CE-25000-23-27-000-2007-00098-02(17556)-2011

IMPUESTO DE DELINEACION URBANA – Consagración legal / ADMINISTRACION MUNICIPAL – Está consagrada en el Decreto 1333 de 1986 / ENTIDAD TERRITORIAL – Tiene la facultad para establecer los elementos del impuesto de delineación urbana / PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD – Se refiere a la capacidad contributiva / PRINCIPIO DE EQUIDAD – Propende a la distribución de las cargas El impuesto de delineación urbana se originó en la Ley 97 de 1913, artículo 1º literal g), en la cual se autorizó al Concejo de Bogotá para crearlo y reglamentarlo, y, con posterioridad, la Ley 84 de 1915 lo autorizó a todos los concejos municipales. Mediante el Decreto 1333 de 1986, en ejercicio de facultades extraordinarias el Gobierno procedió a compilar la normatividad existente para la organización y funcionamiento de la administración municipal. Así las cosas, se observa que la mayoría de los elementos de la obligación del impuesto de delineación urbana se encuentran dispuestos en el Decreto 1333 de 1986, y que, de conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política y la autonomía de las entidades territoriales, éstas se encuentran facultadas para establecer la tarifa del impuesto, como lo efectuó el Concejo de Chía en el numeral 2º de Acuerdo 21 de 2004, por lo que no se observa que se haya vulnerado el principio de legalidad, como tampoco el de certeza de los tributos. En cuanto a que el hecho gravable determinado en el acto acusado va mas allá del marco previsto por el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, es necesario precisar que el artículo 2º del Acuerdo 21

de 2004 se dirige a establecer la tarifa al impuesto de delineación urbana, no el hecho generador que, como se advirtió, está delimitado en la ley. En relación a los principios de equidad y progresividad, considera el apelante que la tarifa impuesta en la norma demandada se constituye en una carga excesiva, y no consulta la capacidad económica del contribuyente. El principio de progresividad, dispuesto en el artículo 363 de la Constitución Política, impone que el reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, se realice según la capacidad contributiva de que disponen. Es decir, se trata de que la carga tributaria sea mayor cuando mayores sean los ingresos y el patrimonio del contribuyente. Por su parte, el principio de equidad dispuesto en los artículos 95 numeral 9º y 363 ibídem, atiende a que se ponderen la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes, para evitar cargas excesivas o beneficios exagerados. Si bien hay una concurrencia entre los principios de progresividad y equidad en la medida en que ambos se refieren a la distribución de las cargas que impone el sistema tributario y los beneficios que éste genera, el principio de equidad es un criterio más amplio e indeterminado de ponderación, relativo a la forma como una disposición tributaria afecta a los diferentes obligados o beneficiarios, a la luz de ciertos valores constitucionales, mientras que el principio de progresividad mide cómo una carga o un beneficio tributario modifica la situación económica de un grupo de personas en comparación con los demás. Al aplicar los anteriores principios

constitucionales al caso en concreto, se encuentra que el artículo 2º del Acuerdo No. 21 de 2004 materializó la aplicación de los principios de equidad y progresividad tributaria en las tarifas del impuesto de delineación urbana, al sujetar su fijación a los estratos socioeconómicos y a los usos del suelo en el sector rural y urbano, clasificando cada uno de ellos dependiendo del destino particular de cada proyecto, diferenciando las áreas mediante parámetros de mínimo y máximo, y con base en ello ponderó el coeficiente de liquidación, aspectos que, para todos los efectos, son índices de capacidad contributiva.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 338 / LEY 97 DE

1913

NORMA DEMANDADA: ACUERDO 21 DE 2004 (29 de diciembre) CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA – ARTICULO 2 (No anulado) PRINCIPIO DE IGUALDAD – No se vulnera cuando se establece una tarifa diferente de un impuesto en un municipio respecto a otro Frente al argumento del actor en el que indica que el valor del impuesto de delineación urbana en el Municipio de Chía resulta ser mayor al de otros municipios del Departamento de Cundinamarca, es de señalar que tal circunstancia, frente a otros tributos de carácter departamental, ha sido objeto de análisis por la Corte Constitucional, señalando que no hay vulneración al principio de igualdad, circunscribiendo tal principio a la jurisdicción territorial en cuestión, departamento o municipio, sin tener en cuenta si el rompimiento de la igualdad se presenta respecto de los habitantes de esa jurisdicción, frente a los de otras

distintas. Así mismo, tal argumento no fue probado en el sub lite; además de que, como se observó, la tarifa impuesta en la norma demandada atiende a los principios de equidad y progresividad tributaria, NORMA DEMANDADA: ACUERDO 21 DE 2004 (29 de diciembre) CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA – ARTICULO 2 (No anulado)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO

Bogotá, D. C., agosto once (11) de dos mil once (2011) Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00098-02(17556)

Actor: MARCEL TANGARIFE TORRES

Demandado: MUNICIPIO DE CHIA FALLO Se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia del 20 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que denegó las súplicas de la demanda.

1. DEMANDA El ciudadano Marcel Tangarife Torres, actuando en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del C.C.A., demandó la nulidad del artículo 2º del Acuerdo No. 21 del 29 de diciembre de 2004, expedido por el Concejo Municipal de Chía, cuyo texto es el siguiente: “Acuerdo No. 21 de 2004

Sanción Ejecutiva (29 DIC 2004) “Por el cual se regulan las tarifas por concepto de impuesto de delineación en el desarrollo urbanístico del municipio, se deroga el

Acuerdo 17 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. El Honorable Concejo Municipal de Chía, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales (…)

ACUERDA: (…) ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer la siguiente tabla de tarifas para aplicar la liquidación del impuesto de delineación urbana sobre proyectos desarrollados o a desarrollar en el suelo rural y urbano.

ZONA RURAL

Zona Áreas Mínimas Coeficiente (M2) de Liquidació n Suburbana 1.00 A 72 0.15 Mts2

(ZRS) 72.01 A 100 0.30

Mts2 100.01 A 150 0.70 Mts2 150.01 a 200 1.00 Mts2 200.01 a 250 1.20 Mts2 250.01 o > 2.00 Mts2

RURAL DE GRANJAS 1.00 a 72 0.15

Mts2

(ZRG) 72.01 a 100 0.30

Mts2 100.01 a 0.60 150 Mts2 150.01 a 1.00 200 Mts2 200.01 a 1.80 250 Mts2 250.01 o > 2.50 Mts2

CORREDOR VIAL 1.00 a 72 0.15

SUBURBANO Mts2

(ZCS) 72.01 a 100 0.30

Mts2 100.01 a 150 0.70 Mts2 150.01 a 200 1.00 Mts2 200.01 a 250 1.20 Mts2 250.01 o > 2.00 Mts2

BOSQUE 1.00 a 72 0.20

PROTECTOR Mts2

(ZRFP) 72.01 a 100 0.50

Mts2 100.01 a 150 1.00 Mts2 150.01 a 200 1.80 Mts2 200.01 a 250 2.00 Mts2 250.01 o > 3.00 Mts2

RESERVA 1.00 a 72 0.20

FORESTAL Mts2

PROTECTORA

(ZRFP) 72.01 a 100 0.50

Mts2 100.01 a 150 1.00 Mts2 150.01 a 200 1.80 Mts2 200.01 a 250 2.00 Mts2 250.01 o > 3.00 Mts2

JARDÍN DE USO 1.00 a 72 0.80

MÚLTIPLE Mts2

(ZJM) 72.01 a 100 1.00

Mts2 100.01 a 150 1.50 Mts2 150.01 a 200 1.80 Mts2 200.01 a 250 2.00 Mts2 250.01 o > 2.50 Mts2

JARDÍN DE USO 1.00 a 72 0.80

MÚLTIPLE ESPECIAL Mts2

(ZJME) 72.01 a 100 1.00

Mts2 100.01 a 150 1.50 Mts2 150.01 a 200 1.80 Mts2 200.01 a 250 2.00 Mts2 250.01 o > 2.50 Mts2

AGROPECUARIA 1.00 a 72 0.20

Mts2

(ZAP) 72.01 a 100 0.40

Mts2 100.01 a 150 0.80

Mts2 150.01 a 200 1.60 Mts2 200.01 a 250 2.00 Mts2 250.01 o > 2.50 Mts2

VIVIENDA 1.00 a 72 0.40

CAMPESTRE Mts2

(ZVC) 72.01 a 100 0.80

Mts2 100.01 a 150 1.00 Mts2 150.01 a 200 1.50 Mts2 200.01 a 250 2.00 Mts2 250.01 o > 2.50 Mts2

VIVIENDA 1.00 a 72 0.50

CAMPESTRE Mts2

ESPECIAL

(ZVCE) 72.01 a 100 0.80

Mts2 100.01 a 150 1.00 Mts2 150.01 a 200 1.50 Mts2 200.01 a 250 2.00 Mts2 250.01 o > 2.50 Mts2

CENTRO POBLADO 1.00 a 75 0.15

Mts2 (CP) 75.01 a 100 0.20 Mts2 100.01 a 150 0.60 Mts2 150.01 a 200 1.00 Mts2 200.01 a 250 1.20 Mts2 250.01 o > 1.80 Mts2 PROTECCIÓN No se permite ningún desarrollo SISTEMA HÍDRICO en construcción zona de (ZPSH) protección y recuperación.

TABLA SUELO URBANO

Zona Área Mínima Coeficiente (M2) de Liquidació n ÁREA VIVIENDA DE 1.00 a 75 0.15

INTERÉS SOCIAL Mts2

(AVIS) 75.01 a 100 0.20

Mts2 100.01 a 150 0.60 Mts2 150.01 a 200 1.00 Mts2 200.01 a 250 1.30 Mts2 250.01 o > 1.80 Mts2

ÁREA RESIDENCIAL 1.00 a 75 0.20

URBANA Mts2

(ARU) 75.01 a 100 0.40

Mts2 100.01 a 0.60 150 Mts2 150.01 a 1.00 200 Mts2 200.01 a 1.20 250 Mts2 250.01 o > 2.00 Mts2

ÁREA DE USO 1.00 a 75 0.50

MÚLTIPLE Mts2

(AUM) 75.01 a 100 0.60

Mts2 100.01 a 150 0.70 Mts2 150.01 a 200 1.50 Mts2 200.01 a 250 1.80 Mts2 250.01 o > 2.00 Mts2

ÁREA HISTÓRICA 1.00 a 75 0.20

Mts2 (AH) 75.01 a 100 0.40 Mts2 100.01 a 150 0.60 Mts2 150.01 a 200 1.00 Mts2 200.01 a 250 1.20 Mts2 250.01 o > 2.00 Mts2

ÁREA INDUSTRIAL 100.001 a 2.60

LIVIANA DE MEDIO A 500 Mts2

BAJO IMPACTO AMBIENTAL (AIM) 5100.01 a 2.5 1000 Mts2 1000.01 o 3.00

MÁS Mts2 INVERNADEROS 1.00 a 0.10 300 Mts2 300.01 a 0.15 1000 Mts2 1.000.01 o > 0.20 Mts2

COBERTIZO 1 a 0.20 100 Mts2 100.01 a 300 0.25

Mts2 300.01 o > 0.30 Mts2

COBERTIZO 1 a 0.30

INDUSTRIAL 100 Mts2 100.01 a 300 0.35

Mts2 300.01 o > 0.40 Mts2

PARÁGRAFO: El impuesto de Delineación para uso destinado a vivienda, se

determina con base en la siguiente fórmula: IDV=M2 X SMd X K X E Donde: IDV= Impuestos de Delineación para vivienda M2= Número de metros cuadrados a construir SMd= Salario Mínimo Legal Diario Vigente K= Coeficiente rango según tabla impuesto Delineación E= Coeficiente según tabla de Estratos

COEFICIENTE (E) PARA VIVIENDA Según Estrato

USO ESTRA TO 1 2 3 4 5 6

VIVIEND 1 1 1 1, 1, 2

A 2 5

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Impuesto de Delineación para otros usos diferentes a vivienda se determina con base en la siguiente fórmula:

IDici=M2 X SMd X K X C Donde: IDici= Impuesto Delineación para Institucional, comercio e industria M2= Número de metros cuadrados a construir SMd= Salario Mínimo Legal Diario Vigente K= Coeficiente rango según tabla impuesto Delineación

C= Coeficiente según tabla categorías de usos USOS CATEGORÍAS I II III Comercio De 1 a 100 De 100.01 a Más de y/o M2 500 M2 500,01 M2 servicios Coeficiente 1 1,5 2 Instituciona De 1 a 500 DE 500.01 a Más de l M2 1000 M2 1000.01 M2 Coeficiente 1 1,5 2 Industrial De 1 a 500 DE 500.01 a Más de M2 1000 M2 1000.01 M2 Coeficiente 1 1.5 2 ” Estimó como violados los artículos 13, 313 numeral 4º, 338 y 363 de la Constitución Política, y el literal b) del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986. Violación de los principios constitucionales de legalidad, certeza, equidad y progresividad de los tributos. Transcribió apartes de la sentencia C-426 de 2005 y de la providencia del 25 de octubre de 1996, proferida en el expediente 7919, C.P. Dr. Julio Correa Restrepo, para señalar que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado consideran que el margen del que gozan el legislador y los concejos municipales para determinar los tributos está circunscrito o limitado por las normas y principios constitucionales y, en especial, por los que regulan la actividad tributaria, esto es, el de legalidad, certeza, equidad, progresividad, irretroactividad, eficiencia, suficiencia y unidad de presupuesto. Adujo que, según el principio de legalidad tributaria, los impuestos de orden

municipal requieren de una ley previa para establecerlos. Por tanto, las entidades territoriales, como el Concejo Municipal de Chía, están en la obligación de sujetarse no sólo a la Constitución Política y a los principios constitucionales, sino también a la ley que los crea. Que para el caso de los impuestos municipales, la ley debe establecer, con precisión, cuáles son los tributos municipales que se crean, sus características, los hechos gravables, tarifas aplicables, etc. Indicó que el Acuerdo No. 21 de 2004 no expresó la fuente legal que crea el tributo, limitándose a adoptar la tarifa, hecho suficiente para configurar la violación al principio de legalidad. Consideró que la norma acusada debió someterse al artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, que creó el impuesto de delineación urbana y estableció el hecho gravable en la construcción de nuevos edificios o refacción de los existentes. Afirmó que el artículo 2º del Acuerdo No. 21 de 2004 se limitó a adoptar la tarifa del gravamen, sin definir o desarrollar el sujeto activo y pasivo, ni la base gravable del impuesto, y agregó, en cuanto al hecho gravable, que no lo circunscribió a la construcción de edificios nuevos o a la refacción de los existentes, sino que lo impuso a los proyectos desarrollados o por desarrollar, lo que va más allá de lo dispuesto en el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, pues esta definición incluye obras como remodelaciones y demoliciones de construcciones, entre otras. Manifestó que el Concejo Municipal de Chía debió adoptar el impuesto de

delineación urbana con sujeción a las normas constitucionales y a lo dispuesto en el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 que lo crea. Sin embargo, dado que esta norma no estableció los elementos de la obligación tributaria, correspondía a la entidad territorial establecerlos, y no limitarse únicamente a fijar la tarifa del gravamen. Que esta falta de determinación de los elementos de la obligación tributaria, también vulnera el principio de certeza del tributo. Señaló que, en el caso presente, se evidencia una flagrante violación del principio de equidad y del derecho de igualdad, por cuanto el impuesto de delineación urbana, cuya tarifa adoptó la norma demandada, corresponde a una carga excesiva, que al no determinar los elementos de un tributo directo, no consultó la capacidad económica de los sujetos pasivos. Alegó que la fórmula para determinar la tarifa no contempló otras alternativas, como la declaración de renta del contribuyente o el valor estimado de la construcción. Indicó que el artículo 2º del Acuerdo No. 21 de 2004 violó el principio de progresividad al adoptar una tarifa, por concepto del impuesto de delineación urbana, que se impone bajo los mismos factores de cálculo a personas que tienen diferente capacidad de pago. Adujo que lo más cercano al concepto de capacidad de ingreso del contribuyente se da por el coeficiente según la tabla de estratos, que no resulta suficiente, pues cada uno de los seis estratos que indica la tabla, en la práctica tiene en cuenta a sujetos pasivos con diferente capacidad de ingreso entre sí, situación que también se presenta con el parágrafo segundo de la norma, que establece la fórmula del

impuesto de delineación urbana para otros usos diferentes a vivienda. Reiteró que ninguno de los factores consultó la verdadera capacidad de pago, bajo el pretexto de evitar afectar, inequitativamente y de forma regresiva, el pago de ese mismo impuesto para las asociaciones de vivienda por autogestión, para sus construcciones adicionales o ampliaciones. El artículo 2º del Acuerdo No. 21 de 2004 está incurso en falsa motivación y en desviación del poder. Manifestó que el título del acuerdo difiere sustancialmente de los considerandos que lo motivan, dado que estos no explican la razón por la cual se aumenta de forma tan exagerada el impuesto de delineación, ni las razones que sustentan la tarifa contenida en su artículo 2º. Que tampoco se indicó ni se consultó fuentes constitucionales y legales, ni se determinó de manera directa los elementos del tributo. Consideró que el Concejo Municipal de Chía incurrió en desviación de poder al consagrar en dicho acuerdo una finalidad diferente, esto es, incrementar exageradamente la tarifa del impuesto de delineación.

1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Municipio de Chía no dio contestación a la demanda dentro del término de fijación en lista.
2. TERCERO INTERVINIENTE El señor Raúl Eduardo Rivera Gómez, como tercero interviniente, se opuso a las pretensiones del actor con los siguientes argumentos: Excepciones: Inepta demanda Consideró que, teniendo en cuenta que la justicia es rogada, el accionante debió demandar la nulidad del artículo 1º del Acuerdo 36 de 2005, que modificó la

norma demandada estableciendo las tablas diferenciales de las tarifas del impuesto de delineación urbana para el reconocimiento de construcciones para vivienda en el Municipio de Chía. Que por la anotada razón, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no podría válidamente pronunciarse con relación a la legalidad de un acto administrativo expresamente modificado, en cuanto implicaría un fallo extra petita, dado que el demandante ni siquiera se refirió ni allegó el Acuerdo 036 de 2005, con el cual se superaron las deficiencias que acusa el accionante. Señaló que, en virtud del artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, además de la obligación de aportar la copia del acto acusado, con las constancias de publicación, la demanda debe comprender la integridad del acto o actos que inciden en la decisión de fondo, de manera que si se omite solicitar la nulidad del Acuerdo 36 de 2005, esto deviene en la improsperidad de la acción y la negación del derecho impetrado. Advirtió que en la demanda se invocó como norma violada el artículo 313 de la Constitución Política, como si el acto administrativo no hubiere sido expedido por el Concejo Municipal de Chía, como órgano corporativo competente en virtud del numeral 4º del referido artículo, y del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, precepto normativo vigente que permite a los municipios el cobro del impuesto de delineación urbana. Indicó que no hay lugar a declarar la nulidad del acto porque los sustentos fácticos esgrimidos no plantean violación legal alguna, y precisó que el accionante

se limitó a intentar probar la violación de las normas con la presentación del acuerdo demandado, lo que resulta precario, y no permite llevar a cabo el análisis de legalidad mediante la comparación de la norma demandada y las vulneradas. Alegó que la demanda señala el precepto legal que considera agraviado, pero omite la determinación explícita de la indicación de los dispositivos superiores en apariencia infringidos, y agregó que los cargos indeterminados e indirectos impiden proferir una decisión de fondo, porque el análisis que hace el juzgador se verifica en abstracto. Indicó que la acusación no está dirigida contra el texto de la norma, sino contra la aplicación que se da de la totalidad del mismo para ciertos estratos y proyectos. Plena validez y vigencia de los Acuerdos Nos. 21 de 2004 y 36 de 2005. Señaló que, en virtud del principio de legalidad, el acto administrativo se presume legítimo hasta que la Jurisdicción Contencioso Administrativa no declare lo contrario. Indicó que el acto administrativo impugnado, así como el Acuerdo No. 36 de 2005, tienen condiciones de ejecutoriedad, esto es, fueron publicados en debida forma, son exigibles y gozan de presunción de legitimidad. Se trata de un impuesto municipal debidamente regulado por actos administrativos expedidos por el Concejo Municipal de Chía, como órgano competente. Observó que la Constitución Política dispone la competencia exclusiva del Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales para imponer contribuciones fiscales o parafiscales, las cuales son desarrolladas en los artículos 150 numeral 12, 300 numeral 4º y 313 numeral 4º.

Indicó que los elementos estructurales del impuesto de delineación urbana se encuentran fijados directamente por la ley, mediante el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986. Alegó que, en el presente caso, se evidencia que el acto administrativo impugnado fue expedido por el Concejo Municipal de Chía, como órgano coadministrativo competente a nivel municipal. Adujo que, en virtud de la atribución que el artículo 338 de la Constitución Política le otorgó a los órganos de representación popular, éstos son los únicos autorizados para plasmar en las correspondientes leyes, ordenanzas y acuerdos, los elementos esenciales del tributo, razón por la cual el acuerdo demandado cumple con la preceptiva legal que reserva a los órganos representativos la atribución de imponer los tributos. Autonomía de las entidades territoriales. Manifestó que los entes territoriales tienen sobre sus bienes los mismos derechos y garantías que la Constitución Política reconoce a los particulares; por tanto, la propiedad que éstos ostentan sobre sus recursos debe ser garantizada por el Estado. Principio de legalidad del tributo. Adujo que en desarrollo de la potestad co-administrativa ordinaria, el Concejo Municipal puede establecer tarifas para el recaudo del impuesto de delineación urbana. Indicó que, en virtud del principio de legalidad tributaria, las entidades territoriales, si bien pueden imponer contribuciones, no son soberanas fiscalmente, ya que deben respetar los marcos establecidos por el legislador. Diferenció entre las leyes que crean una contribución y aquellas que simplemente autorizan a las entidades territoriales a imponerlas. En el primer caso, en virtud

del principio de predeterminación del tributo, la ley debe fijar directamente los elementos de la contribución, mientras que en el segundo caso la ley puede ser más general, siempre y cuando indique, de manera global, el marco dentro del cual las asambleas y los concejos municipales deben proceder a especificar los elementos concretos de la contribución. Que el Acuerdo No. 21 de 2004 cumple a cabalidad con lo consagrado en los artículos 313-4, 338 y 363 de la Constitución Política, y el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986. En efecto, el citado acuerdo no sólo armoniza con el fortalecimiento de la autonomía territorial establecida en la Constitución Política, sino que, además, concuerda con el tenor literal del artículo 338 ibídem, en cuanto determinó la tarifa del tributo, pero de manera alguna fijó sus elementos.

1. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 20 de noviembre de 2008, denegó las súplicas de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones: En cuanto a la excepción de inepta demanda, para el a quo es improcedente por cuanto consideró que la norma demandada es de carácter general, dado que regula la tarifa del impuesto de delineación urbana en el municipio de Chía, y el requisito establecido en el inciso 3º del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo alude a la interposición de recursos de la vía gubernativa, lo que no ocurrió en el caso en estudio, por no ser necesario.

Adujo que no puede interpretarse que el Acuerdo No. 36 de 2005 es el acto

definitivo, y que por ello debió ser objeto de demanda conjuntamente con la norma demandada, puesto que el acto impugnado se encuentra vigente como quiera que el Acuerdo 36 de 2005 lo complementó en lo atinente a las tarifas, y no será objeto de estudio de la litis, al no haberse cuestionado su legalidad. Señaló que la Corte Constitucional en sentencia C-221 de 1993 declaró la constitucionalidad del impuesto de alumbrado público, tributo que al igual que el de delineación urbana fue creado por la Ley 97 de 1913, ampliado para los municipios por la Ley 84 de 1915. En dicha providencia se declaró la constitucionalidad del tributo, a pesar de que la ley que lo creó no determinó al detalle todos los elementos del mismo, por cuanto se consideró que era suficiente que la ley fijara con claridad el hecho generador, debido a que las entidades territoriales tienen la suficiente autonomía para regular los demás aspectos. Estimó que el Municipio de Chía no vulneró los principios constitucionales de predeterminación del tributo, de legalidad y certeza, puesto que una vez creado el tributo por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, los concejos municipales están facultados por el artículo 338 de la Constitución Política para determinar las tarifas del mismo. Que el hecho de que el acuerdo en mención no hubiese invocado el sustento legal para su expedición, no significa que éste no exista. En relación a los cargos por violación al principio de certeza del tributo, bajo el entendido de que el Acuerdo No. 21 de 2004 no determinó los elementos del

tributo, la Sala reiteró que no los analizará, debido a que el actor solamente invocó como norma demandada el artículo relativo a la tarifa. Indicó que la intención del concejo municipal fue la de que el impuesto se liquidara sobre el área nueva de construcción a realizar cuando se trate de ampliación de construcciones existentes, lo cual consulta la capacidad contributiva del responsable. Revisó la fórmula matemática establecida para la liquidación del tributo, y dedujo que en ella se contemplan factores que igualmente atienden a la capacidad contributiva, ya que las tarifas están dadas según los metros cuadrados de construcción, los usos y el sector en que se encuentra, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, con lo cual se cumple con el principio de proporcionalidad. Señaló que las tarifas van aumentando para las construcciones de vivienda según se encuentren en estratos bajos o altos, y que las tarifas porcentuales, incluida la fórmula matemática, oscilan entre el 0.20 y 3, lo que denota que no existe desproporción o carga tributaria exagerada.

1. EL RECURSO DE APELACIÓN El demandante impugnó la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo siguiente: Señaló que el artículo 2º del Acuerdo No. 21 de 2004 está viciado de nulidad porque vulnera normas superiores de naturaleza legal y constitucional, al establecer las tarifas en la liquidación del impuesto de delineación urbana sobre proyectos desarrollados o a desarrollar en el suelo rural y urbano.

Manifestó que la norma demandada establece únicamente la tarifa del impuesto

de delineación urbana, sin definir o desarrollar los demás elementos del tributo, lo que evidencia el vicio de nulidad por violación de norma superior. Adujo, en cuanto al hecho gravable, que no lo circunscribió a la construcción de edificios nuevos o a la refacción de los existentes, sino que lo impuso a los proyectos desarrollados o a desarrollar, lo que va más allá del marco del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986. Manifestó que si bien las entidades territoriales gozan de capacidad tributaria, estas facultades deben respetar, en todo caso, los principios tributarios constitucionales y las demás normas superiores en las que deberían fundamentarse, ya que los impuestos no pueden ser regulados autónomamente por las entidades territoriales. Consideró que el principio de certeza fue vulnerado al adoptarse en la norma demandada únicamente la tarifa aplicable en la liquidación del impuesto, omitiendo los demás elementos del tributo. Indicó que la omisión del Tribunal para tratar el asunto de la certeza del tributo, constituye una violación al artículo 170 del Código Contencioso Administrativo. Adujo que el a quo pretende justificar una supuesta equidad tributaria bajo ciertas presunciones que no se evidencian en lo absoluto en el Acuerdo No. 21 de 2004, sin pronunciarse sobre la enorme diferencia tarifaria que existe, en materia del impuesto de delineación urbana, para el Municipio de Chía, frente a otros municipios del departamento de Cundinamarca con características similares. Afirmó que la fórmula contenida en el Acuerdo No. 21 de 2004 agregó un nuevo factor para el cálculo del impuesto de delineación urbana, sin que medie

fundamento legal o consideración alguna para ello. En efecto, al agregar el factor “C= coeficiente según tabla de categorías de usos, para el caso de los proyectos de estrato 6 aumentó el impuesto en un 100%. Alegó que la acusación de falsa motivación y desviación del poder, desarrollada en la demanda, hace referencia a la incongruencia que existe entre los considerandos del acuerdo y el contenido del mismo. La norma demandada estableció una completa regulación de las tarifas, sin que con ello se logre el cumplimiento de los considerandos del acuerdo. Además, la falsa motivación y desviación de poder se sustentaron en la demanda en el entendido de que el acuerdo no menciona las normas superiores en las que se fundamenta. Advirtió que el Decreto 1333 de 1986 ha sido objeto de una acción pública de inconstitucionalidad, y dado que la norma, en principio, le da cierto sustento legal al artículo acusado, en caso de prosperar dejaría sin fundamento el acto administrativo aquí demandado, como consecuencia de su decaimiento, en los términos del numeral 2º del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. Por lo tanto, solicitó abstenerse de emitir pronunciamiento alguno, hasta tanto se profiera la sentencia de la Corte Constitucional.

1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El municipio de Chía no presentó alegatos de conclusión.

El demandante presentó alegatos de conclusión en los cuales reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación. El Ministerio Público dentro de la etapa procesal rindió concepto en los siguientes términos: Para la agencia fiscal, la facultad impositiva de los concejos municipales se

precisó en reciente sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 9 de julio de 2009, disponiendo que tales corporaciones pueden establecer los elementos del tributo a que se refiere la Ley 97 de 1913. Indicó que la sentencia C-035 de 2009 declaró exequible el literal b) del artículo 233 del Decreto Extraordinario 1333 de 1986, para señalar que el impuesto de delineación urbana tiene definido por ley el hecho generador y el sujeto activo del mismo. Por tanto, le corresponde a los concejos municipales fijar, mediante acuerdo, la base gravable y las tarifas del impuesto, de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 97 de 1913. Advirtió que si el accionante pretendía la revisión de legalidad de los elementos del tributo, debió demandar la totalidad del Acuerdo No. 21 d