDELIBERTAD4

11. Recurre el fallo de instancia, bajo los cargos de (i) inexistencia del elemento de la Subordinación, ya que existe una indebida valoración del material probatorio

pues es lógico que una Psicóloga deba ejercer sus funciones desde un consultorio con una jornada laboral, (ii) inexistencia de una relación laboral, sin sus elementos propios, (iii) errónea apreciación en la continuidad del servicio pues existieron interrupciones entre los contratos (fls.798 a 800). Alegatos de conclusión y Concepto del Ministerio Público en segunda instancia

12. La demandante reitera los argumentos de la demanda y se queja de que no se concede el pago de la sanción moratoria (fls.837 a 852); FONDELIBERTAD guarda silencio (fl.853). El Ministerio Público no eleva concepto (fl.853).

CONSIDERACIONES Planteamiento del problema jurídico

13. Revisado el recurso de apelación que ha interpuesto la accionada, en cuanto difiere del análisis probatorio efectuado por el Tribunal de Instancia, se establecen como problemas jurídicos a resolver en la actual controversia, (i) si existió una relación laboral entre las partes o esta obedeció a lo regulado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y (ii) si de haberse probado dicha relación alcanzaría a las pretensiones reconocidas el fenómeno prescriptivo.

14. El desacuerdo jurídico estimado hace necesario acudir al estudio de la normatividad y la jurisprudencia relacionada al contrato realidad y al caso concreto y así entrar a examinar el caudal probatorio a fin de establecer si sobrevino la 4 Folios 797 a 801. realidad sobre las formas, para determinar si operó para el particular el fenómeno jurídico de la prescripción.

Normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto

15. El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, posibilita celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público: “ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (…) 3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.” (Subrayado propio)

16. De tal forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando: (i) no puedan realizarse con el personal de planta o se (ii) requieran de conocimientos especializados.

17. De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social, además de tener un límite temporal, siendo solo posible por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada.

18. Justamente la Corte Constitucional en Sentencia C-154-97, estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una verdadera relación laboral personal subordinada y dependiente. En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

19. En este mismo sentido, la sentencia de Unificación5 de la Sección Segunda de esta Corporación, con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, indicó: “De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de

coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales6”.(Subraya la Sala)

20. De tal forma, se hace necesario remitir al citado artículo 53 de la Constitución Política que dispone frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. “ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

5 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN

SEGUNDA. Consejero Ponente: Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER. Bogotá D.C., Veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 230012333000201300260 01 (008815) CE–SUJ2-005-16. 6 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10).

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”

21. Por su parte, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo7, señala los elementos esenciales del contrato de trabajo, de la siguiente manera: “ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres

elementos esenciales: a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.” (Subrayado propio)

22. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.

23. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo. 7 Modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

El caso concreto

24. La señora ALESSANDRA VÁSQUEZ ECHEVERRI, dice haber laborado para la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - FONDELIBERTAD, desde el 10 de marzo de 2003, hasta el 11 de mayo de 2009, como PSICÓLOGA, manifestando

que fue contratada mediante reiterados contratos de prestación de servicios que buscaron evadir la existencia del verdadero vínculo laboral que sostuvo con

FONDELIBERTAD.

25. De tal forma, se encuentran aportados por FONDELIBERTAD (fls.152 a 190) e incorporados en debida forma, según se aprecia en requerimiento del Tribunal de Instancia 11 de septiembre de 2011 (fls.664 y 673), los siguientes contratos suscritos entre los extremos procesales, y que indican los vínculos contractuales

entre los extremos del litigio (cuaderno anexo): Número de Plazo Valor Fechas Objeto Contrato 044 - 2003 1 mes $1.419.355 10 a 30 de marzo En virtud de la presente orden, el Suscrito 6 de 2003 CONTRATISTA se obliga para con FONDELIBERTAD a prestar sus servicios de marzo de personales como psicóloga, en las 2003 (fl.17) actividades de asesoría psicológica que desarrolla el Fondo para la Defensa de la Libertad Personal en los Gaula Cali (Avanzada Palmira y Tuluá), Valle y Buenaventura, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, documento que forma parte integral de la presente orden. 73 -2003 3 meses $6.000.000 3 de abril a 30 de Ibídem. 3 de abril junio de 2003 2003 (fl.24) 109-2003 3 meses $6.000.000 1° de julio a 30 Ibídem. 1° de julio de septiembre de de 2003 2003 (fl.29)

151-2003 3 meses $6.000.000 1° de octubre a Ibídem. 1° octubre 31 de diciembre de 2003 de 2003 (fl.36) 002-2004 3 meses $8.000.000 3 de febrero a 30 Ibídem. 3 de febrero de abril de 2003 de 2004 (fl.54) 135-2004 4 meses $8.000.000 13 de mayo a 13 Ibídem. 13 de mayo de septiembre de de 2004 2004 (fl.63) 242-2004 5 meses $13.416.000 21 de septiembre Ibídem. 21 de de 2004 a 28 de septiembre febrero de 2005 de 2004 (fl.92) 23-2005 6 meses $15.000.000 1° de marzo a 31 Ibídem. 1° marzo de de agosto de 2005 (fl.100) 2005 167-2005 6 meses $15.825.000 1° de septiembre Ibídem. 1° de 2005 a 28 de septiembre febrero de 2006 de 2005 (fl.106) 43-2006 10 $26.375.000 1° de marzo a 31 Ibídem. 25 de enero meses de diciembre de de 2006 2006 (fl.112) 24-2007 12 $33.232.500 1° de marzo de Ibídem. 1° de marzo meses 2007 a 29 de de 2007 febrero de 2008 (fl.125) Adición 24 – 5 meses $16.616.250 29 de febrero a Ibídem. 2007 31 de julio de 29 de 2008 febrero de 2008 (fl.132)

119-2008 8 meses $23.816.625 2 de agosto de Prestar sus servicios profesionales como 2 de agosto 2008 a 31 de Psicóloga como apoyo a la gestión del Ministerio de Defensa Nacional – de 2008 marzo de 2009

FONDELIBERTADCONASE, de

(fl.138) conformidad con el objeto y las obligaciones del contrato. 047-2009 7 meses $24.733.333 27 de abril a 30 Ibídem. 27 de abril de noviembre de de 2009 2009 (fl.156)

26. Entonces, se tiene que el objeto se determinó en unos de los contratos así: “En virtud de la presente orden, el CONTRATISTA se obliga para con FONDELIBERTAD a prestar sus servicios personales como psicóloga, en las actividades de asesoría psicológica que desarrolla el Fondo para la Defensa de la Libertad Personal en los Gaula Cali (Avanzada Palmira y Tuluá), Valle y Buenaventura, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, documento que forma parte integral de la presente orden.” En los otros así: “Prestar sus servicios profesionales como Psicóloga como apoyo a la gestión del Ministerio de Defensa Nacional – FONDELIBERTADCONASE, de conformidad con el objeto y las obligaciones del contrato.”

27. Aunado a lo anterior, están las siguientes obligaciones de la contratista, que dentro del particular se consignan, así: “En desarrollo de la presente orden, el CONTRATISTA contra las siguientes obligaciones específicas: 1. Prestar Asistencia psicológica a familias y víctimas de delitos que atentan contra la libertad personal en especial el secuestro y la extorsión. Resultado Esperado: Familias y

Víctimas atendidas según requerimientos. 2. Desarrollar actividades de capacitación y asistencia dirigidos al personal de los grupos GAULA.

Resultado Esperado: Plan de Capacitación elaborado y oportunamente ejecutado según cronogramas. 3. Realizar actividades de prevención dirigidas a diferentes poblaciones para promover conciencia sobre la forma de reducir la vulnerabilidad ante los delitos que atentan contra la Libertad Personal. Resultado Esperado: Plan de actividades de prevención debidamente elaborado y ejecutado según cronograma. 4.

Proporcionar información relevante para el desarrollo de las investigaciones y estudios de base para la fijación y determinación de protocolos de atención a víctimas de delitos que atentan contra la Libertad Personal especialmente el secuestro y la extorsión. Resultado Esperado: Informaciones mensualmente otorgadas según parámetros e instructivos para el efecto determinados por el área coordinadora de investigaciones en FONDELIBERTAD. 5. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad requerida. Resultado esperado: Informes periódicos debidamente rendidos. 6. Presentar un informe final de las actividades desarrolladas.

Resultado esperado: Rendición informe final aprobado por el superior. 7.

Participar en el diseño del sistema de información de Fondelibertad y controlar su operación, mantenimiento y actualización en lo de su responsabilidad. 8. Asistir en representación del Fondo a reuniones y demás actividades oficiales, cuando medie delegación o designación y presentar informe al respecto. 9. Recomendar las acciones que deban aplicarse para el logro de los objetivos y las metas institucionales y de las

áreas de desempeño. 10. Evaluar y responder por la calidad y oportunidad de los trabajos realizados por el equipo de trabajo. 11. Rendir los informes que le sean solicitados, además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo. 12. Velar por el adecuado control de los bienes a su servicio para la prestación del servicio. 13. Velar por el cumplimiento de las normas que apliquen para Fondelibertad. 14. Formular planes, proyectos y programas relacionados con el área para el estudio de la Dirección. 15. Responder por la alimentación y actualización del sistema de información que adopte la entidad, en el área de desempeño. 16. Controlar las actividades necesarias para la implementación y el desarrollo de los servicios de archivo y correspondencia de Fondelibertad de conformidad con los lineamientos del archivo General de la Nación. 17. Dirigir la atención oportuna de las acciones de tutela, cumplimiento, populares y derechos de petición que sean de su competencia. 18. Propiciar la aplicación de indicadores de gestión, mecanismos de evaluación y control de los procesos a cargo de la dependencia, en aras de fortalecer el sistema de control interno de Fondelibertad. 19. Propiciar la cultura de autocontrol en las obligaciones de su cargo. 20. Elaborar planes de intervención y tratamiento psicológico para la población infantil que está azotada por el delito de secuestro teniendo en cuenta las características y necesidades de la región a cubrir. 21. Colaborar con las distintas etapas de construcción del Sistema de Información que asuma Fondelibertad, desde la definición de requerimientos hasta la implementación y

aceptación del sistema. 22. Mantenerse afiliada durante la ejecución del contrato al Sistema General de salud y pensiones exigidos por la Ley 23. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del presente contrato: PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de estas actividades y la obtención de sus correspondientes resultados el contratista independiente deberá guardar la reserva profesional, a propósito de los datos e informaciones que deba manejar por ser inherente a las labores señaladas. También guardará igual reserva y cumplirá las normas éticas y las leyes y las demás actividades afines derivadas o necesarias para realizar en debida forma las (…)”

28. Ahora bien, FONDELIBERTAD fue una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional creada en el año de 1996, la cual asumió las funciones del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, encargada de coordinar los recursos humanos y materiales para la lucha contra el secuestro y demás delitos atentatorios contra la libertad personal. Fue creada por medio de la Ley 282 de 1996, “por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones”; y su objeto era contribuir con los recursos necesarios para cubrir de manera subsidiaria los gastos de dotación y funcionamiento de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, que no puedan ser asumidos por las instituciones que los integran, realizar labores de prevención y asistencia integral a las víctimas de secuestro y atender los gastos correspondientes de la Secretaría Técnica, así como los del Consejo Nacional de Lucha contra el

Secuestro y demás Atentados contra la Libertad Personal, Conase.

29. Aun cuando el Decreto 4890 de 2011, “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.”, en su artículo 388, derogó el Decreto 3123 de 20079, este último amplío, y contenía al momento de la actividad de la actora para la demandada, las siguientes funciones: “ARTÍCULO 4º. Dirección de Fondelibertad. Modificado por el Artículo 2 del Decreto 4320 de 2010. A través del manejo de sus recursos, Fondelibertad, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, realizará y desarrollará las siguientes funciones y operaciones para la financiación de las políticas, estrategias integrales, programas, proyectos y demás actividades relacionadas con la lucha por la erradicación de las conductas

que atenten contra la libertad personal:

1. Financiar o cofinanciar los gastos de dotación y funcionamiento de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, que no puedan ser atendidos directamente por las instituciones integrantes de los mismos.

2. Contribuir con los recursos necesarios para el pago de las recompensas monetarias que podrán reconocerse, de acuerdo con artículo 13 de la Ley 282 de 1996 y sus normas reglamentarias. 8 ARTÍCULO 38. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los Decretos 3123 de 2007, 4481 de 2008, 4483 de 2008 y 4230 de 2010, y modifica parcialmente el Decreto 49 de 2003 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

9 “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.”

3. Tener a su cargo la administración y custodia de los bienes incautados en razón de su utilización para la comisión de delitos de secuestro y extorsión o que sean producto de los mismos y definir su destinación provisional, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.

4. Contratar el seguro colectivo a que se refiere el artículo 22 de la Ley 282 de 1996.

5. Atender los gastos operativos de funcionamiento y demás necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás Atentados contra

la Libertad Personal, Conase.

6. Administrar los recursos destinados a la financiación de las funciones asignadas al Ministerio de Defensa Nacional para la defensa de la libertad personal, que disponga la ley o provenientes de créditos, de la cooperación internacional, de do