CE-25000-23-41-000-2018-00760-01(AG)-2020

ACCIÓN DE GRUPO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE NIEGA

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES – Confirma / SERVICIO PÚBLICO DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS / INMOVILIZACIÓN DE VEHICULOS /

PROCESO DE REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO El asunto se contrae a determinar si es procedente decretar la medida cautelar solicitada por la parte actora, dirigida a: ordenar a los accionados la cesación de los operativos de tránsito para inmovilizar los vehículos de los accionantes; ordenar la ejecución de los actos necesarios para incluir a los vehículos del grupo accionante en el “Anexo 2” del Convenio Interadministrativo 1100100-004-2013, con el fin de que puedan operar en el corredor vial Soacha-Bogotá; y ordenar los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo. (…) considera este Despacho que aun cuando no corresponde en esta instancia analizar la consonancia entre las disposiciones legales y constitucionales y los actos administrativos en cuestión, la simple existencia de dichas decisiones no resulta suficiente para sostener la apariencia de buen derecho del interés cuya protección se reclama, ante la controversia que existe sobre el acatamiento, por parte de dichas determinaciones, de las disposiciones contenidas en el Convenio Interadministrativo 1100100.004-2013. El Comité Coordinador del citado Convenio Interadministrativo y las entidades encartadas, en el Acta 19 de 2016 y en sus escritos de contestación de la

demanda, respectivamente, coincidieron en afirmar que los vehículos de los demandantes ingresaron en reposición de otros automotores que ya habían sido utilizados como cuota para articulados de Transmilenio, lo cual generaba una situación de doble reposición. Como se anotó líneas atrás, el Convenio Interadministrativo 1100100-004-2013 estableció que el proceso de reposición, en ningún caso, podía recaer sobre buses que hubieran sido desintegrados y repuestos por vehículos articulados para el Sistema Transmilenio. (…) La discusión judicial que actualmente se cierne sobre la legalidad de todos los actos administrativos expedidos para habilitar la operación de los vehículos de servicio público de los accionantes, y las medidas de suspensión que en esos procesos se han ordenado, desdibujan la evidencia de la existencia del derecho que se alega en la demanda, por lo que no se cumple con el fumus bonu iuris, necesario para la prosperidad de la medida cautelar. Adicionalmente, la negativa a decretar la medida solicitada no comporta ningún agravio para el interés público, máxime cuando el debate recae sobre la violación de las disposiciones que regularon el sistema de transporte público en las ciudades de Bogotá D.C. y Soacha. Con todo, según el hecho séptimo de la demanda, los automotores del grupo accionante contaban con licencia para brindar el servicio público de transporte durante los años 2018 y 2019, afirmación que se corrobora al revisar los documentos alusivos a las tarjetas de operación de cada vehículo, de modo que al encontrarse vencida la autorización a la fecha en la que se profiere esta providencia, se torna

innecesaria e inconducente la medida solicitada. Por lo expuesto, se confirmará la providencia impugnada. ACCIÓN DE GRUPO / MEDIDAS CAUTELARES - Norma aplicable Se tiene, así, que las medidas cautelares en los procesos de grupo atienden, principalmente, lo dispuesto en la Ley 472 de 1998 y, de manera complementaria, las normas del CPACA. El trámite para su interposición y oposición se rige por el CGP. Ahora bien, a diferencia de lo estipulado para las acciones populares1, la Ley 472 de 1998 no contempla una norma expresa en relación con los medios de 1 Ley 472 de 1998. Artículo 26. Oposición a las medidas cautelares. “El auto que decrete las medidas previas será notificado al demandado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de cinco días. La oposición a las medidas previas sólo podrá fundamentarse en los siguientes casos (…)”. impugnación procedentes para controvertir las decisiones que resuelven las solicitudes de medidas cautelares en las acciones de grupo. Por ello, corresponde remitirse a las disposiciones del CGP, en consideración a lo expuesto en precedencia, y en aplicación de la regla de subsidiariedad dispuesta en el artículo 68 de la citada Ley 472 de 1998. MEDIDAS CAUTELARES - Finalidad y requisitos De lo expuesto, se colige la facultad que le asiste al juez de la acción de grupo para proferir cualquier medida cautelar que resulte necesaria para proteger y

garantizar la efectividad de la sentencia, así como para precaver un perjuicio irremediable. Con esa finalidad, cuando la demanda persigue un propósito diferente al de la nulidad de un acto administrativo –como ocurre en el caso concretodeberá aparecer demostrado en el plenario: el interés o titularidad de la parte para solicitar la medida; la existencia de una amenaza o vulneración a un bien jurídico tutelado; la apariencia de buen derecho o fumus bonu iuris, esto es, la existencia de indicios o de prueba sumaria que permita considerar la prosperidad de las pretensiones, al menos en apariencia; y iv) la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida para garantizar el objetivo que persigue.

FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 88

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020) Radicación número: 25000-23-41-000-2018-0760-01(AG)

Actor: JOSÉ JOAQUÍN NOVA ANGARITA Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto de 16 de agosto de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante el cual

se negó una medida cautelar.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La solicitud de medida cautelar El 24 de julio de 2018 (fls. 1-36 c. n.° 1), el grupo conformado por el señor José Joaquín Nova Angarita y otros, por intermedio de apoderado judicial (fls. 37-68 c. n.°1), interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo en contra de la Nación-Ministerio de Transporte, el Departamento de Cundinamarca, el Municipio de SoachaSecretaría de Movilidad, el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad y la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los daños que les fueron ocasionados por la exclusión de sus vehículos de servicio público del convenio interadministrativo que autorizaba la operación en el corredor vial Bogotá-SoachaBogotá.

En el escrito introductorio se solicitó el decreto de la siguiente medida cautelar: a) Ordenar a los accionados la inmediata cesación de las actividades y operativos de tránsito tendientes a inmovilizar los vehículos, con el fin de que se permita la libre operación de los vehículos del grupo accionante hasta tanto se resuelva la presente controversia. b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios para incluir a los vehículos del grupo accionante en el Anexo 2, mientras se resuelve la presente acción, con el fin de que se permita la operación de los autobuses en el citado

corredor vial, toda vez que la conducta potencialmente perjudicial o dañina que se ha venido desplegando se ha dado como consecuencia de la omisión de los deberes legales de los accionantes al no reconocer los efectos de los actos administrativos expedidos y, en consecuencia, generando las políticas de inmovilización de manera ilegal; con el fin de cesar definitivamente tales daños. c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas. d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.

2. El auto apelado Mediante providencia de 16 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B admitió la demanda y negó la solicitud de medida cautelar (fls. 722-728 c. ppal.).

Para soportar esa última decisión, se tuvieron en cuenta las respuestas otorgadas por la Policía Nacional a los derechos de petición presentados por los accionantes, mediante las cuales informó que esa autoridad emitió la instrucción de cancelar los controles a los vehículos de la empresa Líneas Uniturs y no inmovilizar los vehículos que son materia de controversia en el presente asunto.

3. El recurso de apelación Inconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación (fls. 763-767 c ppal.). Insistió en el decreto de la medida cautelar por cuanto las operaciones de inmovilización de los vehículos y la

imposición de comparendos han continuado, pese a la directriz expedida por la Policía Nacional, tal como lo acreditan las pruebas aportadas al proceso, en las que se aprecian las sanciones y restricciones ordenadas en el año 2018, esto es, con posterioridad a la misiva de 2017 emitida por la autoridad policial.

4. Trámite de los recursos Mediante proveído de 13 de noviembre de 2018, el Tribunal a-quo confirmó la negativa de la medida cautelar, con fundamento en las siguientes razones: i) las pruebas aportadas al plenario con el fin de acreditar la imposición de comparendos son precarias, en cuanto resultan ilegibles en su mayoría; ii) el perjuicio se predica respecto de algunos demandantes que no alcanzan a integrar la mitad del grupo, por lo que no se cumplen las condiciones de uniformidad que exigen el medio de control interpuesto; y iii) el Convenio Interadministrativo 1100100-004-2013 estableció la imposibilidad de reponer dos veces un mismo vehículo, por ende, no se reúne el requisito de “apariencia de buen derecho”, exigido para la prosperidad de la medida cautelar.

En la misma providencia se concedió, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 16 de agosto de 2018 (fls. 1010-1016 c. n.° 6). La decisión se corrigió en auto de 27 de noviembre de 2018, para aclarar que las expensas de las copias del expediente estaban a cargo de la parte actora (fls. 1020-1023 c. n.° 6)

La parte demandante, a través de memorial radicado el 22 de abril de 2019, aportó los documentos originales de los comparendos impuestos a los automotores de algunos integrantes del grupo demandante, por parte de la Policía de Tránsito, con el fin de que sean apreciados como prueba. Se argumentó que ese tipo de sanciones “generan incertidumbre jurídica para mis representados ya que, como queda visto, todos y cada uno de los miembros del grupo accionante son susceptibles de ser sancionados económicamente e inmovilizados sus vehículos, única fuente de ingresos para sus familias”. Adicionalmente, se allegó una declaración extrajuicio, copia de un auto proferido en otro proceso judicial, y un registro fotográfico (fls. 806-811 c. ppal.). El 19 de julio de 2019, este Despacho decretó una prueba de oficio dirigida a la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos de Bogotá, con el fin de que se informara si en esas dependencias judiciales cursaban demandas de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos que habilitaron operaciones a los vehículos de los accionantes, y si en esos procesos se habían decretado medidas cautelares (fls. 904-905 c. ppal.). La entidad requerida, en memorial de 26 de septiembre de 2019, manifestó que no le era posible identificar la existencia de procesos judiciales a partir del acto administrativo demandado (fl. 925 c. ppal.). En escrito de 27 de agosto de 2019, la parte actora adjuntó copia del acta de

reunión del Comité Coordinador del Convenio Interadministrativo 1100100-0042013, celebrada el 30 de mayo de esa anualidad, en la cual se propuso incluir los vehículos de los accionantes en el convenio que habilitaba su operación en el corredor vial Bogotá-Soacha-Bogotá, a cambio de que los accionantes desistieran de la presente acción de grupo (fls. 913-915 c. ppal.). Mediante proveído de 26 de noviembre de 2019, este Despacho dispuso requerir al Municipio de Soacha para que informara el estado de las demandas de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra los actos administrativos que concedieron capacidad transportadora a los vehículos de los accionantes; además, se ordenó oficiar al Ministerio de Transporte, al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital de Bogotá y al Municipio de Soacha para que se pronunciaran en relación con la vigencia del Acta 19 de 13 de marzo de 2016; así mismo, a la Policía Nacional para que indicara si los automotores del grupo demandante habían sido inmovilizados y/o se les habían impuesto comparendos por no estar incluidos en el Anexo 2 del Convenio Interadministrativo 1100100-004-2013 (fls. 953-953 c. ppal.). El 24 de enero de 2020, la Secretaría de Movilidad del Municipio de Soacha remitió una relación de las demandas que interpuso para lograr la nulidad de todos los actos administrativos mediante los cuales ese ente territorial ordenó la reposición de algunos automotores y, en su lugar, concedió capacidad

transportadora a los vehículos de los accionantes. De los 18 procesos judiciales referidos, se indicó que en 7 de ellos se había decretado medida cautelar. De otra parte, la entidad mencionó que lo decidido en el Acta 19 de 2016 se encontraba vigente; sin embargo, el Comité Coordinador del Convenio Interadministrativo 1100100-004-2013 estaba evaluando la posibilidad de suspender las órdenes proferidas (fls. 959-960 c. ppal.). La Secretaría de Movilidad del Distrito Capital de Bogotá, mediante escrito de 27 de enero de 2020, enlistó los procesos judiciales en los que se han decretado medidas cautelares y que versan sobre las decisiones adoptadas frente a los vehículos implicados en esta contienda. Se hizo alusión a 7 procesos de simple nulidad. Adicionalmente, se informó que el Acta 19 de 13 de marzo de 2016 se entra encontraba en firme (fls. 963-965 c. ppal.). En escrito separado, radicado el 14 de febrero de 2020, la entidad remitió una relación de los vehículos de los accionantes que han sido objeto de informes de infracciones de transporte desde el año 2018 hasta la actualidad, y aclaró que no se originó ninguna investigación administrativa por esos hechos. En total, se hizo alusión a 37 infracciones, todas por transitar en el corredor vial Bogotá-SoachaBogotá sin la respectiva vinculación al Convenio Interadministrativo 1100100-0042013. Se anexó, también, el listado de inmovilizaciones a los buses implicados, a

partir del segundo semestre del año 2017, con los respectivos formatos de detención (fls. 998-1003 y 1025 c. ppal.). El Departamento de Cundinamarca se pronunció en memorial radicado el 7 de febrero de 2020, para mencionar que el Comité Coordinador del Convenio Interadministrativo 1100100-004-2013 se reunió en sesiones de 19 de marzo, 2 de mayo y 30 de mayo de 2019, con el fin de analizar el ingreso al listado del convenio de los 27 vehículos que fueron excluidos. Se anexó copia de las actas elaboradas en cada sesión (fls. 979-980 c. ppal.).

II. CONSIDERACIONES

1. Procedencia del recurso de apelación y competencia del Despacho para conocerlo Mediante la Ley 472 de 1998, el Congreso de la República reguló las acciones populares y de grupo, elevadas a rango constitucional por virtud del artículo 882 de la Carta Política.

En lo referente al decreto de medidas cautelares, el artículo 58 de esa normativa especial dispuso que para “las acciones de grupo proceden las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Civil para los procesos ordinarios. El trámite para la interposición de dichas medidas, al igual que la oposición a las mismas, se hará de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil”. El Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012-CGPentró a regir en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a partir del 1° de enero de 2014,

salvo las situaciones que se gobiernan por la norma de transición dispuesta en el artículo 624 de dicha codificación, según el entendimiento expuesto en la providencia de unificación de 25 de junio de 20143. En ese entendido, la remisión a la codificación procesal civil dispuesta en la Ley 472 de 1998 hace relación al Código General del Proceso, para los efectos del presente asunto. Con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2001-CPACA-, se incorporó al trámite judicial un capítulo sobre medidas cautelares, lo cual generó incertidumbre en torno a la norma aplicable en la materia, al interior de los procesos tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio de las acciones de grupo. En proveído de 23 de mayo de 2017, esta Corporación4 se pronunció al respecto para aclarar que las disposiciones de la Ley 472 de 1998 y del CPACA no son incompatibles, sino que se complementan. Para soportar la decisión, se acogieron los argumentos que fueron expuestos por la Corte Constitucional en sentencia C284 de 15 de mayo de 20145, en razón de los cuales el capítulo de medidas cautelares incorporado en el CAPCA no riñe ni derogó la disposición sobre la 2 Artículo 88. “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en

ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”. 3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente 2012-00395-01(IJ), M.P. Enrique Gil Botero. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, expediente 2014-00821-01(AG), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Auto de ponente. 5 M.P. María Victoria Calle Correa. misma materia contenida en la Ley 472 de 1998, en relación con las acciones populares, razonamiento que era, igualmente, aplicable a las acciones de grupo, por cuanto éstas también fueron reguladas en la Ley 472 de 1998, inclusive en el aspecto procesal de las medidas cautelares, y su procedimiento se rige por el CPACA. En ese entendido, el juez se encuentra habilitado para decretar las medidas previas de uno u otro estatuto. Se tiene, así, que las medidas cautelares en los procesos de grupo atienden, principalmente, lo dispuesto en la Ley 472 de 1998 y, de manera complementaria, las normas del CPACA. El trámite para su interposición y oposición se rige por el CGP. Ahora bien, a diferencia de lo estipulado para las acciones populares6, la Ley 472 de 1998 no contempla una norma expresa en relación con los medios de impugnación procedentes para controvertir las decisiones que resuelven las solicitudes de medidas cautelares en las acciones de grupo. Por ello, corresponde

remitirse a las disposiciones del CGP, en consideración a lo expuesto en precedencia, y en aplicación de la regla de subsidiariedad dispuesta en el artículo 687 de la citada Ley 472 de 19988. El artículo 321 del CGP establece lo siguiente: Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (…)

8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.

En atención a la norma aludida, es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en el auto de 16 de agosto de 2018, mediante la cual se negó una solicitud de medida cautelar. 6 Ley 472 de 1998. Artículo 26. Oposición a las medidas cautelares. “El auto que decrete las medidas previas será notificado al demandado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de cinco días. La oposición a las medidas previas sólo podrá fundamentarse en los siguientes casos (…)”. 7 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”. 8 En providencia de 4 de abril de 2016, proferida por la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación,

expediente 2012-00179-02(AG), M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, se explicó que el recurso de apelación contra el auto que resuelve negativamente la solicitud de medida cautelar es procedente en el proceso iniciado en ejercicio de la acción de grupo, por virtud de lo dispuesto en el artículo 321 del CGP. El recurso se interpuso y sustentó de manera oportuna, conforme lo señala el artículo 322, numeral tercero9 del CGP, por lo que el Despacho procederá a resolver la controversia, de conformidad con la competencia que le asignan los artículos 12510, 15011 y 24312 del CPACA, y en atención a la distribución de procesos al interior del Consejo de Estado, dispuesto en el artículo 1313 del Acuerdo 80 de 2019.

2. Caso concreto El asunto se contrae a determinar si es procedente decretar la medida cautelar solicitada por la parte actora, dirigida a: i) ordenar a los accionados la cesación de los operativos de tránsito para inmovilizar los vehículos de los accionantes; ii) ordenar la ejecución de los actos necesarios para incluir a los vehículos del grupo accionante en el “Anexo 2” del Convenio Interadministrativo 1100100-004-2013, con el fin de que puedan operar en el corredor vial Soacha-Bogotá; y iii) ordenar los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo. 9 Artículo 322. Oportunidad y requisitos. “El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes

reglas: (…)

3. En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, o a la del auto que niega la reposición. Sin embargo, cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición. Resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación, dentro del plazo señalado en este numeral”. 10 Artículo 125. “Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”. 11 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando

no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”. Artículo 156. Competencia por razón del territorio. ”Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: (…)

9. En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva”. 12 Artículo 243. Apelación. “Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces

administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público”. 13 Artículo 13.Distribucion de procesos entre las secciones. “Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)

Sección Tercera (…)

12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de Estado”.

Sobre la finalidad de las medidas cautelares, la Corte Constitucional en sentencia

C-834 de 20 de noviembre de 201314 se refirió en los siguientes términos: Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido. La doctrina, por su parte, ha señalado que “en protección de la igualdad procesal, principio que la doctrina acoge ampliamente, las medidas cautelares tienen por objeto garantizarlo, toda vez que contrarrestan los dispendiosos trámites del proceso, de suerte que quien acude a la administración de justicia, en el desarrollo del proceso pueda conservar una situación similar a la que existía al tiempo de demandar para que en la sentencia se le restablezcan sus derechos; en otras palabras, las medidas cautelares impiden que se causen más males de los ya provocados por el demandado, que con su actitud ha llevado a que se le demande”15. En cuanto a la clase de medidas previas que puede decretar el juez en los procesos declarativos, el artículo 590 del CGP contempla la inscripción de la demanda, el embargo y el secuestro de bienes, y cualquier otra medida razonable

“para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”. Para su procedencia, la norma en cita exige apreciar la legitimación o interés para actuar de las partes, la existencia de la amenaza o vulneración del derecho, la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. Según se enunció en el acápite anterior, las disposiciones del CPACA complementan la regulación de las acciones de grupo, en materia de medidas cautelares. Dicha codificación, en un sentido similar al que se estableció en el CGP, contempló la posibilidad de decretar aquellas medidas que resulten 14 M.P. Alberto Rojas Ríos. Bogotá. 15 Forero Silva, J. (2018). Medidas cautelares en el Código General del Proceso (3ª ed.). Bogotá D.C.: Temis. necesarias “para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia” (art. 229). En el artículo 230 se enlistaron, de manera enunciativa, algunas de las disposiciones conducentes para proteger el objeto del litigio, a la vez que se clasificaron las medidas cautelares en preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y se indicó que éstas deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. De otra parte, los requisitos para decretar las medidas cautelares fueron establecidos en el artículo 231, y difieren de acuerdo las pretensiones de la

demanda. Así, cuando se persigue la nulidad de un acto administrativo, la medida de suspensión procederá si al analizar el acto demandado se advierte la violación de normas superiores; adicionalmente, en el evento en el que además se pretenda el restablecimiento del derecho, tendrá que aparecer probado, al menos sumariamente, la existencia del perjuicio alegado. En los demás casos, se requiere que concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

De lo expuesto, se colige la facultad que le as