CE - 250002315000202300179011SENTENCIASENTENCIA20230713174451

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00179-01

Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 25000-23-15-000-2023-00179-01

Demandante RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE

Demandado JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Temas Acción de tutela contra providencia proferida en incidente de desacato. Sanción por desacato. Solicitud de inaplicación de sanción por cumplimiento de la orden de tutela. Defecto por desconocimiento del precedente. La prueba del cumplimiento de la orden de tutela. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 13 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que dispuso: “PRIMERO. Negar el amparo de los derechos al debido proceso , a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, alegados por el accionante RAMON ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. ”1

ANTECEDENTES

efectiva, buen nombre y patrimonio, alegados por el accionante RAMON ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. ”1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 23 de marzo de 20232, el señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, actuando en nombre propio , interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al buen nombre y al patrimonio.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de los suscritos.

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA, dejar sin efectos la decisión contenida en el auto del 02 de marzo de 2023, que resolvió negar la inaplicación de la sanción fechada el 10 de noviembre de 2021, proferido por el JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA, y confirmada en auto fechado el 26 de noviembre de 2021 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, consistente en una multa de dos (2) S.M.M.L.V.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA, proferir una nueva decisión que

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA, proferir una nueva decisión que

1 Página 23 de la sentencia de tutela del 13 de abril de 2023. Samai para Tribunales Administrativos, índice 11. 2 Índice 1 en Samai para Tribunales Administrativos, radicado 25000-23-15-000-2023-00179-00.Radicado:25000-23-15-000-2023-00179-01

Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la sa nción presentada por parte de la Unidad para las Víctimas, observando el cumplimiento de la orden judicial, los asuntos relevantes dentro del trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los hechos y las consideraciones la Sentencia SU -034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA SECCIÓN SEGUNDA o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique a la autoridad encargada de la eje cución de la sanción pecuniaria que la misma se ha levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.”3

Adicional a lo anterior, solicitó que se decrete medida provisional en los siguientes términos:

pecuniaria que la misma se ha levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.”3 Adicional a lo anterior, solicitó que se decrete medida provisional en los siguientes términos: “De conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, artículo 7, solicito respetuosamente, suspender provisionalmente la orden de multa que impuso el JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA al suscrito, mediante auto calendado el 10 de no viembre de 2021, confirmado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA a través de auto del 26 de noviembre de 2021, hasta tanto se resuelva de fondo el presente asunto litigioso, por encontrarse en inminente riesgo los derechos fundamentales invocados.”4

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: De la acción de tutela nro. 2021-00079-00 en la que se emitió orden de amparo que debía ser cumplida por la UARIV 2.1. En el año 2021, el señor Víctor Julio Gutiérrez Rojas interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con el fin de que se ampararán sus derechos fundamentales de petición, de igualdad y al debido proceso.

Lo anterior, por cuanto, a su juicio, la entidad accionada no había contestado la petición radicada el 24 de febrero de 2021, tendiente a obtener información respecto del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 2016-59237 del 02 de marzo de 2016. Este act o administrativo negó su

la petición radicada el 24 de febrero de 2021, tendiente a obtener información respecto del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 2016-59237 del 02 de marzo de 2016. Este act o administrativo negó su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) por los hechos victimizantes de terrorismo, atentados, combates, enfrentamientos, hostigamientos y desplazamiento forzado. 2.2. En sentencia de tutela del 12 de abril de 20215, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Víctor Julio Gutiérrez Rojas . En consecuencia, ordenó lo siguiente: (sic para toda la cita) “SEGUNDO: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a notificar en debida forma al accionante, de la

3 Página 9 del escrito de tutela. Samai para Tribunales Administrativos en proceso 25000-23-15-000-202300179-01, índice 1. 4 Página 1 del escrito de tutela. Samai para Tribunales Administrativos, en proceso 25000-23-15-000-202300179-01, índice 1. 5 Índice 3 en Samai para juzgados administrativos, bajo el radicado 11001-33-42-049-2021-00079-00.Radicado:25000-23-15-000-2023-00179-01

Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

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Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resolución 2016 -59237R del 04 de febrero de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4. ° del Decreto legislativo 491 de 2021. De manera subsidiaria, se advierte que, si no fuere posible la notificación indicada en el artículo 4. ° del Decreto 491 de 2 020 durante la pandemia, o superada la crisis generada por el virus mencionado, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) deberá realizar la notificación en la forma establecida en los artículos 67 y si guientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”. 2.3. La anterior providencia fue impugnada por la UARIV. En sentencia del 20 de mayo de 2021 6, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisión de primera instancia, pero amplió el amparo al derecho fundamental de petición. Del trámite incidental por incumplimiento de la orden de tutela emitida en el proceso constitucional nro. 2021-00079-00 2.4. El señor Víctor Julio Gutiérrez Rojas promovió incidente de desacato porque la UARIV no cumplió con la orden impartida en la sentencia de tutela del 12 de abril de 2021, confirmada en sede de impugnación. 2.5. En auto del 10 de noviembre de 2021 7, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá sancionó con multa de dos

abril de 2021, confirmada en sede de impugnación. 2.5. En auto del 10 de noviembre de 2021 7, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá sancionó con multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes a Ramón Alberto Rodríguez Andrade, dada su calidad de representante legal de la UARIV, por considerar que no acató la orden dispuesta en el fallo del 12 de abril de 2021. 2.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de auto interlocutorio del 26 de noviembre de 2021, confirmó en grado de consult a la sanción impuesta. Argumentó que la entidad accionada no había acreditado la notificación en debida forma de la Resolución 201659237R del 4 de febrero de 2020, y contrario a ello, se había excusado en no poseer la dirección electrónica del señor Víctor Julio Gutiérrez Rojas. 2.7. El 9 de agosto de 2022, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá expidió auto de obedézcase y cúmplase lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la providencia del 26 de noviembre de 2021., De las solicitudes de levantamiento de sanción por desacato 2.8. Mediante memoriales fechados el 10 de agosto y el 21 de octubre de 2022, la UARIV solicitó el levantamiento de la sanción impuesta por desacato. Aseguró que dicha sanción se debía inaplicar por cuanto la entidad notificó en debida forma la Resolución 2016 -59237R del 4 de febrero de 2020, mediante

que dicha sanción se debía inaplicar por cuanto la entidad notificó en debida forma la Resolución 2016 -59237R del 4 de febrero de 2020, mediante comunicación enviada el 18 de noviembre de 2021 al correo electrónico suministrado por el señor Víctor Julio Gutiérrez Rojas. 2.9. EL 27 de febrero de 2023, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ofició a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a efectos de que informara las actuaciones adelantadas en el proceso de cobro coactivo derivado de la sanción impuesta al señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade.

6 Índice 5 en Samai para Juzgados Administrativos, bajo el radicado 11001-33-42-049-2021-00079-01. 7 Índice 12 en Samai para Juzgados Administrativos, bajo el radicado 11001-33-42-049-2021-00079-00.Radicado:25000-23-15-000-2023-00179-01

Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Direc ción Ejecutiva manifestó que con ocasión de la sanción impuesta se dio apertura al proceso de cobro coactivo Nro. 11001079000020220040000, en el cual se expidió resolución de mandamiento de pago, frente a la cual el sancionado había guardado silencio. 2.10. El 2 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del

11001079000020220040000, en el cual se expidió resolución de mandamiento de pago, frente a la cual el sancionado había guardado silencio. 2.10. El 2 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, profirió auto negando la solicitud de inaplicación de la multa impuesta el 10 de noviembre de 2021, por los siguientes motivos: (sic para toda la cita) “ (…) si bien la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV) manifestó que frente a la orden de efectuar el proceso de notificación de la Resolución 2016-59237R de 04 de febrero de 2020, la entidad mediante comunicación enviada el 18 de noviembre de 2021, al correo electrónico informacionjudicial09@gmail.com, se efectuó, a la luz del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es, que a la fecha de imponerse la sanción, esto es, 10 de noviembre de 2021, no había efectuado la notificación de la Resolución 201659237R del 04 de febrero de 2020, de conformidad con lo estatuido en el artículo 4.°del Decreto Legislativo 491 de 2020, a pesar de que tenía conocimiento de la dirección electrónica del actor, esto es, informacionjudicial09@gmail.co m, autorizada para tales efectos, desde el 24 de febrero de 2021, es decir, el incumplimiento se prolongó por el largo tiempo que transcurrió desde la impetración de la acción de tutela de la referencia hasta que se surtió el trámite incidental y se elevó a consulta las sanciones, sin que la demandada obedeciera lo dispuesto por el juez.

transcurrió desde la impetración de la acción de tutela de la referencia hasta que se surtió el trámite incidental y se elevó a consulta las sanciones, sin que la demandada obedeciera lo dispuesto por el juez. De conformidad con lo expuesto en los antecedentes del caso, la petición elevada por la parte demandada no tiene vocación de prosperar, en la medida que pierde de vista qu e tanto la orden dada por el 20 de mayo de 2021 fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”; así como, la multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, impuesta al director general de Unida d Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), confirmada el 26 de noviembre de 2021 por en sede de consulta, por lo que hizo tránsito a cosa juzgada. Sobre la cosa juzgada, la Corte Construccional ha considerado: «€s una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica» En ese orden de ideas, las decisiones judiciales adoptadas por este Despacho en sede de tutela, las cuales fueron confirmadas por el superior funcional, tienen el carácter de inmutables y, en consecuencia, las órdenes dadas son de obligatorio cumplimiento.”

3. Fundamentos de la acción de tutela El accionante reprochó la decisión adoptada mediante auto del 2 de marzo de 2023,

y, en consecuencia, las órdenes dadas son de obligatorio cumplimiento.”

3. Fundamentos de la acción de tutela El accionante reprochó la decisión adoptada mediante auto del 2 de marzo de 2023, al no haber levantado la sanción por desacato impuesta en su contra, pese a haber acreditado el cumplimiento de la orden impartida en el fallo del 12 de abril de 2021.

Esto, considerando las acciones desplegadas para efectuar la notificación de la Resolución 2016-59237R, incluyendo el envío de la notificación electrónica al correo suministrado por el accionante, de lo cual aportó el respectivo soporte. Manifestó que la acción de tutela es procedente contra providencias proferidas con ocasión de incidentes de desacato, siempre que se acredite los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y alguno de los requisitos específicos. En ese entendido, sustentó el cumplimiento de cada uno de los requisitos generales de procedencia, y afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció la jurisprudencia constitucional al no haber levantado la sanción, pese a haber presentado reiterados informes sobre el cumplimiento del fallo de tutela.Radicado:25000-23-15-000-2023-00179-01

Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En particular, citó la sentencia SU -034 de 2018, acorde con la cual la finalidad del desacato es persuadir el cumplimiento de la orden, por lo que aun cuando la sanción es impuesta y posteriormente conf irmada, es viable levantarla si se acredita el

En particular, citó la sentencia SU -034 de 2018, acorde con la cual la finalidad del desacato es persuadir el cumplimiento de la orden, por lo que aun cuando la sanción es impuesta y posteriormente conf irmada, es viable levantarla si se acredita el cumplimiento de la sentencia, puesto que en ese momento la sanción pierde sus efectos. Agregó que dicha tesis, ha sido reiterada en jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 24 de marzo de 2023, el juez de primera instancia: (i) admitió la tutela presentada por Ramón Alberto Rodríguez Andrade contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ; (ii) ordenó notificar al recurrente y a la autoridad judicial accionada; (iii) requirió a las partes para que aportaran la totalidad de documentos que soportaron la solicitud de inaplicación de la sanción formulada, objeto de la decisión adoptada el 2 de marzo d e 2023; y (iv) negó la medida provisional solicitada con fundamento en que no se observó una situación de indefensión, un perjuicio irremediable o un peligro inminente que hiciera procedente la solicitud. 4.2. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Cir cuito Judicial de Bogotá, rindió informe de las actuaciones surtidas en el marco del incidente de desacato bajo el radicado 11001 -33-42-049-2021-00079-00. Aseguró que en desarrollo del trámite se ciñó al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia

de desacato bajo el radicado 11001 -33-42-049-2021-00079-00. Aseguró que en desarrollo del trámite se ciñó al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia constitucional, acorde con la cual la tutela judicial efectiva implica que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico. A su vez, sostuvo que sus actuaciones se orientaron a dar cumplimiento al auto del 26 de noviembre de 2021 emanado del Tri bunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de que se obedeciera la confirmación de la sanción. Por lo anterior, solicitó negar el amparo de los derechos invocados por el señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. 4.3. El 28 de marzo de 2023, el accionante aportó memorial adjuntando los documentos que soportaron la solicitud de inaplicación de la sanción formulada, incluyendo un certificado de comunicación electrónica.

5. Providencia impugnada En sentencia del 13 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A negó el amparo solicitado por el actor, porque en su criterio no se encuentra cumplida la orden proferida en la sentencia del 12 de abril de 2021. Situación que hace improc edente el aducido defecto de desconocimiento del precedente que alega el tutelante contra la providencia del 2 de marzo de 2023.

Enfatizó en que el sancionado no logró acreditar el cumplimiento de la orden de notificar en debida forma la Resolución 2016-59237R del 4 de febrero de 2020, por cuanto el único soporte probatorio que aportó fue una certificación de envío de un

notificar en debida forma la Resolución 2016-59237R del 4 de febrero de 2020, por cuanto el único soporte probatorio que aportó fue una certificación de envío de un mensaje electrónico, sin contenido y sin la Resolución a notificar.Radicado:25000-23-15-000-2023-00179-01

Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

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6. Impugnación La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, porque en su criterio no se valoró en debida forma la certificación expedida por el servicio postal 472, que reposa en el expediente 11001-33-42-049-2021-00079-00, y que acredita la notificación electrónica surtida en cumplimiento de lo ordenado en la sen tencia del 12 de abril de 2021.

Así mismo, sostuvo que no se valoraron las diferentes actuaciones que agotaron la notificación de la Resolución por medios personales, electrónicos o residenciales, conforme a la información suministrada por el señor Víctor Julio Gutiérrez Rojas. Adicionó que en la demanda de tutela no se planteó como objeto de debate el cumplimiento de la orden, por cuanto incluso la autoridad accionada reconoció el cumplimiento tardío de la notificación y focalizó la discusión en que no e s posible levantar las sanciones por desacato con posterioridad a surtir el grado jurisdiccional de consulta.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y

de consulta.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 8, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferid as dentro de un incidente de desacato A pesar de que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han admitido la procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales, se ha reiterado insistentemente que esta es excepcional. Por ende, para que la acción de tutela contra una providencia judicial proceda se requiere que se cumplan estrictamente una serie de requisitos generales y especiales, que deben analizarse con sumo rigor.

Uno de esos requisitos consiste en que la providencia que se reprocha no sea una decisión de tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un asunto, en detrimento de la seguridad jurídica. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es absoluta. En la sentencia SU 627 de 2015 esa alta corte unificó su jurisprudencia señalando cuándo es procedente la acción de tutela contra sentencias de tutela. Uno de los

la sentencia SU 627 de 2015 esa alta corte unificó su jurisprudencia señalando cuándo es procedente la acción de tutela contra sentencias de tutela. Uno de los

8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derech os constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado:25000-23-15-000-2023-00179-01

Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co supuestos que analizó es la posibilidad de que mediante una tutela se cuestionen decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato. Sobre este evento señaló que la acción es procedente “si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y s e cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”9. En la sentencia SU 034 de 2018 , la Corte Constitucional ahondó sobre las condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato. Aseguró que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial y exigió que la parte actora alegara la configuración de, por lo

condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato. Aseguró que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial y exigió que la parte actora alegara la configuración de, por lo menos, uno de los defectos especiales. A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad la tutela solo podrá interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como “la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza”10. Igualmente, enfatizó que l os argumentos planteados en la tutela deben ser consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende, indicó que no se admite invocar nuevas razones no expuestas en el trámite incidental y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en el curso del desacato. En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró el derecho al debido proceso. Posteriormente, en la sentencia T -233 de 2018 se indicó que las anteriores condiciones son aplicables tanto para providencias que ponen fin al incidente de desacato como para aquella que resuelve la solicitud de cumplimiento de fallo, tal como se expresó años atrás en la sentencia T-325 de 2015. En suma, la procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas en

desacato como para aquella que resuelve la solicitud de cumplimiento de fallo, tal como se expresó años atrás en la sentencia T-325 de 2015. En suma, la procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas en incidentes de desacato o cumplimiento de fallo está sujeta a que se controvierta la decisión que finaliza el trámite, que no se invoquen nue vos argumentos o pruebas que no alegadas previamente, que además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración de un defecto especial, que se busque la protec ción del debido proceso y que su trasgresión se haya originado en el curso del desacato o cumplimiento de fallo.

3. Planteamiento del problema jurídico Con base en lo expuesto en los antecedentes, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia en negar la solicitud de amparo por no encontrar acreditado el cumplimiento de la orden de amparo impartida en la sentencia del 12 de abril de 2021, o si por el contrario, al proferir el auto del 2 de marzo de 2023, en el trámite incidental de radicado 11001-33-42-049-2021-00079-00,

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. 10 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.Radicado:25000-23-15-000-2023-00179-01

Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ramón Alberto Rodríguez Andrade

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial.

4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y su análisis en el caso particular En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción: Primero, se expusieron los hechos por los que se considera que el Juzgado accionado erró y se infiere del escrito de tutela las razones por las que presuntamente incurrió en desconocimiento del precedente.

Segundo, la acción de tutela s e presentó transcurrido menos de un mes luego de proferido el auto del 2 de marzo del 2023. Lo que demuestra que no hubo dilación ni retardo de parte del tutelante en la defensa de sus derechos fundamentales. Tercero, está satisfecho el requisito de la sub sidiariedad de la acción, dado que el actor acudió al incidente de desacato antes que a la acción de tutela y en el curso de ese trámite solicitó el levantamiento de la sanción. De manera que empleó los mecanismos procesales dispuestos por el legislador. Cuarto, se trata de un asunto de relevancia constitucional, puesto que involucra la posible vulneración al debido proceso ocasionada por la presunta falta de aplicación de un precedente consolidado. Al encontrar satisfechos los requisitos generales de pr ocedibilidad de la acción, la Sala proseguirá a estudiar si el Juzgado accionado incurrió en un defecto por

de un precedente consolidado. Al encontrar satisfechos los requisitos generales de pr ocedibilidad de la acción, la Sala proseguirá a estudiar si el Juzgado accionado incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente dentro del trámite incidental de desacato.

5. Desconocimiento del precedente y su análisis en el caso particular 5.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. De esa forma se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y así se garantice el debido proceso del ciudadano.

Para la Sala es posible plantear la transgresi ón del precedente si se demuestra: i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vincula