CE-25000-23-36-000-2017-01587-01(AC)-2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Por hecho superado /

CANCELACIÓN DE LICENCIA DE TRÁNSITO DE VEHÍCULO DE CARGA

[E]n el caso concreto se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto, pues al efectuar el cambio de estado del vehículo tipo camión de propiedad del acto[r], se dio cumplimiento a la orden judicial de primera instancia y sus pretensiones se encuentran satisfechas.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la carencia actual de objeto, consultar las sentencias T-358 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-970 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-158 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos, todas de la Corte Constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01587-01(AC)

Actor: CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ LÓPEZ

Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE, CONCESIÓN REGISTRO ÚNICO

NACIONAL DE TRÁNSITO (RUNT) S.A., DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL TOLIMA, SEDE OPERATIVA DE ALVARADO La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el actor, contra la sentencia dictada el 11 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que dispuso lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR improcedente la tutela instaurada por el señor CARLOS ALBERTO FERNANDEZ LÓPEZ, en punto de la pretensión de permutación de los efectos del acto administrativo por el cual se canceló la matrícula del vehículo de placas SAK760, conforme a las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: CONFERIR tutela al derecho fundamental de PETICIÓN del señor CARLOS ALBERTO FERNANDEZ LÓPEZ, conforme la parte motiva de esta sentencia.

Para tal efecto se ordena al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL TOLIMA - SEDE OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ALVARADO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE DICHA SEDE, contestar de fondo y con criterio de integralidad el petitum elevado el señor CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ LÓPEZ, el 24 de mayo de 2017”1.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos Del expediente, se tienen como hechos relevantes los siguientes: El accionante posee un camión de servicio público de placas SAK760, marca Kenworth, modelo 2012, línea T 460, cilindraje 8.900, con un peso bruto vehicular

de 18.733 kilos. El 24 de octubre de 2012, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, Sede Operativa del municipio de Alvarado, profirió la Resolución Nº 004, en la que ordenó la revocatoria del acto administrativo mediante el cual se matriculó el vehículo antes descrito y, en consecuencia, la cancelación de la licencia de tránsito y su respectivo registro ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El actor indicó que el 16 de mayo de 2017, revisó su historia en el RUNT encontrando que su vehículo aparecía en estado “CANCELADO”, por lo que interpuso varias peticiones ante las autoridades administrativas demandadas, de la siguiente forma:  El 24 de mayo de 2017, ante la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Alvarado, Tolima.  El 30 de mayo y el 18 de julio de 2017, ante el Ministerio de Transporte. 1 Folios 105 (reverso) y 106 del cuaderno de tutela.  El 3 de agosto de 2017, ante el Grupo de Reposición Integral de Vehículos del Ministerio de Transporte. El 23 de agosto de 2017, el actor fue notificado de la Resolución Nº 004 de 24 de octubre de 2012, en la que se canceló la matrícula de registro inicial. Ante dicha situación, interpuso acción de tutela el 24 de agosto de 20172, con la finalidad de que se ordenara a las entidades demandadas que realizaran la reactivación en el sistema del RUNT del vehículo de placas SAK760, pasándolo

de “INACTIVO” a “ACTIVO”.

2. Fundamentos de la acción El actor manifiesta que el Ministerio de Transporte, la Concesión RUNT S.A. y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, Sede Operativa de Alvarado, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la igualdad y a la propiedad privada, con ocasión de la revocatoria directa del acto administrativo mediante el cual se matriculó su vehículo de placas SAK760, la cancelación de la licencia de tránsito del mismo y la migración de tal novedad al RUNT.

3. Pretensiones El accionante formuló en el escrito de tutela las siguientes peticiones: “Por todo lo anterior, solicito muy respetuosamente que se declare la vulneración al Derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de nuestra carta política en

conexidad con:

1. La vulneraron los Derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la igualdad artículo 2, 13, 23, 29, 58 y 83 de la Constitución Política

2. Y que se ordene a las en (sic) entidades de Derecho Público y/o particulares que realicen funciones públicas la reactivación o migración al sistema RUNT del ESTADO ACTIVO de mi bien mueble de placas SAK760. 2 Folio 1 del cuaderno de tutela.

La consecuencia directa de esta declaratoria, la obligación que tienen las entidades del orden nacional, territorial y nacional de remediar los hechos por acción u omisión, por las vías de hecho lo cual me ha causado un daño irremediable como es el daño patrimonial, lucro cesante y daño emergente, lo cual conlleva que va en contravía del ordenamiento jurídico concretamente

incompatible con el ordenamiento CONSTITUCIONAL, según lo establece el artículo 6º de la Carta Política”3.

4. Pruebas relevantes Con el escrito de tutela el actor aportó los siguientes documentos:  Copia de la Resolución Nº 004 de 24 de octubre de 2012, suscrita por el Profesional Universitario de la Sede Operativa del municipio de Alvarado del Departamento de Tránsito y Transporte del Tolima, por la cual se declaró la revocatoria directa de la matrícula del vehículo de placas SAK760 de propiedad del demandante4.  Copia de la petición presentada el 24 de mayo de 2017, por el accionante ante la Sede Operativa de Tránsito y Transporte de Alvarado, Tolima5.  Copia de la peticiones interpuestas por el actor el 30 de mayo y el 18 de julio de 2017, ante el Ministerio de Transporte6.  Copia de la solicitud de fecha 3 de agosto de 2017, dirigida al Coordinador del Grupo de Reposición Integral del Ministerio de Transporte7.

5. Oposición 5.1. Respuesta de la Concesión RUNT S.A.

En escrito allegado el 30 de agosto de 2017, la secretaria general aseguró que los derechos fundamentales invocados por el accionante no han sido vulnerados, por 3 Folio 6 Ibíd. 4 Folio 22 ibíd. 5 Folio 9 ibíd. 6 Folio 10 ibíd. 7 Folio 12 ibíd. lo que solicitó que se negara el amparo constitucional deprecado y que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Lo anterior, bajo el argumento de que la concesión RUNT no tiene injerencia en las decisiones que adoptan los organismos de tránsito, pues las funciones relativas a la publicación de los listados de vehículos que presentan deficiencias en su matrícula, es de competencia exclusiva del Ministerio de Transporte. Por último, precisó que sus competencias se limitan a validar la información que le remitan los organismos de tránsito de acuerdo con los estándares de migración establecidos por el Ministerio. 5.2. Respuesta del Departamento de Tránsito y Transporte del Tolima En memorial remitido el 31 de agosto de 2017, la directora afirmó que no se han desconocido los derechos fundamentales del tutelante, con base en los siguientes argumentos: Indicó que en el escrito de tutela no se aportó prueba fehaciente en la conste que el actor haya radicado la solicitud de 24 de mayo de 2017, dirigida a la Sede Operativa de Alvarado, por lo que, en su sentir, no es de recibo que afirme que no se le haya dado respuesta de fondo. Manifestó que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, cuenta con 5 sedes operativas ubicadas en los municipios de Armero Guayabal, Guamo, Purificación, Chaparral y Alvarado. Agregó que esas sedes operativas son las responsables de Registro Nacional Automotor (RNA) y, por consiguiente, de la inscripción de los diferentes tramites de los vehículos allí registrados ante la plataforma del RUNT. Afirmó que aunque sea el superior jerárquico de esas sedes, no realiza de forma directa ningún tipo de trámite, por lo que es la Sede Operativa de Alvarado a quien le corresponde dar solución a los

hechos relacionados con la solicitud. Aseveró que el acto administrativo de cancelación de la matrícula del vehículo fue dictado de conformidad con lo ordenado por la Ley 7036 del 1 de octubre de 2012 (sic), pues se determinó que el actor no había aportado la póliza o la capacidad de carga. Por último, solicitó que se instara al Ministerio de Transporte a que se pronunciara frente a las solicitudes remitidas por la Sede Operativa de Alvarado, para poder resolver la petición presentada por el accionante. 5.3. Respuesta del Ministerio de Transporte En escrito de 31 de agosto de 2017, el coordinador del Grupo de Reposición Integral de Vehículos de la cartera ministerial rindió informe dentro del trámite tutelar en el que indicó que mediante oficios de 27 de junio y 31 de julio de 2017, se resolvieron las peticiones elevadas por el accionante, las cuales, según afirma, fueron debidamente notificadas, por lo que solicitó que se declarara la carencia de objeto por hecho superado.

6. Sentencia de tutela impugnada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en sentencia de 11 de septiembre de 2017, declaró improcedente la acción de tutela frente a las pretensiones relacionadas con la legalidad del acto administrativo de revocatoria directa que ordenó la cancelación de la licencia de tránsito del vehículo de propiedad del actor, al encontrar que éste cuenta con el mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho para debatir sus

inconformidades. Por otro lado, resolvió amparar el derecho fundamental de petición, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, Sede Operativa de Alvarado, no resolvió de forma oportuna la solicitud radicada por el actor el 24 de mayo de 2017, por lo que ordenó que se emitiera la respectiva respuesta.

7. Escrito de impugnación Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el actor impugnó la decisión bajo el argumento de que su derecho de petición continúa siendo vulnerado por parte del Ministerio de Tránsito, de la Concesión RUNT S.A. y de la Sede Operativa del municipio de Alvarado, pues no han resuelto las solicitudes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015. Así mismo, insistió en que las actuaciones de las entidades demandadas vulneran lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito, en particular en el artículo 40 que establece los requisitos para la cancelación de la licencia de tránsito de un vehículo, pues en su caso particular, considera que la cancelación de la licencia del vehículo de placas SAK760 se realizó sin tener en cuenta dichas reglas, lo que, en su sentir, vulnera el derecho fundamental al debido proceso administrativo.

Manifestó que si iniciara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se le generaría un perjuicio irremediable, debido al tiempo que podría tardar dicho proceso, pues de la movilización de su vehículo dependen él y su familia.

8. Actuaciones posteriores al fallo de primera instancia

8.1. El 21 de septiembre de 2017, luego de que se notificara el fallo de primera instancia8, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima allegó un informe de cumplimiento de la orden judicial, en el que indicó que se había resuelto de manera clara y de fondo la solicitud interpuesta por el actor, mediante oficio de 20 de septiembre de 2017, suscrito por la Profesional Universitaria de la Sede Operativa del municipio de Alvarado. 8.2. El 27 de septiembre de esa anualidad, el actor inició el trámite incidental de desacato con la finalidad de que se diera cumplimiento a la sentencia de tutela de primera instancia. 8.3. El 2 de octubre de 2017, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima allegó el informe respectivo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en proveído de 3 del mismo mes y año procedió a dar apertura al incidente, el cual, fue resuelto mediante auto de 9 de noviembre de 2017, en el sentido de abstenerse de declarar el incumplimiento de la orden judicial pretendida. No obstante, requirió a la profesional universitaria del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, Sede Operativa de Alvarado, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la providencia, procediera a dar respuesta al actor en relación con “emprender la búsqueda de la carpeta del vehículo de placas 8 18 de septiembre de 2017, folio 101 ibíd.

SAK760, la cual se adujo al mismo se encuentra perdida, y notificar de las resultas de dicho trámite, al incidentante, a manera de respuesta, así como la expedición de un certificado del vehículo peticionado también en el mismo memorial”9. 8.4. El 30 de noviembre de 2017, el actor solicitó la reapertura del incidente de desacato contra el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, Sede Operativa de Alvarado, al considerar que no había cumplido con lo ordenado en el auto de 9 de noviembre de 2017. 8.5. Mediante providencia de 4 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, dio apertura a un nuevo incidente de desacato y ordenó correr traslado a la parte incidentada. 8.6. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Sede Operativa de Alvarado, en escrito de 5 de diciembre de 2017, a través de la profesión Universitaria (e), expuso que mediante oficio de 1 de septiembre de 2017, emitió respuesta de fondo al accionante, explicándole las razones jurídicas por las cuales el Ministerio de Transporte procedió a la cancelación de la matrícula del vehículo con placas SAK760. 8.7. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en providencia de 15 de enero de 201810, resolvió: “PRIMERO: Declarar que la conducta de la Profesional Universitario del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL TOLIMA – SEDE ALVARADO, Jovana Corzo Pérez, es constitutiva de desacato a

lo ordenado en el fallo de tutela de fecha 11 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sancionar la Profesional Universitario del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL TOLIMA – SEDE ALVARADO, Jovana Corzo Pérez, con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, suma de dinero que deberá pagar como se indica en el siguiente parágrafo. 9 Folio 75 del cuaderno incidental. En: Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto de 21 de marzo de 2018, grado de consulta de sanción por desacato, Exp. Nº 25000-23-36000-2017-01587-02, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 10 Folios 128 a 135 del cuaderno incidental. En: ibíd.

Parágrafo: Para dar cumplimiento a lo anterior, la multa deberá ser cancelada, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia en la cuenta Nº 30070-000030-04 DTM MULTAS Y

CAUCIONES CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – BANCON

AGRARIO.

TERCERO: RECONVENIR a la Profesional Universitario del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL TOLIMA – SEDE ALVARADO, Jovana Corzo Pérez, para que proceda en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta providencia, a

desplegar respuesta al señor CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ LÓPEZ, en punto de uno de los ítems, formulados ante esa autoridad el 24 de mayo del hogaño, esto es, que proceda de no haberlo hecho, a emprender la búsqueda de la carpeta del vehículo de placas SAK760, la cual se adujo al mismo se encuentra perdida, y notificar así como la expedición de un certificado del vehículo peticionado también en el mismo memorial, lo anterior, so pena de ordenar la reapertura del trámite incidental en su contra Para efectos de mejor comprensión, remítase copia de la sentencia proferida el 11 de septiembre del hogaño dentro del asunto, así como de la presente providencia (…)”. 8.8. Posteriormente, mediante auto de 21 de marzo de 2018, proferido por esta Sala se revocó la anterior decisión y, en su lugar, se declaró el cumplimiento de la sentencia de tutela dictada el 11 de septiembre de 2017. Lo anterior, teniendo en cuenta que en comunicación telefónica sostenida por el despacho sustanciador con el actor, indicó que la entidad accionada dio cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela y que la cancelación de matrícula de su vehículo fue revocada, razón por la cual el automotor se encuentra circulando con normalidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del acuerdo 58 de 1999 y el literal c del artículo 2º del acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo

de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico Le corresponde a la Sala establecer si la decisión de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue acertada en cuanto declaró la improcedencia de la solicitud de amparo frente a las pretensiones relacionadas con la legalidad del acto administrativo por el cual se canceló la matrícula del vehículo de propiedad del actora y se amparó el derecho fundamental de petición o, si por el contrario, le asiste razón al accionante al considerar que la acción de tutela resulta procedente pues la presunta vulneración de derechos fundamentales le genera un perjuicio irremediable y, además, si el derecho de petición continúa siendo vulnerado por parte del Ministerio de Transporte.

De manera previa, es necesario determinar si se configuró la carencia actual de objeto, teniendo en cuenta que la cancelación de la matrícula del vehículo fue revocada, circunstancia que permite concluir que las pretensiones del actor están satisfechas.

3. Estudio y solución del caso concreto En el escrito de impugnación, el actor manifestó su desacuerdo con la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de que la acción de tutela resulta procedente para dejar sin efectos el acto administrativo que ordenó la cancelación de la matrícula de su vehículo, pues dicha situación afecta el mínimo vital de él y su familia, lo que genera un perjuicio irremediable. Además, sostuvo que no sólo el Departamento de Tránsito y Transporte del Tolima, Sede Operativa de Alvarado,

vulneró su derecho de petición, sino también el Ministerio de Transporte, pues no resolvió de fondo sus solicitudes. En todo caso, se pone de presente que de acuerdo con la información suministrada por el actor, mediante llamada telefónica, en el trascurso del trámite judicial del grado de consulta de sanción por desacato que se resolvió mediante auto de 21 de marzo de la presente anualidad proferido por esta Sala (exp. Nº 2500023360002017015870211), se constató que la matrícula del vehículo de placas SAK760 se encuentra activa y el automotor transita con normalidad, por lo que existe carencia de objeto. Dicha situación, se comprobó al consultar la página de internet del RUNT, en donde se observa que ya se efectuó el cambio del estado del vehículo, apareciendo como “ACTIVO”, lo que se evidencia a continuación 12: De acuerdo con lo anterior, esta Sección advierte que en el caso concreto se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto, pues al efectuar el cambio de estado del vehículo tipo camión de propiedad del acto, se dio cumplimiento a la orden judicial de primera instancia y sus pretensiones se encuentran satisfechas. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la carencia actual de objeto tiene lugar “cuando la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío”13. Recientemente, dicha Corporación, agregó que: “La orden en la acción de tutela busca que cese la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, por lo que su eficacia precisamente depende de la

actualidad del hecho vulnerador. De esta forma, si cesa la conducta que viola los derechos fundamentales, el juez no tiene un objeto sobre el cual pronunciarse, escenario en el que se configura lo que la jurisprudencia ha denominado carencia actual de objeto”14. 11 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 12 En: http: //www.runt.com.co/ciudadano/consulta-placa, última consulta el 4 de abril de 2018. 13 Sentencia T-358 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 14 Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. Así mismo, indicó que, en principio, la acción de tutela “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada”15. Así las cosas, se impone confirmar la decisión de primera instancia de 11 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. Además, tras constatar el cumplimiento de dicha decisión judicial y, con ello, la satisfacción de las pretensiones del actor, se declarará la carencia actual de objeto.

4. Razón de la decisión La Sala considera que ha operado la carencia actual de objeto, habida cuenta de que el estado actual del vehículo de propiedad del actor es “ACTIVO”, pudiendo circular libremente y, con ello, la situación que generaba la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados fue superada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 11 de septiembre de 2017, proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, conforme a lo indicado en esta decisión. Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 15 Corte Constitucional, sentencia T-970 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política. Cópiese, notifíquese y cúmplase, Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha. MILTON CHAVES GARCÍA Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Consejero