CE - 250002315000202201257011SENTENCIA20230919122222

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

Demandado: JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Su examen de fondo requiere del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia establecidos por la jurisprudencia constitucional / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – No se cumple porque la parte actora tenía otros mecanismos ordinarios como el recurso de apelación y el recurso del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que no se ejercieron oportunamente / ABUSO DEL DERECHO - No se acreditó / REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se cumple en este caso, porque se encontraba superado el estado de cosas inconstitucional alegado y, pese a ello, la accionante no demostró la ocurrencia de otra circunstancia que justifique su demora en interponer la acción.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 6 de diciembre de 2022 1, proferida por la Sección Segunda, Subsección A , del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que declaró improcedente la acción de tutela.

sentencia del 6 de diciembre de 2022 1, proferida por la Sección Segunda, Subsección A , del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 24 de noviembre de 2022 , la Administradora Colombiana de PensionesCOLPENSIONES presentó acción de tutela contra el Juzgado 21 Administrativo de

1 Se advierte que, el 28 de agosto de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia. Tras verificar en el aplicativo Samai las actuaciones que surtieron en primera instancia, se encontró que , después de haberse proferido el fallo impugnado, el expediente fue enviado a la Corte Constitucional el 1º de febrero de 2023, luego de lo cual Colpensiones (i) propuso la nulidad por falta de notificación de dicha providencia, solicitud que fue negada mediante auto del 28 de julio de 2023, y (ii) interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, recurso que fue resuelto favorablemente por auto del 3 de agosto de 2023, notificado el 8 del mismo mes y año. Posteriormente, a través de proveído del 15 de agosto de 2023, se concedió la impugnación presentada por Colpen siones y, el 24 de agosto siguiente, se remitió el expediente a esta Corporación.Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Demandado: Juzgado 21 Administrativo de Bogotá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Demandado: Juzgado 21 Administrativo de Bogotá Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Bogotá, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en conexidad con los principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional y de seguridad jurídica. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de Colpensiones al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad ante la ley, orientados a la Defensa del patrimonio público y a la protección del principio de sostenibilidad financiera, en c onsideración a que el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda incurrió en violación directa a la Constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial y defecto sustantivo, en la sentencia proferida el 17 de febrero de 2012, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No.

11001333102120100047300.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO de manera definitiva la sentencia proferida el 17 de febrero de 2012, por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circu ito de Bogotá – Sección Segunda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001333102120100047300, teniendo en cuenta que la decisión allí adoptada es contraria a la normatividad y a la jurisprudencia constitucional fijada en la mat eria. En su lugar, ORDENE al despacho accionado, profiera nueva decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela.

1.2. Hechos

jurisprudencia constitucional fijada en la mat eria. En su lugar, ORDENE al despacho accionado, profiera nueva decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, el apoderado de COLPENSIONES narró que, mediante Resolución 004694 de 17 de febrero de 2010, reconoció pensión de jubilación a favor de la señora Ana Isabel Hernández Peñuela, en aplicación del Decreto 546 de 1971, y , en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomó como IBL el promedio de los factores devengados durante los últimos 10 años de servicio.

A instancias del recurso interpuesto contra el anterior acto administrativo, mediante Resolución 01909 del 14 de mayo de 2010, se incrementó la cuantía de la mesada inicialmente reconocida.

Inconforme con el monto de la prestación, la señora Hernández Peñuela interpuso acción de tutela, cuyo conocimiento le correspondió a l Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que , en sentencia del 10 de agosto de 2010, amparó transitoriamente los derechos de la accionante y ordenó que se reliquidara la pensión con el IBL establecido en el Decreto 546 de 1971, en atención al 75%Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

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de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios. La

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de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios. La decisión judicial se cumplió mediante Resolución 030526 del 15 de octubre de 2010.

Posteriormente, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Hernández Peñuela instauró demanda contra las Resoluciones 004694 del 17 de febrero y 01909 del 14 de mayo , ambas de 2010. Allí solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación con el IBL establecido en el Decreto 546 de 1971, pretensión que prosperó, en la medida en que el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá (autoridad accionada), en sentencia del 17 de febrero de 2012, ordenó la liquidación de la mesada con el 75% de la asignación mensual más elevada y todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. A esa decisión se le dio cumplimiento mediante Resolución GNR 122269 del 5 de junio de 2013.

1.3. Argumentos de la tutela

Manifestó que la acción de tutela cumple a cabalidad los requisitos generales exigidos para su procedencia contra la providencia judicial censurada. En relación con la inmediatez, señaló que, de conformidad con el artículo 86 Superior, la demanda puede incoarse en cual quier tiempo y, además, en el caso concreto se establece que la afectación de los derechos fundamentales invocados es permanente y sucesiva, puesto que la mesada se viene pagando mes a mes.

demanda puede incoarse en cual quier tiempo y, además, en el caso concreto se establece que la afectación de los derechos fundamentales invocados es permanente y sucesiva, puesto que la mesada se viene pagando mes a mes.

En cuanto a las causales específicas de procedencia, considera que la autoridad judicial demandada incurrió en los siguientes defectos:

Defecto sustantivo . La sentencia censurada desconoció el precedente jurisprudencial sobre la materia y otorgó un alcance indebido al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que no tuvo en cuenta que en las pensiones amparadas por el régimen de transición previsto en esa norma, se aplican los requisitos de tiempo de servicio, semanas cotizadas, edad y la tasa de reemplazo consagradas en el régimen anterior que corresponda, pero el ingreso base de liquidación -IBL-, se determina conforme a lo indicado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

Sobre el particular , realizó un extenso análisis en el que hizo referencia a la s sentencias C-258 de 2013, C. 539 de 2011, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

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395 de 2017, SU -631 de 2017, SU -068 de 2018, SU -114 de 2018, entre otras proferidas por la Corte Constitucional ; y a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 , emitida por el Consejo de Estado, dentro del radicado

proferidas por la Corte Constitucional ; y a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 , emitida por el Consejo de Estado, dentro del radicado 52001233300020120014301, M.P. César Palomino Cortés.

Violación directa a la Constitución Nacional. La sentencia cuestionada adolece de este vicio porque la autoridad judicial accionada prefirió la aplicación de disposiciones legales sobre las constitucion ales, y las interpretó en contra de lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C -596 1997; SU-230 de 2015, C-258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-068 de 2018 y T-109 de 2019, entre otras.

Adujo que la decisión censurada constituye un claro abuso al principio de sostenibilidad del sistema pensional establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005.

Además, considera que con la indebida interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el juzgado accionado incurrió en violación al debido proceso ; y con el desconocimiento o inaplicación del precedente jurisprudencial establecido en las sentencias C-258 de 2013 y SU 230 de 2015, vulneró el acceso a la administración de justicia de la administradora de pensiones.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de noviembre de 2022 , el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de noviembre de 2022 , el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara al juez 21 administrativo de Bogotá, al que requirió para que se pronunciara.

2.2. La juez ponente de la providencia cuestionada sostuvo que se profirió con el lleno de los requisitos legales, y una vez efectuado el trámite procesal correspondiente, sin que se advierta la vulneración o amenaza a derecho fundamental alguno.

Adujo que la acción es improcedente porque COLPENSIONES no agotó todos los medios disponibles para la salvaguarda de los derechos fundamentales que invoca como vul nerados, habida consideración de que contra la sentencia del 17 de febrero de 2012 no se interpuso el recurso de apelación procedente.Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

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Aunado a lo anterior, agregó que la solicitud tampoco cumple con el requisito de inmediatez, dado que pasaron más de die z años desde la ejecutoria de la providencia objeto de reproche, y además, no se encuentra demostrada alguna de las situaciones señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia SU -391 de 2016, que justifique que la entidad accionante haya dejado transcurrir tanto tiempo sin interponer la tutela.

3. Fallo impugnado

La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

2016, que justifique que la entidad accionante haya dejado transcurrir tanto tiempo sin interponer la tutela.

3. Fallo impugnado

La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022 , declaró improcedente la tutela, por estimar que no cumple con el requisito de inmediatez , toda vez que desde la expedición de la sentencia (17 de febrero de 2012), «han transcurrido más de 22 años (sic)», lo cual permite inferir que la vulneración invocada no es grave ni urgente, de manera que no resulta r azonable brindar la protección inmediata que caracteriza a la acción constitucional.

Asimismo, adujo que contra la sentencia no se interpuso el recurso ordinario procedente, por tanto, la accionante no puede pretender que luego de tantos años se revoque la sentencia que censura.

4. Impugnación

El apoderado de COLPENSIONES sostuvo que la entidad inició su operación el 28 de septiembre de 2012, y que la Corte Constitucional mediante auto 110 del 2013 reconoció que existía un estado de cosas inconstitucional y dispuso ajustes al plan de acción para corregir el atraso estructural del régimen de prima media.

Argumentó que debe tenerse presente que el número de expedientes y peticiones en trámite en la entidad era desproporcionado, y no era posible la atención de todos los asuntos oportunamente, de ahí que no se haya interpuesto el recurso de apelación contra la sentenc ia cuestionada, pues la entidad no contaba con la capacidad estructural para ejercer una defensa oportuna.

los asuntos oportunamente, de ahí que no se haya interpuesto el recurso de apelación contra la sentenc ia cuestionada, pues la entidad no contaba con la capacidad estructural para ejercer una defensa oportuna.

Agregó que conforme a la SU-427 de 2016 la acción de tutela es procedente incluso cuando no se agotaron todos los recursos ordinarios o extraordinarios, siempre queRadicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

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existan circunstancias especiales, como lo es el referido estado de cosas inconstitucional y el abuso palmario del derecho.

Frente al requisito de inmediatez, señaló que el juez debe evaluar las circunstancias específicas del caso, de acu erdo a los principios de la sana crítica, con miras a comprobar si existe justificación en la inactividad del accionante y, ante todo, determinar si la vulneración de derechos fundamentales alegada por la parte actora es permanente, continua y actual, lo c ual, habilita la intervención del juez constitucional. Para sustentar su tesis, citó las sentencias SU-391 de 2016, T-774 de 2015 y SU-427 de 2016, proferidas por la Corte Constitucional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 6 de diciembre de 2022 , proferido la

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 6 de diciembre de 2022 , proferido la Sección Segunda, Subsección A , del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Sólo en el evento de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulner ó los derechos fundamentales invocados por COLPENSIONES.

2. Análisis de la Sala

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en casos en los que se alega un abuso del derecho en materia pensional

Además de los requisitos generales2 y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido definidos por la jurisprudencia

2 Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mec anismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de

que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

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constitucional3, la Corte ha establecido reglas especiales de procedencia en aquellos casos en los que se cuestionan providencias judiciales por incurrir en un abuso del derecho en materia pensional , en esencia, estos lineamientos se relacionan con la flexibilización de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez4.

• De la subsidiariedad en el caso concreto

La Corte Constitucional en la sentencia SU -427 de 2016, señaló que el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, dispuso que « la ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abus o del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados». (Se destaca).

Agregó la Corte que, aunque ese precepto constitucional no ha sido desarrollado mediante una ley, el ordenamiento jurídico consagra para esos fines el recurso especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 5 y, conforme con el artículo 251 del CPACA, ese mecanismo debe presentarse dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 5 y, conforme con el artículo 251 del CPACA, ese mecanismo debe presentarse dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

3 Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fij ó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

4 Estos lineamientos en principio se establecieron en casos en que la UGPP era accionante, pero también son aplicables cuando la parte actora es COLPENSIONES, por tratarse de una entidad administradora de pensiones que igualmente cuestiona providencias judiciales en asuntos pensionales y que, además, alega la afectación permanente de los recursos públicos que administra con ocasión de la condena impuesta, similitudes que se presentan y que hacen viable la aplicación de dichas reglas por analogía, tal como lo hizo el alto tribunal constitucional en la sentencia T -365 de 2021. 5 «ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la

de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». (Apartes tachados fueron declarados inexequibles a través de sentencia C-835 de 2003).Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

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Por eso, en ese fallo dijo el tribunal Constitucional que «…ante la existencia de otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho [o contrariando la ley], son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución».

En criterio de la Sala, lo allí se ñalado se extiende a la causal de revisión prevista

en un abuso del derecho [o contrariando la ley], son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución».

En criterio de la Sala, lo allí se ñalado se extiende a la causal de revisión prevista en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, de manera que es aplicable el análisis de la Corte Constitucional que se mantiene vigente, como puede constatarse, entre otras, en las sentencias SU-631 de 2017 y T-334 de 2021.

En estas providencias la Corte Constitucional destacó que la tutela sólo procedería en los eventos en que se esté frente a un abuso palmario del derecho; para lo cual estableció, principalmente, dos condiciones a saber: (i) un incremento pensional sustancial en los últimos años que no sea consecuente con la historia laboral del beneficiario; y (ii) que el aumento se derive de una vinculación precaria en cargos con asignaciones salariales superiores derivados de encargos o nombramientos en provisionalidad. Ello, sin perjuicio de que se puedan deducir otros eventos de esa naturaleza.

Concretamente, la sentencia SU-631 de 20176 expuso:

Según lo resumió esta Sala en la Sentencia SU-427 de 2016, el debate judicial sobre el abuso del derecho en la obtención de reliquidaciones que presumiblemente quebrantan los principios y la sostenibilidad del sistema de seguridad social en pensiones, tiene dos vías. Por un lado está el recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado (según la jurisdicción a la que corresponda dirimir el asunto), que hace improcedente el amparo y, por otro, la acción de tutela. Ésta última queda reservada

revisión ante la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado (según la jurisdicción a la que corresponda dirimir el asunto), que hace improcedente el amparo y, por otro, la acción de tutela. Ésta última queda reservada exclusivamente a los “casos de palmario abuso del derecho”.

(…)

Cabe destacar que la existencia del mecanismo de revisión tanto en la jurisdicción laboral ordinaria, como en la contencioso administrativa implica que, en principio, la acción de tutela no supera el análisis de procedencia, pues la existencia de un mecanismo principal de acción judicial inhabilita al juez constitucional para decidir el asunto de fondo, en casos como estos.

Sin embargo, existen casos particulares en los cuales de concretarse el riesgo inminente que se ciñe sobre los d erechos que se busca proteger, acarrearía un perjuicio que no podría resarcirse y que impide o dificulta el ejercicio de los derechos fundamentales. En la Sentencia SU-427 de 2016, esta Sala Plena

6 M.P. Gloria Stella Ortiz DelgadoRadicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

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estableció que asuntos como los que se analizan serían competencia del juez constitucional, solo cuando el abuso del derecho aparezca de modo palmario.

En lo que sigue la Sala Plena de esta Corporación, con arreglo al patrón fáctico de la Sentencia SU-427 de 2016 y con el ánimo de fijar criterios interpretativos claros para establecer cuándo un abuso del derecho surge de modo palmario,

En lo que sigue la Sala Plena de esta Corporación, con arreglo al patrón fáctico de la Sentencia SU-427 de 2016 y con el ánimo de fijar criterios interpretativos claros para establecer cuándo un abuso del derecho surge de modo palmario, recogerá los lineamientos básicos para determinar los eventos en los que resulta imperiosa la intervención del juez de tutela.

(…)

El carácter palmario del abuso del derecho debe ser identificado por el juez de tutela al momento de hacer el análisis de procedencia de la acción de tutela. No solo debe advertir (i) que el ejercicio del derecho pensional pudo haber desbordado los límites que le impone el principio de solidaridad del sistema de seguridad social –caso en el cual no debe perder de vista que la acción de tutela será, en principio, improcedente ante la existencia del recurso de revisión-, sino además (ii) constatar que la ventaja irrazonable que generó pone en un riesgo inminente a los demás afiliados del sistema de seguridad social, con ocasión de una anomalía en la interpretación judicial, en relación con la cual CAJANAL no pudo ejercer su derecho de defensa y la UGPP se encuentra obligada a hacer erogaciones cuantios as que, por su carácter periódico, atentan contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de manera actual. Todo ello debe derivar de la elusión de los principios y de las reglas que rigen el sistema pensional. (…)

Entonces, la UGPP se encuentra facultada para cuestionar por vía de tutela, exclusivamente, sentencias judiciales que, con ocasión de un abuso del derecho en modo palmario, hayan hecho reconocimiento de mesadas pensionales sin advertir la existencia de vin culaciones precarias y con

exclusivamente, sentencias judiciales que, con ocasión de un abuso del derecho en modo palmario, hayan hecho reconocimiento de mesadas pensionales sin advertir la existencia de vin culaciones precarias y con fundamento en ellas. En virtud del principio de inmediatez, tal posibilidad la mantendrá por seis meses contados a partir de la notificación de esta decisión.

Pensiones logradas a través de abuso del derecho, del que no sea demostrado su carácter palmario por parte de la UGPP solo podrán ser discutidas por ella mediante el recurso de revisión regulado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por debido proceso, o por cualquier norma que desarrolle el mandato incorporado en la Constitución, mediante el Acto Legislativo 01 de 2005.

Esa tesis fue reiterada en la sentencia T-334 de 20217, así:

Ahora, para determinar el abuso del derecho, la Corte ha señalado que se presenta, entre otros supuestos, cuando: (i) se evidencia un inc remento pensional significativo en los últimos años de servicios, que escapa del sendero ordinario de la carrera pensional del beneficiario y que conduce a que su pensión no guarde ninguna relación o correspondencia con los aportes que acumuló en su vida l aboral, y/o (ii) que el aumento sea consecuencia de una vinculación precaria en un cargo con ingresos salariales superiores como, por ejemplo, las suplencias en el caso de los congresistas, el encargo como magistrados y la asignación en cargos provisionales.

(…)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en casos en los que se alega un posible abuso del derecho en un reconocimiento pensional, unificó su

magistrados y la asignación en cargos provisionales.

(…)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en casos en los que se alega un posible abuso del derecho en un reconocimiento pensional, unificó su jurisprudencia en relación con la satisfacción del requisito de subsidiaridad de

7 M.P. Antonio José Lizarazo OcampoRadicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01

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la acción de tutela, a partir de la Sentencia SU-427 de 2016. Estas reglas fueron objeto de precisión en la Sentencia SU-631 de 2017, en la que se supeditó la procedencia de la acción de tutela, a pesar de que la UGPP cuente con la posibilidad del recurso extraordinario de revis ión que regulan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, a que se trate de un supuesto de abuso palmario del derecho, cuya configuración sujetó a dos condiciones: (i) que se trate de una “vinculación precaria” y (ii) que se trate de un “incremento exce sivo en la mesada pensional”. En caso de que no se acrediten estos presupuestos, no podría considerarse que se trata de un caso de perjuicio irremediable que amerite la protección constitucional transitoria. (Destaca la Subsección).

En la misma línea, se pronunció el alto tribunal en sentencia T-290 de 20228, en la que precisó los criterios de «vinculación precaria» e «incremento excesivo de la mesada pensional», así:

En la misma línea, se pronunció el alto tribunal en sentencia T-290 de 20228, en la que precisó los criterios de «vinculación precaria» e «incremento excesivo de la mesada pensional», así:

42. La Corte precisó que las vinculaciones precarias se presentan cuando un servidor durante la mayor parte de su vida laboral aportó con una base de cotización y luego, en el transcurso del último año de servicios, es nombrado para un ca