CE - 250002324000200600364011SENTENCIA20230621100941

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 25000 23 24 000 2006 00364 01

Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez

Demandada: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Tercero con interés: Servicios Ambientales S.A. E.S.P.

Tema: Confirma sentencia de primera instancia. Falsa motivación de los actos acusados mediante los cuales se otorga una licencia ambiental. No correspondencia entre los fundamentos de hecho y la normativa del Plan de Ordenamiento Territorial aplicable para el uso del suelo en el desarrollo de la actividad de disposición final de residuos sólidos. Recurso de apelación.

Nuevos cargos. Competencia y límites del Juez de Segunda Instancia.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y el tercero con interés contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 30 de enero de 201 5 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

de 201 5 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.2

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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez

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I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Eduardo Marcelino Castro Pérez, a través de apoderado judicial, en adelante la parte demandante, presentó demanda1 contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, en adelante la parte demandada o CAR, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, en adelante, Código Contencioso Administrativo o CCA, para que se declare la nulidad de las Resoluciones núm. 408 de 9 de marzo de 20053, 1582 de 12 de septiembre de 20054, 1843 de 4 de octubre de 20055, 2013 de 28 de octubre de 20056, 2606 de 22 de diciembre de 20057 y 897 de 1 de marzo de 20068, expedidas por la Directora General de la CAR.

Las pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones9:

“[…]

PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución 408 del 9 de marzo de 2005

Las pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones9:

“[…]

PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución 408 del 9 de marzo de 2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, “por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones”, autorizando “ únicamente la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes de los siguientes municipios: Girardot, Ricaute, Nariño y

Agua de Dios.”

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución 1582 del 12 de septiembre de 2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, mediante la cual se decidieron unos recursos de reposición, confirmando la resolución anterior.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 1843 del 4 de octubre de 2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, por la cual se aclara la resolución 1582 del 12 de septiembre de 2005.

1 Folios 2 a 22 del cuaderno núm. 1 del expediente. 2 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 3 “(Por la cual se otorga una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones)”. 4 “(Por la cual se resuelven unos recursos de reposición)”. 5 “(Por la cual se aclara una resolución)”. 6 “(Por la cual se autoriza la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes de otros municipios a la Empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P.)”.

5 “(Por la cual se aclara una resolución)”. 6 “(Por la cual se autoriza la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes de otros municipios a la Empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P.)”. 7 “(Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No. 2013 del 28 de octubre de 2005)”. 8 “(Por la cual se autoriza la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes del municipio de la Mesa - Cund. a la Empresa Servicios Ambientales S.A. E.S.P.)”. 9 Folios 754 a 755 del cuaderno núm. 2 del expediente.3

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CUARTA: Que se declare la nulidad de la Resolución 2013 del 28 de octubre de 2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, por la cual se modificó la resolución 408 del 9 de marzo de 2005 expedida por la Directora Genera l de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, autorizando, fuera de lo inicialmente contemplado, la disposición de residuos sólidos provenientes de los siguientes municipios:

• San Antonio del Tequendama
• Beltrán
• Puli
• Jerusalén
• Guataqui
• Apulo
• Tocaima
• Viotá
• Nilo
• Fusagasugá
• Arbeláez
• Pandi
• San Bernardo
• Venecia

• Puli
• Jerusalén
• Guataqui
• Apulo
• Tocaima
• Viotá
• Nilo
• Fusagasugá
• Arbeláez
• Pandi
• San Bernardo - Venecia - Centro poblado de Cambao del municipio de Sanjuán de Rio Seco
• Anapoima
• Pasca
• Tibacuy - Cabrera - Espinal (Tolima)

QUINTA: Que se declare la nulidad de la Resolución 2606 del 22 de diciembre de 2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, por la cual se resolvió recurso de reposición interpuesto por el hoy demandante contra la resolución 2013 del 28 de octubre de 2005.

SEXTA: Que se declare la nulidad de la Resolución 897 del 1º de marzo de 2006 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, por la cual se adicionó la resolución 408 del 9 de marzo de 2005 expedida por la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, autorizando la disposición de residuos sólidos provenientes del municipio de La Mesa.

SEPTIMA: Que a manera de restablecimiento del derecho, se orde ne a la demandada proceder a la clausura del relleno sanitario objeto de los actos administrativos impugnados y realizar todas las obras necesarias para restablecer las condiciones ambientales.

OCTAVA: Que a manera de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada al pago de la indemnización por los perjuicios materiales y morales causados al actor con motivo de los actos impugnados.

las condiciones ambientales.

OCTAVA: Que a manera de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada al pago de la indemnización por los perjuicios materiales y morales causados al actor con motivo de los actos impugnados.

NOVENA: Que se condene en costas al demandado y se ordene dar cumplimiento a las (sic) Sentencia en los términos de los artículos 176 y s.s del C.C.A.

[…]”. (Negrilla de texto original).4

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Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4. Mediante la escritura pública 296 de 21 de diciembre de 1990, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 307 -984 de la Oficina de Registro de Instrume ntos Públicos de Girardot, adquirió el derecho de dominio del inmueble rural denominado

“La Frontera”.

5. La sociedad Servicios Ambientales S.A. E.S.P., solicitó a la parte demandada, licencia ambiental para el proyecto de “[…] diseño, construcción, puesta en marcha, operación, clausura y post clausura de un Relleno Sanitario para la disposición de residuos sólidos […]”, en cinco (5) municipios: Girardot, Agua de Dios, Ricaute (sic),

operación, clausura y post clausura de un Relleno Sanitario para la disposición de residuos sólidos […]”, en cinco (5) municipios: Girardot, Agua de Dios, Ricaute (sic), Nariño y Carmen de Apicalá, el cual se desarrollaría en el lote “Bal concitos”, que forma parte del predio de mayor extensión “Bellavista”, ubicado en la vereda Acapulco del municipio de Girardot, que colinda con el inmueble “La Frontera” de propiedad del actor.

6. A través de los escritos de 7 de diciembre de 2004 y 28 del mismo mes y año, solicitó a la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, como colindante “[…] y principal afectado con el proyecto en curso, […]”, que no concediera la licencia ambiental, por cuanto el daño ambiental era inminente y su otorgamiento desconocería el Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot (Acuerdo 29 de 2000), así como la Ley 388 de 18 de julio de 199710 y los artículos 58, 78, 79 y 80 de la Constitución Política.

7. La Procuraduría 27 Agraria y Ambiental mediante oficio 111036-174840 PJA 27 “[…] de febrero 28 de 2005, […]”, expuso a la Directora General de la CAR unas consideraciones técnicas y jurídicas , las cuales serían suficientes para negar la licencia ambiental solicitada por Servicios Ambientales S.A. E.S.P.; transcribió algunos textos y conclusiones del oficio.

8. Mediante la Resolución 408 de 2005, la CAR concedió la licencia ambiental para “[…] el desarrollo de un proyecto consistente en el diseño, construcción, puesta

algunos textos y conclusiones del oficio.

8. Mediante la Resolución 408 de 2005, la CAR concedió la licencia ambiental para “[…] el desarrollo de un proyecto consistente en el diseño, construcción, puesta

10 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. […]”.5

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en marcha, operación, clausura y post clausura de un relleno Sanitario. […]”, que en su parte resolutiva autoriz ó únicamente la disposición de residuos sólidos domésticos provenientes de los municipios de: Girardot, Ricaurte, Nariño y Agua de Dios y excluyó al municipio de Carmen de Apicalá.

9. Mediante la Resolución 1582 de 2005, se resolvieron los recursos de reposición presentados por “[…] la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios; el señor Sergio Alfonso Gallego Rodríguez; el s eñor José Luís Hernández Reyes; y el señor Héctor Hernández Albarracín. […]” y se confirmó la resolución impugnada.

10. En razón a que la parte demandante también había interpuesto recurso de reposición contra la Resolución 408 de 2005, que no fue resuelto en la Resolución 1582 de 2005, la CAR expidió, a petición de la misma parte, la Resolución 1843 de

2005.

reposición contra la Resolución 408 de 2005, que no fue resuelto en la Resolución 1582 de 2005, la CAR expidió, a petición de la misma parte, la Resolución 1843 de 2005.

11. Servicios Ambientales S.A. E.S.P. solicitó a la CAR, el 25 de octubre de 2005, que se modificara la licencia ambiental otorgada en la Resolución 408 de 2005, para que pudiera prestar el servicio de disposición final de residuos sólidos a los municipios de “[…] San Antonio del Tequendama, Beltrán, Puli, Jerusalem, Guataquí, Apulo, Tocaima, Viotá, Nilo, Fusagasuga, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia, centro poblado de Cambao del municipio de San Juan de Rioseco, Pasca, Tibacuy, Cabrera, y Anapoima y del departamento del Tolima, el municipio de el Espinal”. […]”, cuando la solicitud inicial fue para cuatro (4) municipios, con estudio de impacto ambiental, audiencia pública y unas condiciones, y con esta nueva petición sin ninguna justificación ambiental se pide su modificación aumentando en un quinientos por ciento (500%) el número de municipios cuya disposición final de sus residuos sólidos se efectuaría en el mismo lote.

12. La Directora General de la CAR, mediante la Resolución 2013 de 28 de octubre de 2005, dos (2) días después de la solicitud, accedió a la misma, sin procedimiento ni actuación administrativa, sustento técnico alguno, ni convocar a los interesados y a la Procuraduría General de la Nación.

13. Mediante la Resolución 2606 de 2005, la parte demandada resolvió los

procedimiento ni actuación administrativa, sustento técnico alguno, ni convocar a los interesados y a la Procuraduría General de la Nación.

13. Mediante la Resolución 2606 de 2005, la parte demandada resolvió los recursos de reposición interpuestos por Sergio Alfonso Gallego, la Empresa6

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Regional de Aseo ERAS y la parte demandante, contra la Resolución 2013 de la misma anualidad, los cuales fueron negados y se confirmó la resolución impugnada.

14. La CAR efectuó unos requerimientos a Servicios Ambientales S.A. E.S.P., a través del Auto OTTYAM 044 de 19 de enero de 2006, en razón a que acorde con el concepto técnico 1224 de 21 de diciembre de 2005, la información suministrada por esta sociedad en acatamiento de las resoluciones citadas previamente, “[…] “se presenta incompleta o en su defecto no acoge a cabalidad las consideraciones realizadas por la Corporación.” […]”.

15. La Directora General de la CAR, mediante la Resolución 897 de 2006, “[…] sin actuación administrativa alguna, sin convocar a los interesados, ni permitir la participación de la comunidad en asuntos ambientales […]” y sin motivación “[…] seria y cierta, […]”, modificó nuevamente la licencia ambiental concedida a Servicios

sin actuación administrativa alguna, sin convocar a los interesados, ni permitir la participación de la comunidad en asuntos ambientales […]” y sin motivación “[…] seria y cierta, […]”, modificó nuevamente la licencia ambiental concedida a Servicios Ambientales S.A. E.S.P. y autorizó la disposición final de “[…] residuos sólidos ORDINARIOS provenientes del municipio de La Mesa.” […]”. (Negrilla de texto original).

16. Con oficio radicado el 16 de febrero de 2006, en ejercicio del derecho de petición solicitó a la parte demandada copia auténtica de las resoluciones expedidas con las respectivas notificaciones, sufragando el costo respectivo.

Normas violadas

17. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 1, 2, 4, 6, 23, 29, 79, 115, 116, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución Política. • Artículos 3, 14, 28, 34, 35, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo. • Numerales 6, 11 y 12 del artículo 1 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199311. • Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot (Acuerdo 29 de 2000) • Decreto 838 de 23 de marzo de 200512.

11 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. […]”.

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. […]”. 12 “[…] por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. […]”.7

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Concepto de Violación

18. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

la violación, así:

Primer cargo: Falta de competencia

19. Adujo que en el marco del Estado Social de Derecho tiene especial relevancia la aplicación efectiva del principio de legalidad contenido en los artículos 1, 2, 6, 121, 122 y 123 de la Constitución, el que determina que “[…] los servidores públicos sólo pueden actuar dentro del estricto marco de competencia expresamente establecido en la ley. […]”.

20. Expresó que l a competencia es uno de los elementos esenciales del acto administrativo y su ausencia constituye una causal de nulidad; y tiene varios factores como son: funcional, jerárquico, territorial y temporal.

21. Manifestó que, en el presente asunto, se expidieron las Resoluciones 2013 y 2606 de 2005 y 897 de 2006 por la Directora General de la CAR, sin tener competencia funcional, por cuanto ninguna norma legal autoriza “[…] expresamente a las autoridades ambientales para adicionar el objeto de las Licencias Ambientales.

2606 de 2005 y 897 de 2006 por la Directora General de la CAR, sin tener competencia funcional, por cuanto ninguna norma legal autoriza “[…] expresamente a las autoridades ambientales para adicionar el objeto de las Licencias Ambientales. […]”. En la literalidad de las disposiciones indicadas “[…] se guarda total silencio respecto de las normas legales expresamente habilitantes. […]”.

22. Señaló que la legalidad de la función de la administración impide que ésta se auto habilite funcionalmente, y por ello, aunque se establezca “[…] en el parágrafo segundo de la resolución 408 de 2005: […]” , que en el evento que la empresa requiera prestar el servicio en un municipio distinto de los allí mencionados, deberá dar aviso a la part e demandada para su aprobación , no puede entenderse que la inclusión de este texto origina la facultad de modificar la licencia ambiental; además, que se efectúa “[…] a espaldas de la comunidad, de los interesados, de la Procuraduría, y sin ninguna motivación ni jurídica, ni ambiental. […]” . Con esto, se violan los artículos 29, 79 y 209 de la Constitución y 3, 14, 28 y 35 del CCA.

23. Precisó que también se vulnera el artículo 1 de la Ley 99, en cuanto a los principios generales ambien tales: precaución (numeral 6), los estudios de impacto ambiental (numeral 11) y el manejo ambiental será democrático y participativo8

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ambiental (numeral 11) y el manejo ambiental será democrático y participativo8

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(numeral 12). Afirmó que, si se solicita una licencia ambiental para disponer los residuos “domésticos” de cuatro (4) municipios y sobre esta premisa se elabora el estudio de impacto ambiental y una vez se otorga la licencia ambiental se incluyen veintiún (21) nuevos municipi os, sin ningún estudio técnico y ajustar el estudio anotado supra, también se transgreden los principios indicados.

Segundo cargo: Violación al derecho constitucional fundamental al debido proceso

24. Manifestó que el derecho constitucional fundamental al debido proceso, aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, el cual incluye el derecho “[…] a ser convocado en el curso de la actuación administrativa, […]” , lo que significa que antes de exped ir el acto poder participar en ella, pedir y aportar pruebas, controvertir las recaudadas, y en general, hacer valer sus derechos.

25. Indicó que las Resoluciones 2013 y 2606 de 2005 y 897 de 2006, fueron expedidas de plano por la parte demandada, sin convo car a los interesados y “[…] violando además el Principio Constitucional de participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente (art. 79 superior y numeral 12 del artículo 1º de la ley 99 de 1993.) […]”.

violando además el Principio Constitucional de participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente (art. 79 superior y numeral 12 del artículo 1º de la ley 99 de 1993.) […]”.

Tercer cargo: Desviación de poder

26. Expresó que los actos acusados fueron expedidos con desviación de poder por parte de los funcionarios de la CAR, según los “[…] siguientes indicios […]”: i) la desatención de las irregularidades expuestas por la Procuraduría Ambiental antes de la expedición de la Resolución 408 de 2005; ii) la excesiva motivación de los actos administrativos iniciales, estos son la resolución indicada y la que resolvió los recursos de reposición interpuestos contra ella, in dicio que la doctrina y la jurisprudencia han relacionado con la expedición de actos administrativos con fines diferentes a los previstos en el ordenamiento jurídico; iii) todos los recursos de reposición presentados fueron negados; iv) la expedición de la Resolución 408 de 2005, pocos días antes de la expedición del Decreto 838 de 2005, “[…] que haría jurídicamente imposible otorgar la Licencia solicitada por SERVICIOS AMBIENTALES S.A. […]”; v) la celeridad con que la CAR resolvió favorablemente , mediante la Resolución 2013 de 2005 , la solicitud de Servicios Ambientales S.A.9

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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez

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E.S.P. de pasar de cuatro (4) a veinticuatro (24) municipios (sic); vi) la falta de motivación “[…] real y seria […]” de las Resoluciones 2013 de 2005 y 897 de 2006; vii) expedir públicamente la licencia ambiental inicialmente para la disposición final en cuatro (4) municipios, y posteriormente, sin participación alguna, ampliarla a “[…] VEINTICINCO (25) (sic) municipios. […]”.

Cuarto cargo: Falsa motivación y falta de motivación

27. Expuso que la jurisprudencia de manera reiterada ha señalado que para que la motivación como elemento esencial para la validez del acto administrativo se entienda debidamente incorporado, ésta debe ser cierta y seria13.

28. Afirmó que en el caso sub examine, los actos acusados “[…] se encuentran viciados algunos por falsa motivación, otros por falta de motivación. […]”.

29. Precisó que el Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot contenido en el Acuerdo 29 de 29 de diciembre de 200014, en adelante POT, no prevé como uso del suelo del predio para el cual la parte demandada otorgó la licencia ambiental en la Resolución 408 de 2005, “[…] el de disposición final de residuos sólidos, […]”, como si lo están otros inmuebles dentro del mismo plan.

30. Explicó que el predio para el cual se concedió la licencia ambiental por parte de la CAR, así como el colindante de propiedad de la parte demandante, se

si lo están otros inmuebles dentro del mismo plan.

30. Explicó que el predio para el cual se concedió la licencia ambiental por parte de la CAR, así como el colindante de propiedad de la parte demandante, se encuentran parcialmente afectados como “[…] AREAS DE REFSERVA FORESTAL PROTECTORA de conformidad con lo establecido en los artículos 47 a 50 del POT de Girardot. […]”.

31. Adujo que al expedir la licencia ambiental y los actos administrativos siguientes que fueron ampliando el objeto de la misma, no “[…] se tuvieron real y seriamente en cuenta las intervenc iones y oposiciones técnicas y jurídicas presentadas por la comunidad, por los afectas (sic) y por la Procuraduría en la Audiencia Pública convocada a iniciativa de esta. […]” y que dicha audiencia si bien

13 “[…] En el primer evento la moti vación fáctica o jurídica, no concuerda con la realidad, y se presenta la denominada Falsa Motivación. En el segundo caso la motivación si bien aparentemente existe en el acto administrativo, es tan solo un comodín que no guarda relación lógica, ni jurídic a con el asunto medular de la motivación, esto es, porqué se expide el acto administrativo, su elemento causal. En este evento existe realmente una Falta de Motivación. […]”. 14 “[…] POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO D E

GIRARDOT […]”.10

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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez

GIRARDOT […]”.10

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no es decisoria, en criterio de la Procuradora Ambiental antes de la expedición de la licencia ambiental, según la doctrina “[…] En caso que la autoridad Ambiental no tenga en cuenta en los considerandos del acto administrativo que decide, podrá dar lugar a una acción de nulidad por falsa motivación.15” (Destacamos) […]”. (Negrilla de texto original).

32. Manifestó que las Resoluciones 2013 de 2005 mediante la cual la CAR incorporó veinte (20) municipios al objeto de la licencia ambiental y 897 de 2006 que incluyó un municipio más, adolecen de falta de motivación seria , por las razones 16 que expone la parte demandante.

33. Concluyó que, el concepto de violación de este capítulo es suficiente para decretar la nulidad de los actos acusados.

Contestación de la demanda

Parte demandada

34. La parte demandada contestó la demanda 17 y se opuso a todas las

pretensiones, así:

Falta de competencia

35. Mencionó que los actos administrativos expedidos por la Directora General de la CAR se encuentran soportados en la Constitución y la ley y transcribió los artículos 31 numeral 9, 49 y 53 de la Ley 99.

35. Mencionó que los actos administrativos expedidos por la Directora General de la CAR se encuentran soportados en la Constitución y la ley y transcribió los artículos 31 numeral 9, 49 y 53 de la Ley 99.

36. Citó el Decreto 1180 de 10 de mayo de 2003 18 y transcribió el artículo 9 referente a la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, en especial su numeral 1019.

15 Guhl Nanneti y otros, Guía para la Gestión Ambiental y Local, Fonade. 16 i) se describen los antecedentes sin especificar ningún estudio ambiental nuevo ni modificatorio del inicial, para que se permita disponer residuos, en el mismo lote, de otros municipios diferentes a los determinados en el objeto de la licencia ambiental; ii) se presentan unas c onsideraciones que de manera resumida refiere n al objeto de la Resolución 408 de 2005 y a la solicitud de Servicios Ambientales S.A. E.S.P. y en un solo párrafo, en criterio de la parte demandante, aparece lo más aproximado a una motivación. 17 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 286 del cuaderno núm. 1 del expediente. 18 “[…] Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales. […]”. 19 “[…] Artículo 9°. Competencia de las corporaciones autónomas regionales. Las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sontenible (sic), los grandes centros urbanos y las autoridades ambientales11

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regionales, las de desarrollo sontenible (sic), los grandes centros urbanos y las autoridades ambientales11

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Demandante: Eduardo Marcelino Castro Pérez

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37. Señaló que la competencia para decidir sobre la licencia ambiental, se sustenta en que el predio “[…] se pretende ubicar en el Municipio de Girardot […]”, entidad territorial que forma parte de la jurisdicción de la CAR.

38. Indicó que el mandato legal conferido a las Corporaciones Autónomas Regionales, las faculta para expedir licencias ambientales, y para mayor claridad, se expidió el Decreto 1180 de 2003 en el que se especificó que podían otorgar licencia para la construcción y operación de rellenos sanitarios.

39. Sostuvo que la CAR, a través de su Directora General, estaba facultada para “[…] expedir licencias ambientales y en especial para la construcción y operación de rellenos sanitarios, como se ha establecido en el trámite administrativo objeto d e estudio. […]”.

40. Concluyó que los actos administrativos “[…] expedidos por la Corporación en proceso (sic) de adjudicación de la licencia ambiental, se encuentran ajustados a derecho y gozan de la presunción de legalidad. […]”.

Violación al derecho constitucional fundamental al debido proceso

41. Expresó que “[…] Como se puede observar en la demanda y en los documentos aportados como pruebas , el proceso administrativo constó (sic) con

Violación al derecho constitucional fundamental al debido proceso

41. Expresó que “[…] Como se puede observar en la demanda y en los documentos aportados como pruebas , el proceso administrativo constó (sic) con todas las prerrogativas constitucionales y jurídicas, es así, como el actor y la comunidad en compañía del Ministerio Público, participo (sic) de manera activa en todas las etapas que dieron origen a la licencia ambiental. […]” y los actos administrativos fueron debidamente motivados y notificados “[…] en forma oportuna y controvertidos antes de la decisión final. […]”.

Falsa motivación y falta de motivación

42. Señaló que la motivación ha sido definida como “[…] la declaración de cuales son los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho, que han llevado a la expedición de un acto administrativo, […]” y en cada una de las resoluciones

creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción: […]

10. La construcción y operación de rellenos sanitarios.

[…]”.12

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2