CE-25000-23-27-000-2002-01622-01(16887)-2011

CONTRATOS JOINT VENTURES DE TELECOM - La Dian debe respetar las consecuencias fiscales de los pactos privados y no pretender exigir que declare como ingresos los recibidos por las asociaciones con los cuales suscribió contratos Para la Sala la conclusión de la entidad no se encuentra fundamentada jurídicamente, pues, según las estipulaciones contractuales, se observa que además de señalar la fracción de los ingresos que le corresponderían a cada uno, se determinó, también, la forma de establecer la proporción en que las partes contratantes participarían en las utilidades o pérdidas que generara la gestión conjunta, así como la forma de liquidación de las mismas, conforme con el artículo 10 literal c) de la Ley 37 de 1993. Es decir, aunque el contrato no señalara expresamente un porcentaje para el reparto de utilidades, a juicio de la Sala, si estableció los parámetros con los cuales los asociados y Telecom participarían de las utilidades o pérdidas. De acuerdo con lo anterior, para la Sala, la DIAN no podía concluir, con base en el artículo 10 de la Ley 37 de 1993, que los ingresos obtenidos por la prestación del servicio público se entendían percibidos exclusivamente por Telecom. Tampoco podía dar por sentado que todos los ingresos percibidos por esos contratos fueron exclusivos de la actora, por el hecho de que Telecom fuera el prestador del servicio público y conservara la titularidad con todos los derechos y obligaciones que ello conllevaba, pues en virtud de los convenios esa suposición quedaba desvirtuada, como se vio, en el entendido de que los asociados eran titulares de los ingresos en el porcentaje

estipulado. Además, nada tiene que ver que los asociados no intervinieran en la relación jurídica que se creaba entre los usuarios y la entidad estatal, pues se trataba de dos relaciones diferentes que, para efectos fiscales, no tenían ninguna incidencia. La titularidad del prestador del servicio a que se refiere el artículo 10 de la Ley 37 de 1993, en concordancia con el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, se refiere no sólo a la titularidad que el Estado tiene frente a la prestación de los servicios públicos (artículo 365 de la Constitución Política) sino a la responsabilidad que adquiere la empresa frente al usuario, como prestadora del servicio, la cual no puede considerarse extendida a la titularidad y responsabilidad de los impuestos que en cabeza de otras personas o entidades consagra la ley, por la realización de un hecho generador. Para la Sala no es claro cómo los convenios que suscribieron los asociados con Telecom estaban perjudicando los intereses fisco colombiano, puesto que la DIAN no sólo no demostró de qué forma se presentaba este perjuicio, sino que, en todo caso, se vio que cada asociado recibía ingresos con ocasión del desarrollo de los contratos de la prestación de servicio público, y la DIAN podía determinar la realización del hecho generador del impuesto de renta en cabeza de ellos, así como establecer el impuesto a cargo por ingresos de fuente nacional, conforme con el artículo 24 del Estatuto Tributario. Se observa, así mismo, que en los convenios se dejó establecido que “los impuestos, derechos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión del contrato estarán a cargo y serán cancelados por la parte que dé

origen a los mismos. En caso de que se causen por las dos partes, se asumirán por montos iguales”. No se trata tampoco que la Administración pueda restringir o alterar las consecuencias fiscales de los pactos privados. Para la Sala los hechos económicos realizados en virtud de convenios particulares tienen unos efectos tributarios, que no son negociables ni modificables. Son los que consagra la ley. De manera que si, en este caso, Telecom tuvo unos ingresos en virtud de los convenios suscritos para la prestación del servicio de telecomunicaciones, los cuales estuvieron debidamente contabilizados y probados, no había razón para considerar que debía incluir ingresos que no eran propios, sino de otros entes que, en asociación con la actora, desarrollaron el contrato de prestación de servicios. DEDUCCION POR EXCESO DE LA RENTA PRESUNTIVA - no puede rechazarse por no contabilizase en cuentas de orden siempre que se pueda verificar su origen en las declaraciones tributarias Esta deducción por exceso de renta presuntiva es un beneficio que sólo tiene efectos tributarios. Por tal razón no se registra en las cuentas del balance. La prueba de la existencia de un exceso de renta presuntiva está dada por las declaraciones de renta. De manera que si la actora demostró el exceso de renta presuntiva en la declaración del año gravable 1997, y tenía dos años para solicitar la deducción, lo podía hacer por los años 1998 y 1999, como en efecto ocurrió. La DIAN no discutió que la actora no pudiera solicitar la deducción por exceso de renta presuntiva ajustada por inflación, ni que el porcentaje del ajuste no fuera lo

correcto, lo que ha cuestionado es su falta de registro en cuentas de orden. Sin embargo, desde el punto de vista contable, las cuentas de orden son cuentas de control en las que se registran las partidas conciliatorias entre las cuentas fiscales y contables, y si bien, de acuerdo con el PUC, en el Código 82 se deben registrar las diferencias existentes entre el valor de las cuentas de naturaleza activa según la contabilidad, y las de igual naturaleza utilizadas para propósitos de declaraciones tributarias, dentro de las cuales están conceptos tales como diferencias entre costo contable y fiscal, pérdidas fiscales por amortizar y exceso entre renta presuntiva y renta líquida por amortizar, para la Sala, la falta de registro contable en esas cuentas, no implica la pérdida del beneficio tributario. Como quedó probado en el proceso con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios presentadas por la actora por los años gravables 1997 y 19981, la declaración de renta de 1997 arrojó un exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida de $55.437.851.000, la cual era deducible dentro de los dos años siguientes. El PAAG para el año gravable 1998 fue de 15.69%, de manera que aplicado el porcentaje a la suma indicada arrojó un ajuste de $8.689.198.714 y, por ende, un valor ajustado de $64.136.049.714, del cual solicitó en la declaración de renta del año 1998 la suma de $55.437.851.000, y quedó pendiente por solicitar el saldo. Al saldo restante, no pedido, se le aplicó el PAAG del año 1999,

que fue de 9.63%, lo cual dio como resultado un ajuste de $837.636.536 y, por ende, un saldo de exceso de renta presuntiva ajustada por inflación pendiente de solicitar por $9.535.835.250, como en efecto lo pidió. Por lo tanto, y de acuerdo con el concepto del Ministerio Público, para la Sala, la DIAN no puede, contra la evidencia de las cifras, presumir que el exceso de renta presuntiva del año gravable 1997 la llevó toda en el año 1998, o que la actora aplicó ajustes por inflación a una suma que no existía, pues las declaraciones de renta de los años 1997 y 1998, son elementos de juicio suficientes para acreditar que sí hubo exceso de renta presuntiva, y la forma en que se efectuaron las deducciones de ese exceso y de los ajustes por inflación a los mismos. Por esta razón se confirma en este punto la decisión del Tribunal. DEDUCCION POR EL IMPUESTO DE TIMBRE – Procede cuando el certificado expedido por el agente retenedor es suficiente La DIAN rechazó la deducción del impuesto de timbre por valor de $4.729.580, por cuanto en el certificado del Banco de Bogotá, entidad con la cual la actora celebró un contrato de prestación de servicios, no se demostraba lo que se pagó, ya que conforme con el artículo 381 del Estatuto Tributario, los certificados de 1 Folios 617 a 623 Tomo 2 de anexos al dictamen pericial. retenciones deben contener, el concepto y cuantía de la retención efectuada. Pues bien, para la Sala, la decisión del Tribunal se ajustó a derecho, puesto que

de acuerdo con la prueba visible a folio 24147 de los antecedentes, el certificado expedido por el Banco Bogotá es suficiente para acreditar el derecho a la deducción. Así mismo el artículo 519 ibídem, vigente para el año gravable 1998, fecha de firma y legalización del contrato, establecía una tarifa del impuesto de timbre del 1% sobre los instrumentos públicos y documentos privados. De acuerdo con el documento mencionado, el Banco de Bogotá, como agente retenedor del impuesto de timbre, certificó que le retuvo a la actora el 23 de febrero de 1999 el 50% del impuesto de timbre causado en contrato firmado y legalizado en diciembre de 1998, para conformación, integración y puesta a disposición de red especializada de telecomunicaciones, según reza textualmente la descripción. Consta igualmente que el valor del contrato fue de $945.916.087,02. De manera que aplicada la tarifa vigente para la fecha de firma del contrato del 1% (Ley 383 de 1997) y dividido en el 50%, da como resultado el valor solicitado por la actora en la declaración de renta. Si bien es cierto que la tarifa del impuesto de timbre a partir del año gravable 1999 fue del 1,5% (Ley 488 de 1998), en este caso, la retención se aplicó en 1999, pero por la suscripción de un contrato en diciembre de 1998. A juicio de la Sala, desestimar esta prueba en contra del contribuyente por el hecho de que no aparece expresamente la cuantía retenida, es desconocer las demás informaciones que contiene el certificado, del cual se puede, validamente, establecer cuál fue el impuesto efectivamente

pagado. Además, la insuficiencia en la certificación del agente retenedor, no puede ir en perjuicio de la contribuyente que tiene derecho a la deducción. Se confirma en este aspecto la sentencia apelada. AMORTIZACION DE LOS DIFERIDOS – la deducción no queda al libre albedrio del contribuyente sino que debe hacerse por los métodos de línea recta, reducción de saldos u otro método de reconoció valor técnico autorizado por la Dian De acuerdo con las anteriores disposiciones, la Sala observa que el valor de las inversiones que tuvo la actora en los contratos de joint venture, a que se refieren los actos demandados, podía ser amortizado por la actora durante el término de esos contratos hasta el momento de la transferencia, lo cual no fue negado por la DIAN. Lo que la DIAN cuestionó es que la actora afectó la renta de 1999 con la amortización de diferidos de años anteriores, lo cual no sólo violaba las normas de causación de las deducciones y del principio de asociación, sino que no se cumplía con los requisitos del artículo 143 citado, de dividir en cuotas el importe de la amortización para ser solicitada en el respectivo ejercicio fiscal, lo cual, a juicio de la Sala, está ajustado a derecho. En efecto, el artículo 142 del Estatuto Tributario establece que lo deducible es una proporción, y el artículo 143 señala que cuando se termine el negocio o actividad se puede amortizar la totalidad de la inversión, pero antes se deben hacer los ajustes pertinentes. Esto indica que durante el negocio o actividad se debe ir amortizando conforme con los métodos que señala la norma, es decir, proporcionalmente, y sólo al final se hacen los

ajustes para deducir la parte de amortización que faltó. Pero no como lo pretende la actora, y según lo señaló en el recurso de reconsideración, que era una decisión subjetiva, del criterio del obligado a llevar libros de contabilidad, la manera de concebir la incidencia de los diferidos en su operación. Dijo que la ley no obligaba a dividir en cuotas iguales, ni que en ningún momento preveía que fuera por el sistema de línea recta o de cualquier otra naturaleza. Para la Sala, basta la lectura del artículo 91 de la Ley 223 de 1995, que modificó el artículo 143 del Estatuto Tributario, para considerar que la norma sí estableció que esa amortización no quedaba al libre albedrío de los obligados a llevar contabilidad, sino que debía hacerse por los métodos de línea recta o reducción de saldos, o mediante otro de reconocido valor técnico autorizado por la DIAN, ninguno de los cuales probó la actora que realizó. De manera que, conforme lo decidió el Tribunal, Telecom no podía afectar la renta de 1999 con deducciones que debieron solicitarse en otros periodos gravables, de acuerdo con los métodos de amortización que debió aplicar para amortizar las inversiones en que incurrió en virtud de los contratos joint venture y los ajustes a los mismos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO

Bogotá, D. C. diez (10) de febrero de dos mil once (2011) Radicación número: 25000-23-27-000-2002-01622-01(16887)

Actor: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-TELECOM

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO Se deciden los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 30 de agosto de 2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso: "PRIMERO: ANÚLANSE PARCIALMENTE la Liquidación Oficial de Revisión N° 900015 de fecha 22 de junio de 2001, y la Resolución N° 624-900012 de 24 de junio de 2002, proferidas por la División de Liquidación y Jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - respectivamente, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se generó por concepto del impuesto de renta y complementarios por el año gravable 1999, un saldo a favor de la parte demandante de $5.182.929.000, de conformidad con la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia ARCHÍVESE el expediente previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen".

ANTECEDENTES El 11 de abril de 2000, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TELECOM presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 1999, con un saldo a favor de $17.814.700.000. El 18 de octubre de 2000 la División de Fiscalización Tributaria de la Administración Especial de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá D.C. profirió el Requerimiento Especial 310632000000338, en el que propuso la

modificación de la declaración de renta de la actora. Con la respuesta al requerimiento especial, Telecom presentó corrección a la declaración el 18 de enero de 2001, en la cual aceptó algunas de las glosas propuestas en el requerimiento especial y determinó un saldo a favor de $10.478.227.000. El 22 junio de 2001 la División de Liquidación de la misma Administración expidió la Liquidación Oficial de Revisión N° 900015, mediante la cual modificó la declaración de renta de la contribuyente en el sentido de adicionar ingresos, rechazar deducciones e imponer sanciones. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM - el 27 de agosto de 2001, con ocasión del recurso de reconsideración, presentó corrección a la declaración, en la cual aceptó algunos de los hechos planteados en la liquidación oficial y pagó la sanción por inexactitud reducida con el saldo a favor determinado en $10.457.581.000. El 24 de junio de 2002 la DIAN mediante la Resolución 624-900012 decidió el recurso de reconsideración interpuesto por la contribuyente, aceptó la corrección a la declaración de renta, modificó la liquidación de revisión impugnada y determinó un saldo a pagar de $65.110.706.000, con fundamento en las siguientes modificaciones a la declaración de corrección: a) adicionó ingresos por $309.865.520.048 por contratos joint venture; b) reconoció el costo sobre los mencionados ingresos por $251.655.655.698; c) desconoció la deducción por diferencia de renta presuntiva por $9.535.835.000; d) desconoció la deducción por amortización de diferidos por $13.230.637.035; e) desconoció la deducción por el

IVA en la adquisición de bienes de capital por $1.828.854.245; f) rechazó la deducción por impuesto de timbre por $4.729.580; g) modificó el ajuste por inflación a los semovientes ($4.098.000), activos fijos no depreciables ($143.597.000) y activos fijos depreciables ($1.946.365.000) y la depreciación acumulada por $49.624.133.000; h) impuso sanción por libros de contabilidad por $246.800.000; e i) impuso sanción por inexactitud de $46.351.684.000. DEMANDA La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM demandó la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión y de la Resolución que la modificó. Como restablecimiento del derecho pidió que se dejara incólume la liquidación privada de corrección 90000005038381 del 27 agosto de 2001, y se condenara en costas y agencias en derecho a la demandada. Señaló que, en cualquier caso, se debía declarar la improcedencia de la sanción por inexactitud impuesta por la DIAN, así como de la sanción por libros de contabilidad. Invocó como normas violadas los artículos 29, 95 numeral 9, y 338 de la Constitución Política; 26, 647, 654 y 683 del Estatuto Tributario, y 10, 27 y 28 del Código Civil. Los cargos de la demanda se resumen así:

1. Adición de Ingresos en la prestación de un servicio público a través de contratos denominados "Joint venture" o de "Riesgo Compartido”. La

Administración sostuvo que Telecom, como titular del servicio de Telecomunicaciones, debió declarar la totalidad de los ingresos percibidos en desarrollo de los contratos de asociación a riesgo compartido. Además, que la titularidad del servicio de que trata la Ley 37 de 1993, se concedía a la entidad contratante para que ejerciera todos los derechos y asumiera las obligaciones que se generaran con ocasión de la prestación del servicio, lo que implicaba recibir y disponer de los ingresos que producía el servicio. Por lo anterior adicionó los ingresos percibidos por los asociados, en la declaración de renta de Telecom correspondiente al año gravable 1999, en virtud de los contratos de asociación a riesgo compartido. Señaló que el criterio oficial se apartaba de la legalidad, porque: (i) en esos contratos se estipuló la participación del asociado en los ingresos generados por la prestación del servicio a los usuarios; (ii) pretendía derivar de la titularidad del servicio, que siempre ha sido responsabilidad de TELECOM, el 100% de los ingresos generados por la prestación del servicio en virtud de contratos de asociación; y (iii) la actora declaró única y exclusivamente el porcentaje de sus participaciones en los convenios de asociación, sumas que hicieron parte de la renta líquida, conforme a derecho. Señaló que la DIAN desconoció la naturaleza jurídica y económica de los contratos de asociación a riesgo compartido suscritos por Telecom, por lo que era importante afirmar que no existía un concepto unívoco de joint venture, pues para la doctrina nacional e internacional era claro que bajo dicho concepto se designaban diferentes realidades que, si bien compartían características comunes, no por ello se podían incluir dentro de la misma función jurídica y

económica. Adicionalmente se había generado confusión al tratar de aplicar las características del joint venture de una legislación a otra. Que en el ordenamiento colombiano existían algunas referencias a este tipo de convenios, cuando se establecía la posibilidad de que el Estado celebrara contratos de asociación para los servicios de Telecomunicaciones2 o para la exploración y explotación de hidrocarburos. Explicó que los joint venture suscritos por Telecom se enmarcaban dentro de los denominados “non incorporates joint venture” o “joints ventures contractuales”, por lo que los efectos jurídicos y económicos que de ellos se derivaban para las partes, no podían ser otros que los de un contrato de asociación. Con la expedición de la Ley 37 del 6 de enero de 1993 se autorizó a Telecom para celebrar contratos de asociación a riesgo compartido, para el cumplimiento de sus objetivos legales y estatutarios. La ley fue clara al establecer que a los contratos de asociación a riesgo compartido se les aplicarían las disposiciones del derecho privado y, además, las estipulaciones que las partes debían incluir en los contratos. 2 Ley 37 de 1993 Indicó que desde 1993 Telecom firmó contratos de asociación con empresas multinacionales de Telecomunicaciones (NORTEL, NEC y ALCATEL, entre otros), en los que implementó dicha figura jurídica, conforme a la única previsión legal especial de la Ley 37 de 1993, y a las estipulaciones comerciales y civiles propias del derecho privado. En todos los contratos celebrados por Telecom, las partes acordaron que su objeto era el de regular y establecer los derechos, obligaciones, responsabilidades y demás condiciones bajo las cuales las partes desarrollarían

conjuntamente y a riesgo compartido, un proyecto de Telecomunicaciones que le permitiría a Telecom la prestación del servicio de TPBCL en un área establecida. Explicó que la distribución de los riesgos, obligaciones e ingresos dependió de la negociación de cada contrato particular. Sin embargo, TELECOM asumió los riesgos de tarifas, tráfico, variables macroeconómicas y cartera, entre otros. Además, se responsabilizó directamente de la administración, operación, mantenimiento, continuidad y prestación del servicio y de la suscripción de los contratos con los usuarios. Igualmente se obligó a transferir las participaciones sobre los ingresos a que tenían derecho los asociados, en la forma y plazos establecidos contractualmente, y a cancelar unos valores por concepto de anticipos y de valor de rescate. Por su parte, los asociados se responsabilizaron de aportar toda la infraestructura, redes y equipos nuevos de última tecnología y de primera calidad, necesarios para la prestación del servicio de TPBCL por parte de Telecom. Durante la ejecución del convenio los asociados recibían una participación en los ingresos generados por la prestación del servicio. Normalmente recibían el 100% de los cargos de conexión e instalación y entre el 50% y el 100% de los demás conceptos de ingresos (cargo básico, consumo local, larga distancia nacional, larga distancia internacional). Telecom, por su parte, recibía el porcentaje restante de los ingresos totales sobre los mismos conceptos y, al final de la ejecución del contrato, la infraestructura aportada por los asociados en los términos y condiciones pactados contractualmente, a cambio del valor de rescate. De acuerdo con lo anterior, dijo que no entendía cómo la Administración,

extralimitándose en sus funciones, sostenía que los contratos no fueron celebrados conforme a la Ley 37 de 1993, y que los ingresos declarados por Telecom no debían ser solo los percibidos por la empresa sino que, además, debían declararse los ingresos recibidos por los asociados. En relación con la titularidad y la prestación del servicio, señaló que la Administración violó la Constitución y la ley: (i) cuando pretendió identificar el concepto titularidad del servicio con la titularidad del ingreso, pues en ningún momento las leyes en materia de telecomunicaciones o de servicios públicos domiciliarios definieron la palabra “titularidad”. La razón de ser y de atribuirse la titularidad, es la de garantizar frente a los usuarios la prestación del servicio; (ii) cuando interpretó que por el hecho de que en los contratos se debía estipular que Telecom era el titular del servicio, debía registrar y declarar como suyos el total de los ingresos percibidos por la prestación del servicio en virtud de dichos contratos. Era claro legal y contractualmente que, a pesar de que Telecom hubiera tenido que recurrir a la administración, operación y mantenimiento de una infraestructura de propiedad de un tercero (asociado) para la prestación del servicio, quien respondía frente al usuario era Telecom, independientemente de la distribución de los ingresos entre la actora y el asociado. Consideró que el artículo 10 de la Ley 37 de 1993 establecía que en los contratos de asociación se debían establecer mecanismos que permitieran determinar la titularidad del servicio, pero ello era para efectos de la responsabilidad contractual frente a los usuarios, no en cuanto a la percepción de ingresos para efectos contables y tributarios, interpretación que la DIAN asumió dilatando el verdadero

tenor literal de la norma y el espíritu del legislador. Explicó que para permitir el ingreso de las participaciones para cada uno de los asociados, las facturas de servicios públicos de telecomunicaciones prestados por Telecom constaban de dos cupones, en donde se dividía el valor facturado de acuerdo con el contrato a riesgo compartido, con el propósito de evitar dudas sobre el beneficiario real del ingreso. Con el sistema de doble cupón previsto en los convenios, la entidad recaudadora distribuía la suma correspondiente a Telecom y al asociado en el momento mismo de su percepción. Relató el proceso de facturación y contabilización de los ingresos generados por la prestación del servicio, así: 1ª. Etapa. Período de Facturación. La Empresa elaboraba las facturas bajo el sistema de doble cupón, uno correspondiente al asociado, por el valor de las participaciones a que tenía derecho según el respectivo convenio, y el otro cupón para Telecom por el valor restante. Sumados los dos cupones resultaba el valor total de la factura. El valor del cupón de Telecom, contablemente y por el sistema de causación se registraba como un crédito en la cuenta “Ingresos” y un débito en la cuenta “Cuentas por Cobrar”. 2ª. Etapa. Conocimiento de las facturas. Las facturas se ponían en conocimiento de los suscriptores o usuarios dentro del término legal establecido para ello y bajo las formas de distribución determinadas por Telecom, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 142 de 1994 y en las normas tributarias. 3ª. Etapa. Pago del valor recaudado. Los usuarios pagaban el valor facturado en las entidades recaudadores y dentro de las fechas límites.

4ª. Etapa. Recaudo y percepción de ingresos. Una vez las entidades recaudadoras recibían el valor total de las facturas imputaban al asociado y a Telecom, en cada una de las cuentas abiertas, los valores correspondientes al respectivo cupón. De esta manera, el valor del cupón a nombre del asociado ingresaba directamente en sus cuentas, sin que mediara previamente un ingreso para Telecom, pues el único valor que ingresaba realmente a sus cuentas era el correspondiente al de su cupón. Con el recaudo real, la actora contabilizaba un débito en la cuenta “Bancos”, contra un crédito en la cuenta “Cuentas por Cobrar”. 5ª. Etapa. Conciliación de ingresos con los asociados. Con el fin de llevar un control directo sobre los ingresos realmente recibidos por los asociados, Telecom y el asociado, en la mayoría de los convenios, realizaban la conciliación de los ingresos según los datos internos de Telecom. A la fecha de terminación de los convenios, cesaron las participaciones a favor de los asociados, razón por la cual Telecom eliminó el sistema de facturación de doble cupón para las líneas correspondientes a dicho convenio. Las facturas elaboradas por Telecom con posterioridad a la terminación de los convenios reflejaron el 100% de los ingresos para la empresa, independientemente de que se hubiera o no procedido a la transferencia de la infraestructura a su favor. Agregó que pretender que Telecom adicionara en su declaración de renta del año 1999, así como la del año 1995, unos ingresos que ya habían sido incluidos en la declaración de renta de los asociados, configuraría una doble tributación interna, incurriendo en violación del artículo 95 C.P., pues una misma fuente o ingreso se

gravaría en más de una ocasión por la misma jurisdicción fiscal, sin existir fundamento legal y tributario para ello.

2. Costos reconocidos de los joint venture correspondientes al valor recaudado por los asociados. Señaló que en la medida en que la adición de ingresos era abiertamente ilegal e improcedente, mal podría pretenderse que se reconocieran unos costos que no han existido jamás. El principio tributario según el cual todo ingreso apareja un costo, cobra relevancia en la medida en que si es improcedente la declaración de unos ingresos, lo es también la declaración de unos costos, llámense estimados o presuntos.

Si se admitiera la posición de la Administración en el sentido de que el 100% de los ingresos debían declararse por Telecom, entonces el 100% de las participaciones del asociado deberían declararse como costo asociado a ese ingreso, sin necesidad de acudir a determinación distinta del costo, como el presunto o estimado de que trata el artículo 82 del E.T. Era improcedente que la Administración, para poder sustentar la adición de ingresos por la supuesta omisión de Telecom, cambiara la naturaleza de los ingresos recibidos por los asociados en virtud de sus participaciones en los joint venture, con el argumento de que dichos ingresos eran para Telecom un costo. Tal actuación era, a todas luces, violatoria de los requisitos establecidos en el artículo 82 E.T. para la procedencia del costo estimado o presunto.

3. Rechazo de deducciones 3.1. Por diferencia de renta presuntiva. Indicó que para la Administración era improcedente el valor solicitado como deducción por concepto de exceso de renta presuntiva, ya que Telecom no tenía registro contable sobre el valor solicitado en

1999 y que, por lo tanto, la diferencia fue solicitada en el año gravable 1998, con el correspondiente ajuste por inflación. La actora explicó que en la declaración de renta del año 1997 se presentó un exceso de renta presuntiva sobre renta líquida que, en términos del artículo 175 E.T., era deducible dentro de los dos años siguientes. Telecom dedujo en la declaración de renta de 1998 una parte del exceso de renta presuntiva, y en la declaración del año 1999 incluyó como deducción la parte restante, junto con los ajustes por inflación correspondientes, bajo el entendido de que legalmente el único requisito era encontrarse dentro del plazo establecido de los dos años. La demandada desconoció la procedencia de la deducción, sustentada en unos requisitos no c