CE-25000-23-42-000-2016-00604-01(4551-17)-2020

RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Sentencia de 11 de junio de 2020 como los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público no fueron abstraí- dos o excepcionados de las condiciones de transición impuestas por la Ley 100 de 1993, la sección juzgó procedente extender las reglas de interpretación normativa adoptadas por la sala de lo contencioso-administrativo en la aludida sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, para el caso específico de estos. […] [L]a liquidación de las pensiones de jubilación de quienes prestaron sus servicios a la Rama Judicial o al Ministerio Público por espacio de 10 años o más, y son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se rige por las pautas expuestas por la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según las cuales el ingreso base de liquidación de dichas prestaciones corresponde al indicado en esa norma, sin que sea dable acudir para esos efectos, en el caso de los mencionados servidores, al período de liquidación establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 o a los factores señalados en el 12 del Decreto 717 de 1978. […] [E]l ingreso base de liquidación de las pensiones bajo estudio debe ser igual, únicamente y de manera estricta, a la suma de (i) la unidad temporal que corresponda, esto es, alguna de aquellas de

que tratan los artículos 21 y 36 (inciso 3.°) de la Ley 100 de 1993, según el caso; y (ii) los factores previstos legal o reglamentariamente como integrantes de la base de cotizaciones al sistema, tales como los contemplados por los artículos 1° del Decreto 1158 de 1994, 14 de la Ley 4ª de 1992, 1° del Decreto 610 de 1998, 1° del Decreto 1102 de 2012, 1° del Decreto 2460 de 2006, 1° del Decreto 3900 de 2008 y 1° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público.

FUENTE FORMAL: LEY 4 DE 1992 - ARTÍCULO 14 / LEY 100 DE 1993ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / DECRETO 546 DE 1971ARTÍCULO 6 / DECRETO 717 DE 1978 - ARTÍCULO 12 / DECRETO 1158 DE 1994 - 1 / DECRETO 610 DE 1998 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 1102 DE 2012ARTÍCULO 1 / DECRETO 2460 DE 2006 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 3800 DE 2008 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 383 DE 2013 - ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 25000-23-42-000-2016-00604-01(4551-17) Actor: GILMA DEL CARMEN RONCANCIO CORTÉS Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

(UGPP)

Referencia: RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONFORME AL DECRETO 546 DE 1971; FACTORES SALARIALES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA EN EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL DE PERSONA BENEFICIARIA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LEY 100 DE 1993

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes demandada y actora contra la sentencia de 23 de febrero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES 1.1 El medio de control (ff. 152 a 167). La señora Gilma del Carmen Roncancio Cortés, a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),

para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones (i) «[…] RDP 008824 del 5 de marzo de 2015 […]», proferida por la UGPP, «[…] mediante la cual realizó la reliquidación de la pensión de la demandante en la suma de $4.293.562.oo, para en esa misma resolución concluir a lo último que se negaba la reliquidación solicitada porque se violaba el principio de favorabilidad»; (ii) «[…] RDP 016346 del 27 de abril de 2015 […]», que resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la anterior, de manera desfavorable; y (iii) «[…] RDP 022566 de 4 junio de 2015 […]», a través de la cual se desató un recurso de apelación y confirmó el acto inicial. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, ordenar la reliquidación de la pensión de la actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, «[…] en un monto equivalente al setenta y cinco (75%) de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio […]», con inclusión de la «[…] asignación básica mensual, bonificación actividad judicial, bonificación judicial, prima especial de servicios, bonificación servicios prestados, y la doceava parte de la prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones […]»; reconocer el retroactivo mensual causado, indexado de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), junto con los

intereses moratorios; y dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA. Por último, se condene en costas y agencias en derecho a la demandada. 1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 20 de diciembre de 1957 y laboró para la Rama Judicial desde 1983. Que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida en que al entrar en vigor la aludida normativa contaba con más de 35 años edad. Dice que le fue otorgada pensión de jubilación, con Resolución UGM 33282 de 15 de febrero de 2012, modificada por Resolución UGM 59611 de 29 de noviembre siguiente, conforme al Decreto 546 de 1971, en cuantía de $5.468.164. Que, con el ánimo de retirarse del servicio, en el año 2014 solicitó la reliquidación de su mesada pensional, por lo que, con Resolución RDP 8824 de 5 de marzo de 2015, se efectuó el reajuste deprecado, pero con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, con base en el promedio de los salarios recibidos durante los últimos 10 años de servicios, decisión frente a la cual interpuso los recursos de reposición y apelación, desatados de manera desfavorable. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos administrativos demandados los artículos 1, 2, 23, 25, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; y el acto legislativo 1 de 2015.

Arguye que la reliquidación de su pensión se debe realizar en consonancia con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, toda vez que al momento de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con 35 años de edad, por tanto, tiene derecho a que su mesada sea calculada con el 75% de los salarios devengados en el último año de vinculación, con inclusión de la totalidad de los emolumentos que integran su remuneración. 1.5 Contestación de la demanda (ff. 178 a 185). La entidad demandada, por intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda y frente a los hechos, afirmó que algunos son ciertos, otros no le constan y los contenidos en los numerales 8 y 9 no comportan tal naturaleza; formuló las excepciones denominadas improcedencia de reconocimiento pensional, prescripción y caducidad del medio de control. Aduce que no es dable liquidar la pensión de la accionante con base en el artículo 6 Decreto 546 de 1971, por cuanto tal disposición, «[…] con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fue derogada, si bien no de manera expresa, si de forma tácita» (sic), en armonía con el derrotero jurisprudencial que sobre la materia ha trazado el Consejo de Estado. 1.6 La providencia apelada (ff. 257 a 268). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), en sentencia de 23 de febrero de 2017, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas),

al considerar que en razón a que la actora está amparada en el régimen especial de la Rama Judicial, «[…] tiene derecho a que se le liquide la pensión de jubilación con el 75% de la asignación mensual más elevada del último año de servicio y con inclusión de todos los factores que devengaba […]». 1.7 Los recursos de apelación: 1.7.1 Entidad demandada (ff. 277 a 279). La accionada, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que a la actora le fue reconocida la prestación «[…] bajo el imperio de la Ley 33 de 1985, puesto que acreditaba los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición contemplado en la ley 100 de 1993 […]» (sic). Sostiene que de acuerdo con el aludido régimen de transición, para efectos de calcular la mesada pensional, se deben respetar «[…] la edad, el tiempo de servicio y el monto del régimen anterior al que venía cotizando el interesado, pero en lo que respecta a la liquidación de la pensión, es decir, el IBL debe aplicarse los incisos 2º y 3º de la citada norma» (sic). 1.7.2 La accionante (ff. 292 a 294). La actora, a través de apoderado, presentó recurso de apelación adhesivo, por cuanto el a quo no ordenó la liquidación de su pensión con la totalidad de los factores salariales del mes de junio de 2015, como son la bonificación judicial y la prima especial de servicios, las que deben incluirse «[…] en un 75% y no únicamente 1/12 parte de éstas como lo ordenó el Tribunal […]» (sic).

Afirma que se deben incluir dentro del IBL no solamente los emolumentos recibidos en el mes de junio de 2015, sino también «[…] otros percibidos, como son: 1/12 parte de la prima de navidad, 1/12 parte de la prima de vacaciones de 2014, 1/12 parte de la bonificación por servicios prestados que se paga en enero de todos los años, tal como se solicitó en la pretensión CUARTA de la demanda y cuyo pedimento fue omitido en la sentencia […]».

II. TRÁMITE PROCESAL.

Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 5 de septiembre de 2017 (ff. 298 y 299) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 27 de agosto de 2019 (f. 308), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 11 de diciembre de 2019 (f. 314), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras. 2.1.1 La accionante (ff. 315 a 317). Trascribió los mismos argumentos planteados en el escrito de alzada. 2.1.2 La UGPP (ff. 293 a 302). Reiteró que no es dable reliquidar la pensión de jubilación otorgada a la actora, puesto que para su cálculo solamente pueden ser

incluidos los factores enunciados en el Decreto 1158 de 1994, con una tasa de reemplazo del 75% de tales emolumentos.

III. CONSIDERACIONES. 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia. 3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar1 si a la demandante le asiste derecho al reajuste de su pensión de jubilación, por no habérsele tenido en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados con la asignación más elevada recibida durante el último año de servicios, conforme al régimen especial aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial previsto en el Decreto 546 de 1971; o por el contrario, carece de razón, pues para efectos de la liquidación pensional le es aplicable el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como lo aduce la entidad demandada. 3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes. No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto

tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993. En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior. En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere 1 En atención que las partes interpusieron recursos de apelación, se dará aplicación a lo previsto en el inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), en virtud del cual «[…] [c]uando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]». superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya). Respecto de

esta norma, la Corte Constitucional2 precisó: […] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19933, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […] Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las

personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica: “ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al 2 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013. 3 El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia

el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto). consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.” El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01

(4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés. Por otro lado, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de reemplazo de la pensión de jubilación a la que alude la presente demanda, la Sala se remite a lo preceptuado en el Decreto 546 de 1971, que en relación con el asunto objeto de examen dispone: Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. Obsérvese que el Decreto 546 de 1971 prescribe, como requisitos para acceder a la pensión mensual vitalicia de jubilación por parte de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, haber servido veinte (20) años continuos o discontinuos, de los cuales diez (10) hayan sido en tal condición y llegar a la edad de cincuenta y cinco (55) años (hombres) o cincuenta (50) años (mujeres). Igualmente, determina que la cuantía será del 75% del salario base de liquidación. En relación con este último aspecto, esto es, el IBL de las personas beneficiarias

del régimen pensional especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público, esta sección, en sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, expediente 15001-2333-000-2016-00630-01 (4083-2017)4, determinó que el reconocimiento de dichas pensiones debe ser efectuado de la siguiente manera: iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso 4 Consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas. básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado

durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;297 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público. Lo anterior, al considerar que «la jurisprudencia imperante tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, propende por la armonía que debe existir entre el sistema integral de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993, en cuyo artículo 36 estableció el régimen de transición general, y las dimensiones en las cuales la seguridad social en sí misma se manifiesta, que son las de servicio público obligatorio, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad solidaridad y sostenibilidad fiscal, y de derecho público con carácter constitucional, general, exigible e irrenunciable»5. Por ende, como los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público no fueron abstraídos o excepcionados de las condiciones de transición impuestas por la Ley 100 de 1993, la sección juzgó procedente extender las reglas de interpretación normativa adoptadas por la sala de lo contencioso-administrativo en la aludida sentencia de unificación de 28 de agosto de 20186, para el caso

específico de estos. Así las cosas, resulta evidente que la liquidación de las pensiones de jubilación de quienes prestaron sus servicios a la Rama Judicial o al Ministerio Público por espacio de 10 años o más, y son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se rige por las pautas expuestas por la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, según las cuales el ingreso base de liquidación de dichas prestaciones corresponde al indicado en esa norma, sin que sea dable acudir para esos efectos, en el caso de los mencionados servidores, al período de liquidación establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 o a los factores señalados en el 12 del Decreto 717 de 1978. Aclárase que el ingreso base de liquidación de las pensiones es un elemento técnico de cálculo que se expresa en un valor cierto, al cual le es computada una 5 Consejo de Estado, sección segunda. Sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, expediente 15001-2333-000-2016-00630-01 (4083-2017). 6 Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés. tasa porcentual de reemplazo para obtener la cuantía dineraria inicial a la que asciende determinada prestación pensional. Tal ingreso de liquidación se estructura a partir de los siguientes elementos: (i) una unidad temporal, que refiere al período preciso con el cual debe ser consolidado el ingreso base de liquidación,

verbigracia: 1 mes, 6 meses, 1 año, 10 años, o toda la vida laboral; y (ii) unos factores materiales, que se concretan en emolumentos o haberes laborales que la autoridad competente ha señalado como integrante de la base de liquidación de aportes al sistema pensional o de la pensión misma. Por consiguiente, el ingreso base de liquidación de las pensiones bajo estudio debe ser igual, únicamente y de manera estricta, a la suma de (i) la unidad temporal que corresponda, esto es, alguna de aquellas de que tratan los artículos 21 y 36 (inciso 3.°) de la Ley 100 de 1993, según el caso; y (ii) los factores previstos legal o reglamentariamente como integrantes de la base de cotizaciones al sistema, tales como los contemplados por los artículos 1° del Decreto 1158 de 1994, 14 de la Ley 4ª de 1992, 1° del Decreto 610 de 1998, 1° del Decreto 1102 de 2012, 1° del Decreto 2460 de 2006, 1° del Decreto 3900 de 2008 y 1° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público. Entonces, la Sala concluye que la conjunción de los elementos constitucionales, legales y jurisprudenciales analizados impone la adopción de las reglas previstas por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para efectos de integrar el IBL de las pensiones que deban ser reconocidas a los servidores de la Rama Judicial o el Ministerio Público al amparo del régimen de transición, postulados que constituyen

el parámetro de derecho aplicable por esta Corporación para todas aquellas controversias análogas pendientes de decisión. 3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca: a) Según copia de cédula de ciudadanía, la actora nació el 20 de diciembre de 1957 (f. 151). b) De acuerdo con certificación de 11 de diciembre de 2015 (ff. 5), expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la actora laboró al servicio de la Rama Judicial desde el 31 de octubre de 19837. c) De la certificación emanada de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bogotá, de 24 de enero de 2011, se extrae que el último empleo de la accionante fue el de juez octava de familia del circuito de Bogotá, y del 1º de enero al 9 de agosto de 2010 se le pagaron los siguientes emolumentos (ff. 34 a 36):

CONCEPTO VALOR

7 No obra dentro del expediente, medio de convicción que determine la fecha de desvinculación del servicio. Sueldo básico 4.063.804,00 Servicios autorizados por ley 28.273,00 Prima especial de servicios (2) 1.219.141,00 Bonificación por servicios 1.422.331,00 prestados Prima de vacaciones (12) 2.178.298,00 Vacaciones 3.194.837,00 Prima de servicios 2.091.166,00 Prima de navidad (12) 4.538.121,00

Bonificación por actividad judicial 13.865.348,00 d) Mediante Resolución UGM 33282 de 15 de febrero de 2012, la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) le reconoció a la actora pensión de jubilación en cuantía de $5.468.164,07, a partir del 1º de diciembre de 2010 condicionada al retiro del servicio (ff. 57 a 59), con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicios, con inclusión de la asignación básica, las bonificaciones por actividad judicial y servicios prestados y las primas de navidad, servicios, vacaciones y especial de servicios, de conformidad con las reglas establecidas en el Decreto 546 de 1971; decisión que fue modificada con Resolución UGM 59611 de 29 de noviembre de 2012, en el sentido de disminuir el descuento ordenado por concepto de los factores sobre los cuales no se habían efectuado los correspondientes aportes (ff. 62 y 63 vuelto). e) Por medio de Resolución RDP 8824 de 5 de marzo de 2015 (ff. 109 y 112 vuelto), la UGPP negó la reliquidación de la pensión de jubilación solicitada por la actora el 11 de noviembre de 2014, al considerar que la prestación se debía ajustar, en cuanto al ingreso base de liquidación (IBL), con el promedio de los salarios devengados por la accionante durante los últimos 10 años de servicio; empero, no la modificó, en aplicación del principio de favorabilidad, porque el nuevo monto sería inferior a la mesada ya reconocida. f) Con escrito de 7 de abril de 2015 (ff. 116 y 117), la accionante interpuso los

recursos de reposición y apelación contra la decisión anterior, resueltos de manera desfavorable por medio de Resoluciones RDP 16346 de 27 de abril (ff. 118 a 123 vuelto) y RDP 22566 de 4 de junio de 2015 (ff. 128 a 133 vuelto), en su orden. Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que la accionante se encontraba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad. Asimismo, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la actora nació el 20 de diciembre de 1957 y prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 31 de octubre de 19838; y (ii) le fue reconocida pensión de jubilación mediante Resolución UGM 33282 de 15 de febrero de 2012, liquidada con el 75% 8 Para la fecha de expedición