CE-25000-23-26-000-1997-04245-01(22630)-2002

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO OCASIONADO POR OMISIÓN / INGRESO

CORRIENTE DE LA NACIÓN / PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO CORRIENTE DE LA NACIÓN / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL INGRESO CORRIENTE DE LA NACIÓN / MUNICIPIO / PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO /

PARTIDA PRESUPUESTAL / REAFORO EN EL INGRESO CORRIENTE DE LA

NACIÓN / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA La Sala en diferentes oportunidades ha sostenido que la caducidad consiste en la extinción del derecho a la acción o del recurso, por vencimiento del termino concedido para su ejercicio. El artículo 136º.- numeral 8º del C.C.A., modificado por el artículo 44º.- de la ley 446 de 1998, prevé que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. (…) De acuerdo con la anterior disposición se deduce que la caducidad de la acción se produce por el fenecimiento de la oportunidad por parte del interesado por haber dejado transcurrir el plazo para ejercerla. (…) Se trata, en efecto, de pretensiones referidas a la declaración de responsabilidad de la Nación por el perjuicio causado como consecuencia de una omisión administrativa. (…) la caducidad de la acción sólo se encuentra probada respecto de las pretensiones referidas al reconocimiento de los perjuicios causados por el pago retardado de las partidas

correspondientes a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, tratándose de las que fueron giradas al Municipio de SUAREZ (Cauca) con anterioridad al 30 de mayo 1995, esto es, todas aquéllas correspondientes a las vigencias 1993 y 1994.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136.- NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PÚBLICOS / SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / PAGOS EN EL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / DEMORA EN PAGOS EN EL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / INTERÉS MORATORIO /

IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / FALLA DEL SERVICIO /

DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO NACIONAL / CONFIGURACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

[S]e concluye que la Nación Colombiana es responsable por la mora en que incurrió al pagar al Municipio de SUAREZ (Cauca) las sumas de: 1. El reaforo correspondiente a 1995, (…) 2. Reserva de apropiación correspondiente a 1996 (…) Se precisa, por lo demás, que la obligación de efectuar los pagos respectivos estaba a cargo de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales. (…) En relación con la tasa de interés que debe ser utilizada para el cálculo de los intereses de mora, considera la Sala que le asiste razón al representante del Ministerio Público, en cuanto

afirma que no resulta aplicable, en este caso, el artículo 884 del Código de Comercio, dado que no se trata de una operación mercantil. (…) Finalmente, la suma obtenida, correspondiente a lo debido por concepto de intereses de mora, debe actualizarse a la fecha de esta sentencia, con base en la fórmula utilizada reiteradamente por la Corporación para obtener el valor presente de la renta, según la cual la renta actualizada (Ra) equivale a la renta histórica (suma debida en el momento en que debía efectuarse el respectivo pago, multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes en que se profiere la sentencia, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se produjo el hecho dañino, esto es, aquél en que comenzó la mora.

FUENTE FORMAL: DECRETO 359 DE 1995 - ARTÍCULO 28 / DECRETO 360 DE 1996 -ARTÍCULO 9

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver: sentencia de 26 de septiembre 2000, Radicación No. 4458 consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Sobre el interés de mora en casos de responsabilidad extracontractual, ver: sentencia del 28 de septiembre de 2000, expediente 11838 consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PÚBLICOS / SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / PAGOS EN EL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES / CONTRATO DE CONCESION

DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR / INGRESO CORRIENTE DE

LA NACIÓN POR CONTRATOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO De la lectura de las pretensiones tercera y cuarta de la demanda, así como de los hechos y argumentos presentados como fundamento de las mismas, se desprende claramente que aquéllas hacen relación al pago de un lucro cesante y de un capital insoluto por concepto de las transferencias debidas, en virtud de lo ordenado por la Corte en el fallo citado. [C-413 de 1995] (…) En estas condiciones resulta inaplicable el artículo 4º de la Constitución Política, en relación con el numeral 2.7 del artículo 1º de la Ley 168 de 1994, por la cual se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 1995. Entonces, los dineros recibidos por la Nación por la concesión del servicio de telefonía móvil celular, en el año 1994, ejecutados con anterioridad a la notificación de la sentencia C-423 del 21 de septiembre de 1995, no pueden ser considerados ingresos corrientes de la Nación, sino recursos de capital y, en consecuencia, es claro que no surgió para la Nación, respecto de un porcentaje de ellos, la obligación de transferirlos al Municipio de SUAREZ (Cauca). En este orden de ideas, es evidente para la Sala la improcedencia de la declaración de la responsabilidad de la Nación por los perjuicios causados como consecuencia del no pago de dichos recursos. (…) la pretensión de declaración de responsabilidad está sustentada en el no pago de unos dineros que, según lo

afirma el apoderado del municipio demandante, se deben a éste último, situación que constituye una típica falla del servicio, referida concretamente a la aplicación de una norma contraria a la Constitución, esto es, el numeral 2.7 del artículo 1º de la Ley 168 de 1994, para definir la naturaleza de los recursos recibidos por la concesión del servicio de telefonía móvil celular, antes de la declaratoria de inexequibilidad de la misma. Así las cosas y dado que, según lo explicado, la contradicción con la Carta Política no existe con respecto a las situaciones consolidadas con anterioridad a la notificación del pronunciamiento de la Corte contenido en el fallo C-423 de 1995, ni puede ser válidamente declarada por el juez contencioso administrativo, es claro que aquella pretensión FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 4 / LEY 168 DE 1994 - ARTÍCULO 1 NUMERAL 2.7

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre 2000, Radicación No. 4458 consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. Corte Constitucional C-423 de 1995 magistrado ponente

Fabio Morón Diaz

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente: JESÚS MARIA CARRILLO BALLLESTEROS

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil dos (2002) Radicación número: 25000-23-26-000-1997-04245-01(22629)

Actor: MUNICIPIO DE SUAREZ (CAUCA)

Demandado: NACION-MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) En cumplimiento de la decisión adoptada por la Sala en sesión del 23 de mayo de 2002 –que consta en el acta 017–, en el sentido de fallar con prelación el presente proceso, dada su trascendencia social, se procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de descongestión para Fallos de veintitrés (23) de noviembre de 2001, en cuanto dispuso: “PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. “SEGUNDO: Remítase el expediente al Director Seccional de Administraci6n Judicial para los efectos señalados en el artículo 7 del Acuerdo número 810 del 28 de junio de 2000”.

ANTECEDENTES El 30 de mayo de 1997, el Municipio de Suárez (Cauca), por intermedio de apoderado, entabló demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa contra el Estado por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual expuso: 1) Que el Ministerio de Hacienda pagó las cuota parte bimensuales de las transferencias a que tiene derecho mi mandante en cada liquidación anual y la cuota parte de reserva o de reaforo en forma morosa, según habrán de determinar los peritos en el transcurso del proceso. 2) Que se condene al demandado a pagar el valor de el lucro cesante por

el pago tardío de los dineros percibidos por el demandante en relación con las transferencias pagadas hasta la fecha, en relación con los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, habida consideración de los términos señalados en la Ley 60 de 1993 para el respectivo pago y el efectivo giro, todo ello de conformidad con el experticio (sic) de los señores peritos. 3) Que se condene también al demandado al pago del lucro cesante y/o costo de oportunidad –intereses de mora– de los dineros percibidos por concepto de la venta del espectro electromagnético en comunicaciones telefónicas –telefonía celular–, teniendo en cuenta que dichos valores que debieron ingresar al municipio, estricto sensu, durante la ejecución del presupuesto de 1994, y concretamente a partir del mes de mayo de 1994 –todo ello de conformidad con las apreciaciones de la Corte Constitucional en el referido fallo No. C-423 de septiembre 21 de 1995, teniendo en cuenta para la mora el término en que efectivamente ingresen los dineros al Municipio. 4) Que se proceda al pago del capital aún insoluto por concepto de las transferencias que corresponden al demandante por la venta de la telefonía celular, habida consideración de que los pagos efectuados hasta la fecha han abonado en primer término los intereses debidos y en segundo término el capital adeudado por el Estado Central y ello en el entendido de que al comenzar la entrega de los dineros con 5 meses de retraso a lo ordenado por la Corte en relación con el primer período (septiembre-octubre de 1995) y así sucesivamente con relación al segundo por cada año calendario (sic).

1. Que una vez sea condenado el Estado, por intermedio del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – NACIÓN, se cumpla efectivamente la sentencia respectiva, y se efectúe el respectivo ajuste de dichas condenas, en la forma en que lo prescriben los artículos 177 y 178 del C.C.A.

La causa petendi de la acción consistió en :

1. El concepto de las Transferencias y del Situado Fiscal yacía en el artículo 182 de nuestra Constitución Nacional de 1886. Posteriormente se consagró en forma más concreta mediante la Reforma Constitucional de 1968, con miras a alcanzar una repartición más equitativa de los recursos ordinarios de la nación, sin que tuvieran una destinación especial, y de esta forma descentralizar su distribución, fortaleciendo así a las diferentes regiones del país, que anteriormente se veían perjudicadas por la forma centralista de repartir dichos recursos. Se dividían entre los departamentos, territorios nacionales y el Distrito Especial de Bogotá. Esta proporción de los "ingresos ordinarios" se distribuía así: a) El 30% de esa base se repartía por partes iguales entre las entidades destinatarias, denominado situado territorial, b) Y el 70% era repartido en consideración a la población de cada entidad territorial, llamado situado poblacional.

Esta norma superior fue reglamentada posteriormente por la ley 46 de

1971. El artículo en mención definía el Situado Fiscal como una participación en los "ingresos ordinarios".

2. A su vez, el nuevo artículo 358 <1e la Constitución Política de 1991, modifica el término de "ingresos ordinarios" por el más amplio concepto de

los “ingresos corrientes", definidos como aquellos "... ingresos tributarios y no tributarios con Excepción de los recursos de capital”, este último concepto se entendía unido a tres aspectos excepcionalmente excluidos del rubro de INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION y concretamente la participación en los nuevos impuestos que llegaré a crear el Congreso, aquellos arbitrados por medidas de emergencia económica, y por el primer año de vigencia, los ajustes a tributos existentes.

3. Así mismo, la Constitución también fue más amplia en la descentralización fiscal al cambiar la base sobre la cual habría de operar la liquidación de la nueva transferencia, que no seguiría siendo el IVA, como ocurría en el régimen anterior, y sobre el cual se hará mención más adelante, para sustentarlo en un concepto de Hacienda pública mucho más amplio o genérico: Ingresos Corrientes de la Nación.

4. En nuestro país hemos tenido un lento proceso legislativo que desarrollaba esa norma constitucional, ( Art. 182 ), para concluir en la reforma de 1991 pero cuyas raíces se encontraban en leyes profundamente descentralistas desde el punto de vista fiscal; entre las cuales sobresalen: a) La Ley 12 de 1986 (Por la cual se dictan normas sobre la cesión del impuesto a las ventas IVA., ordenando el incremento de las transferencias provenientes de ese gravamen a los municipios hasta alcanzar un 50%). b) La Ley 14 de 1983 (que ordena la cesión de algunas rentas de tipo nacional a los Municipios, Vg. impuesto de rodamiento).

5. La concepción de dicha normatividad, con el objeto de distribuir los ingresos

corrientes de la Nación a las entidades territoriales, se fundamentaba en los siguientes criterios: a) El número de habitantes de la respectiva región. b) Que tan sólo fuere un porcentaje creciente de tales ingresos, sin tener en cuenta si eran suficientes o no para las necesidades locales. c) Se encontraban orientados indiscriminadamente a varios rubros presupuéstales, principalmente educación, salud, acueducto, alcantarillado e incluso se hablaba de un porcentaje para erogarlos en inversión. d) Existía control (incluso jerárquico) de muy diversa índole para su manejo. Por ejemplo el control previo que ejercía la Contraloría General de la República, el cual fue eliminado.

6. La aplicación del Situado Fiscal y las Transferencias en esa época, era el reflejo de los fundamentos constitucionales vigentes, y en especial de los conceptos de Estado Unitario y de "descentralización administrativa"; ésta se aplicada para entonces en una forma muy tenue, lo cual conducía a que los estudiosos del derecho público en nuestro país consideraran a Colombia como un Estado desconcentrado, puesto que incluso las mismas autoridades locales eran escogidas por el Gobierno central.

7. El desarrollo de las regiones y al mismo tiempo lograr con estos recursos la eliminación de las necesidades básicas insatisfechas de la mayor parte de la población, esto es, propender por un desarrollo más armónico de las diversas regiones colombianas, cuyos desequilibrios estructurales eran resaltados en todos los informes sobre la materia, habrían de ser objeto de reiteración en las tesis de las comisiones II y V de la Asamblea

Constituyente.

8. Tomando como punto de partida las anteriores directrices generales de tipo

histórico, y sin que sea necesario reiterar hechos suficientemente conocidos por esta Jurisdicción, la Asamblea Constituyente comenzó sus deliberaciones sobre la forma de Estado y concretamente en relación con los temas de la administración territorial en el marco de unos fundamentos constitucionales y con una experiencia histórica que eran cuestionables. El interés que se expreso en los anteriores numerales fue recogido por los constituyentes en proyectos: Nos. 1, 2, 7, 9, 65, 57, 69, 70, 93, 104, 109, 113, 126, y 130. La subcomisión delegada para el tema estuvo integrada por los constituyentes Helena Herrán de Montoya, Jesús Pérez GonzalezRubio y Carlos Rodado Noriega, quienes fueron encargados de presentar el Informe-Ponencia ante la Comisión V.

9. Debe destacarse el proyecto presentado por el Gobierno, el cual buscaba proteger la participación de los municipios en los ingresos corrientes del Estado, lo que se pretendía lograr impidiendo la revocación, disminución o modificación de las cesiones, así como el destino de los ingresos nacionales a los municipios.

10. Posteriormente, y sobre la base del informe preliminar anotado, los

constituyentes Alvaro Cala Hederich, Helena Herrán de Montoya, Mariano Ospina Hernández, Jesús Pérez Gonzalez-Rubio, Carlos Rodado Noriega y Germán Rojas Niño, entregaron su Informe-Ponencia unificado para la Sesión Plenaria, la que habría de considerarse el texto final del articulado sobre Hacienda Pública (descentralización administrativa fiscal). Partiendo

de los anteriores fundamentos y discusiones, la Asamblea decidió aprobar finalmente los textos que hoy reposan en el capítulo 4De la distribución de Recursos y de las competencias-, del Título X 11.- DEL RÉGIMEN ECON6MICO y DE LA HACIENDA PÚBLICAy concretamente los artículos 356 y 357 de la Carta Política, los cuales eran fiel reflejo de los argumentos expresados por las diversas comisiones que estudiaron el tema.

11. En aras a corregir los errores históricos y pretendiendo a través de una igualdad correctiva dotar a través del tiempo a los municipios y departamentos de una igualdad real de oportunidades para todos los ciudadanos, y con esto dar cumplimiento al postulado del Estado Social de Derecho, que sirve de inspiración a la Carta, la Asamblea aprobó unos artículos que pretendían una real descentralización fiscal. En este sentido la Asamblea decidió sustituir la cesión del lVA, por una participación de los municipios y de los departamentos, en los Ingresos Corrientes del Estado.

12. En primer término se estableció en el artículo 287 de la C.P. consagró: "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la constitución y la Ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 4.-Participar en las rentas nacionales. "

13. En este sentido de consagró para los municipio la participación en los ingresos corrientes de la Nación, que se encuentra consagrada en el artículo 357º.-, de la Carta Política, transferencia que será del catorce por

ciento 14 % en 1993, y se irá aumentando hasta alcanzar un mínimo del veintidós por ciento (22%) de loS ingresos corrientes de la Nación en el año 2002, con lo cual se prevé el aumento gradual de su monto, a diferencia del régimen anterior. y su distribución deberá hacerse según loS siguientes parámetros: a) El sesenta por ciento (60%), se repartirá en proporción directa al número de habitantes en situación de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas. b) El cuarenta por ciento (40%) restante, se distribuirá en función de la población total, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado en la calidad de vida. Se dejó en manos del legislador la reglamentación en concreto de este último porcentaje.

14. De la misma forma, el Constituyente en el artículo 45 Transitorio de la Constitución, contempló, con un sensato criterio práctico, un régimen de transición, que duraría tres años, hasta llegar a aplicar íntegramente los criterios establecidos por el artículo 357 C.P. En este orden de ideas, el constituyente preservó el derecho de las colectividades de no ver deterioradas sus finanzas con relación a lo que podrían percibir durante el año 1992, ya que en ningún caso el valor que habrían de recibir los distritos y municipios por concepto de participaciones debía ser inferior al percibido en el año 92, en pesos constantes, es decir, reajustados durante los años siguientes, una vez aprobada la respectiva ley.

15. Obedeciendo a los artículos 288, 356 y 357 de la Carta Política, algunos de

los cuales ya han sido citados, el legislador expidió con base en el proyecto No.2 presentado por el Gobierno Nacional, la ley 60, del 12 de agosto de 1993, sobre “DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE LA NACION y LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN EDUCACION y SALUD -SITUADO FISCAL”, la que procede a asignar las competencias que habrán de desarrollar los departamentos y municipios en los servicios públicos principalmente los de educación y salud ya diseñar los mecanismos de distribución del situado fiscal.

16. Con fundamento en la adscripción funcional a que hace alusión el artículo 11 de la Ley 60 de 1993, es Planeación Nacional, con la colaboración del CONPES, con el objetivo de dar aplicación a las reglas sobre distribución de recursos de las Transferencias y para diseñar los indicadores pertinentes, el que efectúa los cálculos de distribución, todo ello de conformidad con los porcentajes establecidos y las definiciones citadas en el artículo en comento. Ello quiere decir, que actualmente el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION efectúa los cálculos de distribución, con base en el dato global o total de los Ingresos Corrientes que habrá de ser incluido en el Proyecto de Presupuesto Anual, suministrado por la Dirección de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda.

17. Posteriormente, al finalizar el respectivo año, La Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial de Planeación Nacional expide un documento guía del Situado Fiscal y Transferencias del año inmediatamente siguiente, el cual sirve de base al Ministerio de Hacienda para efectuar los respectivos giros bimensuales y se denomina

Documento CONPES.

18. Así pues, si bien los criterios de distribución tan sólo debían aplicarse en forma plena a partir de 1996, era evidente que los recursos debían de aumentar en forma considerable a partir de 1992, habida consideración de la ampliación del concepto, como ya se explicó, es decir, el rubro total a repartir entre las colectividades sería el concepto de Ingresos Corrientes de la Nación. Máxime cuando la transición se refería fundamentalmente a la aplicación de la fórmula contemplada en el artículo 357 de la C.P. y no al monto general que se debía de repartir entre las entidades territoriales.

19. En relación con el procedimiento de entrega de los recursos de las transferencias de que trata esta demanda, la Ley 60 de 1993, en su artículo 24, parágrafo 20., expresa: “PARAGRAFO 20. Para el giro de la participación ordenada por el artículo 357 de la C.P., de que trata esta Ley, el Programa Anual de Caja se hará sobre la base del 90% del aforo que aparezca en la Ley de presupuesto.

Cuando en una vigencia fiscal los ingresos corrientes efectivos sean superiores a los ingresos corrientes estimados en el presupuesto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda procederá a efectuar el correspondiente reaforo y a través del Departamento Nacional de Planeación a asignar los recursos adicionales en la misma vigencia fiscal o en la subsiguiente, conjuntamente con las sumas correspondientes al 10% del aforo previsto en el presupuesto. Por el contrario, si los ingresos corrientes efectivos son inferiores se dispondrá la reducción

respectiva. Tanto para la asignación de recursos adicionales como para la reducción de las transferencias se tendrán en cuenta las reglas de distribución previstas en esta Ley."

20. En igual sentido, el Parágrafo 30. del mismo artículo, menciona el momento en que deben hacerse los abonos en las respectivas cuentas corrientes de cada municipio: a) "El giro de los recursos de esta participación se hará por bimestres vencidos, dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al bimestre,

máximo en las siguientes fechas: Bimestre Meses Giro I Enero –febrero Marzo 15 II Marzo -Abril Mayo 15 III Mayo -Junio Julio 15 IV Julio –Agosto Septiembre 15 V Septiembre –Octubre Noviembre 15 VI Noviembre –Diciembre Enero 15 Reaforo y 10 % restante Abril 15

21. El Ministerio de Hacienda, una vez estructurado el proyecto de Presupuesto anual, le certifica a la Unidad de Desarrollo Territorial de Planeación Nacional el monto global de Ingresos Corrientes que habrá de tenerse en cuenta para la liquidación de las participaciones de las entidades territoriales, y con base en dicho monto y las disposiciones citadas, esta última entidad procede a elaborar las liquidaciones anuales de las Transferencias, las que habrán de ser aprobadas por EL CONPES, según tuvimos la oportunidad de explicar anteriormente.

22. Igual proceder de certificación se efectúa en las adiciones presupuéstales efectuadas durante la ejecución de la respectiva vigencia fiscal, cuya incidencia habrá de conocerse en la respectiva liquidación de reaforo de la

que se habla más adelante.

23. Así pues, según la Ley 60 de 1993, las liquidaciones bimestrales son parciales, ya que se refieren tan sólo al 90% del presupuesto asignado para las respectivas transferencias.

Concluido el año y efectuado el balance de ejecución presupuestal de la anualidad fenecida, se efectúa una nueva liquidación definitiva y se concreta a ciencia cierta el valor a que tiene derecho el municipio por el año contable inmediatamente anterior, y se entrega con ella e110% faltante. A esta liquidación se le denomina de reaforo.

24. De conformidad con lo dicho anteriormente, El CONPES ha efectuado las siguientes liquidaciones anuales de las transferencias en relación con mi

mandante: Responsable Medio Año Cuantía Ministerio de Hacienda Impresión en listado computador 1993 Planeación Nacional CONPES Documento CONPES No.20 DNP-UDT de noviembre de 1993 1994 Planeación Nacional CONPES Documento CONPES No. 2716-DNP-UIP-UDT de junio 30 de 1994 1995 449.770 Planeación Nacional CONPES Documento CONPES No. 2844-DNP -UDT de 10 abril de 1996. (Distribución de reaforo). 1995 17.900.000 Planeación CONPES Documento CONPES No.32/DNP-UDT 6 de diciembre de 1995 1996 650.990.000. Planeación CONPES Documento CONPES SOCIAL No.O39-DNP :UDT, de febrero 12 de 1997 1997 1.421.580.000

25. La reliquidación de reaforo se presentó en el año de 1994, en relación con las transferencias de 1993 y concretamente realizada por Planeación Nacional en marzo de 1994 y ejecutada en abril de 1994; cuando se procedió a reconocer y girar por parte de Min. Hacienda. ( Oficio UDTDPST 1074, de octubre 3 de 1995, página 4a. y No. UDT -DPS 193, de febrero 29 de 1996).

26. Para el año de 1994, Planeación certificó que no se había producido liquidación de reaforo. Que ello es así según se desprende del Oficio expedido por la Unidad Administrativa Especial del Departamento de Planeación, No.UDT -DPST 93, de febrero 29 de 1996, en donde certifica lo anterior y fundamentalmente que tan sólo notificó de reaforo del año de 1993, a los Secretarios de Planeación de los Departamentos, mediante comunicación UAEDT -DPST -179 del 5 de abril de 1994, informándoles del monto del reaforo de la vigencia de 1993, para cada uno de los municipios y departamentos.

27. No obstante lo anterior, según la certificación producida por el Viceministro de Hacienda y Crédito Público de la época, Dr. Francisco Azuero Zuñiga, en el año de 1994 también se hizo necesaria una liquidación de reaforo positiva, en relación con los departamentos y distritos, por una cuantía igual a $16.719.000.000,00, y negativa en relación con los municipios, según consta en el Oficio No.00281, del 7 de abril de 1995, enviado al

Director Encargado del Departamento Nacional de Planeación de aquella fecha y que obran en este expediente.

28. Planeación Nacional una vez aprobado el Presupuesto Nacional y definidas las liquidaciones de las participaciones en forma definitiva, procede a elaborar los instructivos de pago, por medio de los cuales se habrá de regir el Programa Anual de Caja y los envía al Ministerio de Hacienda ( Comunicación UDT -DPST – 000080 de marzo 28 de 1996).

29. No obstante ser perentorias las fechas máximas para que el Gobierno Nacional proceda a efectuar las respectivas liquidaciones y giros bancarios, éste entrega en forma incoherente o desorganizada y tardía los dineros a que tiene derecho mi patrocinado, causándole extra costos financieros, ya que sus recursos se encuentran de antemano comprometidos.

30. En efecto, la ley ordena, como se explica en el hecho 20 de esta demanda, que los giros bimensuales se realicen en fechas determinadas, de tal manera que el dinero sea recibido por la entidad territorial de conformidad con estas fechas.

31. Esta obligación legal viene siendo violada ostensiblemente por el Estado Central, ya que los dineros son recibidos con varios días, e incluso meses de retraso, tal y como habrá de demostrarse en el transcurso del proceso.

32. Se concluye, que la voluntad de Planeación se traduce, una vez realizados sus cálculos y aplicadas las fórmulas, en la liquidación anual definitiva a finales del año y posteriormente en los correspondientes instructivos de pago; la del Ministerio de Hacienda, en el inicio del proceso de liquidación certificando la suma de Ingresos Corrientes a tener en cuenta y,

posteriormente, ejecutando las liquidaciones mediante los acuerdos de gastos mensuales y la realización del respectivo giro.

33. Efectuados sus cálculos, de conformidad con la aplicación de sus propios guarismos, la Administración central realiza los giros a las cabeceras municipales, previo el acuerdo de gastos respectivo. En efecto, al efectuar la petición de los actos administrativos correspondientes a las respectivas transferencias, mediante comunicación 24 de julio de 1995, en Oficio No.1555-13, del 4 de agosto de 1995, suscrito por el Director General del Presupuesto Nacional, se nos informa que una vez determinado por el documento CONPES las asignaciones anuales para cada municipio, posteriormente el Ministerio procede a expedir unos Acuerdos de Giros, hoy PAC -mensualizado, con destino a una cuenta en cada departamento, con base en los instructivos de pago, previamente elaborados por la U.A.E. de desarrollo Territorial de D.A., de Planeación

Nacional.

34. En efecto, la Tesorería General de la República efectúa los giros bimestrales que corresponden a cada municipio de las t