CE - 250002315000202200955011SENTENCIA20221209094638

Radicación: 25000-23-15-000-2022-00955-01

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 25000-23-15-000-2022-00955-01

Demandante: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR

OCCIDENTE E.S.E

Demandado: JUZGADO SESENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo por sumas de dinero (obligación de dar) . Requisitos generales de procedencia -subsidiariedad e inmediatezSENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E ., contra la sentencia de 13 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera , Subsección “A” , dentro de la acción de tutela en la que declaró su improcedencia por falta de legitimación en la

contra la sentencia de 13 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera , Subsección “A” , dentro de la acción de tutela en la que declaró su improcedencia por falta de legitimación en la causa por activa y por el incumplimiento de l requisito de subsidiariedad e inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La entidad accionante refirió que el 25 de octubre de 2018 suscribió el contrato No. 5954 con la Constructora Guerrero y Cía Sociedad en Comandita (S. en C.), para la “realización de actividades de adecuación de ambientes incluyendo acabados para el área de bienestar de la Unidad Occidente de Kennedy”.

Aseguró que el período de ejecución del contrato fue entre el 21 de diciembre de 2018 al 4 de febrero del 2019 , equivalente a uno y medio (1.5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor del contrato y el contratista. Agregó que el valor del contrato fue de $172’482.880.

Así mismo, sostuvo que en el contrato se incluyó una c láusula en la que se estimaba que el incumplimiento de las obligaciones acarrearía sanciones deRadicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

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2 carácter pecuniario, para lo cual s e contempló un procedimiento de imposición de

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2 carácter pecuniario, para lo cual s e contempló un procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.

En cuanto a la ejecución del referido contrato mencionó que se suscribieron dos actas en donde se anotaron algunas inconformidades frente a los materiales utilizados y los resultados obtenidos . Además, aseguró que se realizó una reunión con un representante de la constructora debido a algunas afectaciones que había sufrido la obra.

Señaló que , por esa razón , se dio inicio a l proce dimiento administrativo sancionatorio el cual concluyó con la emisión de la Resolución No. 0443 de 27 de junio de 2019, en la que se declaró el incumplimiento parcial del contrato por parte del contratista.

Indicó que la decisión anterior fue objeto de recurso de reposición presentado por la constructora y que el mismo fue resuelto a través de la Resolución No. 0624 de 30 de agosto de 2019, en el sentid o de no reponer el acto administrativo sancionatorio.

Manifestó que el 5 de diciembre de 2019 expidió la Resolución No. 0846, mediante la cual resolvió liquidar unilateralmente el contrato y ordenó el pag o de $44’854.202, a favor del contratista.

Refirió que el 6 de diciembre de 2019, la Constructora Guerrero y C ía S . en C . presentó demanda ejecutiva en su contra con el fin de obtener el pago d e $172’482.000 como capital pendiente de pago por la ejecución del contrato No. 5954 de 2018 y los respectivos intereses moratorios, radicada bajo el No. 11001presentó demanda ejecutiva en su contra con el fin de obtener el pago d e $172’482.000 como capital pendiente de pago por la ejecución del contrato No. 5954 de 2018 y los respectivos intereses moratorios, radicada bajo el No. 1100133-43-060-2019-00380-00.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Sesenta Administrativo de l Circuito de Bogotá, Sección Tercera, que por auto de 23 de enero de 2020 libró mandamiento de pago a favor de la parte demandante.

En providencia de 17 de septiembre de la misma anualidad se ordenó seguir adelante con la ejecución y mediante auto de 26 de noviembre de 2020, se aprobó la liquidación de las costas realizada por la Secretaría del Despacho.

El 15 de julio de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. presentó la liquidación del crédito, la cual fue aprobada mediante auto de 18 de noviembre de 2021.

Por último, la entidad demandante sostuvo que el 29 de junio de 2022 p resentó incidente de desembargo, el cual a la fecha de presentación de la acción de tutela (27 de agosto de 2022), no había sido resuelto.

2. Fundamentos de la acción

La entidad accionante presentó acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia supuestamente vulnerados por el Juzgado Sesenta Administrativo de l Circuito de Bogotá, Sección Tercera, con la emisión de las providencias de 23 deRadicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

justicia supuestamente vulnerados por el Juzgado Sesenta Administrativo de l Circuito de Bogotá, Sección Tercera, con la emisión de las providencias de 23 deRadicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

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3 enero, 17 de septiembre, 26 de noviembre de 2020 y 15 de julio de 2021, mediante las cuales se libró mandamiento de pago y se aprobó la liquidación de las costas y del crédito, en el marco del proceso ejecutivo No. 11001-33-43-0602019-00380-00.

En primer lugar, aseguró que la sol icitud de amparo cumple con los requisitos generales de proced encia, toda vez que: (i) goza de relevancia constitucional porque se relaciona con la vulneración de los derechos fundamentales in vocados; (ii) cumple con el requisito de la subsidiariedad, dado que “se interpone para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la protección de los recursos a la salud de la actora vulnerados por las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo sin e l lleno de los requisitos legales” y, por último, (iii) se interpuso dentro de un plazo razonable dado que la última actuación desplegada por la autoridad judicial demandada fue el 12 de mayo de 2022.

Enseguida, refirió que el Juzgado Sesenta Administr ativo del Circuito de Bogotá,

dado que la última actuación desplegada por la autoridad judicial demandada fue el 12 de mayo de 2022.

Enseguida, refirió que el Juzgado Sesenta Administr ativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, incurrió en defecto fáctico, teniendo en cuenta que “al momento de la radicación de la demanda ejecutiva por parte de la firma CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN C, no incluyó como elementos probatorios ” las Resoluciones Nos. 0443 de 27 de junio de 2019 y 0624 de 30 de agosto de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento del contrato que sirvió de base para la ejecución.

Por lo anterior, sostuvo que la obligación que pretende hacer valer la firma Constructora Guerrero y Cía S. en C. está viciada de nulidad, por existir un error inducido, el cual según la sentencia T -145 de 2014, proferida por la Corte Constitucional, se presenta cuando la autoridad judicial es víctima de factores externos al proceso que lo determinan o influencian a tomar determinada decisión que resulta contraria a derecho o a la realidad fáctica del caso.

Adujo que “las pruebas aportadas para efectos del mandamiento de pago fueron inexactas, linda ndo en un fraude procesal, como q uiera que el supuesto título ejecutivo aducido no cumplía con las características de ser claro, expreso y exigible al requerirse, como se expuso, un título ejecutivo complejo, integrado por el contrato más las constancias de cumplimiento o recibo de las ob ras contratadas y el reconocimiento del deudor de lo ejecutado conforme a lo pactado en el negocio jurídico”.

Indicó que de haber acompañado las facturas y el contrato con las resoluciones

el contrato más las constancias de cumplimiento o recibo de las ob ras contratadas y el reconocimiento del deudor de lo ejecutado conforme a lo pactado en el negocio jurídico”.

Indicó que de haber acompañado las facturas y el contrato con las resoluciones que declararon el incumplimiento contractual , se hubiese concluido que el saldo a favor del contratista correspondía a un valor menor que el que finalmente fue objeto de ejecución.

Finalmente, puso de presente que “al tratarse de una entidad prestadora del servicio de salud, cuyos recursos son inembargables, se pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes a su cargo puesto que ese recurso se requiere para atender las obligaciones propias de la ESE y garantizar el servicio público de atención médica hospitalaria ”. Además, que debe tener se en cuenta que la Procuraduría General de la Nación mediante la Circular No . 014 de 8 de junio de 2018, exhortó a los Jueces de la Republica para que se abstengan de ordenar oRadicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

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4 decretar embargos sobre los recursos del Sistema General de Seguridad en Salud, dado que se estaría afectando gravemente el patrimonio público y la prestación del servicio de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA.- Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, d erecho a la

prestación del servicio de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA.- Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, d erecho a la salud y protección de los recursos públicos.

SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado 60 Administrativo – Sección Tercera, decretar la nulidad procesal, por inducción al error frente a la omisión de la valoración de lo s elementos probatorios externos, con motivo de la no radicación de los mismos por parte de la firma CONSTRUCTORA

GUERRERO Y CIA S EN C”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 30 de agosto de 2022, el titular del Juzgado Sesenta Administra tivo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, allegó el expediente digital contentivo del proceso ejecutivo No. 11001 -33-43-060-201900380-00. Actor: Constructora Guerrero y Cía S en C.

5. Trámite procesal

Por auto de 30 de agosto de 2022 el Tribunal A dministrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte accionante y a la parte demandada, así como a la Constructora Guerrero y y Cía S. en C., en calidad de tercera con interés en el trámite constitucional.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá

A través de memorial de 2 de septiembre de 2022 el titular del despacho judicial accionado solicitó que se declare la improcedencia de la acción co nstitucional, al

6.1. Respuesta del Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá

A través de memorial de 2 de septiembre de 2022 el titular del despacho judicial accionado solicitó que se declare la improcedencia de la acción co nstitucional, al considerar que no cumple con el requisito de la subsidiariedad. Agregó, que en cualquier caso n o se vulneraron los d erechos fundamentales invocados, pues las actuaciones que se han surtido en el trámite judicial han respetado el ordenamiento jurídico procesal y sustancial.

De manera previa, sostuvo que se configuró la falta de legitimación en la causa por activa, dado que el po der allegado por la parte demandante fue conferido para la representación de un proceso de controversias contractuales y no para la acción de tutela bajo examen.

En cuanto a las inconformidades expuestas en el escrito de tutela indicó que , contrario a lo afirmado por la entidad actora, no se ha incurrido en “error por defecto fáctico”, pues si bien algunas actuaciones no fueron tenidas en cuenta en el proceso ejecutivo, ello obedece a “la desidia de la ahora accionante quien omitió de maneraRadicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

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5 oportuna ejercer su derecho de defensa oponiéndose a las pretensiones de la demanda formulada”.

Resaltó que la orden de seguir adelante con la ejecución se profirió en septiembre

5 oportuna ejercer su derecho de defensa oponiéndose a las pretensiones de la demanda formulada”.

Resaltó que la orden de seguir adelante con la ejecución se profirió en septiembre del 2020 y no se realizó alguna actuación por la parte demandada , al punto que el 15 de julio de 2021, la entidad aportó la liquidación de crédito sin informar al despacho los supuestos errores que aho ra le están siendo endilgados en este trámite constitucional.

En este sentido, sostuvo que la acción de tutela no puede utilizarse con el fin de reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa cuando estos no fueron agotados en debida forma , máxime si se tiene en cuenta que tuvo la oportunidad de controvertir las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo.

Por último, indicó que a la fecha no se ha dec retado ninguna medida cautelar por lo que tampoco puede predicarse alguna afectación por esa causa.

6.2. Respuesta de la Constructora Guerrero y Cía S en C

Mediante correo electrónico recibido el 12 de septiembre de 2022 , el apoderado judicial de la constructora pidió se declar ara la improcedencia de la acción constitucional, bajo el argumento de que lo pretendido por el entidad accionante es reabrir un debate legal que ya fue ventilado en el marco del proceso ejecutivo que se adelanta ante el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, con lo cual se pone n en riesgo los prin cipios de autonomía judicial y seguridad jurídica.

Afirmó que la actuación desplegada por la autoridad judicial demandada ha respetado el ordenamiento jurídico y que, además, se valoraron de forma integral y

seguridad jurídica.

Afirmó que la actuación desplegada por la autoridad judicial demandada ha respetado el ordenamiento jurídico y que, además, se valoraron de forma integral y acertada las pruebas aportadas al proceso ejecutivo.

Aseguró que quien ha actuado de mala fe es la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E ., pues se ha negado a cumplir con las obligaciones contraídas con la constructora, produciendo un detrimento constante, incesante e indefinido del erario.

Por lo anterior, señaló que desde el 26 de abril de 2022 remitió un correo electrónico dirigido a la Contraloría de Bogotá, en el que le informó sobre el crecimiento de la liquidación del crédito. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido el pago de las sumas adeudadas y ese ente de control no ha desplegado ninguna acción al respecto, por lo que pidió que se vincule a dicho organismo al trámite constitucional.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sec ción Tercera, Subsección “A” , mediante sentencia de 13 de septiembre de 2022 , declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional por configurarse la falta de legitimación en la causa por activa y no cumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

En primer lugar, encontró que la entidad accionante no aportó poder especial para adelantar el trámite de tutela , razón por la que se debía declarar la falta deRadicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

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adelantar el trámite de tutela , razón por la que se debía declarar la falta deRadicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

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6 legitimación por activa, toda vez que el poder allegado al escrito de tutela se otorgó a la apoderada para que “asuma la defensa de la entidad en el proceso de la referencia” , sin embargo, en el encabezado se consignó “controversias contractuales”, sin que se evidenci e un poder especial para la presentación de la acción constitucional.

Por otro lado, aseguró que la acción de tutela fue interpuesta sin el cumplimiento del requisito de la subsidiariedad , dado que la entidad accionante no hizo uso de los medios de defensa que tenía a su alcance “para controvertir el auto que libró mandamiento d e pago, obsérvese que, Subred Integrada de Servicios Sur Occidente ESE contestó la demanda ejecutiva de manera extemporánea, esto es, 4 meses después de emitida y notificada la providencia que libró mandamiento de pago”.

Para terminar, resaltó que tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez, en tanto la providencia demandada fue proferida el 23 de enero de 2020, es decir, hace más de dos (2) años, lo cual permite concluir a la Sala que los derechos fundamentales alegados no se encuentran en peligr o inminente porque el tiempo que tardó en acudir a la acción de tutela resulta desproporcionado.

8. Escrito de impugnación

fundamentales alegados no se encuentran en peligr o inminente porque el tiempo que tardó en acudir a la acción de tutela resulta desproporcionado.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el apoderado de la accionante impugnó el fallo de primera instancia en escrito en el que reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela.

En concreto, i nsistió en que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, teniendo en cuenta que “no existió valoración probatoria dentro del proceso que curs ó ante el JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, ya que, si bien es cierto no existió contestación de demanda mediante cual se pue da alegar el principio de contradicción, también es cierto que el juez debe fallar fuera de toda duda, es así como el juez debe, en su sana crítica, solicitar elementos probatorios de la parte demandada, más a ún si se trata de una autoridad administrativa y los recursos objeto del proceso ejecutivo son de la salud, toda vez que es contra quien se está n alegando derechos económicos a una entidad estatal prestadora del servicio de salud”.

En particular, sostuvo que debieron aportarse junto con la demand a ejecutiva elementos probatorios relevantes como las Resoluciones Nos. 0443 de 27 de junio de 2019 y 0624 de 30 de agosto de 2019, que declararon el incumplimiento del contrato que sirvió de base para la ejecución.

Aseguró que para que un proceso ejecutivo se lleve a cabo es necesario que el título valor contenga una obligación clara, expresa y exigible , que provenga del

contrato que sirvió de base para la ejecución.

Aseguró que para que un proceso ejecutivo se lleve a cabo es necesario que el título valor contenga una obligación clara, expresa y exigible , que provenga del deudor y que preste mérito ejecutivo, requisitos que no se cumplen en el presente caso, ya que no existe documento emitido por parte de la entidad que dé cuenta de la satisfacción frente a la obra contratada ni de “la declaración del cré dito del ejecutante y la deuda del ejecutado” . Además, indicó que la obligación no es exigible dado el incumplimiento contractual por parte de la constructora.Radicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

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7 Por otro lado, en cuanto al requisito de inmediatez sostuvo que es deber de todo funcionario r ealizar las actuaciones pertinentes para proteger los derechos fundamentales que considere vulnerados por acciones u omisiones de terceros que pretendan menoscabar el patrimonio público , sin importar el momento en que el funcionario tenga conocimiento del posible daño antijurídico y patrimonial para el Estado.

Sobre el particular , mencionó la sentencia T -1028 de 2010 de la Corte Constitucional, según la cual es posible excepcionar el requisito de la inmediatez cuando existan razones válidas para la inacti vidad o cuando ocurre un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas.

cuando existan razones válidas para la inacti vidad o cuando ocurre un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas.

En el asunto bajo examen, sostuvo que mientras se encontraba en curso la acción de tutela el Juzgado demandado profirió auto s de 1 de septiembre de 2022, mediante los cuales aprobó la actualización de la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y negó su solicitud de desembargo , por lo que ocurrió un hecho nuevo que justifica el estudio de fondo de los argumentos propuestos en el escrito de tutela.

En ese sentido, admitió que “si bien la administración cometió errores en la defensa técnica”, lo relevante fue que un a vez la Oficina Asesora Jurídica se percató de lo sucedido acudió a la acción de tutela.

Por lo a nterior pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos fu ndamentales invocados dejando sin efecto la s providencias del Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, y declarando la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo.

Con el escrito de impugnación se aportó poder especial suscrito por la gerente y representante legal de la entidad, a favor de la abogada Paula Vivian Tapias para que actúe como apoderada en el trámite de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 13 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera , Subsección “A”, en la que se declaró improcedente la acción de tutela promovida por la parte demandante por falta de legitimación en la causa por activa y por incumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.Radicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

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8 En caso de que la solicitud cumpla con la totalidad de los requisitos de procedencia, debe determinar si la s providencias de 23 de enero , 17 de septiembre, 26 de noviembre de 2020 y 15 de julio de 2021, mediante las cuales se libró mandamiento de pago y se aprobó la liquidación de las costas y del crédito en el marco de l proceso ejecutivo No. 11001 -33-43-060-2019-00380-00, incurrieron en defecto fáctico, pues no se tuvieron en cuenta las Resoluciones

en el marco de l proceso ejecutivo No. 11001 -33-43-060-2019-00380-00, incurrieron en defecto fáctico, pues no se tuvieron en cuenta las Resoluciones Nos. 0443 de 27 de junio de 2019 y 0624 de 30 de agosto de 2019, que declararon el incumplimiento del contrato que sirvió de base para la ejecución.

3. De la subsidiariedad de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción s olo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias particu lares de cada caso y determinar si la acción de tutela es procedente o, si , por el contrario, existen otros medios jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha ext endido los efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el s olo hecho de que existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. AsíRadicación: 25000-2315-000-2022-00955-01

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9 lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU263 de 20151:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo

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9 lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU263 de 20151:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."2 (Negrilla por fuera del texto)

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser eficaces para la defensa de sus derechos 3, ya que si bien, la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de la acción de tutel a, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable o cuando el accio nante es un sujeto de especial protección constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos fundamentales.

irremediable o cuando el accio nante es un sujeto de especial protección constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable, circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no haber acreditado la legitimación en la causa por activa y por el incumplimiento d e los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez.

Aseguró que aun cuando la entidad cometió algunos errores de defensa técnica por no haber contestado la demanda ejecutiva dentro del término que le fue concedido, lo cierto es que una vez la Oficina Asesora Jurídica tuvo cono