CE-25000-23-27-000-2007-00034-01(18325)-2011

LIQUIDACION OFICIAL DE REVISION – Su notificación es por correo o personalmente / NOTIFICACION POR AVISO – Eventos en los que procede / PORTAFOLIO – Periódico de amplia circulación nacional / AMPLIA CIRCULACION NACIONAL – Alcance de la expresión / RECURSO DE RECONSIDERACION – Oportunidad para presentarlo. Cuando se presenta extemporáneamente se inadmite el recurso / VIA GUBERNATIVA – No se agota cuando no se interpone en tiempo los recursos obligatorios / FALLO INHIBITORIO – Se profiere cuando no se agotó la vía gubernativa Precisa la Sala, que la notificación de la liquidación oficial debía realizarse por correo o personalmente, como indicaba el artículo 565 del Estatuto Tributario vigente para la época y, respecto a la notificación por correo, preveía el artículo 566 ídem que “se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la dirección informada por el contribuyente a la Administración”. El mismo estatuto en el artículo 568 preceptuaba que las notificaciones devueltas por el correo por cualquier razón “serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional”, y precisaba que “la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación”. Con la primera certificación, sería suficiente para concluir que el periódico Portafolio tiene amplia circulación nacional, pues se distribuye en 24 de los 32 departamentos con un potencial de cubrimiento del 75

por ciento del territorio nacional. Además, el término circulación se refiere a distribución y no a su venta, asunto que es independiente de la temática del periódico, con lo cual basta que el “impreso” esté a disposición de las personas en diferentes lugares del país para su consulta y no necesariamente que llegue obligatoriamente a todos los puntos de la geografía nacional, porque la redacción de la norma no impone dicha condición. Según el artículo 720[2] del Estatuto Tributario, salvo disposición en contrario, el recurso de reconsideración debe interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación del acto a recurrir, con lo cual, el contribuyente tenía plazo para presentar el recurso hasta el 27 de noviembre de 2005, y como fue radicado el 14 de junio 2006, resulta su interposición extemporánea, por ello, el auto inadmisorio del recurso de reconsideración y el que lo confirmó se ajustan a derecho, es decir, la DIAN procedió correctamente al no darle trámite al recurso interpuesto. En el sublite, el recurso de reconsideración era de obligatoria interposición para el contribuyente, pues no se acogió a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario por ello, no se agotó la vía gubernativa en los términos del artículo 63 del Código Contencioso Administrativo, aspecto que constituye requisito de procedibilidad para acudir ante esta jurisdicción, según el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo siendo necesario proferir el fallo inhibitorio

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 565 / ESTATUTO

TRIBUTARIO – ARTICULO 566 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 568 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 720 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 63 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 135

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

Bogotá, D.C. cinco (5) de diciembre de dos mil once (2011) Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00034-01(18325)

Actor: C.I. SUPERBUS DE BOGOTA S.A. - LIQUIDADA

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 29 de abril de 2010 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso: “PRIMERO. Declárase la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Liquidación oficial de revisión N° 310642005000080 de 22 septiembre de 2005. - Auto inadmisorio del recurso de reconsideración N° 310662006000006 de 23 de junio de 2006 - Auto confirmatorio del Auto N° 310200600001 de 28 de julio de 2006.

SEGUNDO. En consecuencia y como restablecimiento del derecho DECLÁRASE en firme la declaración privada presentada el día 27 de mayo de 2003 por la sociedad C.I. SUPERBUS DE BOGOTÁ S.A. (DISUELTA Y LIQUIDADA) por concepto de impuesto sobre la renta y

complementarios del año gravable 2002. TERCERO. No condenar en costas a la DIAN (...)” ANTECEDENTES El 8 de abril de 2003, la sociedad C.I. SUPERBUS DE BOGOTÁ S.A. (disuelta y liquidada) presentó la declaración de renta y complementarios del año gravable 2002 con un saldo a favor de $351.813.000, la cual fue corregida voluntariamente por la sociedad el 27 de mayo de 2003. El 4 de julio de 2003 la sociedad C.I. SUPERBUS DE BOGOTÁ S.A. (disuelta y liquidada) radicó solicitud de devolución y/o compensación de saldo a favor, resuelta favorablemente mediante Resolución N° 608-0866 de julio 16 de 2003. La DIAN el 25 de agosto de 2003 expidió auto de verificación o cruce en desarrollo de sus facultades de fiscalización. Previo requerimiento especial y su correspondiente respuesta, la DIAN mediante Liquidación de Revisión N° 310642005000080 de 22 septiembre de 2005, modificó la declaración de renta de la contribuyente, en la que desconoció el valor de $649.315.000 renglón 49 de “otras deducciones” por concepto de pérdidas en la cesión de leasing a la sociedad Super Polo S.A. en venta de inversiones bonos de solidaridad para la Paz y en contratos Forwads, e impuso sanción por inexactitud por $352.246.000. El 17 de abril de 2006, la demandante aceptó haberse notificado por conducta concluyente de la liquidación oficial de revisión. El 14 de junio de 2006 el liquidador suplente de la sociedad presentó recurso de

reconsideración, que fue inadmitido mediante Auto N° 310662006000006 de 23 de junio de 2006 por haberse presentado el recurso extemporáneamente, decisión confirmada mediante auto N° 310200600001 de 28 de julio de 2006. DEMANDA La sociedad C.I. SUPERBUS DE BOGOTÁ S.A. (LIQUIDADA) solicitó la nulidad de: “a) La Liquidación Oficial de Revisión N° 310642005000080 de 22 septiembre de 2005, el b) Auto inadmisorio recurso de reconsideración N° 310662006000006 de 23 de junio de 2006, de la División Jurídica Tributaria y c) El auto confirmatorio del Auto inadmisorio N° 310200600001 de 28 de julio de 2006 de la División Jurídica Tributaria, los tres(3) actos, emanados de la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Santa Fe de Bogotá D.C. mediante los cuales se modificó, a la sociedad C.I. SUPERBUS DE BOGOTÁ S.A. (Disuelta y liquidada), su liquidación privada del impuesto sobre la renta, correspondiente al año gravable 2002, y se inadmitió y confirmó la inadmisión del recurso legal y concedido de reconsideración. Que consecuencialmente, a título de restablecimiento del derecho, se condene en costas, de conformidad con lo dispuesto en la ley y se declare que en razón de la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión, por irregularidades en el proceso de su notificación no hay lugar al rechazo de las deducciones solicitadas por concepto de la pérdida en la enajenación

de Bonos de Solidaridad para la Paz, cuantificada en $9.956.000; la deducción solicitada por valor de la pérdida en la cesión de contrato de arrendamiento financiero(leasing) cuantificada en $352.246.000 por el simple anuncio de la aplicación de la sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones,(…)” Invocó como normas violadas: Artículos 2, 29, 95[9], 229 y 363 de la Constitución Política; 107, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 710, 730, 731, 778 y 779 del Estatuto Tributario; 48, 59, 61, 84 y 267 del Código Contencioso Administrativo; 10, 30 y 32 del Código Civil y 177, 313 y 330 del Código de Procedimiento Civil Los cargos de la demanda se resumen así: Adujo que si bien la sociedad admitió en la respuesta al requerimiento especial la improcedencia de las deducciones rechazadas por la DIAN, que ante la nulidad de la liquidación oficial de revisión, aquellas no debían rechazarse. En cuanto a la deducción por pérdida en la cesión del contrato de arrendamiento financiero, con base en el artículo 238[4] del Código de Comercio, explicó que fue imperativo para el liquidador poner fin al contrato de leasing que ocasionó una pérdida y que solicitó como deducción. Respecto de la diferencia en cambio por Forward, señaló que era deducible de acuerdo con el artículo 120 del Estatuto Tributario y como la liquidación oficial de revisión es nula, la glosa seguía la misma suerte.

Consideró que se vulneraron normas constitucionales porque los actos acusados no se ajustaron a los principios del debido proceso, la buena fe y de acceso a la Administración a justicia; pues, con su expedición y notificación se incumplió con el procedimiento legalmente establecido, además no se notificaron oportunamente, tanto personal como por edicto. La Administración violó el debido proceso por cuanto la liquidación oficial de revisión no podía notificarse por aviso, pues, con la devolución del correo certificado por la causal de “no reside” se debió investigar el motivo de la respuesta antes de acudir al artículo 565 del Estatuto Tributario, más aun cuando el envío postal tuvo como destinatario al liquidador principal de la sociedad y no a la sociedad, y la causal de no reside solo es para personas naturales y no jurídicas. Así mismo, la notificación por aviso se surtió en un periódico que no es de amplia circulación nacional, por lo tanto, fue irregular la notificación. Citó la jurisprudencia del Consejo de Estado expediente 8022 de 1997, según la cual, en los casos de indebida notificación de los actos administrativos el término de caducidad no opera y se puede interponer la demanda en cualquier tiempo. La notificación de la liquidación oficial de revisión fue extemporánea, pues el plazo para responder el requerimiento especial venció el 18 de junio de 2005, con lo cual, la liquidación debió notificarse el 18 de diciembre del mismo año, según el artículo 710 del Estatuto Tributario, y como su notificación fue por conducta concluyente del 17 de abril de 2006 y no del 27 septiembre de 2005 como lo afirmó la DIAN, se configuró la nulidad prevista por el artículo 730[3] del Estatuto

Tributario. La sanción por inexactitud es improcedente en virtud de la nulidad de la liquidación oficial de revisión, además, porque el contribuyente no conoció el pliego de cargos previo a la sanción por el rechazo de las devoluciones o compensaciones del artículo 670 del Estatuto Tributario. CONSTESTACIÓN DE LA DEMANDA La DIAN solicitó que se negaran las pretensiones por las siguientes razones: Propuso la excepción de inepta demanda, el contribuyente no agotó la vía gubernativa para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, interpuso de forma extemporánea del recurso de reconsideración. Manifestó que el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional contempla la forma de notificar las actuaciones de la Administración. Que, contrario a lo afirmado por la demandante, sólo los actos que deciden los recursos deben ser notificados de manera personal, mientras que las liquidaciones oficiales se pueden notificar por correo o personalmente. En consecuencia, la Administración notificó la liquidación oficial por correo, mientras que el auto inadmisorio del recurso de reconsideración y el que lo confirmó fueron notificados personalmente, sin que la demandante tenga razón para pretender que todos los actos le fueran notificados personalmente o por edicto. La DIAN estableció, a través del Concepto 82229 de 8 de noviembre de 2005, que según el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, el RUT constituye el mecanismo idóneo para la ubicación de la dirección del contribuyente, aunque no impide que para fines procesales el representante legal o apoderado del contribuyente pueda señalar una nueva dirección de notificaciones. Para el caso concreto, el liquidador

de la sociedad, en su calidad de representante legal, en la respuesta al requerimiento especial, informó una dirección concordante con la del RUT, que no fue modificada en el curso de la actuación administrativa, y por ello, la notificación por correo se efectuó correctamente. La liquidación oficial de revisión se intentó notificar en la dirección suministrada por el liquidador, que si bien el correo fue devuelto por la causal “no reside”, esta debe ser entendida de acuerdo a los hechos acaecidos, para lo cual era preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario, es decir, una vez devuelto el correo se procedió a la notificación mediante aviso publicado el 27 de septiembre de 2005 en el periódico Portafolio, que es de amplia circulación nacional, fecha en la que se surtió la notificación de la liquidación oficial de revisión. Por ello, el término de dos meses para interponer el recurso de reconsideración expiró el 27 de noviembre de 2005 conforme al artículo 720 del Estatuto Tributario. Manifestó que la liquidación oficial de revisión surte efectos a partir de su notificación por aviso realizada el 27 de septiembre de 2005 y no el 17 de abril de 2006, fecha en que la apoderada de la demandante obtuvo copia de la liquidación. Ahora bien, el 18 de junio de 2005 finalizó el término para responder el requerimiento especial y el 27 de septiembre de ese año se notificó la liquidación oficial, con lo cual, no transcurrieron más de los 6 meses para su notificación como preceptúa el artículo 710 del Estatuto Tributario, siendo improcedente la causal de

nulidad de notificación extemporánea de que trata artículo 730 [3] ídem. Afirmó, en términos del artículo 720 del Estatuto Tributario, que el contribuyente debió presentar el recurso de reconsideración en los dos meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial de revisión, término que venció el 27 de noviembre de 2005, con lo cual, fue extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto el día 14 de junio de 2006, inadmitido mediante auto 310662006000006 de 23 de junio de 2006, contra el que se interpuso recurso de reposición decidido negativamente por auto 310200600001 de 28 de julio de 2006, actos que fueron notificados personalmente sin que existiera causal de nulidad. En consecuencia, la demandante no agotó la vía gubernativa como requisito de procedibilidad para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no presentó argumentos de fondo para controvertir las deducciones rechazadas, por lo tanto, la demanda carece de concepto de violación, lo que genera un fallo inhibitorio y además, en la respuesta al requerimiento especial aceptó la improcedencia de las expensas que le fueron propuestas como glosadas. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones: Para establecer la incidencia que tiene la disolución y liquidación de la sociedad en el procedimiento de determinación y discusión del tributo, y en el proceso contencioso administrativo de conformidad con los artículos 222, 228, 230, 234, 241 y 252 del Código de Comercio y el artículo 847 del Estatuto Tributario, la

sociedad liquidada sigue respondiendo de sus pasivos a través del liquidador, quien la representa. Así mismo, el artículo 849-2 del mismo estatuto, prevé que “en los procesos de sucesión, concordatarios, concurso de acreedores, quiebra, intervención, liquidación voluntaria, judicial o administrativa, en los cuales intervenga la administración de impuestos, deberá efectuarse las reservas correspondientes constituyendo el respectivo depósito o garantía en el caso de existir algún proceso de determinación o discusión en trámite", conducta exigible al liquidador. Las obligaciones derivadas del impuesto sobre la renta nacen al momento de su causación, lo cual sucede anualmente y en el caso concreto se produjeron en el año 2002, es decir, previo a la liquidación de la sociedad ocurrida en el año 2003. Además, los artículos 2494 y 2495 del Código Civil indican que las deudas por impuestos son créditos de primera clase, prelación que debe salvaguardar la DIAN para su cobro y sobre los efectos que tiene la liquidación de una sociedad en el ejercicio de las facultades de fiscalización y determinación del tributo. Se refiere al pronunciamiento del Consejo de Estado en sentencia de 17 de febrero de 1995, expediente N° 5404. La Administración ejerció sus poderes de fiscalización y determinación del impuesto oportunamente, toda vez, que la aprobación de una solicitud de devolución de un saldo a favor no constituye un título definitivo a favor del beneficiario según el artículo 670 del Estatuto Tributario. Así mismo, el artículo 256 del Código Comercio ordena que la responsabilidad de los liquidadores ante los

socios y terceros, entre ellos la DIAN, culmina en cinco años contados a partir de la fecha de aprobación de la cuenta de liquidación final. Si bien es cierto que para la fecha de expedición de los actos administrativos demandados y el momento de presentación de la demanda, la sociedad estaba disuelta y liquidada; según el artículo 256 citado, el liquidador principal y los socios de la misma podían ejercer las acciones de ley para salvaguardar su responsabilidad. Es decir, que la Administración podía iniciar el proceso de determinación y liquidación oficial del impuesto sobre la renta del año 2002 y, a su vez, el liquidador acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para demandar los actos proferidos en dicho proceso. Precisó que, en desarrollo del principio de publicidad de las actuaciones administrativas (artículo 3° del Código Contencioso Administrativo), la Administración debía dar a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones de ley, según el acto administrativo de que se tratara, lo que constituye un elemento esencial del debido proceso que permite a los administrados ejercer el derecho de defensa, y mientras que los actos no se notifiquen son inoponibles a sus destinatarios. La liquidación oficial de revisión se debe notificar personalmente o por correo según el artículo 565 del Estatuto Tributario. Por su parte, el artículo 566 ídem, ordenaba que la notificación por correo se practicará mediante la entrega de una copia del acto en la dirección informada por el contribuyente a la Administración. Así mismo, el artículo 568 del mismo ordenamiento, indica que las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier razón fueren devueltas,

serían notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional, es decir, que las liquidaciones oficiales deben notificarse personalmente o por correo, a la dirección que aparece registrada en el RUT. Sin embargo, cuando en el proceso de determinación el contribuyente informa de manera expresa una nueva dirección de notificación, la DIAN deberá realizarla en esta última, pues la norma es una disposición especial en el régimen de notificaciones en materia tributaria, que desarrolla el concepto de la dirección procesal en el trámite de determinación o sanción del tributo. Sobre la notificación por aviso de la liquidación oficial de revisión realizada en el periódico Portafolio, a pesar de que tiene circulación nacional no acredita que sea de amplia distribución, máxime que es un diario especializado en temas económicos y de negocios, lo cual restringe su circulación por cuanto solo es requerido y leído por las personas interesadas en aquellos temas, mientras que los diarios de amplia circulación tienen diversidad temática y a ellos tienen acceso mayor cantidad de personas. Por ello, la falta de notificación o su irregularidad hace que el acto sea inoponible según el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo. En el sub-lite, la notificación de liquidación oficial de revisión se produjo 17 de abril de 2006 por conducta concluyente, por tanto, la presentación del recurso de reconsideración el día 14 de junio de ese año fue oportuna, razón por la cual el recurso interpuesto debió ser admitido y decidido por la Administración. La excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa es improcedente,

pues, el artículo 710 del Estatuto Tributario ordena notificar la liquidación oficial de revisión en los 6 meses siguientes al vencimiento del término para responder el requerimiento especial, la que ocurrió el día 29 de diciembre de 2005, y como la liquidación oficial solo se notificó por conducta concluyente el 17 de abril de 2006, lo que originó la firmeza de la declaración del impuesto de renta del año 2002 presentado el 27 de mayo de 2003. En lo que respecta a la condena en costas, y examinadas las piezas procesales obrantes dentro del expediente, la conducta asumida por la DIAN no demuestra temeridad ni implica un desgaste innecesario para la jurisdicción ni para la parte actora. La Magistrada Marcela Cadavid Bringe salvó voto, por cuanto, estimó que la demandante no demostró que el periódico Portafolio no es de amplia circulación nacional. Así mismo, señaló que por el hecho de ser una publicación especializada no le resta su condición la condición anotada, máxime, que la notificación de la liquidación oficial de revisión debía surtirse en Bogotá D.C. lugar donde efectivamente se distribuye el “impreso”. En consecuencia, la notificación por aviso de 27 de septiembre de 2005 se surtió correctamente y debió declararse probada la excepción de inepta demanda. RECURSO DE APELACIÓN La demandada se aparta del fallo de primera instancia, por las siguientes razones: Reitera la DIAN que profirió liquidación oficial de revisión el 22 de septiembre de 2005 y que envío la notificación por correo a la dirección informada por el

liquidador de la sociedad. Que, sin embargo, esta fue devuelta el 25 de septiembre de 2005, siendo procedente la notificación por aviso del artículo 568 del Estatuto Tributario, realizada el 27 de septiembre de 2005 en el periódico Portafolio, que es de amplia circulación nacional como se demuestra con la certificación del jefe de ventas y servicios al lector de dicho diario, en la que señaló su característica de amplia circulación nacional y desvirtúa la afirmación de la demandante. Lo expuesto lo confirma el salvamento de voto de la doctora María Marcela Cadavid, al considerar que las pruebas que la DIAN aportó demostraban la legalidad de la notificación en el diario Portafolio, pero no fueron valoradas debidamente. Además, por el hecho de que dicho periódico sea especializado en temas económicos y de negocios, ello no le resta que sea de amplia circulación nacional, por lo que se debió validar la notificación por aviso y declarar probada la excepción de inepta demanda propuesta por la DIAN, pues, hubo indebido agotamiento de la vía gubernativa, y por lo tanto, la Sala debió declararse inhibida para conocer de fondo el asunto. Concluye que su actuación es legal y solicita revocar el fallo en su totalidad. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La demandante no alegó en esta oportunidad. La demandada reiteró lo expuesto en el recurso de apelación y que se atiene a las consideraciones efectuadas por la doctora María Marcela Cadavid, en su salvamento de voto a la posición mayoritaria de la Sala, al considerar que la especialidad del diario Portafolio no es óbice para no predicar de él su amplia

circulación, aparte de que la notificación se surtió por ser el domicilio de la demandante sede del periódico la ciudad de Bogotá, donde no existe duda de su circulación. Que sobre el anterior punto el Consejo de Estado1 ha considerado que el diario Portafolio cumple con los presupuestos legales del artículo 568 del Estatuto Tributario, en el sentido de que es un periódico de amplia circulación nacional, por tanto resulta eficaz la notificación de los actos realizada por aviso en el “impreso” Portafolio. En consecuencia, se debe tener como fecha de notificación de la liquidación oficial de revisión el 27 de septiembre de 2005 y como extemporáneo el recurso de reconsideración presentado el 14 de junio de 2006, por superar el término de dos meses del artículo 720 del Estatuto Tributario, así mismo, que bajo idéntico razonamiento se debe considerar ajustado a derecho los autos de inadmisión del recurso de reconsideración y su confirmatorio. El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia y declarar probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa, según los siguientes razonamientos: La sentencia que declaró la nulidad de los actos administrativos, se basó en la ineficacia de la liquidación oficial de revisión, al no ser notificada por aviso en un periódico de amplia circulación nacional, según el artículo 568 del Estatuto Tributario, por cuanto el diario Portafolio es especializado en temas de economía y negocios. Sin embargo, no es motivo suficiente para concluir que no sea de amplía circulación nacional y exonerar de plano a la demandante de cumplir su deber de probar tal circunstancia en contra de los dispuesto por el artículo 177 del

Código de Procedimiento Civil. Cita jurisprudencia del Consejo de Estado en la que indica que el periódico Portafolio sí es de circulación nacional, con lo cual, la notificación de la liquidación oficial de revisión efectuada el 27 de septiembre de 2005 cumplió los requisitos de ley, y la demandante tenía dos meses para interponer el recurso de reconsideración, es decir, a más tardar el 27 de noviembre de 2005, pero como el recurso se presentó el 14 de junio de 2006 resultó extemporáneo. 1 Sentencia de 17 de junio de 2010 M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Exp. 16604 En consecuencia, los autos, inadmisorio del recurso y el confirmatorio de la inadmisión, gozan de legalidad por hallarse ajustados a los artículos 722, 726 y 728 del Estatuto Tributario. Así mismo, como la presentación extemporánea del recurso de reconsideración no es saneable, hubo un indebido agotamiento de la vía gubernativa, hace improcedente un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda. CONSIDERACIONES DE LA SALA En los términos del recurso de apelación de la parte demandada, la Sala debe decidir sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios a la sociedad C.I. SUPERBUS DE BOGOTÁ S.A. (LIQUIDADA) por el año gravable de 2002, inadmitió por extemporáneo el recurso de reconsideración contra liquidación oficial de revisión y, negó el recurso de reposición contra el auto inadmisorio. Se estudiará si la liquidación oficial de revisión se notificó en un periódico de

amplia circulación nacional, la fecha límite de interposición del recurso de reconsideración y el agotamiento de la vía gubernativa. De utilidad al proceso y debidamente acreditado se encuentra: - El 17 de junio de 2005, el señor Carlos Gutiérrez Puerto respondió el requerimiento especial en su condición de liquidador principal de la sociedad C.I. Superbus de Bogotá S.A. (en liquidación), y registró como dirección de notificación la Autopista Sur N° 77-31 Sur de Bogotá 2. - El 22 de septiembre de 2005, se profirió Liquidación Oficial de Revisión N° 3106420050000080 que modificó el impuesto de renta por el año gravable 2002 3. - La liquidación oficial de revisión se intentó notificar por correo certificado el 23 de septiembre de 2005 al liquidador principal de la sociedad en la Autopista Sur N° 77-31 Sur de Bogotá, el cual, fue devuelto por la causal de “no reside”, según consta en la planilla 2028 de esa fecha y se confirma con la certificación de Adpostal de 12 de junio de 20064. - El 27 de septiembre de 2005, se publicó en el Diario Portafolio un aviso con el fin de notificar la liquidación oficial de revisión5. - El 14 de junio de 2006, el liquidador suplente de Superbus S.A. interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión6, luego fue inadmitido por extemporáneo mediante auto No 310662006000006 de 23 de junio de 2006 y confirmado en providencia No 310662006000001 de 28 de julio del mismo año.

• La dirección de notificación Autopista Sur N° 77-31 Sur de Bogotá, no se modificó durante el trámite del procedimiento administrativo que culminó con el auto de 28 de junio de 2006, que coincide con la registrada en el RUT 7 y que 2 Fls. 977-997 c.a 1 3 Fls. 1058-1088 c.a. 1 4 Fl. 31 c.p. La notificación se dirigió a Carlos Gutiérrez Puerto-CI Superbus de Bogotá S.A. en Liquidación 5 Fl. 1057 c.a. 1 6 Fls. 1118-1135 c.a 1 7 Fl 116 c.a.1 aparece impresa en la correspondencia que el liquidador de la demandante dirigió a la DIAN durante el proceso de determinación del impuesto.

Precisa la Sala, que la notificación de la liquidación oficial debía realizarse por correo o personalmente, como indicaba el artículo 5658 del Estatuto Tributario vigente para la época y, respecto a la notificación por correo, preveía el artículo 5669 ídem que “se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la dirección informada por el contribuyente a la Administración”. El mismo estatuto en el artículo 56810 preceptuaba que las notificaciones devueltas por el correo por cualquier razón “serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional”, y precisaba que “la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la

notificación”. La Sala observa, que la DIAN, para notificar la liquidación oficial de revisión, envió el acto por correo a la dirección que el contribuyente tenía para dicho fin, la que se conservó en el trámite del procedimiento tributario administrativo incluida la interposición de