CE - 250002315000202300720011SENTENCIA20231026154128

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Radicación: 25000-23-15-000-2023-00720-01 (acumulados 76001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Demandante: CARLOS GABRIEL ORTIZ QUIÑONEZ Y OTROS Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTROS Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala1 decide la impugnación presentada por los señores Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y Tulio Alberto Gómez Giraldo, contra la sentencia del 18 de octubre de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente y negó la solicitud de amparo. I. ANTECEDENTES 1. Demanda 1.1. Pretensiones Los señores Tulio Alberto Gómez Giraldo2, Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez3 y William Felipe Hurtado Quintero4 presentaron demanda de tutela contra el Consejo Nacional Electoral, por cuanto consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido y a la igualdad. También estimaron desconocido el principio de seguridad jurídica. Formularon las siguientes pretensiones5: Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas, respetuosamente me permito solicitar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, se sirva TUTELAR los derechos

el principio de seguridad jurídica. Formularon las siguientes pretensiones5: Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas, respetuosamente me permito solicitar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, se sirva TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (Art. 29 C. Pol.), IGUALDAD (Art. 13 C. Pol.), DE ELEGIR Y SER 1 Se advierte que, el 23 de octubre de 2023, el expediente ingresó al Despacho de la magistrada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Expediente 76001-23-33-000-2023-00690-00. 3 Expediente 25000-23-15-000-2023-00720-00. 4 Expediente 11001-22-15-000-2023-00426-00. 5 Las pretensiones transcritas corresponden a las formuladas en la demanda presentada por el señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, las cuales persiguen el mismo propósito de las formuladas en las acciones de tutela interpuestas por los señores Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y William Felipe Hurtado Quintero, esto es, que se deje sin efectos la Resolución 11177 del 27 de septiembre de 2023.Radicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Actor: Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2

ELEGIDO (ART. 40 C.P.), SEGURIDAD JURIDICA y CONFIANZA LEGITIMA (ART. 83 C. Pol.), del señor TULIO ALBERTO GÓMEZ GIRALDO, que han sido vulnerados en forma indirecta por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CNE, con el arbitrario acto administrativo ya precisado y aquí descrito ante la certidumbre de los errores en los que incurrió. Ahora bien, como consecuencia de dicha protecciónpido que se dispongan algunas o similares de las siguientes órdenes: 7.1. Dejar sin efecto jurídico la Resolución 11177 de 27 de septiembre de 2023 del Consejo Nacional Electoral “Por medio de la cual se REVOCA la inscripción de la candidatura del ciudadano Tulio Alberto Gómez Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16627073, para la Gobernación del Valle del Cauca, postulado por la coalición denominada "Coalición Valle 2.0", la cual está integrada por la Agrupación Política En Marcha, el Partido Alianza Verde y el Partido Ecologista Colombiano, con ocasión de las elecciones a celebrarse el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintitrés (2023), dentro del expediente de radicado No. CNE-E-DG-2023019080.”, que resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la inscripción de la candidatura del ciudadano Tulio Alberto Gómez Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía No. 16627073, para la Gobernación del Valle del Cauca, postulado por la coalición denominada: "Coalición Valle 2.0", la cual está integrada por la Agrupación Política En Marcha, el Partido Alianza Verde y el Partido Ecologista Colombiano, con ocasión de las elecciones a celebrarse el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintitrés (2023). ARTÍCULO

2.0", la cual está integrada por la Agrupación Política En Marcha, el Partido Alianza Verde y el Partido Ecologista Colombiano, con ocasión de las elecciones a celebrarse el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintitrés (2023). ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución se NOTIFICARÁ en estrados y contra ella procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse en la audiencia de adopción y notificación de la decisión, y se tendrá plazo hasta las 5:00 p. m. del segundo día hábil siguiente a la misma, para radicar su sustentación por escrito ante la Subsecretaría o a través de los correos electrónicos: revocatoriaslorduy@cne.gov.co/ atencionalciudadano@cne.gov.co, so pena de declararse desierto el recurso. 7.2. Como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la autoridad administrativa accionada que restablezca los derechos conculcados y vulnerados al señor TULIO ALBERTO GÓMEZ GIRALDO. 1.2. Hechos El señor Tulio Alberto Gómez Giraldo se inscribió el 27 de julio de 2023 como candidato a la Gobernación del Valle del Cauca, por la coalición integrada por la Agrupación Política en Marcha, el Partido Alianza Verde y el Partido Ecologista Colombiano. El 27 de septiembre de 2023, en audiencia pública, se leyó la Resolución 11177 de 2023, proferida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se revocó la inscripción de la candidatura del ciudadano Tulio Alberto Gómez

Giraldo para la gobernación del Valle del Cauca. Consideró que el señor Tulio Alberto Gómez Giraldo incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, por cuanto celebró dos contratos con el Distrito Santiago de Cali6, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, y su lugar de ejecución 6 Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.Radicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Actor: Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3

fue en el Departamento del Valle del Cauca, específicamente en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el cual es propiedad de la Universidad del Valle. El 29 de septiembre siguiente, el señor Gómez Giraldo, la Agrupación Política «En Marcha» y el Partido Ecologista Colombiano sustentaron el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión. Mediante Resolución 14428 del 23 de octubre de la presente anualidad, el Consejo Nacional Electoral despachó desfavorablemente los recursos de reposición y, en consecuencia, confirmó la Resolución 11177 de 2023. En la referida decisión se indicó que los recurrentes no tuvieron en cuenta lo dispuesto por el Acuerdo 004 del 1º de octubre de 1996, en relación con la naturaleza jurídica de la Universidad del Valle, la cual, según sus estatutos, se encuentra adscrita a la Gobernación del Valle del Cauca, de ahí que, en su criterio, integre el sector descentralizado de la administración. Se sostuvo que los contratos celebrados tenían por objeto el aprovechamiento económico de unos locales ubicados en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el cual cuenta con «un aforo aproximado de 38.550 personas, distribuidos en occidental, con 12.252; en oriental, con 11.321; en norte con 7.538; y en sur, con 7.539, el cual no solo se observa un beneficio económico, sino también electoral frente a otros candidatos para los comicios que se celebrarán en el presente año, configurándose de esta manera el elemento subjetivo de la inhabilidad». Además, agregó que la inhabilidad por intervenir

en la celebración de contratos pretende alcanzar una finalidad constitucionalmente importante, en el sentido de evitar una confusión entre los intereses privados y públicos, situación que, a su juicio, ocurre en el presente caso. Finalmente, señaló que no era de recibo para esa autoridad electoral equiparar los contratos objeto de estudio, con contratos de servicios públicos. 1.3 Argumentos de la tutela7 Los accionantes consideran que el Consejo Nacional Electoral, al proferir la resolución de revocatoria de la inscripción del señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, vulneró sus derechos fundamentales por las siguientes razones: 7 Los argumentos aquí resumidos son los presentados por el señor Gómez Giraldo en su escrito de tutela, los cuales coinciden con las razones que sustentan las acciones de tutela promovidas por los señores Ortiz Quiñonez y Hurtado Quintero.Radicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Actor: Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4

1.3.1. Defecto orgánico: al desconocer el precedente constitucional y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cuanto al alcance de las inhabilidades que deben ser de interpretación restrictiva, por lo que, en su criterio, no resultaba posible aplicar analógicamente, ni por extensión, las inhabilidades de los diputados, desconociendo lo dispuesto por la sentencia C-396 de 2021. 1.3.2. Defecto fáctico: dado que no se pronunció frente a todos los argumentos presentados en el proceso administrativo, dentro de los cuales se encuentran la excepción establecida en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993, ni tampoco «se revisó el argumento del supuesto provecho del bien» desconociendo el principio a la igualdad al ignorar su precedente administrativo, toda vez que, en el caso del señor Juan Daniel Oviedo Arango no se revocó la inscripción por ese elemento (ausencia de aprovechamiento) en un contrato de arrendamiento suscrito por el candidato a la alcaldía de Bogotá. Adicionalmente, consideró que incurrió en violación directa de la Constitución Política al vulnerar el principio democrático y el derecho de los electores a elegir en condiciones de igualdad, desconociendo su propio precedente administrativo en un caso de circunstancias fácticas y jurídicas similares, pues en el caso del candidato Oviedo Arango, por medio de Resolución 11822 del 28 de septiembre de 2023, el Consejo Nacional Electoral sostuvo que: Así, un análisis superficial del contrato suscrito entre el señor Oviedo Arango y el Fondo Nacional de Garantías llevaría a concluir

que el candidato estaría inhabilitado para participar en las próximas elecciones a la Alcaldía de Bogotá por cuenta del beneficio económico recibido con el contrato de arrendamiento. (…) Como se mencionó en las consideraciones de este acto administrativo, la interpretación que corresponde hacer al momento de evaluar las inhabilidades de los candidatos a cargos de elección popular supera el examen puramente formal de confrontación con la norma. (…) Así, del contrato de arrendamiento celebrado entre el señor Oviedo Arango y el FNG no es posible observar una real afectación del equilibrio electoral de la campaña a la Alcaldía de Bogotá D.C, ni mucho menos una eventual confusión entre los intereses públicos y privados en caso de que el candidato sea elegido. Revocar la inscripción de la candidatura por cuenta del contrato suscrito, además, desconocería el fin previsto por el legislador y sería una medida desproporcionada que afectaría de manera injustificada el derecho a la participación política del señor Oviedo Arango y del grupo significativo de ciudadanos que lo inscribió. Para concluir, la Sala estima pertinente destacar que la aplicación de las normas sobre inhabilidades debe tener como horizonte el cumplimiento de los fines y principios constitucionales sobre la participación política. En la medida en que la igualdad para el acceso a los cargos públicos es la regla general y las inhabilidades son la excepción, estas últimas deben ser declaradas solamente a partir de la plena prueba y de la certeza de que, en caso de no ordenar la revocatoria de la candidatura, se estaría afectando la moralidad pública y el equilibrio entre

las distintas fuerzas políticas en contienda y sus candidatos.Radicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Actor: Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

5

Por las razones señaladas, la Sala negará la solicitud de revocatoria Reiteró que esas consideraciones «contrastan con los argumentos claramente forzados del CNE que se soportan en la Resolución 11177 de 2023, por ello la decisión también viola el principio de igualdad de las partes ante las autoridades administrativas». 1.3.3. Defecto sustantivo: porque le dio un alcance al numeral 5° del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022 que no correspondía, al ignorar el parágrafo de la misma disposición, en cuanto al entendimiento del departamento como territorio, que excluye a los municipios o distritos. Sostuvo que el referido parágrafo se encuentra vigente y goza de la presunción de constitucionalidad y de convencionalidad, únicamente se puede desvirtuar mediante la acción pública de inconstitucionalidad. Por lo que la discusión sobre si la Universidad del Valle es o no una entidad adscrita al Departamento del Valle del Cauca y, por tanto, propietaria del Estadio Olímpico Pascual Guerrero desvirtúa la razón propia de «lo que debe ser una plena prueba de que trata el artículo 265 de la Constitución Política». 1.3.4. Vía de hecho por desconocimiento del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto, a su juicio, una autoridad administrativa no tiene competencia para coartar el derecho a elegir o ser elegido. Expuso que el Consejo Nacional Electoral no es una autoridad judicial y sus decisiones no tienen la naturaleza de ser jurisdiccionales. 1.3.5. Defecto procedimental en el procedimiento administrativo adelantado por

el Consejo Nacional Electoral, por cuanto no se abrió ningún periodo probatorio, no se dio traslado de las pruebas, ni tampoco se permitió presentar alegaciones finales, amén de que en el contenido de la decisión que puso fin a la actuación administrativa no se tuvo en cuenta las pruebas pedidas ni aportadas dentro de los descargos que presentó. 2. Trámite impartido e intervenciones Mediante auto del 29 de septiembre de 2023, el magistrado sustanciador del proceso en primera instancia admitió la demanda presentada por el señor Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y negó la medida cautelar solicitada8. 8 Debido a que, en su criterio, decretar la medida cautelar vulneraría el derecho de defensa y contradicción de la entidad accionada, «más aun cuando no se avizora la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable».Radicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Actor: Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

6

El 4 de octubre siguiente, el magistrado ponente remitió la demanda de tutela al Despacho de la magistrada Alejandra María Alzate Vergara, integrante del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Laboral, con destino al expediente de tutela 76001-22-05-000-2023-00287-00, por cuanto el señor Ortiz Quiñonez informó que se trataba de la misma acción de tutela presentada por él. Mediante providencia del 5 de octubre de 2023, la magistrada sustanciadora del proceso 2023-00287-00 remitió la tutela a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que el accionante presentó la demanda de tutela en Bogotá y allí se encuentra ubicada la sede administrativa de la entidad accionada. El 6 de octubre siguiente, en providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, se avocó conocimiento de la tutela 2023-00287-00 y se acumuló al expediente con radicado 2023-00720-00. En esa oportunidad, el magistrado sustanciador de primera instancia sostuvo que las autoridades accionadas y vinculadas allegaron las respectivas contestaciones al expediente acumulado, por lo que, «al tratarse del mismo asunto, el trámite surtido ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se tendrá en cuenta para proferir el respectivo fallo». En providencia del 9 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió con destino al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección B, la solicitud de amparo presentada por el señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, con radicado 76001-23-33-000-2023-00690-00, para que decidiera la eventual acumulación. En igual sentido, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia de ese mismo día, remitió la demanda de tutela presentada por el señor William Felipe Hurtado Quintero, con radicado 11001-22-15-000-2023-00426-009. El 9 y 10 de octubre, el señor Plinio Wilfrido Artunduaga manifestó tener interés en el presente proceso, por haber actuado en calidad de demandante de la inscripción del candidato Tulio Gómez a la Gobernación del Valle del Cauca. En providencia del 11 de octubre siguiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, decretó la acumulación de las 9 En aquel proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, en providencia del 3 de octubre de 2023, negó la medida cautelar de suspensión de los efectos de la Resolución 11177 del 27 de septiembre de 2023, formulada por el señor Hurtado Quintero.Radicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Actor: Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

7

tutelas con radicados 76001-23-33-000-00690-00 y 11001-22-15-000-2023-00426-00 a la acción de tutela 25000-23-15-000-2023-00720-00 y aceptó como coadyuvante del Consejo Nacional Electoral al señor Plinio Wilfrido Artunduaga. En providencia del 18 de octubre de 2023, se declaró infundado el impedimento presentado por el magistrado Óscar Armando Dimaté Cárdenas. 2.1. El Consejo Nacional Electoral se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto no advirtió que el señor Tulio Alberto Gómez Giraldo —a quien se le revocó la candidatura— le hubiera otorgado poder especial al señor William Felipe Hurtado Quintero. Asimismo, expuso que la tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, pues la Resolución 11177 del 27 de septiembre de 2023 es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, de ahí que la parte actora cuente con otros mecanismos de defensa para garantizar los derechos fundamentales que considere vulnerados, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente, señaló que el procedimiento administrativo se encontraba en curso, pues aún no se habían decidido los recursos de reposición interpuestos contra el mismo. Adujo que al accionante Hurtado Quintero no se le está vulnerando su derecho fundamental a elegir, puesto que se encuentra dentro del censo electoral para participar en las elecciones del 29 de octubre de 2023. En relación con los argumentos presentados en la tutela, manifestó lo siguiente: - Que se encontraron acreditados los elementos de la inhabilidad, así: (i) el temporal, por cuanto los contratos celebrados se suscribieron dentro del año anterior a la fecha de la

de octubre de 2023. En relación con los argumentos presentados en la tutela, manifestó lo siguiente: - Que se encontraron acreditados los elementos de la inhabilidad, así: (i) el temporal, por cuanto los contratos celebrados se suscribieron dentro del año anterior a la fecha de la elección; (ii) el material, solamente respecto de dos contratos, celebrados entre la Secretaría del Deporte y la Recreación de la Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, y el señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, quien ostentaba la calidad de Representante Legal de la sociedad América de Cali S.A. en reorganización, y (iii) el territorial, dado que los referidos contratos se ejecutaron en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, que se encuentra dentro de los predios de la Universidad del Valle, que es un ente adscrito a la gobernación del Valle del Cauca.Radicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Actor: Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

8

• En relación con el caso del señor Juan Daniel Oviedo Arango, manifestó que la resolución que negó la solicitud de revocatoria fue aprobada el 29 de septiembre de 2023, esto es, con posterioridad a la Resolución 11127 del 27 de septiembre de 2023. Además, indicó que el régimen de inhabilidades para ser alcalde mayor de Bogotá se encuentra establecido en el artículo 37 del Decreto 1421 de 1993 y en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, de ahí que, a su juicio, no puedan catalogarse de iguales los casos, dadas las diferencias en cuanto al régimen de inhabilidades para ser gobernador. Adujo, además, que los contratos celebrados por el señor Gómez Giraldo como representante legal tenían por objeto el aprovechamiento económico de unos locales ubicados en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, que cuenta con una capacidad aproximada de 37.800 espectadores, mientras que en el caso del señor Oviedo Arango el inmueble objeto del arrendamiento estaría destinado para gestionar el archivo del Fondo Nacional de Garantías. De ahí que, en su criterio, el señor Tulio Alberto obtendría «más ventajas y/o beneficios electorales» que el señor Juan Daniel Oviedo Arango, sumado al hecho de que este «no es el propietario del inmueble arrendado, ya que tiene un leasing con una entidad bancaria». 2.2. La Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali manifestó que, en las vigencias 2022 y 2023, celebró contratos con la sociedad América de Cali S.A. en reorganización,

firmados por el señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, en su condición de representante legal de dicha sociedad, y aportó copia de los referidos contratos (43162.010.26.1.3399-2022, 4162.010.26.1.3400-2022, 4162.010.26.1.0004-2023). 2.3. La Procuraduría General de la Nación pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no fue la causante del daño ni responsable de la vulneración a los derechos fundamentales alegada por los accionantes. Indicó que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que los accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa, de manera que, si consideran que el acto administrativo que revocó la inscripción de la candidatura es contradictorio o ilegal, deben acudir a los mecanismos legalmente establecidos para tal fin.Radicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Actor: Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

9

3. Fallo impugnado En sentencia del 18 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por los señores Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y William Felipe Hurtado Quintero, y negó el amparo solicitado por el señor Tulio Alberto Gómez Giraldo. A manera de cuestión previa, el a quo tomó las siguientes decisiones: (i) se anuló la tutela con radicado 25000-23-15-000-2023-00795-00 al existir «doble e indebido reparto»; (ii) rechazó la intervención del señor Carlos Ariel Sánchez Torres, como apoderado del señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, por cuanto ya se encontraba representado por el abogado Jesús Marino Ospina Mena; (iii) rechazó la solicitud de coadyuvancia de la señora Fabiola Perdomo Estrada, ante la ausencia de demostración del interés legítimo que le asiste; (iv) negó la solicitud de nulidad y remisión del expediente, elevada por el señor Plinio Artunduaga, como coadyuvante de la parte demandada. En relación con las demandas de tutela presentadas por los señores Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y William Felipe Hurtado Quintero, sostuvo que lo pretendido por los demandantes era dejar sin efecto la Resolución 11177 del 27 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo Nacional Electoral, de manera que estos no se encontraban legitimados en la causa por activa, «como quiera que no invocan actuar en calidad de agentes oficiosos del señor Tulio Alberto Gómez Giraldo», ni tampoco manifestaron que este se encontrara en circunstancias que le impidieran actuar directamente en sede constitucional. Respecto de la demanda presentada por el señor Gómez Giraldo, el a quo consideró que la causal de inhabilidad contemplada

Tulio Alberto Gómez Giraldo», ni tampoco manifestaron que este se encontrara en circunstancias que le impidieran actuar directamente en sede constitucional. Respecto de la demanda presentada por el señor Gómez Giraldo, el a quo consideró que la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 5° del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, contiene tres elementos: (i) temporal: 12 meses anteriores a la elección; (ii) material: gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, y (iii) territorial: que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Manifestó que, en efecto, los contratos de aprovechamiento económico celebrados y suscritos entre el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y Recreación y Tulio Alberto Gómez Giraldo – como representante legal de América de Cali S.A. en reorganización, fueron firmados el 10 de noviembre de 2022 y su término de ejecución estaba previsto hasta el 31 de diciembre de 2023; además,Radicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000-2023-00287, 76001-23-33-000-2023-00690-00, 11001-22-15-000-2023-00426-00, 25000-23-15-000-2023-00795-00) Actor: Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

10

tenían por objeto el arrendamiento de los locales cuatro y cinco del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de propiedad de la Universidad del Valle, «entidad adscrita a la Gobernación del Valle del Cauca, de acuerdo con la ordenanza Nro. 010 de 1954 del Consejo Administrativo del Valle del Cauca». Expuso que el lugar de ejecución del contrato era el Departamento del Valle del Cauca, dado que se trata de contratos de aprovechamiento económico en el Estadio Pascual Guerrero, ubicado en el Distrito de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca. Inclusive, manifestó que, en aplicación del parágrafo 111 de la Ley 2200 de 2022, se cumple también el elemento territorial, pues el referido complejo deportivo es de propiedad de la Universidad del Valle, ente adscrito a la Gobernación del Valle del Cauca, «de acuerdo con la ordenanza Nro. 010 de 1954 del Consejo Administrativo del Valle del Cauca». Señaló que no se vulneró el derecho fundamental a la igualdad, por cuanto en el caso del señor Juan Daniel Oviedo Arango, candidato a la alcaldía mayor del Distrito Capital de Bogotá, le resultaba aplicable un régimen de inhabilidades distinto al previsto en la Ley 2200 de 2022, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 1421 de 1993, por lo que las situaciones de hecho expuestas por el tutelante «no son susceptibles de ser contrastadas, comoquiera que no existe igualdad desde el punto de vista jurídico». Finalmente, en relación con la excepción establecida en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993, sostuvo que hace referencia a inhabilidades para contratar, lo cual no resulta aplicable para su caso, pues el régimen de inhabilidades para ejercer cargos de elección popular se encuentra establecido en el artículo 111 de la Ley 2200 de 2022. 4. Impugnaciones Inconformes con la anterior

hace referencia a inhabilidades para contratar, lo cual no resulta aplicable para su caso, pues el régimen de inhabilidades para ejercer cargos de elección popular se encuentra establecido en el artículo 111 de la Ley 2200 de 2022. 4. Impugnaciones Inconformes con la anterior decisión, los señores Tulio Alberto Gómez Giraldo y Carlos Gabriel Ortiz Quiñonez la impugnaron. 4.1. Tulio Alberto Gómez Giraldo Manifestó que no se cumple con el elemento de territorialidad, toda vez que, si bien la Universidad del Valle fue creada por la Ordenanza 12 de 1945, expedida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, y modificada por la Ordenanza 10 de 1954, en la que se determinó que estaría adscrita al Departamento del Valle, «enRadicación número: 25000-23-15-000-2023-00720-00 (acumulados 760001-22-05-000