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CE-25000-23-27-000-2011-00246-01(19645)-2012

Consejo de Estado

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Título
CE-25000-23-27-000-2011-00246-01(19645)-2012
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2012

SUSPENSION DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD – Requisitos. IVA relacionado con los ingresos por la explotación de las áreas comunes y el servicio de parqueadero en centro comercial. Procedencia Para que haya prejudicialidad no se requiere simplemente la relación entre dos procesos. Es necesario que dicha relación sea directa y definitiva para la decisión que deba adoptarse en un proceso frente al otro. Por lo tanto, para que el juez suspenda un proceso, en espera de la decisión de otro, debe acreditarse la existencia de una inevitable conexión entre ambos procesos. Entonces, para acceder a la suspensión del proceso por prejudicialidad, es necesario determinar si la decisión que se adopte en el proceso 16866 influye de manera directa y definitiva en la legalidad de los actos aquí demandados. en los actos demandados se acogió la interpretación que la DIAN hizo frente al artículo 33 de la Ley 675 de 2001 en los conceptos cuestionados en el proceso 16866. De hecho, en el acto que resolvió el recurso de reconsideración se citó el concepto 061825 del 13 de agosto de 2007 para concluir que existen ciertas actividades que no hacen parte del objeto social del Centro Comercial y de Negocios Andino y que, por ende, están sujetas al impuesto sobre las ventas.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 170-2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012)

Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00246-01(19645)

Actor: CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES AUTO Se decide la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad presentada por la parte actora.

ANTECEDENTES

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el Centro Comercial y de Negocios Andino, mediante apoderado judicial, demandó la nulidad de las Resoluciones 322412010000220 del 16 de septiembre de 2010 y 900020 del 22 de junio de 2011, expedidas por la DIAN, que impusieron sanción por no declarar el impuesto sobre las ventas, correspondiente al tercer bimestre del año 2006.

A título de restablecimiento del derecho, el Centro Comercial y de Negocios Andino pidió que se declarara que no está obligado a declarar el impuesto sobre las ventas correspondiente al tercer bimestre del año 2006 y que, por ende, la sanción impuesta era improcedente.

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 20 de abril de 2012, denegó las pretensiones de la demanda.

3. Oportunamente, la parte demandante apeló la sentencia. Mediante providencia del 10 de septiembre de 2012, el despacho admitió el recurso de apelación y por auto del 26 de octubre de 2012 corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión.

4. Mediante escrito del 23 de noviembre de 2012, el Centro Comercial y de Negocios Andino solicitó al despacho que decretara la suspensión del proceso por

prejudicialidad porque de la decisión que se adopte en el proceso de simple nulidad 2007-00047 (16866), que también se encuentra en este despacho, depende la legalidad de los actos aquí acusados. Explicó que en el proceso 16866 se cuestionan los conceptos 011847 del 9 de febrero de 2006 y 061825 del 13 de agosto de 2007, en los que, según la parte actora, la DIAN modificó la posición frente a la interpretación del artículo 33 de la Ley 675 de 2001, en la medida en que concluyó que las propiedades horizontales están obligadas a declarar y pagar el impuesto sobre las ventas, siempre que realicen actividades comerciales o de prestación de servicios. Que, en este proceso, por su parte, el Centro Comercial y de Negocios Andino discute la legalidad de los actos administrativos que lo sancionaron por no declarar el impuesto sobre las ventas, actos que, según dijo, se expidieron con fundamento en los conceptos demandados en el proceso 16886. Que, por lo tanto, la solicitud de suspensión por prejudicialidad es procedente. CONSIDERACIONES El artículo 170-2 C.P.C., aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del Decreto 01 de 1984., dispone: “El juez decretará la suspensión del proceso: 1o. […] 2o. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos

Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley. […]”. Para que haya prejudicialidad no se requiere simplemente la relación entre dos procesos. Es necesario que dicha relación sea directa y definitiva para la decisión que deba adoptarse en un proceso frente al otro. Por lo tanto, para que el juez suspenda un proceso, en espera de la decisión de otro, debe acreditarse la existencia de una inevitable conexión entre ambos procesos. Entonces, para acceder a la suspensión del proceso por prejudicialidad, es necesario determinar si la decisión que se adopte en el proceso 16866 influye de manera directa y definitiva en la legalidad de los actos aquí demandados. En el proceso de simple nulidad número 16866 se discute la legalidad de los conceptos 011847 del 9 de febrero de 2006 y 061825 del 13 de agosto de 2007. En concreto, deberá definirse si la interpretación que hizo la DIAN frente al artículo 33 de la 675 de 2001 está conforme con el sentido de la norma que interpreta o si, por el contrario, excede o restringe el contenido de la misma. Grosso modo, en los conceptos demandados, la DIAN concluyó que el beneficio otorgado por el artículo 33 de la Ley 675 de 2001 a las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal no se extiende a los ingresos obtenidos de actividades comerciales o de prestación de servicios, pues tales actividades no hacen parte del objeto social y que, por ende, esos ingresos son objeto de impuestos nacionales. En este proceso, a su turno, el Centro Comercial y de Negocios Andino pidió la nulidad de los actos administrativos en los que la DIAN le impuso sanción por no

declarar el impuesto sobre las ventas, correspondiente al tercer bimestre del año

2006. Según la DIAN, el centro comercial debía declarar el IVA relacionado con los ingresos por la explotación de las áreas comunes y el servicio de parqueadero, pues, a juicio de la demandada, se trata de una actividad comercial de prestación de servicios que no está exenta del IVA.

Como se ve, en los actos demandados se acogió la interpretación que la DIAN hizo frente al artículo 33 de la Ley 675 de 2001 en los conceptos cuestionados en el proceso 16866. De hecho, en el acto que resolvió el recurso de reconsideración se citó el concepto 061825 del 13 de agosto de 2007 para concluir que existen ciertas actividades que no hacen parte del objeto social del Centro Comercial y de Negocios Andino y que, por ende, están sujetas al impuesto sobre las ventas. Para el despacho, el proceso 16866 incide directa y definitivamente en la decisión que en este proceso deba tomarse, pues, se insiste, en los actos demandados se acogió la interpretación que la DIAN hizo frente al artículo 33 de la Ley 675 de 2001. En consecuencia, se decretará la suspensión del proceso hasta que se decida frente a la legalidad de los conceptos 011847 del 9 de febrero de 2006 y 061825 del 13 de agosto de 2007. Por lo expuesto, el despacho, RESUELVE Suspéndase el trámite de este proceso por prejudicialidad hasta que se profiera decisión definitiva en el proceso No. 1100103270002007 00047 00 (16866). Notifíquese y cúmplase,

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

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