CE-25000-23-41-000-2016-01063-01(ACU)-2018

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Objeto / OBLIGACIÓN CONTENIDA EN LA

NORMA NO CONTIENE UN MANDATO CLARO, EXPRESO Y EXIGIBLE / INEXISTENCIA DE MANDATO Al respecto, la Sala advierte que del examen del plenario se encuentra la existencia de una controversia jurídica de la cual el actor pretende que se dilucide vía acción de cumplimiento, lo cual riñe con el objeto del presente mecanismo constitucional, tal y como lo concluyó el juez de tutela en el fallo que ahora se acata. En efecto, de la revisión de la demanda, de la petición presentada por el actor ante la Contraloría General de la República y de la respuesta dada por esta entidad, resulta evidente que existe una controversia en lo referente a los términos que deben regir el proceso de responsabilidad fiscal, ya que el demandante sostiene que debe primar los contenidos en la Ley 610 de 2000 y, por su parte, la accionada manifiesta que dicha normativa fue subrogada por la Ley 1474 de 2011, la cual además amplió el lapso dispuesto para la etapa de investigación de este tipo de procesos fiscales. Así las cosas, en virtud de las interpretaciones antes expuestas, es indiscutible que las normas que el demandante requiere que se ordene su cumplimiento, no contienen un mandato que resulte claro y exigible, ya que existe una controversia jurídica que incluso puede poner en tela de juicio su exigibilidad, al no poder determinar si los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000, están vigentes o fueron subrogados como lo expone la accionada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 25000-23-41-000-2016-01063-01(ACU)

Actor: LUIS FERNANDO FERIA MONTES Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En cumplimiento de la orden dictada en la sentencia de tutela del 24 de octubre de 20171, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 16 de junio de 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” que negó por improcedente la presente acción.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1 Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2016-03829-01 de la Contraloría General de la República contra el Consejo de Estado, Sección Quinta El señor LUIS FERNANDO FERIA MONTES, mediante apoderado, ejerció acción de cumplimiento contra la Contraloría General de la República, con el fin de obtener el cumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000. 1.2. Hechos Al respecto, la Sala destaca los siguientes supuestos fácticos: Según el actor “en diferentes procesos de responsabilidad fiscal” que adelanta la

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción

Coactiva y ante las Gerencias Departamentales de la Contraloría General de la República, se viene inobservando el término dispuesto por la Ley 610 de 2000 en el artículo 45, para adelantar las diligencias previstas en los artículos 41, 43 y 44, de la misma norma, y la obligación de dictar auto de archivo del proceso o de imputación de responsabilidad fiscal de que trata el artículo 46. Insistió que la demandada ha tramitado diferentes procesos de responsabilidad fiscal2 en los cuales se ha superado “ampliamente” el término contemplado en la Ley 610 de 2000, “sin que se haya proferido auto de imputación o archivo (…) lo que evidencia que no está dando cabal cumplimiento a los términos procesales”. Afirmó que el 31 de julio de 2015 solicitó a la accionada el cumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000. Su petición fue atendida el 11 de agosto de la misma anualidad por la Contraloría Delegada para Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva, según la cual “…el criterio del Operador Fiscal es que los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000 fueron subrogados por el artículo 107 de la Ley 1474 de 2011”. De acuerdo con lo anterior, concluyó la Contraloría Delegada en su respuesta que “…el término probatorio a observar en la primera fase del proceso ordinario de responsabilidad fiscal es el establecido en el artículo 107 de la Ley 1474 de 2011, dos (2) años a partir de la notificación del auto de apertura hasta la imputación de responsabilidad fiscal o el archivo de las diligencias”.

En lo demás el demandante se encargó de manifestar las razones por las cuales considera que es “…errónea la interpretación dada por el Ente Fiscal, toda vez que si el propósito del legislador al proferir el texto del artículo 107 de la Ley 1474 de 2011, hubiese sido el de ampliar los términos establecidos en el artículo 45 de la Ley 610 de 2000, así lo hubiera consignado expresamente; en cambio del texto normativo es claro que frente al debate probatorio el término que indefectiblemente fue modificado, fue el recogido en el artículo 51 de la Ley 610 de 2000, que preveía un término para la práctica de pruebas de 30 días, tiempo que siempre fue insuficiente para el ejercicio del derecho de defensa, y que sabiamente el artículo 107 de la Ley 1474 de 2011 amplió a dos (2) años para los procesos ordinarios de responsabilidad fiscal”. De acuerdo con lo anterior, solicitó: “PRIMERA: Se declare que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ha incumplido lo preceptuado en los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000 en el trámite de los procesos ordinarios de responsabilidad fiscal. 2 Sin precisar a cuáles se refiere SEGUNDA: Que en los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales se ha superado el término de los tres (3) meses, prorrogable por dos (2) meses más por auto debidamente motivado, sin que se haya proferido auto de imputación de responsabilidad fiscal o auto de archivo del proceso, se ordene al Operador Fiscal profiera la providencia respectiva de que trata el artículo 46 de la Ley 610 de 2000.

TERCERA: Que en consecuencia la accionada debe adoptar las medidas

administrativas y técnicas que correspondan para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000”. 1.3. Actuación procesal Por auto de 17 de mayo de 2016, el Tribunal admitió la demanda y ordenó notificar al Contralor General de la República. 1.4. Contestación de la Contraloría General de la República Su apoderado judicial expuso que la presente acción constitucional deviene en improcedente por las siguientes razones: i) Expuso que la parte demandante, al exponer el incumplimiento de los términos procesales previstos para el trámite del proceso de responsabilidad fiscal puede ver vulnerados sus derechos fundamentales de defensa y al debido proceso; por tanto, puede acudir, en su defensa, vía acción de tutela, para el efecto citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta de 12 de junio de 20143 y de 17 de julio de 20144. ii) Sostuvo que no se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad que caracteriza a la acción de cumplimiento, pues, en su criterio, “…el actor no aporta la más mínima prueba del supuesto incumplimiento ni plantea los casos concretos en los cuales supuestamente se está presentando la inobservancia de las normas y, ante ello, no queda más remedio que despachar desfavorablemente las pretensiones del medio de control, en tanto que el supuesto de hecho para emitir la orden a la autoridad pública radica en demostrar el incumplimiento de la norma”. En lo referente a la contestación que profirió para atender la solicitud presentada por el actor afirmó que “…no es más que una interpretación jurídica de la

Contraloría Delegada de Investigaciones respecto de la aplicabilidad de los términos allí previstos, pero en manera alguna tiene la virtualidad de demostrar la renuencia de la C.G.R., en casos concretos frente al cumplimiento de los términos legales aplicables al Proceso de Responsabilidad Fiscal”. iii) Las normas que se piden acatar regulan los términos previstos para el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, “…en relación con las cuales la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado la improcedencia de la acción de cumplimiento dado que en estos casos el afectado cuenta con otro mecanismo de defensa al interior de los respectivos procedimientos y le compete exclusivamente a la autoridad respectiva la aplicación de las normas que los regulan”. 3 Rad. No. 2014-0002-01, C.P. doctora: Susana Buitrago Valencia 4 Rad. No. 2013-02833-01, C.P. doctor: Alberto Yepes Barreiro Sumado a lo dicho, explicó el trámite del proceso de responsabilidad fiscal para concluir que el actor interpreta en indebida forma los normas procesales que pretende se acaten. Asimismo, sostuvo que los términos previstos en los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000 “no tienen carácter preclusivo”, pues de su contenido se advierte que los mismos deben ser aplicados según las circunstancias particulares de cada caso. Con fundamento en lo expuesto solicitó declarar improcedente la presente acción. (fls. 57 al 69). 1.5. Sentencia impugnada El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” negó “por improcedente” la acción ejercida por el señor LUIS FERNANDO FERIA

MONTES.

Como fundamento de su decisión, concluyó que del escrito con el cual la accionada contestó la petición que radicara el demandante a efectos de constituirla en renuencia, se evidencia que el actor actúa como apoderado en diferentes procesos de responsabilidad fiscal que, si bien, en la demanda de cumplimiento no dijo nada al respecto, es claro que la presente acción “…se encuentra encaminada a que surta efectos en los procesos que adelanta en la entidad accionada, por lo que se advierte un elemento subjetivo del accionante más allá de la naturaleza de la acción”. No obstante lo anterior, el a quo procedió con el estudio y concluyó que los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000 no contienen un mandato imperativo en cabeza de la Contraloría General de la República, porque dichos preceptos disponen que “…el término será prorrogable cuando las circunstancias así lo ameriten”. Sumado a lo expuesto, sostuvo que la acción de cumplimiento no es procedente para exigir el acatamiento “…de los operadores al interior de un proceso, la aplicación de normas, de carácter sustancial o procesal, no solo porque aquello es propio de las decisiones del mismo funcionario de conocimiento, sino porque el cumplimiento de las normas legales puede exigirse mediante los procedimientos o mecanismos, tales como peticiones, recursos o incidentes…”. (fls. 73 al 85). 1.6. Impugnación El apoderado del demandante solicito revocar la anterior decisión, por considerar que: i) Respecto del argumento del Tribunal según el cual mediante el ejercicio de la acción de cumplimiento no es dable exigir el acatamiento de normas al interior de

un proceso, sostuvo que lo dicho no es plausible porque de conformidad con el artículo 87 de la Constitución Política “…se puede incoar para hacer efectivo el cumplimiento de una ley, sin que se establezca limitación alguna respecto de las leyes o actos contra los cuales se pueden ejercer esta acción”. Además, afirmó que en aras de exigir el cumplimiento de los términos contemplados en los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000 “…se han agotado todos los mecanismos procedimentales que contempla la misma ley para hacer cumplir dichos términos, esto es, solicitudes de nulidad, recursos, solicitud de cumplimiento de dichos artículos, instrumentos que han sido ineficaces…”. También sostuvo que “…argumentar que el cumplimiento de las normas legales puede exigirse mediante los procedimientos o mecanismos tales como peticiones, recursos o incidentes, harían que la acción de cumplimiento se volvería subsidiaria e inoperante…”. Sumado a lo anterior, adujo que el a quo confunde que el trámite del proceso de responsabilidad fiscal es un procedimiento administrativo y no una actuación judicial. ii) Con relación al argumento del Tribunal según el cual las normas que se piden acatar no contienen un mandato imperativo en cabeza de la Contraloría General de la República, sostuvo el recurrente que, en efecto, el artículo 45 de la Ley 610 de 2000, concede una prórroga, hasta de dos meses más cuando las circunstancias lo ameriten, lo que en su criterio de muestra que el precepto sí impone una obligación a la Contraloría pues existe un término establecido para dictar la decisión de archivo o imputación, lo que evidencia que las actuaciones de

las autoridades públicas no “…dependan de su propio arbitrio, sino que se encuentran sujetas a los procedimientos señalados por la ley”. Acto seguido afirmó que ejerció la acción de incumplimiento “…en razón al constante incumplimiento de los términos procesales en el desarrollo de los procesos de responsabilidad fiscal, toda vez que se ha superado el término contemplado en el mencionado artículo 45, sin que se haya proferido auto de imputación o archivo…”. (fls. 89 al 95).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Cuestión previa Es necesario precisar que esta misma Sección en fallo de 16 de agosto de 2016, en el presente asunto decidió: “PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada el 16 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión y en consecuencia, se ordena a la Contraloría General de la República que, mediante el mecanismo más célere y eficaz, informe a las dependencias encargadas del trámite de los procesos de responsabilidad fiscal que el artículo 45 de la Ley 610 de 2000 no fue subrogado por el artículo 107 de la Ley 1474 de 2011, por tanto, su aplicación y atención resulta de obligatorio cumplimiento, como también sucede con el artículo 46 de la misma Ley 610 de 2000.

SEGUNDO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen”.

Contra la anterior decisión, la Contraloría General de la República ejerció acción

de tutela, en procura de su derecho al debido proceso. En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante fallo de 27 de julio de 2017 resolvió: “PRIMERO: CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso solicitada por la Contraloría General de la República en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS JURIDICOS la sentencia proferida, el 16 de agosto de 2016, dentro de la acción de cumplimiento Nro. 25000-23-41-000-2016-01063-01.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento Nro. 25000-23-41-000-2016-01063-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

Esta decisión fue impugnada por el actor de la acción de cumplimiento y en sentencia de segunda instancia del 24 de octubre de 2017, se decidió: “Primero: Confirmar la sentencia del 27 de julio de 2017 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en cuanto amparó el derecho fundamental al debido proceso de la Contraloría General de la República, y en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 16 de agosto de 2016 proferida por la Sección Quinta de esta corporación.

Segundo: Revocar el ordinal segundo, a través del cual declaró improcedente la acción de cumplimiento 2016-01063-01. En su lugar: Tercero: Ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una nueva providencia, de conformidad con lo aquí expuesto”.

Como fundamento de la anterior orden tutelar el ad quem concluyó que:

1. El demandante de la acción de cumplimiento cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para la defensa de sus intereses, para lo cual sostuvo que como pretensión es que “…la Contraloría General de la Nación cumpliera los términos fijados en los artículos 45 y 46 de la Ley 610 del 2000, mediante la cual se determinó el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías…”, debe tenerse en consideración que de conformidad con el artículo 59 de la Ley 610 de 2000 “…el acto administrativo con el cual termina el proceso de responsabilidad fiscal será demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Con fundamento en lo anterior concluyó que “…el señor Luis Fernando Feria Montes cuenta con otro instrumento judicial para debatir el incumplimiento de los términos previstos para practicar pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, a través de los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la acción de cumplimiento instaurada por el mencionado señor no cumplió con el requisito de subsidiariedad fijado por el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, como en efecto lo coligió la Sección Primera de esta corporación”. Sumado a lo anterior, advirtió que “…la incertidumbre sobre la vigencia de las normas cuyo cumplimiento se solicitó, era necesario efectuar un análisis de fondo sobre este aspecto. Este examen excede el objetivo del medio de control de cumplimiento...”. 2.2. Competencia Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada contra la

sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 150 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “CPACA” Ley 1437 de 20115, así como del Acuerdo 015 de 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de las “…apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”. 2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 29 de julio de 19976 que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia” (artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento. Para que la demanda proceda, se requiere: a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en

ejercicio de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en efecto, se establezca que existe la desatención de la norma o acto; b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que consideró como obligado, el cumplimiento de su deber legal; 5 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. (…)”. 6 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”. c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción; que no se trate de una norma que establezca gastos, ni tampoco del reclamo de un derecho que pueda garantizarse por la vía de la acción de tutela. 2.4. Normas que se solicitan acatar Los artículos siguientes de la Ley 610 de 2000: “45. TÉRMINO. El término para adelantar estas diligencias será de tres (3) meses, prorrogables hasta por dos (2) meses más, cuando las circunstancias lo ameriten, mediante auto debidamente motivado.

46. DECISIÓN. Vencido el término anterior, se procederá al archivo del proceso o a dictar auto de imputación de responsabilidad fiscal, mediante providencia motivada, según sea el caso”. 2.5. Del agotamiento del requisito de procedibilidad La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste7 y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”8. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que: “Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia. 7 Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la

acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de 2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”?. (Negrita fuera de texto) 8Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo. 9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Consejera Ponente: Doctora Susana Buitrago. El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación

del sustento en el que se funda el incumplimiento. Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella. Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos10” (Negrillas fuera de texto). En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1998 establece lo siguiente: “Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud”. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el

solicitante en su petición haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo 10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla. pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y, que de este pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad cuando la petición “…tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia”.11 En este caso, con la demanda se allegaron los siguientes escritos,

1. Copia de la petición radicada por el actor el 31 de julio de 2015, ante la Contraloría General de la República en la cual solicitó el cumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 200012

2. Oficio del 11 de agosto de 2015, contentivo de la respuesta de la anterior petición, suscrito por el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en la que se le indicó al actor que el artículo 107 de la Ley 1474 de 2011 subrogó el contenido del artículo 45 de la Ley 610 de 2000.

Asimismo, se concluyó que “…los operadores fiscales de la Contraloría General de la República han observado las normas vigentes que rigen el proceso de responsabilidad fiscal, han respetado el debido proceso y garantizado el derecho

de defensa de los presuntos responsables fiscales al sustentar sus providencias en pruebas decretadas practicadas dentro de los plazos legales y valoradas conforme lo exigen los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 610 de 2000”. De acuerdo con lo expuesto no hay duda que en este caso previo a acudir al ejercicio de la presente acción de cumplimiento, el demandante agotó en debida forma el requisito de renuencia, pues solicitó a la Contraloría General de la República el acatamiento de los artículos a los a que alude en el escrito de la demanda. 2.6. De la improcedencia de la acción de cumplimiento La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que la accionada acate el mandato contenido en los artículos 45 y 46 de Ley 610 de 2000. Al respecto, la Sala advierte que el juez de tutela ya definió la improcedencia del presente medio de control al concluir que definir “…la incertidumbre sobre la vigencia de las normas cuyo cumplimiento se solicitó (…) no era posible realizarlo en dicha sede pues ello implicaría ir en contra de la naturaleza de la acción. Por tanto, se advierte que el medio de control de cumplimiento instaurada es improcedente. Al respecto, la Sala advierte que del examen del plenario se encuentra la existencia de una controversia jurídica de la cual el actor pretende que se dilucide vía acción de cumplimiento, lo cual riñe con el objeto del presente mecanismo constitucional, tal y como lo concluyó el juez de tutela en el fallo que ahora se acata. 11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019. 12 Folios 31 al 39 En efecto, de la revisión de la demanda, de la petición presentada por el actor ante la Contraloría General de la República y de la respuesta dada por esta entidad, resulta evidente que existe una controversia en lo referente a los términos que deben regir el proceso de responsabilidad fiscal, ya que el demandante sostiene que debe primar los contenidos en la Ley 610 de 2000 y, por su parte, la accionada manifiesta que dicha normativa fue subrogada por la Ley 1474 de 2011, la cual además amplió el lapso dispuesto para la etapa de investigación de este tipo de procesos fiscales. Así las cosas, en virtud de las interpretaciones antes expuestas, es indiscutible que las normas que el demandante requiere que se ordene su cumplimiento, no contienen un mandato que resulte claro y exigible, ya que existe una controversia jurídica que incluso puede poner en tela de juicio su exigibilidad, al no poder determinar si los artículos 45 y 46 de la Ley 610 de 2000, están vigentes o fueron subrogados como lo expone la accionada. Al respecto, la Sala advierte que del examen del plenario se encuentra la existencia de una controversia jurídica de la cual el actor pretende que se dilucide vía acción de cumplimiento, lo cual riñe con el objeto del presente mecanismo constitucional, tal y como lo concluyó el juez de tutela en el fallo que ahora se acata. En efecto, de la revisión de la demanda, de la petición presentada por el actor ante

la Contraloría General de la República y de la respuesta dada por esta entidad, resulta evidente que existe una controversia en lo referente a los términos que deben regir el proceso de responsabilidad fiscal, ya que el demandante sostiene que debe primar los contenidos en la Ley 610 de 2000 y, por su parte, la accionada manifiesta que dicha normativa fue subrogada por la Ley 1474 de 2011, la cual además amplió el lapso dispu