CE-25000-23-27-000-2002-01121-01(16752)-2011

DIAN – Finalidad de la facultad para solicitar información / DETERMINACION DEL IMPUESTO – Se puede verificar a través del cruce de información / FACULTAD DE FISCALIZACION E INVESTIGACION – Es diferente a la establecida en el articulo 631 del Estatuto Tributario / PRUEBA CONTABLE – Prima sobre la testimonial en materia tributaria / ADICION DE INGRESOS – Debe hacerse cuando existe prueba de los mismos El objeto de la facultad con la que cuenta la DIAN para solicitar cierta información a personas contribuyentes o no, es el de poder efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, es decir, obtener una base, importante, pero no definitiva, para la determinación del impuesto de un contribuyente que con otras personas tuvo operaciones en un determinado año gravable. En segundo lugar, como la información que presentó el tercero difirió de la entregada por el contribuyente investigado, la Administración debió hacer un estudio más específico de esa información, pues se presentó de manera general, ya que sólo se reportaron los valores de tales operaciones. Por lo tanto, debió pedir los documentos que respaldaban la información de esos terceros. Obsérvese que la norma transcrita se refiere a una facultad para la Dian, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 del Estatuto Tributario, lo cual significa que con recibir la información en medios magnéticos no se agota la facultad de fiscalización de la Administración, la cual debe efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión, para así lograr esa correcta

determinación (literal f). Ahora bien, tratándose de la adición de ingresos de la sociedad actora, cobra mayor importancia la prueba contable frente a la prueba testimonial, de la cual hace parte la información de terceros (artículo 750 E.T.), pues como lo señala el artículo 743 del Estatuto Tributario, la idoneidad de los medios de prueba depende, de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse, y a falta de unas y otras, de la mayor o menor conexión de las pruebas con el hecho que trata de probarse, y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En este caso, es evidente que primaba la prueba contable sobre la testimonial. Sin embargo, la DIAN no hizo ningún análisis o valoración de las pruebas presentadas por la sociedad demandante, y adicionó ingresos con el simple reporte en medios magnéticos de los terceros. En consecuencia, la adición de estos ingresos no se fundamentó en hechos que estuvieran plenamente probados en el proceso, razón por la cual se debe confirmar, en este punto, la sentencia apelada, que estableció la ilegalidad de esta partida.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 631 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 684 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 750 /

ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 743

ADICION DE INGRESOS – Presunción cuando se trata de títulos valores / TITULOS VALORES – El tenedor legítimo es quien los posee / TITULO A LA

ORDEN - Para que el tenedor del título sea legitimado los endosos deben ser ininterrumpidos Para la Sala, a partir de las anteriores pruebas el Tribunal no podía descartar la adición de ingresos, pues, tratándose de títulos valores, conforme con el artículo 647 del Código de Comercio, el tenedor legítimo es quien los posea según la ley de circulación, la cual para títulos a la orden dispone que éstos se transmitirán por endoso y entrega del título (artículo 651 Código de Comercio). Así las cosas, los comprobantes reseñados no eran suficientes para demostrar la negociación de esos títulos y, por lo tanto, la no causación de los ingresos por parte de la actora, toda vez que para la transferencia del título debía hacerse el endoso, requisito indispensable, como ya se vio, y que en este evento no se cumplió. En el caso de los títulos analizados, cuyas fotocopias aportadas tenían varios endosos, tampoco fue posible establecer su continuidad, conforme con el artículo 661 del Código de Comercio, según el cual, para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la cadena de endosos debe ser ininterrumpida. De lo antes expuesto se infiere que la demandante adquirió unos títulos de desarrollo agropecuario, que le generaron unos ingresos certificados como gastos por terceros. Que en desarrollo de su tarea de fiscalización la Dian le adicionó ingresos a la demandante por ser legitima tenedora de unos títulos, cuya negociación alegó, pero no probó, lo que implica que no pudo desvirtuar esa adición de ingresos que

le hizo la Dian como beneficiaria de los derechos sustanciales y accesorios incorporados en los aludidos títulos (Artículos 619 y 628 del Código de Comercio).

FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 647 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 651 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 619 /

CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 628

INGRESOS – Realización / INGRESOS ANTICIPADOS – Sólo se gravan en al año o período gravable en que se causen / SISTEMA DE CAUSACION – Los ingresos se deben declarar en el año o período en el que se causen / CAUSACION DEL INGRESO – Lo es cuando nace el derecho a exigir su pago Conforme con el artículo 27 del Estatuto Tributario, se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, sólo se gravan en el año o período gravable en que se causen. De la norma anterior se exceptúan: a. Los ingresos obtenidos por los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación. Estos contribuyentes deben denunciar los ingresos causados en el año o período gravable, salvo lo establecido en este Estatuto para el caso de negocios con sistemas regulares de ventas a plazos o por instalamentos. b. Los ingresos por concepto de dividendos y de participaciones de utilidades en

sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, se entienden realizados por los respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. c. Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente, salvo que el contribuyente opte por acogerse al sistema de ventas a plazos. Ahora bien, la actora, por ser comerciante, debe llevar contabilidad por el sistema de causación, según el cual, los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen, y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente (artículo 48 Decreto 2649 de 1993). Y conforme con el artículo 28 del Estatuto Tributario, se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 28 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 21

CONTRATOS DE LEASING – Norma aplicable / DECLARACION DE RENTA – En ella se deben incluir todos los ingresos generados por el contrato de arrendamiento / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – Los ingresos que éste genere debe llevarse por el sistema de causación / NORMAS FISCALES – Tienen prevalencia sobre las contables / DETERMINACION DEL IMPUESTO – tiene prevalencia las normas tributarias sobre las contables financieras. Contrato de leasing / CONTRATO DE LEASING – Los ingresos que éstos

generen se les aplica la norma general de causación del Estatuto Tributario El artículo 127-1 ibídem, dispone que los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra, que se celebren a partir del 1 de enero de 1996. Para la Sala, cuando la norma transcrita señala que el arrendador debe incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de los ingresos generados por los contratos de arrendamiento, y que estos son: la parte de los cánones que corresponda a intereses y los demás ingresos que se deriven del contrato, no distingue si estos fueron pagados o no, ni excluye aquellos que la entidad financiera ha clasificado como deuda riesgosa. En consecuencia, la generación y declaración de estos ingresos se rigen por la norma general tributaria para la causación de los ingresos. Lo anterior, porque no es procedente que se dé prevalencia a las normas de carácter contable sobres las fiscales, por cuando el artículo 136 del Decreto 2649 de 1993, expresamente señala que para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes disposiciones y las de carácter tributario prevalecerán estas últimas. En virtud de esta norma, no puede aceptarse la aplicación del artículo 97 del Decreto 2649 de 1993, que señala que un ingreso se entiende realizado y, por tanto, debe ser reconocido en las cuentas de resultados, cuando se ha devengado y convertido o sea razonablemente convertible en efectivo. Devengar implica que se ha hecho lo necesario para hacerse acreedor al ingreso. Tampoco se pueden aceptar, para efectos de la determinación fiscal de un ingreso, las normas contables financieras

previstas en la Circular 100 de 1995, sobre la forma de contabilizar los ingresos generados por los contratos de leasing. Para la Sala, si bien estas normas contables financieras tienen por objetivo mantener la confianza del público en las instituciones que administran recursos de sus ahorradores, la aplicación prevalente de las normas tributarias para determinar el impuesto de renta, no incide en esta finalidad, pues una cosa es la determinación del impuesto de renta con base en los hechos económicos sucedidos en un periodo gravable, y otra es el estudio de la viabilidad financiera y la situación patrimonial de estas instituciones, para lo cual las entidades de vigilancia y control tienen en cuenta los estados financieros y los informes de los revisores fiscales, y no las declaraciones tributarias. Como en el presente caso se trata de determinar el impuesto de renta de la sociedad actora, las normas apropiadas para establecer los ingresos del período son las del Estatuto Tributario, que en el asunto que se ventila, por no tener un momento especial de causación para los ingresos generados en los contratos de leasing, se sigue la norma general consagrada en los artículos 27 y 28 del Estatuto Tributario.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 127-1 / ESTATUTO

TRIBUTARIO – ARTICULO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil once (2011) Radicación número: 25000-23-27-000-2002-01121-01(16752)

Actor: IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y el recurso de apelación adhesiva interpuesto por la demandante contra la sentencia del 24 de mayo de 2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso: “PRIMERO. ANÚLASE PARCIALMENTE la Liquidación Oficial de Revisión No. 310642001000005 de fecha 8 de febrero de 2001, y la Resolución N°. 622-900.015 de 28 de febrero de 2002, proferidas por la División de Liquidación y Jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respectivamente, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, y de conformidad con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia, FÍJASE como total a cargo de la demandante, por concepto de Impuesto sobre la Renta y Complementarios del período gravable 1997, la suma de $240.270.000. TERCERO. En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen”. ANTECEDENTES IFI LEASING S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL presentó, el 16 de abril de 1998, la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 1997, con un saldo a pagar de $240.270.000. El impuesto se

determinó con base en la renta presuntiva, en virtud de que el periodo gravable arrojó pérdida líquida de $1.356.943.0001. El 16 de mayo de 2000 la DIAN, mediante el Requerimiento Especial No. 310632000000168, propuso la modificación de la liquidación privada en el sentido de adicionar “otros ingresos” en cuantía de $2.684.934.000. En consecuencia, calculó el impuesto de renta sobre renta líquida y propuso la imposición de la sanción por inexactitud2. 1 Folio 10 cuaderno de antecedentes. 2 Folio 120 c.a. Con ocasión de la respuesta al Requerimiento Especial, el 16 de agosto de 2000 la sociedad IFI LEASING DE COLOMBIA S.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL corrigió la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 1997 para aceptar adición de ingresos por $19.506.000. El saldo a pagar no se modificó3. Mediante la Liquidación Oficial de Revisión No. 310642001000005 del 8 de febrero de 2001, la DIAN modificó la liquidación privada de la actora contenida en la declaración de corrección, en el sentido de mantener la adición de ingresos, pero por $1.554.417.000. En consecuencia, determinó una renta líquida de $216.980.000. Como la renta líquida fue inferior a la renta presuntiva, se mantuvo el impuesto determinado con base en la renta presuntiva y el saldo a pagar registrado en la liquidación privada4. La Liquidación de Revisión fue confirmada por medio de la Resolución No. 622900.015 del 28 de febrero de 2002, que decidió el recurso de reconsideración5. La demanda La sociedad IFI LEASING S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL solicitó la nulidad de la liquidación de revisión y de la resolución que la confirmó y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se confirmara la liquidación privada de la sociedad por el año gravable 1997. Citó como normas violadas los artículos 745, 750, 752, 772 y 777 del Estatuto Tributario; 187 y 271 del Código de Procedimiento Civil; 70 del Código de Comercio; 3 de la Ley 43 de 1990; 100 y 136 del Decreto 2649 de 1993, y 33 del Decreto 2075 de 1992. El concepto de violación se puede resumir así:

1. Nulidad de los actos administrativos por violación de los artículos 745, 750, 752, 772 y 777 del Estatuto Tributario, 187 y 271 del Código de Procedimiento Civil y 70 del Código de Comercio. Dijo que los actos demandados se fundamentaron exclusivamente en la información exógena que reportaron clientes de la actora en medios magnéticos, información respecto de la cual la DIAN no acreditó que fuera consecuente con los registros contables de esos terceros y sí, en cambio, desconoció la contabilidad de la actora y los certificados del revisor fiscal que allegó6.

Que la contabilidad constituía plena prueba siempre y cuando no hubiera sido desvirtuada por otros medios probatorios. Que si se suponía que los gastos de un ente eran, a su vez, los ingresos de otro, debían constar en registros escritos, y

sólo estos serían válidos como prueba de unos y otros, y no la simple prueba testimonial en cualquiera de las modalidades que prescribe el artículo 751 del Estatuto Tributario. Que los medios magnéticos no eran plena prueba, ni se equiparaban a pruebas contables, pues no reflejaban la totalidad de las transacciones contables, ya que para el año gravable 1997 sólo se reportaba información a partir de $13.900.000, y esa información se entregaba conforme a las características exigidas mediante resolución de la Administración tributaria, y no por disposición legal. En consecuencia, no se podía tener sino como simple indicio objeto de verificación. 3 Folios 271 y 302 c.a. 4 Folio 331 c.a. 5 Folio 379 c.a. 6 Sobre el valor probatorio de la contabilidad, citó, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado del 14 de junio de 2002 (exp. 12840) y del 23 de abril de 1993 (exp. 3906). Consideró que si la información exógena de un tercero presentada en medios magnéticos, según el artículo 750 del Estatuto Tributario constituía prueba testimonial, por sí sola no era suficiente para desvirtuar los hechos alegados por el contribuyente, los cuales estaban basados en sus registros contables, avalados por certificados del revisor fiscal, los cuales sí constituían plena prueba y eran conducentes, pertinentes y eficaces para demostrar los hechos económicos registrados en la contabilidad de la sociedad, cuando ésta era llevada en debida forma. Dijo que conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la prueba contable sólo podía ser controvertida mediante prueba de la misma naturaleza, que no era el caso de la testimonial.

Alegó que la sociedad no se había limitado a señalar que no había recibido los ingresos adicionados por la Administración, sino que demostró los ingresos causados, de acuerdo con sus registros contables y certificados del revisor fiscal, que los acreditaban como válidos. Estas pruebas no fueron desvirtuadas con los registros contables de los terceros informantes. Que los ingresos adicionados por la DIAN fueron los siguientes: Celumóvil S.A. por $102.955.000. La adición se debió a la diferencia entre el valor reportado por Celumovil S.A., en medios magnéticos, como pago a IFI ($1.260.044.000) y el valor registrado contablemente por ésta como ingreso ($1.157.089.000), el cual coincide con los pagos que IFI Leasing real y efectivamente causó de la primera. Algranel S.A. por $60.895.000. Que la suma adicionada resultó de la diferencia entre el valor reportado como pagos, en medios magnéticos, por Algranel ($168.059.000) y el valor reportado como ingreso por IFI LEASING ($107.164.000). Industrias Safra Ltda. $7.545.000. Que se imputó este monto a IFI LEASING, resultado de la diferencia entre la información exógena de Industrias Safra y los registros contables de la actora. Señaló que estas sumas constaban en los registros contables de la sociedad y en el certificado del revisor fiscal, pruebas que, no obstante cumplieron con todos los requisitos de validez, no fueron apreciadas por la Administración, que prefirió conceder mayor validez probatoria a la información exógena de esas empresas,

sin cotejarla contra la contabilidad de la actora, o que estuviera acompañada de otros comprobantes, como facturas o documentos equivalentes, emitidos por ellas. Indicó que la DIAN desconoció el certificado del revisor fiscal porque no certificó que aparte de lo contabilizado por IFI LEASING no existieron otros ingresos distintos de los contables, es decir, exigió un requisito no legal, y partió del supuesto de que la contabilidad no era fiel reflejo de la situación económica de la sociedad, que además, era indebidamente llevada.

2. Nulidad de las actuaciones administrativas por infracción a los artículos 745 del Estatuto Tributario, 187 del Código de Procedimiento Civil y 70 del Código de Comercio. Indicó que la discusión se originó porque la Administración consideró que la adquisición de títulos de desarrollo agropecuario le generó ingresos a IFI Leasing.

Precisó que el Banco de la República, mediante Circular Reglamentaria DFV-46 del 31 de mayo de 1995, estableció que las instituciones financieras debían efectuar y mantener inversiones en Títulos de Desarrollo Agropecuario TDA clase A y B, equivalentes al requerido de inversión establecido en la circular. Estos títulos eran emitidos por FINAGRO, en su nombre y por cuenta propia, pero expedidos y administrados por el Banco de la República en desarrollo del contrato de fiducia, para su edición, colocación, servicio y amortización. Eran libremente negociables en el mercado. Que de conformidad con la precitada circular, el Banco de la República no asumía responsabilidad alguna para con los suscriptores o tenedores de títulos,

por cualquier demora en el servicio de la deuda de los mismos, cuando no hubiera disponibilidad de recursos suficientes para tal fin por parte de FINAGRO, es decir, que la cancelación del capital y de los intereses derivados de los TDA a los beneficiarios estaría a cargo del Banco de la República, siempre y cuando FINAGRO depositara los recursos para el efecto. Que según la información en la cual se basaron las glosas de la Administración, FINAGRO reportó como gastos causados a favor de IFI LEASING la suma de $289.591.000, mientras que IFI LEASING reportó como ingresos causados el valor de $171.879.000, motivo por el cual la Administración Tributaria exigió que la actora llevara como ingreso la diferencia, en cuantía de $117.712.000. Señaló que la sociedad había explicado que por disposición legal había adquirido esos títulos, cuya administración, colocación y redención estaban a cargo del Banco de la República; que esos títulos eran negociables, y que el Banco de la República y FINAGRO no hacían seguimiento a la cadena de endosos, pues para el Banco de la República la inversión se computaba con base en la suscripción primaria y, para FINAGRO, porque la administración de los títulos le correspondía al Banco de la República. Por ese hecho, ante la solicitud que presentó IFI LEASING a FINAGRO para que ésta certificara los intereses pagados a la compañía durante 1997, lógicamente aquella procedió a solicitar dicha información al Banco de la República. Argumentó que a la DIAN se le indicó que IFI LEASING no sólo endosó los títulos inicialmente adquiridos sino que, a la vez,

le fueron endosados títulos a su favor en el mercado secundario, y por concepto de intereses de tales títulos causó en su contabilidad el valor de $171.879.172. Que si FINAGRO registró contablemente como intereses a favor de la actora el monto de $289.591.000, fue porque no tuvo en cuenta que ese valor incluía el monto de $117.712.000, correspondiente a intereses a favor de los terceros a los que IFI LEASING les endosó los títulos. Que como FINAGRO no ejerció control sobre los endosos que hacían los inversionistas sobre los títulos, ésta emitía reportes de información que no eran consecuentes con la realidad de las operaciones. Sin embargo, la DIAN prefirió dar validez a la información suministrada por FINAGRO e inobservó las pruebas de IFI LEASING, que en conjunto ofrecían mayor claridad. Consideró que, además, la DIAN infringió el principio in dubio versus fiscum, consagrado en el artículo 745 del Estatuto Tributario, pues la falta de congruencia entre lo reportado por FINAGRO, el Banco de la República y la sociedad, debió ser resuelta a favor de ésta. Adujo que con la respuesta al requerimiento especial y con el recurso de reconsideración la actora aportó pruebas de la enajenación de los títulos, frente a las cuales la Administración señaló que los comprobantes de ingreso carecían de autenticidad por no estar firmados, y que tampoco había constancia de los endosos de los títulos, razón por la que aportó los certificados del revisor fiscal. Agregó que si bien el endoso era un requisito esencial para ejercer la acción

cambiaria, la supuesta falta del mismo no era sinónimo de no entrega. Que la entrega hacía presumir el endoso que, además, podía ser obtenido por vía judicial, para poder hacer efectiva la acción cambiaria. Que en la copia del Título 1701961028710800001-3, por $136.922.385, estaba el endoso efectuado por la Compañía sin responsabilidad; que también obraba la carta de la Fiduciaria de Occidente del 12 de septiembre de 1997, en la que se confirma la compra por $133.390.000, y el comprobante de ingreso por el monto de la venta. Que en la copia del Título 1801970205710530001-9, por $149.794.000, estaba el endoso efectuado a la sociedad Acciones y Valores; además se adjuntó copia de la liquidación efectuada en la Bolsa de Bogotá (año de operación 1997) y el comprobante de ingreso por $134.400.607,96, valor de la negociación. En cuanto al Título 701970205710520001-8, por $800.225.385 (sic), sólo se aportó el comprobante de ingreso por el valor de la venta a la sociedad Fiduandino S.A., por $77.487.184, del 2 de mayo de 1997. Y en cuanto al Título 17019607297110300001-8, por $43.598.777,41, sólo se aportó el comprobante de ingreso por el valor de la venta a la sociedad Fiduandino S.A. por $41.374.071, del 2 de mayo de 1997.

3. Nulidad por falta de aplicación e indebida valoración de las normas aplicables a las entidades financieras. Explicó que la DIAN pretendió adicionar

como ingresos sumas que la sociedad registró en cuentas de orden, conforme con la Circular Contable y Financiera 100 de 1995, que para la DIAN no podía tener efectos fiscales. Como los ingresos adicionados en este punto se originaron en información de terceros sin respaldo en registros contables, solicitó que se tuviera en cuenta los argumentos del primer cargo y los siguientes: Se refirió a la causación de los ingresos conforme con el Decreto 2649 de 1993, y señaló que según la Circular Básica Contable y Financiera No. 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria, “En todos los casos, cuando se califique en C, o en otra categoría de mayor riesgo, un crédito de consumo o contrato de leasing clasificado como de consumo, dejarán de causarse intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos. Por lo tanto, no afectará el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados”. Que esta misma circular regulaba, de manera específica, la calificación de la cartera, por nivel de riesgo, entre categorías de la A hasta la E, y señaló que los créditos con calificación de riesgo “C” o superior generaban incertidumbre sobre su cobrabilidad. Por lo tanto, la misma circular establecía, en relación con este tipo de créditos, que no se podían llevar los intereses derivados de los mismos a cuentas de resultado, sino que debían ser registrados en cuentas de orden, hasta no obtener el recaudo efectivo de los mismos. Señaló que el artículo 100 del Decreto 2649 de 1993 consagraba como regla especial para la causación de intereses, que para que los mismos se pudieran reconocer en las cuentas de resultado debían cumplir con los requisitos de: a.) no

existencia de incertidumbre sobre su cuantía, y b.) no existencia de incertidumbre sobre su cobrabilidad. Es decir, que en caso de que alguno de los requisitos no se cumpliera, los intereses no se debían reconocer como ingresos del contribuyente. Consideró que como el artículo 127-1 del Estatuto Tributario establecía que eran ingresos derivados del contrato de arrendamiento financiero la parte de los cánones que correspondieran a intereses o ingresos financieros, sin preveer nada sobre su causación, se debía aceptar que la norma contable surtía efectos en la determinación del impuesto de renta. En consecuencia, explicó que si una compañía de leasing presentaba una cartera correspondiente a cánones representados en ingresos financieros cumpliendo características para ser calificada en una categoría superior a la C, sus ingresos financieros no podían ser causados en la cuenta de resultados, al existir duda sobre su cobrabilidad. Por tanto, deberían registrarse en cuentas de orden, pues al tratarse de intereses y conceptos financieros similares, no hay norma fiscal aplicable respecto de la causación. Pizano S.A. Explicó que según la información exógena presentada por la Compañía Pizano S.A., ésta reportó haber efectuado pagos a la actora durante 1997 por $1.383.889.000, mientras que la actora reportó ingresos por $509.765.000. Por lo tanto, la DIAN adicionó ingresos por $874.124.000. Que Pizano S.A en 1997 presentó deudas a favor del IFI LEASING con más de 120 días de vencidas, razón por la cual IFI registró el monto total en cuentas de orden

contingentes. Que en octubre de 1997 Pizano suscribió con sus acreedores un convenio de reordenamiento de pasivos financieros, en virtud del cual los valores presentes de los cánones de arrendamiento financiero por pagar, se pagarían con la transferencia en dación de pago de un lote de terreno. En consecuencia, la actora trasladó de cuentas contingentes al estado de resultados la suma de $509.765.000, y el saldo de la deuda ($874.124.000) continuó registrado en cuentas contingentes. Que por eso la actora reportó como ingresos causados en el año la suma de $509.765.000, conforme con la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995. Envases y Corrugados Diana LTDA. Señaló que como estaba probado con documentos, tanto de la actora como de la sociedad Envases y Corrugados Diana Ltda., durante 1997 la sociedad percibió por pagos de cánones de arrendamiento e intereses de mora de esa sociedad la suma de $262.401.214, mientras que la sociedad Envases reportó pagos por $646.905.000. Que según el contrato celebrado con Envases y Corrugados Diana Ltda., a ésta le correspondía pagar durante 1997 un cánon mensual de $56.7 millones. Que los comprobantes de egresos de Envases y Corrugados Diana corresponden a lo pagado efectivamente por los cuatro primeros meses de 1997, pues a partir del quinto mes la sociedad no volvió a hacer ningún pago, razón por la cual, a partir del octavo mes, el saldo fue registrado en cuentas de orden, conforme con la Circular 100 de 1995 y el artículo 100 del Decreto 2649 de 1993. Que no obstante así lo

certificó el revisor fiscal, la DIAN lo desconoció porque no certificó que no había más ingresos diferentes de los contabilizados. Tiendas Mitad de Precio. Precisó que IFI Leasing reportó como ingresos causados y percibidos de Tiendas Mitad de Precio $94.902.000, mientras que la información exógena presentada por ésta reportaba gastos por $229.000.000, lo cual generó una diferencia adicionada por la DIAN de $134.098.000. Respecto de este saldo señaló que, en su oportunidad, se le mencionó a la Administración que fue necesario registrarlo en cuentas contingentes, tal como lo prescribe la Circular 100 de 1995, toda vez que las acreencias tenían vencimient