CE - 250002315000202300285011SENTENCIA20230623142954

Radicado: 25000-23-15-000-2023-00285-01

Demandante: Martha Cecilia Osorio de Salazar

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 25000-23-15-000-2023-00285-01

Demandante: MARTHA CECILIA OSORIO DE SALAZAR

Demandado: JUZGADO CINCUENTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DE

BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra proceso ejecutivo .

Requisitos generales de procedencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 18 de mayo de 2023 , dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que resolvió:

«(…)

PRIMERO. Negar por improcedente, la acción de tutela instaurada por la accionante

Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que resolvió:

«(…)

PRIMERO. Negar por improcedente, la acción de tutela instaurada por la accionante MARTHA CECILIA OSORIO DE SALAZAR, por existencia de otro medido de defensa judicial en curso, y no haberse acreditado perjuicio irremediable, conforme decantó en el anterior considerando.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Martha Cecilia Osorio de Salazar, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“(…)

Primero. Que se decrete el amparo de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, al LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, y a la SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES de MARTHA CECILIA OSORIO DE SALAZAR que le vienen siendo desconocidos por las actuaciones judiciales reseñadas de la señora Juez 54 Administrativa Oral del Circuito de Bogotá, según los hechos demostrados.Radicado: 25000-23-15-000-2023-00285-01

Demandante: Martha Cecilia Osorio de Salazar

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Martha Cecilia Osorio de Salazar

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Segundo. Que para la reparación de los derechos fundamentales lesionados, se ordene a la autoridad accionada que dentro del término de 48 horas proceda a proferir sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, por los conceptos y montos correspondientes a los mayores valores o diferencias pensionales en las mesadas de su pensión mensual vitalicia de jubilación, por aportes, que se le adeudan desde el 5 de septiembre de 2012 y y (sic) hasta cuando se haga efectivo el pago, más indexación e intereses de mora, también hasta cuando se haga efectivo el pago liquidado de conformidad con las disposiciones de los Arts. 192 y 195 del CPACA”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Martha Cecilia Osorio de Salazar ejerció demanda ejecutiva contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a fin de obtener el pago por la suma de $ 101591.904, más los intereses moratorios por concepto de las “diferencias causadas y no pagadas a favor de la demandante en la pensión mensual vitalicia de jubilación reconocida por Resolución 524 de 5 de septiembre de 2012, entre el 8 de noviembre de 2005 y el

causadas y no pagadas a favor de la demandante en la pensión mensual vitalicia de jubilación reconocida por Resolución 524 de 5 de septiembre de 2012, entre el 8 de noviembre de 2005 y el 28 de febrero de 2019 y que ordenó pagar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 16 de diciembre de 2016”.

El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Oralidad de Bogotá, en auto del 16 de abril de 2021 , dispuso que , previo a librar mandamiento de pago , se enviara el expediente a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá para que se efectuara la liquidación de la sentencia objeto de recaudo .

En auto del 13 de agosto de 2021 libró mandamiento ejecutiv o de pago 1, sin embargo, la ejecutada no present ó recurso de reposición dentro del término y en la contestación de la demanda pr opuso “la excepción genérica”, sin embargo, señala que no aportó la prueba de pago alguno.

Por auto del 4 de febrero de 2022, dispuso “correr traslado de la excepción de pago propuesta por la entidad demandada a la parte ejecutante (…)”, oportunidad en la que el apoderado de la ejecutante insistió al juzgado que la universidad demandada no realizó ni demostró pago alguno.

Luego, en auto del 18 de marzo de 2022, el Juzgado ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y “(…) Resolver el presente asunto en sentencia anticipada (…)”. Decisión contra la que el apoderado de la parte actora interpuso el recurso de reposición, por considerar que la sentencia anticipada no procede en los juicios

partes para alegar de conclusión y “(…) Resolver el presente asunto en sentencia anticipada (…)”. Decisión contra la que el apoderado de la parte actora interpuso el recurso de reposición, por considerar que la sentencia anticipada no procede en los juicios ejecutivos.

El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Oralidad de Bogotá profirió el auto de 13 de mayo de 2022, en el que negó reponer el auto de 18 de marzo de 2022, con fundamento en que por fuerza del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 , que adicion ó el artículo 182-A del CPACA y el 278 del C.G.P., es procedente convocar a sentencia anticipada en los juicios ejecutivos y, ordenó que, que una

1 Por las siguientes sumas de dinero: 1.) Por la diferencia pensional entre lo reconocido en la sentencia y lo cancelado del 8 de noviembre de 2005 al 25 de octubre de 2018, la suma de $56.550.946, incluido ya el descuento en salud; 2) Por concepto de diferencia pensional entre lo reconocido en la sentencia y lo cancelado entre el 26 de octubre de 20 18 al 21 de junio de 2021, fecha de la liquidaci ón, la suma de $15.481.186, incluido ya el descuento en salud. 3) Por concepto de indexaci ón desde noviembre de 2005 a octubre de 2018 (ejecutoria de la sentencia) la suma de $17.411.212. 4) Por concepto de

intereses de mora entre el 26 de octubre de 2018, d ía siguiente a la ejecutoria de la sentencia y el 21 de junio de 2021, (realización de la liquidación), la suma de $36.642.830.Radicado: 25000-23-15-000-2023-00285-01

Demandante: Martha Cecilia Osorio de Salazar

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vez en firme la providencia que negaba la reposición, el expediente ingresara al despacho para dictar sentencia.

La parte ejecutante interpuso incidente de nulidad contra el auto de 13 de mayo de 2022, porque con la decisión se privó a las partes de la oportunidad para alegar de conclusión. El Juzgado, en auto del 5 de diciembre de 2022, accedió a la nulidad del numeral segundo del auto y ordenó correr nuevamente el traslado , por lo que, en escrito del 18 de diciembre de 2022, la parte ejecutante alego de conclusión y solicitó nuevamente que se ordenara seguir adelante la ejecución.

El Juzgado, en auto del 30 de marzo de 2023 , se declaró incompetente para conocer del asunto , porque los juzgados administrativos conocen en primera instancia de la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales

El Juzgado, en auto del 30 de marzo de 2023 , se declaró incompetente para conocer del asunto , porque los juzgados administrativos conocen en primera instancia de la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el juzgado en primera instancia y que la primera instancia del juicio que concluyo con la sentencia que se aduce como título ejecutivo se tramit ó ante el Tribun al Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección B.

La parte ejecutante interpuso el recurso de reposición, para lo cual sostuvo que los juzgados administrativos conocen “...igualmente de los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes” y expuso razones de economía procesal.

Sostuvo que, hasta la fecha de la interposición de la presente acción, no se ha decidido el recurso de reposición.

El 28 de abril de 2023, le solicitó al Juzgado el envío del enlace del expediente del proceso ejecutivo, sin que tampoco haya recibido respuesta.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Oralidad de Bogotá incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, para lo cual expuso los argumentos que se pasan a resumir.

Justificó la procedencia de la acción de tutela, con base en que “(…) este mecanismo alternativo resulta totalmente inidóneo para el amparo de los derechos fundamentales invocados y

cual expuso los argumentos que se pasan a resumir.

Justificó la procedencia de la acción de tutela, con base en que “(…) este mecanismo alternativo resulta totalmente inidóneo para el amparo de los derechos fundamentales invocados y para el decreto de las medidas reparatorias que se buscan en la presente acción de tutela porque no es de presumir que la autoridad acciona da acceda a revocar su propia declaración de incompetencia y mucho menos que cese en su negativa a dictar, como corresponde, providencia que ordene seguir adelante la ejecución y a embargar los bienes de la ejecutada para el recaudo de las mesadas pensiona les adeudadas sino que se reafirme en lo decidido (…)” , para lo cual expuso el trámite procesal que seguramente se surtirá, en el que, a su juicio, el tribunal también se declarará incompetente y ocupa rá un amplio lapso hasta que se dicte sentencia, durante el que estará desamparada la pensionada ejecutante.

Al efecto, afirmó que continuará desamparada en el reconocimiento de los derechos fundamentales invocados y sin ninguna posibilidad de percibir las sumas que se le adeudan por concepto de los mayores valores causados a su favor en su mesada pensional desde el 8 de noviembre de 2005 hasta la fecha de pago, “porque muy seguramente fallecerá en medio de esa dilación procesal que viene de tiempo atrás porque en laRadicado: 25000-23-15-000-2023-00285-01

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actualidad cuenta con 73 años de edad y a la fecha de la decisión del juicio ejecutivo por los mecanismos ordinarios ya habrá superado con holgura la edad promedio de la población colombiana femenina y muy seguramente habrá fallecido”.

En primer lugar, sostuvo que el auto de 14 de febrero de 2022, por medio del cual se ordenó correr traslado de la excepción de pago, incurrió en el defecto fáctico porque en ningún momento fue una excepción planteada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y por dar como probados hechos carentes de prueba, en la medida en que la universidad ejecutada no demostró ni dijo haber realizado pago alguno.

En segundo lugar, en relación con el auto del 13 de mayo de 2022, por medio del que se decidió tramitar y fallar el juicio ejecutivo bajo la modalidad de sentencia anticipada, invocó el defecto sustantivo por grave error en la interpretación de la norma aplicada, por considerar que en los procesos ejecutivos , cuando se ha dictado mandamiento de pago, no procede ninguna evaluación probatoria diferente a la de examinar si del título ejecutivo emana o no la plena prueba de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, afirmó que c ualquier otra evaluación

dictado mandamiento de pago, no procede ninguna evaluación probatoria diferente a la de examinar si del título ejecutivo emana o no la plena prueba de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, afirmó que c ualquier otra evaluación probatoria o planteamiento jurídico no relacionado con el cuestionamiento del título ejecutivo resultan extraños a esta clase de proceso, de conformidad con el numeral del artículo 442 del CGP.

En tercer lugar, frente al auto de 30 de marzo de 2023 , por el cual el juzgado se declaró incompetente para conocer del juicio ejecutivo incurrió en defecto orgánico absoluto, aduce que el artículo 155 del CPACA, modificado por el artículo 30 de la Ley 2080 de 2021 indica en la parte final de su texto que los juzgados administrativos conocen en primera instancia “ de los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de 1.500 salarios mínimos legales vigentes”, como es el caso del proceso ejecutivo cuestionado.

Finalmente, mencionó que se encuentra obligada a padecer un perjuicio irremediable como consecuencia de las irregularidades procesales del juzgado accionado, porque, “si el juzgado confirma la providencia por la que se declaró incompetente tendrá que remitir el expediente al conocimiento del Superior Jerárquico, quien tratándose de un proceso ordinario deberá respetar los turnos de los negocios que se encuentran al despacho con notoria pérdida de tiempo para terminar obviamente a su vez incompetente y ordenando remitir el expediente al juez de conocimiento, quien procederá según su designio a dictar la famosa sentencia anticipada, de la cual se apelar á para que el Superior se ocupe de decidir la apelación y durante

expediente al juez de conocimiento, quien procederá según su designio a dictar la famosa sentencia anticipada, de la cual se apelar á para que el Superior se ocupe de decidir la apelación y durante todo ese tiempo mi procurada, de no ser por la presente acción de tutela, continuar á en el desamparo de los derechos fundamentales que se invocan y muy seguramente fallecerá en el entretanto porque tratándose de una persona de la te rcera edad, sujeto de especial protección constitucional, a la fecha cuenta con 73 años de edad”.

4. Trámite Previo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , en auto del 8 de mayo de 202 3, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá.

5. Oposición

El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá allegó informe en el que indicó que , mediante auto de 4 de febrero de 2022, se corrió traslado de laRadicado: 25000-23-15-000-2023-00285-01

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excepción de pago, por cuanto se estimó que la entidad “si bien en el acápite de

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excepción de pago, por cuanto se estimó que la entidad “si bien en el acápite de excepciones no propuso ninguna de manera expresa, de la lectura del documento, se tiene que se opone a la prosp eridad de las pretensiones por considerar que la entidad realizó los pagos correspondientes, lo que se debe entender como el sustento de la excepción de pago”, de allí que la actuación pretendió salvaguardar el derecho de defensa de la parte ejecutante, en la medida que buscó permitirle pronunciarse respecto de los argumentos de la ejecutada, bajo el entendido que podían conllevar a la configuración de la excepción de pago, sin que de esa manera se haya entorpecido el normal desarrollo del proceso.

En lo que concierne al auto de 18 de marzo de 2022, por medio del cual se decidió resolver el asunto en sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 278 del Código General del Proceso, dijo que esa actuación buscó imprimirle celeridad al trámite procesal y con ella no se coartó la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción, defensa, presentación de alegatos, pruebas o de intervención en general en el proceso, de manera que no se desprende ninguna vulneración para las partes.

Que, encontrándose el proceso para fallo, advirtió este juzgado que carecía de competencia para tramitarlo y decidirlo, comoquiera que no fue el que profirió la sentencia base de la ejecución, preciso que, esa posición fue asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado de sde auto por importancia jurídica de

competencia para tramitarlo y decidirlo, comoquiera que no fue el que profirió la sentencia base de la ejecución, preciso que, esa posición fue asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado de sde auto por importancia jurídica de 2016, en donde señaló que “ la ejecución de sentencias proferidas por esta Jurisdicción debe tramitarla el juez que conoció el proceso en primera instancia, así este no haya proferido la sentencia de condena; lo anterior, con el fin de preservar los objetivos perseguidos con el factor de conexidad ya analizado”.

Indicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 29 de enero de 2020, también unificó su jurisprudencia acerca de la competencia por conexidad para conocer de procesos ejecutivos de sentencias proferidas y conciliaciones aprobadas por esta jurisdic ción, en el sentido que “conocerá de la primera instancia del proceso ejecutivo el juez que conoció de la primera instancia del proceso declarativo, con independencia de si la condena fue proferida o la conciliación aprobada en grado de apelación” y, a su vez, el artículo 30 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 155 de la Ley 1437 de 20112.

Indicó que los juzgados administrativos son competentes para conocer de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos en que haya cono cido el respectivo juzgado en primera instancia, caso en el cual la competencia se determina por el factor conexidad, sin atención a la cuantía, contrario a como lo interpreta la parte actora , pues, de la norma también se extrae que el factor cuantía es de terminante en los demás procesos ejecutivos, es decir,

competencia se determina por el factor conexidad, sin atención a la cuantía, contrario a como lo interpreta la parte actora , pues, de la norma también se extrae que el factor cuantía es de terminante en los demás procesos ejecutivos, es decir, diferentes a aquellos en los que el título lo compone una sentencia o conciliación.

Afirmó que la providencia del 18 de marzo de 2022, que ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que fue la autoridad que profirió el título ejecutivo en primera instancia, se ajusta a las

2 Conforme con el cual, los juzgados administrativos conocerán en primer a instancia, entre otros asuntos: “7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en primer a instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primer a instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, de los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.Radicado: 25000-23-15-000-2023-00285-01

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normas de competencia previstas en el ordenamiento y a los lineamientos jurisprudenciales en la materia.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela se torna improcedente, comoquiera que el recurso de reposición interpuesto en contra de la providencia proferida el 30 de marzo de 2023 está en trámite , para lo cual explicó que , como la parte actora no remitió copia del escrit o al canal digital de la contraparte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 201A de la Ley 1437 de 2011, el expediente se encuentra en Secretaría para surtir el traslado del recurso según lo prevé el artículo 244 ibidem, oportunidad en la cual, ad emás, se remitirá copia del enlace a la parte ejecutante para el ingreso al expediente digital , que, vencido ese plazo, ingresará al despacho para proveer.

6. Intervención adicional de la parte actora

El apoderado de la parte actora allegó oposición a la contestación que allegó el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá en el que reiteró los hechos y argumentos expuestos en el escrito inicial.

7. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A ,

y argumentos expuestos en el escrito inicial.

7. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , en sentencia del 18 de mayo de 2023, declaró improcedente el amparo solicitado, porque no cumplió con el requisito general de subsidiariedad, en tanto, el proceso ejecutivo se encuentra en curso.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia , para lo cual indicó que al interponer la acción de tutela manifestó que la accionante tenía una edad que superaba el promedio de vida de los colombianos siendo mujer, y que en el expediente consta que cuenta con más de 73 años de edad, por lo que no es necesario demostrar que el peligro inminente se concrete en que a la fecha se encuentre en estado agónico o que padezca alguna enfermedad terminal; sino que, había cuenta de su edad puede fallecer en cualquier momento, sin avizorar siquiera la satisfacción de su derecho fundamental a la seguridad social en pensiones.

Indicó que el derecho a la seg uridad social en pensiones no es el único derecho fundamental cuya protección se invoca, sino que también se ha solicitado el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la intangibilidad de los derechos adquiridos, todos los cuales ya le fueron vulnerados a la actora, tanto por el auto de 8 de febrero de 2022, como por los autos de 18 de marzo y 13 de mayo de 2022.

En lo demás, reiteró los mismos argumentos del escrit o de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

de 8 de febrero de 2022, como por los autos de 18 de marzo y 13 de mayo de 2022.

En lo demás, reiteró los mismos argumentos del escrit o de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,Radicado: 25000-23-15-000-2023-00285-01

Demandante: Martha Cecilia Osorio de Salazar

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia

irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 3 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestiona la decisión de primera instancia, que, declaró improcedente la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

En tal sentido, corresponde estudiar si se debe confirmar la decisión de tutela impugnada, para lo cual la Sala determinará: (i) si en el presente caso se configura el perjuicio irremediable alegado, seguidamente; (ii) si la acción de tutela cumple el requisito general de subsidiariedad y, finalmente, (iii) si en el caso objeto de estudio la autoridad judicial demanda incurrió en mora judicial injustificada.

Del perjuicio irremediable en el presente caso

Lo primero que conviene decir es que, si bien, la parte actora aduce la existencia

la autoridad judicial demanda incurrió en mora judicial injustificada.

Del perjuicio irremediable en el presente caso

Lo primero que conviene decir es que, si bien, la parte actora aduce la existencia de un perjuicio irremediable que hace procedente el amparo solicitado, a partir de

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perj uicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se

ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 250