CE-25000-23-27-000-2005-00910-01(16383)-2011

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Alcance / DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECINIENTO DEL DERECHO – Requisitos / DEBIDO PROCESO – Se vulnera cuando el juez decide por fuera de lo discutido por las partes Previo a decidir sobre el fondo del asunto, la Sala advierte que los cargos de la demanda apuntan a demostrar que la liquidación del impuesto sobre la renta por el período gravable 2000, realizada por la actora por el sistema de depuración ordinaria se ajustó a derecho y, en razón de ello, discute los actos administrativos en los que la DIAN señala que tal liquidación debió hacerse por el sistema de comparación patrimonial. En los anteriores términos fue planteada la controversia y claramente delimitada en la demanda, por lo que el pronunciamiento del juez debió ceñirse al marco de la litis propuesta, en aplicación del principio de congruencia de la sentencia que se establece en los artículos 305 del C.P.C. y 170 del C.C.A., este último que dispone que la sentencia “[d]ebe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. (…)”. Precisamente, el artículo 137 del C.C.A. establece como requisitos de la de demanda, entre otros, “3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las

normas violadas y explicarse el concepto de su violación (…)”.En el caso concreto, es evidente que el a quo no delimitó su pronunciamiento a los motivos expuestos en la demanda para controvertir la legalidad de la actuación de la Administración, pues de manera oficiosa decidió que la demandante ha debido liquidar el impuesto sobre la renta del año gravable 2000, por el sistema de renta presuntiva, argumento que resulta completamente ajeno al debate que se presentó en sede gubernativa y jurisdiccional. Tal decisión quebranta los derechos al debido proceso y de defensa de las partes, por cuanto no tuvieron la oportunidad de exponer argumentos a favor o en contra de la posibilidad de liquidar el impuesto en la forma en que se indica en la sentencia recurrida. Por consiguiente, aunque la pretensión de la demanda apunta a obtener la nulidad de los actos administrativos, la causa petendi expuesta por la demandante no es la que expone el Tribunal, a la cual no podría llegarse ni siquiera por interpretación de la demanda, lo que configura, como lo señala la demandante en su recurso de apelación, un fallo extra petita, que debe ser revocado para analizar de fondo los cargos que si fueron planteados en la demanda y que son objeto del recurso, por lo que la Sala se releva de estudiar la posibilidad de liquidar el impuesto a cargo de la demandante por el sistema de renta presuntiva, pues se trata de un tema indebidamente estudiado por el a quo FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 137 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 170 / CODIGO DE

PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 305

REAJUSTES FISCALES SOBRE BIENES INMUEBLES – También es aplicable para las personas que no están obligadas a llevar libros de contabilidad En el recurso de reconsideración, la Administración desestimó la procedibilidad de los ajustes realizados por la demandante con fundamento en el artículo 280 E.T., porque esta disposición “no se enmarca en la situación real de la contribuyente, como quiera que no se encuentra obligada a efectuar ajustes por inflación de conformidad con el artículo 329 ibídem, (…)”, es decir que, para la DIAN, la demandante no podía realizar los ajustes a que se refiere el artículo 280 E.T., porque no estaba obligada a hacer ajustes por inflación, en la medida en que no lleva libros de contabilidad. La anterior conclusión es controvertida por la demandante, quien en la demanda indica que el hecho que la contribuyente “no estuviera obligada a llevar libros de contabilidad, no le impide realizar el ajuste de los bienes en los términos del artículo 868 del E.T., por las referencias que hacen a él el artículo 70 y 280 ibídem” La argumentación expuesta por la demandante, en torno a la aplicación del artículo 280 E.T., es aceptada por la propia Administración al contestar la demanda cuando afirma que “las personas no obligadas a llevar libros de contabilidad, no deben aplicar los citados ajustes integrales por inflación, sin embargo, gozan de la opción de aplicar los ajustes a que se refiere el artículo 868 del Estatuto Fiscal de conformidad con el artículo 70 ibídem” Así pues, en esta jurisdicción se soluciona la discusión en relación con el

derecho que tiene la contribuyente de realizar los reajustes de los inmuebles (activos fijos), en el porcentaje señalado en el artículo 868 E.T., como lo dispone el artículo 70 y 280 ibídem. Por lo anterior, la Sala no realizará mayor análisis pues una interpretación sistemática de los artículos 70 y 280 E.T. permite concluir que los contribuyentes no obligados a llevar libros de contabilidad y, por ende, tampoco obligados a realizar ajustes integrales por inflación, vigentes para la época de los hechos, podían hacer reajustes fiscales en los términos del artículo 868 ibídem.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 280 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 868 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 70

CONFESION DEL CONTRIBUYENTE – Debe apreciarse en lo favorable y en lo desfavorable / VALORIZACIONES NOMINALES DE LOS INMUEBLES – Justificación de la diferencia patrimonial / COMPARACION PATRIMONIAL – Debe tenerse en cuenta dos patrimonios correspondientes a dos años gravables diferentes. Finalidad / VALORIZACIONES NOMINALES – Son pasivos susceptibles de probarse a través de la confesión del contribuyente No se discute que efectivamente es un error que la demandante haya declarado las valorizaciones nominales de sus inmuebles como pasivos. Sin embargo, en la medida en que con ese hecho se pretenda justificar la diferencia patrimonial encontrada por la Administración de Impuestos, tal confesión como medio de prueba legal debe apreciarse en su integridad, es decir, no sólo en lo desfavorable a la contribuyente sino además en lo favorable. En efecto, la confesión de haber

incluido valorizaciones nominales como pasivos es una confesión, pues perjudicaba a la misma contribuyente en tanto así desvirtuó el patrimonio líquido que ella misma declaró en el año gravable 2000. Pero esa confesión, además, contiene un elemento que busca favorecerla o beneficiarla y es precisamente justificar una diferencia patrimonial a lo cual tiene derecho soportado en el inciso 1º del artículo 236 E.T. Entonces, si la Administración aceptó la parte desfavorable de la confesión también debió aceptar que el hecho confesado tuvo efectos prácticos no sólo frente a la liquidación del patrimonio líquido del año gravable 2000 sino al de 1999. Si para la comparación patrimonial deben tenerse en cuenta dos patrimonios correspondientes a dos años gravables diferentes, resulta lógico que los criterios que se aplican a uno también lo sean para el otro, de manera que, pueda hacerse una verdadera comparación que apunte a desentrañar la realidad de los patrimonios que se confrontan. No de otra manera podría entenderse el derecho a mostrar una justificación que, como en este caso, busca evidenciar un error que también se presentó en el patrimonio líquido del año gravable 1999, precisamente con el que se debe realizar la comparación para efectos de establecer la procedibilidad de la determinación de la renta por el sistema previsto en el artículo 236 E.T. Aceptar la actuación de la Administración sustentada además en la firmeza de la declaración privada del año gravable 1999 y anteriores, impediría en la mayoría de los casos, como ocurre en el que se analiza, que el contribuyente pudiera justificar una diferencia patrimonial y de

paso, desdibujaría el espíritu de esta forma especial de determinación de la renta líquida, que no es otra que la de establecer la realidad patrimonial de los contribuyentes en aras de “facilitar el control de los ingresos y en consecuencia de la evasión, pues parte del supuesto de que todo incremento del patrimonio líquido, proviene de rentas que han sido capitalizadas” Por ello, resulta aplicable el criterio expuesto por esta Sala y que invoca la demandante en la demanda, en el sentido de señalar, que no puede la Administración desconocer la condición de pasivos de las valorizaciones nominales para el año gravable 2000 y no hacer lo mismo para el año gravable 1999, pues ello transgrede el artículo 683 E.T. que claramente dispone que “…el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”. En el mismo sentido, la confesión realizada por el contribuyente debe aceptarse como un medio de prueba que permita desvirtuar los “pasivos inexistentes”, pues lo declarado por la demandante como pasivos fueron valorizaciones nominales y en esa medida también su confesión debe estudiarse integralmente, es decir, que no sólo se debe aceptar lo desfavorable sino lo que la beneficia en cuanto a que con ello no pretendió declarar deudas ficticias para disminuir su patrimonio líquido sino que todo obedeció al error que ella misma aceptó.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 683

SANCION POR INEXACTITUD – Procede cuando se declaran pasivos

inexistentes En cuanto a la sanción por inexactitud, se mantendrá porque los valores incluidos como pasivos no correspondían a tal concepto sino a valorizaciones nominales de los bienes inmuebles, error cuya aceptación no exime a la contribuyente de que su actuación constituye un claro desconocimiento de las normas tributarias que, en últimas, generaron un menor valor a pagar. Se precisa, que la sanción se calculará sólo respecto del mayor valor determinado como renta líquida gravable NOTA DE RELATORIA: Salvamento de voto de los doctores Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011) Radicación número: 25000-23-27-000-2005-00910-01(16383)

Actor: MARIA EMMA ROJAS BERNAL

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de 22 de noviembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estimatoria parcialmente de las súplicas de la demanda, así: “PRIMERO: Se declara la nulidad parcial de la Liquidación de Revisión No. 0501-320642004000023 expedida por la División de Liquidación de la Administración Local de Personas Naturales y la nulidad de la Resolución

No. 0624-900001 de 20 de abril de 2005 proferida por la Jefe de la División Jurídica Tributaria de la DIAN que confirmó la anterior, por las cuales se liquidó oficialmente el impuesto sobre la renta a cargo de la señora María Emma Rojas Bernal por el año gravable 2000.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se declara como liquidación del impuesto sobre la renta por el año 2000 a cargo de la parte actora la practicada en la parte motiva de este proveído” ANTECEDENTES El 18 de mayo de 2001, María Emma Rojas Bernal presentó declaración de renta y complementarios por el año gravable 2000, en la que liquidó un saldo a pagar de $0 y un saldo a favor de $89.0001.

Previa apertura de investigación por el programa Denuncias de Terceros2, la Administración de Impuestos de Personas Naturales de Bogotá expidió el Requerimiento Especial 0401-320632003000072 de 21 de agosto de 2003, en el que propuso adicionar activos y desconocer pasivos y deducciones. La Administración determinó la renta por el sistema de comparación patrimonial, porque estableció que la contribuyente omitió incluir bienes inmuebles y declaró pasivos inexistentes en su liquidación privada por el año gravable 20003. La actora no respondió este requerimiento. El 25 de mayo de 2004, la Administración profirió Liquidación Oficial de Revisión 320642004000023, en la que mantuvo las glosas planteadas en el Requerimiento Especial y la determinación de la renta por el sistema de comparación patrimonial. Con base en lo anterior, liquidó un impuesto a cargo de $281.991.000 e impuso

sanción por inexactitud de $451.186.000, para un saldo a pagar de $733.088.0004. Interpuesto el recurso de reconsideración, fue decidido mediante Resolución 900001 del 31 de mayo de 2004, en la que se disminuyó el saldo a pagar a $707.012.000 y la sanción por inexactitud a $436.139.000, porque se accedió a corregir el valor de activos fijos no depreciables y se ajustó el cálculo de la diferencia patrimonial, lo que produjo la disminución de la renta líquida gravable a $802.989.000 y del impuesto de renta a cargo a $271.962.000. LA DEMANDA María Emma Rojas Bernal, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicitó la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión y de la Resolución que decidió el recurso de reconsideración. A título de restablecimiento 1 Fl 1 c.a. 2 Fl. 19 c.a. 3 Fls. 150 a 159 c.a. 4 Fls. 213 a 233 c.a. del derecho, pidió que se confirme la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2000. Citó como normas violadas los artículos 70, 236, 280, 647, 683, 712 literal e), 730, 732 y 868 del Estatuto Tributario. Como concepto de violación, expuso en síntesis: Artículos 712, 730 y 732 del Estatuto Tributario La Liquidación Oficial de Revisión demandada es nula con fundamento en el numeral 4º del artículo 730 E.T., porque no fijó las bases de cuantificación del

tributo como lo señala el literal e) del artículo 730 E.T. La demandada liquidó en $0 la columna de determinación oficial de los renglones 13 y 14 de la declaración, correspondientes a renta líquida y renta líquida gravable, no obstante haber transcrito los valores declarados en la liquidación privada. Si bien en la Liquidación Oficial se analizan los dos sistemas de determinación de la renta gravable, tal explicación no sirve de fundamento para mantener el acto que se reputa nulo, pues la existencia de esos dos sistemas no exime a la demandada de su obligación de fijar la base gravable del tributo en el acto de liquidación. La resolución que decidió el recurso de reconsideración contra la liquidación anterior también es nula, porque falló un recurso contra una supuesta liquidación oficial de corrección aritmética inexistente. En consecuencia, la Administración no se ha pronunciado respecto del recurso interpuesto. Artículos 70 y 280 del Estatuto Tributario Es equivocada la interpretación que se hizo al decidir el recurso de reconsideración, en el sentido de señalar que el artículo 280 E.T. solamente hace referencia a los contribuyentes obligados a realizar ajustes por inflación y no a aquellos que no lo están. También es equivocada la referencia al artículo 329 E.T., pues nunca se adujo que la demandante hubiera aplicado los ajustes por inflación y que estuviera obligada a llevar libros de contabilidad, lo cual tampoco le impedía realizar los ajustes en los términos del artículo 868 E.T., por las referencias que a él hacen los artículos 70 y 280 ibídem. Por lo tanto, la demandante podía ajustar sus bienes entre 1999 y 2000 en un

porcentaje igual al 8.77% de acuerdo con la Circular DIAN 319 de 2000, entonces, no hubo un incremento patrimonial real sino una valorización nominal de los bienes y, correlativamente, un ajuste equivocado del pasivo patrimonial. Artículo 236 del Estatuto Tributario En el caso, no existió aumento patrimonial ni pasivos por demostrar porque, como se probó en el recurso de reconsideración, los bienes inmuebles de la contribuyente son los mismos que se han declarado desde 1994, más la compra del 50% de un apartamento y de dos garajes en 1995, bienes cuyo aumento de valor patrimonial obedece al hecho de haber sido ajustados con los porcentajes del artículo 868 E.T., es decir, el incremento de su valor ha sido meramente nominal y el pasivo fue equivocadamente reajustado, lo que da lugar a un pasivo inexistente. Lo anterior se soportó probatoriamente en un cuadro anexo al recurso de reconsideración, en los certificados de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y en las declaraciones del impuesto predial presentadas desde 1994. El incremento de los activos de 1999 en cuantía de $32.763.000 para el año 2000, obedeció a que mientras la Administración tomó los avalúos o autoavalúos como valores patrimoniales de los bienes incluidos en las declaraciones de renta de 1994 a 2000, la contribuyente tomó los valores reajustados de acuerdo con los artículos 70 y 868 E.T. y, en el caso de los inmuebles adquiridos en 1995, el costo de adquisición ajustado en los mismos términos.

Si la Administración afirma que los bienes declarados por la contribuyente no eran los mismos incluidos en su declaración de renta del año gravable 2000, tenía la obligación de probar cuáles fueron los omitidos. El cuadro aportado con ocasión del recurso, contiene las valorizaciones nominales de acuerdo con las declaraciones de renta de la contribuyente de 1994 a 2000, para demostrar que son los mismos bienes, que el incremento patrimonial que se presentó año a año obedece a la valorización nominal y a que, por error de interpretación de las normas que rigen la determinación de pasivos y la aplicación de los ajustes patrimoniales, quien elaboró las declaraciones desde 1995 llevó al pasivo todo o parte de la citada valorización nominal, pasivo que para el año gravable 2000 ascendía a $97.500.000, por lo que era inexistente en la suma de $868.035.000, sin embargo, como se afirmó al interponer el recurso de reconsideración, el pasivo diferente del aceptado por la DIAN por valor de $104.928.000, no corresponde a ese concepto sino a la valorización nominal de los bienes. Si bien no es posible demostrar la inexistencia del pasivo, por tratarse de una negación indefinida que no requiere prueba, como lo dispone el artículo 177 del C.P.C., existe el hecho que la contribuyente no ha adquirido a través de los años bienes que justificaran la necesidad de adquirir deudas. Es evidente que tanto en 1999 como en el 2000, parte del pasivo era inexistente y así, el patrimonio líquido determinado en dichas anualidades era irreal. Entonces, la demandada al no haber ajustado los dos patrimonios a comparar se produjo un

desbalance que condujo a determinar el impuesto sobre las valorizaciones nominales de los activos poseídos y no sobre los incrementos patrimoniales. Resulta incongruente la actitud de la Administración que para determinar el patrimonio líquido del año 1999, tomó un pasivo que no tuvo en cuenta en el año 2000, por $914.214.000, y pidió que se comprobara el que se declaró por $965.535.000. Lo pertinente era solicitar que se demostrara la diferencia de $51.321.000 pero, al no hacerlo, despojó del carácter de pasivo a los $914.214.000, a pesar de que tal valor ya se había aceptado sin ninguna discusión o comprobación especial. Sobre este punto transcribió apartes de la sentencia del 11 de junio de 1993, Exp. 4680, M.P. Dra. Consuelo Sarria Olcos, en la que se citan normas del Decreto 2053 de 1974, pero que hoy están codificados en los artículos 236 y 683 E.T. Al aceptar los ajustes al valor de los activos incluidos como patrimonio bruto, establecidos en el recurso de reconsideración, y el pasivo de 1999 por $914.214.000, arrojaría una diferencia patrimonial de $140.241.000. Esa diferencia se justifica con el valor de las valorizaciones nominales a los activos que son de $139.099.000 y no de $114.324.000, como lo planteó la Administración, porque tomó los activos no por su valor declarado en 1999, sino por el avalúo catastral vigente para ese año. La Administración no buscó la verdad real, sino que a partir de pasivos

inexistentes, aceptó una verdad formal por el hecho de que la contribuyente los incluyó equivocadamente en su declaración de renta. Admitir la actuación de la demandada equivale a dar prevalencia a una aparente verdad formal, cuando la función del fallador es la de desentrañar la verdad material y adoptar sus decisiones conforme a ella. De otra parte, no procede la sanción por inexactitud, porque la inclusión de pasivos inexistentes no obedeció a la intención de pagar menores valores de los que correspondían, sino al error de interpretación de quien elaboró las declaraciones de los años anteriores al 2000. Está demostrado que entre 1999 y 2000 no hubo capitalización de ingresos no declarados, situación que la norma de comparación patrimonial busca conjurar. Además, los datos declarados fueron verdaderos; el error cometido por la actora no lesionó los intereses de la Administración ni los de ningún tercero y no se desmintieron las respuestas de la actora a los requerimientos ordinarios de información que se le enviaron, en las que informó cuáles eran sus bienes y la inexistencia de algunos pasivos declarados. La demandada violó el principio de justicia porque determinó la renta por el sistema especial de comparación de patrimonios, no obstante que no hubo ningún incremento patrimonial que lo justificara, máxime cuando los valores determinados por la Administración de Impuestos absorbieron la renta de la contribuyente y el 58,92% de su patrimonio, pues el saldo a pagar asciende a $707.012.000 y el patrimonio líquido determinado oficialmente es de $1.199.912.000. LA OPOSICIÓN La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo

siguiente: La Administración, a través de sus distintas actuaciones, ha señalado el resultado del proceso de determinación, precisando las modificaciones efectuadas a la declaración de renta de la actora, concretamente, en el memorando explicativo de la liquidación oficial de revisión, se indicó que la renta líquida gravable se determinó por comparación patrimonial, es decir, que la liquidación oficial de revisión demandada cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 712 del Estatuto Tributario. El Tribunal debe inhibirse de fallar respecto a la violación de los artículos 730 y 732 ibídem, toda vez que tal cargo no fue planteado en la vía gubernativa. Además, el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión se resolvió dentro del año siguiente a su interposición, como lo ordena la segunda de dichas normas, y el hecho de que la resolución que lo decidió haya identificado el acto impugnado como liquidación oficial de corrección aritmética, no es causal de nulidad. En cuanto al aspecto de fondo discutido, señaló que el sistema de ajustes por inflación se aplica a todos los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, con excepción de las personas naturales que cumplan las condiciones para pertenecer al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, aunque no sean responsables del mismo. Los no obligados a llevar libros de contabilidad no deben aplicar los citados ajustes, sin embargo, gozan de la opción de aplicar los ajustes a que se refiere el artículo 868 E.T., según lo dispone el artículo 70 íb. En el caso, la actora hizo uso de esta opción y ajustó los bienes poseídos del año 1999 y 2000, no obstante que

en el proceso de determinación se encontró que los ajustes recayeron sobre unos pasivos inexistentes. La renta líquida gravable se puede determinar por el sistema ordinario del artículo 26 del Estatuto Tributario o por el sistema especial de comparación patrimonial previsto en el artículo 236 ibídem, si existen diferencias injustificadas entre los patrimonios líquidos declarados por el contribuyente. Por tanto, como en el caso la demandante no justificó la diferencia encontrada entre los patrimonios líquidos de 1999 y 2000, la Administración llevó como renta líquida gravable esa diferencia, que se determinó en $802.989.000. La demandante declaró valores irreales de patrimonio y pasivos del año gravable 2000, lo cual que redujo su impuesto a cargo y condujo a que se le impusiera sanción por inexactitud, por la inclusión de datos falsos en la declaración. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal anuló parcialmente los actos demandados y, como restablecimiento del derecho, practicó una nueva liquidación del impuesto sobre la renta a cargo de la actora por el año gravable 2000, en la que determinó un saldo a pagar de $30.154.000, de los cuales $18.611.000 corresponden a la sanción por inexactitud. El desconocimiento de los artículos 730 y 732 del Estatuto Tributario en los actos acusados no es un cargo que conduzca a fallo inhibitorio, pues se trata de un argumento jurídico nuevo que sustenta las pretensiones de la demanda y que, en esa medida, puede estudiarse de fondo. El anexo explicativo de la liquidación de revisión acusada señala claramente el valor de la renta líquida gravable determinada por el sistema de comparación

patrimonial, cifra sobre la cual se liquidó el impuesto correspondiente; por tanto, dicho acto contiene las bases de cuantificación del tributo. El error de la resolución que decidió el recurso de reconsideración respecto a la identificación del acto impugnado, en cuanto se refirió a él como una liquidación oficial de corrección aritmética, no vició de nulidad la actuación porque, en todo caso, identificó claramente el número y la fecha de la liquidación oficial de revisión efectivamente recurrida. Así pues, el mencionado recurso fue oportunamente decidido. Con fundamento en los alegatos de conclusión, sostiene que la demandante acepta lo argumentado por la DIAN en la contestación de la demanda, en cuanto a los ajustes realizados a los inmuebles, de acuerdo con los valores que obran en los certificados catastrales. Por lo que concluye que no se detendrá en revisar la determinación en el rubro del patrimonio bruto en los actos acusados, en cuanto que ellos corresponden a los valores catastrales ajustados a 2000 de los bienes inmuebles de propiedad de la actora, respecto de los cuales manifiesta aceptación. Por tanto, la discusión no radica en la determinación del patrimonio, sino en la de los pasivos que lo afectan. La demandante declaró en el año 1999 pasivos por $914.000.000 y en el 2000 la suma de $965.535.000. Entonces, el patrimonio líquido de 1999 fue determinado en la declaración en $285.599.000 mientras que en el año 2000, por virtud del desconocimiento de pasivos que hizo la Administración, quedó en $1.085.588.000,

de lo que la demandada dedujo una diferencia patrimonial de $802.989.000, que constituye la renta por comparación patrimonial sobre la que se liquidó el impuesto. Para el año 2000, la demandante liquidó el impuesto sobre una renta presuntiva de $14.130.000, cuando el 5% del patrimonio líquido que declaró ($306.542.000) ascendía a $15.327.100, de lo que se deduce un error en este aspecto de la declaración. Igualmente, la demandante hace una manifestación que puede entenderse confesión (art. 747 E.T.), cuando sostiene que los pasivos declarados en los años gravables 1999 y 2000 son parcialmente inexistentes. En la práctica, tal manifestación tiene consecuencias negativas en su contra, así: (i) si se determina la renta como presuntiva, el patrimonio líquido base de liquidación de la renta presuntiva se eleva al no tenerse en cuenta el pasivo inexistente; (ii) si se determina la renta por comparación patrimonial, se debe elevar el valor del patrimonio líquido no solo del año 2000 sino también el del año 1999, ya que el hecho confesado constituye la explicación de la desproporcionada diferencia patrimonial a la que llegó la Administración; y (iii) en ambos casos la conducta del declarante evidencia inexactitudes sancionadas por el artículo 647 del Estatuto Tributario, pues la inclusión de pasivos inexistentes conduce a liquidar un menor impuesto por reducción de la base para su liquidación. Concluye que le asiste parcialmente razón a la contribuyente en cuanto que la comparación patrimonial realizada por la demandada no tuvo en cuenta la

confesión, en el sentido de señalar que los pasivos declarados en los años eran parcialmente inexistentes, pues la Administración atendió tal manifestación solamente en lo concerniente al último año, lo que determina una diferencia patrimonial cuya explicación ha sido evidenciada con los hechos confesados que evidentemente perjudican al demandante. El anterior razonamiento desvirtúa la liquidación del impuesto practicada por la Administración por el sistema de comparación patrimonial, siendo procedente entonces, realizar la liquidación por el sistema de renta presuntiva establecido en el artículo 188 E.T. Por consiguiente, el Tribunal practicó una nueva liquidación del impuesto discutido, tomando como patrimonio líquido base de liquidación de la renta presuntiva, el establecido en los actos acusados por valor de $1.199.912.000. RECURSO DE APELACIÓN Inconformes con la decisión del a quo, ambas partes apelaron con argumentos que se resumen, así: La demandada señala que la declaración de renta del año gravable 1999 quedó en firme y, por tanto, los pasivos que incluyó se entienden existentes, no así los declarados en el año gravable 2000. La firmeza, entonces, impide modificar y/o corregir la declaración de renta de 1999, y otorgarle efectos a la confesión sobre la inexistencia de los pasivos allí declarados. De acuerdo con el principio de eficacia y el deber de controlar la evasión tributaria, la renta gravable de la actora por el año gravable 2000 debe ser determinada por comparación patrimonial, pues la confesión sobre inexistencia de pasivos conduce a un aumento injustificado del patrimonio.

La demandante expone que el Tribunal violó el principio de jurisdicción rogada, en cuanto adoptó decisiones ultra y extra petita, desconociendo que la sentencia no puede proveer sobre aspectos distintos a los expuestos en la demanda y su contestación. El a quo