CE - 250002324000201200822011SENTENCIA20230712104916

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 2500023240002012-00822-01

Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA

INTEGRAL - ACEMI Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA FACULTAD

SANCIONATORIA ADMINISTRATIVA , HABIDA CUENTA QUE EL

ACTO SE NOTIFICÓ ANTES DE QUE FENECIERA EL TÉRMINO DE

TRES AÑOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 38 DEL CCA. PRÁCTICAS

RESTRICTIVAS A LA LIBRE COMPETENCIA EN EL SECTOR SALUD.

VALORACIÓN PROBATORIA. LAS PRUEBAS DEBEN APRECIARSE EN

CONJUNTO. EL TESTIMONIO RENDIDO EN SEDE JUDICIAL NO

TIENE LA PROBABILIDAD DE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE

LEGALIDAD. INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO

Y FALSA MOTIVACIÓN . NO SE DESCONOCIÓ EL DERECHO DE

ASOCIACIÓN DE LA DEMANDANTE. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría el proyecto de fallo presentado a consideración de la Sala, por el señor Consejero doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ , se procede a decidir el recurso de apelación2

Al no haber obtenido la mayoría el proyecto de fallo presentado a consideración de la Sala, por el señor Consejero doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ , se procede a decidir el recurso de apelación2

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interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 21 de octubre de 2013 , por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, denegó las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda1 parcial contra las resoluciones núm. 46111 de 2011 , a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una sanción consistente en multa, por valor de $1.071.200.000, por incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, y la 65116 de 2011, que la confirmó.

La parte actora planteó las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Declarar la nulidad del artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución N° 46111 de 2011 del 30 de agosto de 2011, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto se declaró que ACEMI

resolutiva de la Resolución N° 46111 de 2011 del 30 de agosto de 2011, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto se declaró que ACEMI infringió lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1663 de 1994.

2. Declarar la nulidad del artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución N° 46111 de 2011 del 30 de agosto de 2011, proferida por la Superintendencia de

1 El escrito se encuentra visible a los folios 1 a 48 del C. 1 del expediente.3

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Industria y Comercio, en cuanto se declaró que ACEMI infringió lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1663 de 1994.

3. Declarar la nulidad del artículo quincuagésimo octavo de la Resolución N° 46111 de 2011 del 30 de agosto de 2011, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto impuso a ACEMI una sanción pecuniaria por la suma de $ 1.071.200.000.

4. Declarar la nulidad del artículo sexagésimo primero de la Resolución N° 46111 del 30 de agosto de 2011, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto impuso a ACEMI la obligación de publicar en un diario de amplia circulación regional un anuncio informando sobre la decisión de la SIC consagrada en la Resolución 46111 de

2011.

impuso a ACEMI la obligación de publicar en un diario de amplia circulación regional un anuncio informando sobre la decisión de la SIC consagrada en la Resolución 46111 de 2011.

5. Declarar la nulidad del artículo sexagésimo segundo de la Resolución N° 46111 del 30 de agosto de 2011, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto ordenó a mi representada poner término a una infracción que nunca cometió y abstenerse de realizar cualquier práctica tendiente a generar similares efectos anticompetitivos dicha conducta inexistente.

6. Declarar la nulidad del artículo sexagésimo cuarto de la Resolución N° 46111 del 30 de agosto de 2011, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto ordenó dar traslado a la Delegada de la Protección y de la Competencia con el fin de que iniciara averiguaciones correspondientes a determinar la posible infracción al deber de cumplir con las instrucciones que expidió la SIC en el acto administrativo demandado.

7. Declarar la nulidad del artículo tercero de la Resolución N° 65116 del 21 de noviembre de 2011, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto en el mismo se confirma en todas sus partes la Resolución 46111 del 30 de agosto de 2011.

8. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos demandados, ordenar el restablecimiento del derecho de ACEMI en el sentido de exonerarla de cualquier responsabilidad por la supuesta infracción a las normas de competencia consagradas en el Decreto 1663 de 1994.

demandados, ordenar el restablecimiento del derecho de ACEMI en el sentido de exonerarla de cualquier responsabilidad por la supuesta infracción a las normas de competencia consagradas en el Decreto 1663 de 1994.

9. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos demandados, ordenar el restablecimiento del derecho de ACEMI en el sentido de ordenar el restablecimiento de la suma de $1.071.200.000 indexada desde la fecha de pago de4

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la misma, hasta el m omento en que sea efectivamente restituida.

10. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos demandados, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de reparación del daño que se le causó a ACEMI, que divulgue la declaratoria de nulidad de las

disposiciones demandadas, de la siguiente forma:

• Publicar a su costa, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia que declare la nulidad de las disposiciones demandadas, un aviso en un diario de circulación nacional, informando sobre la declaratoria de nulidad de los artículos mencionados, e indicando que en dichos artículos mencionados se había declarado la participación de mi representada en acuerdos contrarios a la libre competencia y se le había impuesto una sanción.

• Publicar, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia que declare la nulidad de las disposiciones demandadas, un aviso destacado en la página

libre competencia y se le había impuesto una sanción.

• Publicar, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia que declare la nulidad de las disposiciones demandadas, un aviso destacado en la página de inicio del portal web de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual deberá permanecer publicado en la misma página de inicio, durante un periodo mínimo de quince días calendario.

• Convocar a los principales medios de comunicación, dentro de los cuales deben incluirse como mínimo, caracol radio y televisión, RCN radio y televisión, CM& la noticia y el Canal Capital, a una rueda de prensa en la cual se informe sobre la declaratoria de nulidad de las disposiciones demandadas.

• El alcance de la anterior petición se fundamenta en que ese fue el manejo mediático que dio la Superintendencia de Industria y Comercio a la noticia sobre la expedición de las resoluciones demandadas.

11. Declarada la nulidad de la parte motiva pertinente y de los artículos indicados de los actos demandados, y restablecido el derecho a mí representada, solicito al Despacho se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de reparación del daño que sufrió ACEMI, que realice el reconocimiento y pago de las siguientes

condenas:

10.1 (sic) Se condene a la entidad demandada al pago de la indemnización de los perjuicios no patrimoniales en su modalidad de DAÑO MORAL ocasionado a la persona jurídica de ACEMI en cuantía de CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 S.M.M.L.V), en virtud5

modalidad de DAÑO MORAL ocasionado a la persona jurídica de ACEMI en cuantía de CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 S.M.M.L.V), en virtud5

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de los perjuicios morales que se le ocasionaron con ocasión de la publicación ordenada en un diario de amplia circulación nacional y de amplio desplieg ue en los distintos medios de comunicación que fue realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

10.2 (sic) Condenar a la Superintendencia de Industria y Comercio a pagar los intereses moratorios a la máxima tasa legal, sobre las sumas de dinero que resulten de la liquidación de la reparación de daños solicitada, a partir de la ejecutoria de la providencia que resuelva el presente trámite […].

12. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos demandados, restablecido el derecho en la forma indicada, y reparado el daño, condenar en costas […]”.

I.2. La Asociación actora fundó la deman da, en síntesis, en los siguientes hechos:

Señaló que la SIC abrió investigación en su contra y en el de unas entidades promotoras de salud mediante la Resolución núm. 10958 de 6 de marzo de 2009, por la presunta violación de los artículos 3°, 4° y 5°, numerales 1, 8 y 10 del Decreto 1663 de 1994.

de 6 de marzo de 2009, por la presunta violación de los artículos 3°, 4° y 5°, numerales 1, 8 y 10 del Decreto 1663 de 1994.

Indicó que e l Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia presentó informe motivado, el 31 de marzo de 2011 , ante el Superintendente de Industria y Comercio, en observancia del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 2, el cual le fue notificado en condición de investigada.

2 Decreto 2153 de 1.992, “Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones”6

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El 30 de agosto de 2011 el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 46111, mediante la cual le impuso sanción extensiva a las EPS investigadas, por considerar que infringieron los artículos 3º3 y 5º del Decreto 1663 de 1994.

Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición , sustentado en los siguiente reproches: i) el acto administrativo e s contrario al debido proceso, porque la SIC no probó la existencia de un acuerdo que tuviera por objeto restringir la competencia, con lo cual se vulneró e l principio de presunción de inocencia; ii) se le transgredió el derecho al debido proceso al sancionar sin hacer una debida valoración del entorno económico; iii) la facultad

cual se vulneró e l principio de presunción de inocencia; ii) se le transgredió el derecho al debido proceso al sancionar sin hacer una debida valoración del entorno económico; iii) la facultad sancionatoria se encontraba caducada ; y iv) la posición de la SIC desconoció el derecho constitucional de asociación.

Mediante la Resolución núm. 65116 de 21 de noviembre de 2011, la SIC confirmó en todas sus partes la Resolución 46111 de 30 de

3 “[…] Artículo 3º. Prohibición general a las prácticas restrictivas de la competencia . De conformidad con lo previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, el Decreto-ley 1298 de 1994 y con lo establecido en el presente decreto, están prohibidos todos los acuerdos, actos o convenios, así como las prácticas y las decisiones concer tadas que, directa o indirectamente tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de los servicios de salud; abusar de una posición de dominio sobre el mismo; o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud. Dichas conductas tendrán objeto ilícito. Serán aplicables a las actividades de las Entidades Promotoras de Salud, los promotores de éstas, las instituciones prestadoras de Servicios de Salud, los profesional es del sector de la salud, las asociaciones científicas o de profesionales o auxiliares de dicho sector y a las de todas las personas naturales o jurídicas que en él participen, las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, contenidas en la Ley 155 de 1959, en el Decreto 2153 de 1992 y las normas

naturales o jurídicas que en él participen, las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, contenidas en la Ley 155 de 1959, en el Decreto 2153 de 1992 y las normas que las reglamenten, así como aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen. Artículo 4º. Prohibición a las asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o auxiliares. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, se prohíbe a las asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o auxiliares del sector salud al desarrollar su actividad, el adoptar decisiones o políticas internas que tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de los servicios de salud; abusar de una posición de dominio sobre el mismo; o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud. Dichas conductas tendrán objeto ilícito […]”7

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agosto de 2011, decisión que fue notificada por edicto desfijado el 2 de diciembre de ese año.

Adujo que una vez en firme la sanción impuesta se vio conminada a pagar una sanción pecuniari a injusta y a publicar en un diario de amplia circulación nacional que participó en acuerdos contrarios a la libre competencia, viéndose de esa forma menoscabado el honor y el buen nombre de la asociación.

Indicó que tramitó ante la Procuraduría General de la Nación , el 29

libre competencia, viéndose de esa forma menoscabado el honor y el buen nombre de la asociación.

Indicó que tramitó ante la Procuraduría General de la Nación , el 29 de febrero de 2012 , la solicitud de conciliación extrajudicial , diligencia que se llevó a cabo el 9 de mayo de 2012, la que se declaró fallida, cumpliendo con ello el requisito de procedibilidad.

I.3. La asoci ación demandante adujo que los actos cuestionados infringieron las normas superiores en que debían fundarse y con tal propósito formuló los siguientes cargos de violación , que se identifican, en síntesis, así:

1.3.1. Violación del artículo 38 del CCA y del artículo 29 de la Constitución Política, al haber operado la caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC.

Para explicarlo, señaló que la Resolución 46111 de 30 de agosto de 2011 se le notificó el 12 de septiembre de 2011 , fecha para la8

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cual habían transcurrido más de tres años desde la ocurrencia de los hechos investigados.

Aclaró que los “elementos probatorios en que se apoyó la SIC para negar la operancia de la caducidad de la facultad sancionatoria, a saber el correo electrónico del 8 de octubre y el envío de la información para el cálculo de la UPC por parte de las EPS a finales del mismo año 4, se observa con claridad que ninguno de ellos, aun cuando son posteriores al 12 de

electrónico del 8 de octubre y el envío de la información para el cálculo de la UPC por parte de las EPS a finales del mismo año 4, se observa con claridad que ninguno de ellos, aun cuando son posteriores al 12 de septiembre de 2008, constituye elemento contrario a la lib re competencia”5.

Afirmó que contrario a este entendimiento, la SIC para rechazar la pérdida de competencia señaló que la conducta de la actora se extendió en el tiempo y se mantuvo por lo menos hasta el 5 de diciembre de 2008.

Sobre el particular, indicó que las circunstancias que se relacionan con dicha fecha de ninguna manera evidencian la existencia de una conducta contraria a la libre competencia , por cuanto: i) si bien existió un correo electrónico de fecha 8 de octubre de 2008 que remitió a las EPS, su propósito era el de convocar a unas jornadas de trabajo de homologación de los códigos CUPS con los MAPIPOS y la revisión de los artículos que presentaría al Gobierno para

4 Se refirió al 5 de diciembre de 2008. 5 Folio 8, escrito de demanda, cuaderno principal.9

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aclaración del POS y, ii) la información de la cual se estructura la conducta sancionada es el envío de “información para el cálculo de la UPC por parte de las EPS” y no como lo califica la SIC producto de un acuerdo anticompetitivo.

Manifestó que la ley lo que prohíbe es el “acuerdo” y en ese sentido

la UPC por parte de las EPS” y no como lo califica la SIC producto de un acuerdo anticompetitivo.

Manifestó que la ley lo que prohíbe es el “acuerdo” y en ese sentido lo que la SIC presuntamente sancion ó fue un acuerdo bajo la modalidad del “objeto” no así su ejecución, es de decir por “efecto”, de lo cual se evidencia que en tales fechas no hubo una reunión para un acuerdo, pues, además, éste nunca existió.

1.3.2. Violación de los artículos 3°, 4° y 5° (numerales 1, 8 y 10) del Decreto 1663 de 1994 y del principio de legalidadartículo 29 de la Constitución Política.

Afirmó que la SIC realizó una “interpretación normativa contraevidente” de los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto 1663 de 1994, cuando manifestó “que no debía probar, ni la intención de las partes al realizar un acuerdo contrario a la libre competencia, ni la potencialidad anticompetitiva de la conducta, y tampoco sus efectos en el mercado”6.

6 Folio 11, escrito de demanda C.1 del expediente.10

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Destacó que, bajo este esquema de análisis, se liberó de la carga probatoria requerida para imponer una sanción administrativa, lo que es contrario al debido proceso.

Indicó que al otorgar este entendimiento se invalida el sentido obvio de las normas y se desconoce que las reuniones celebradas entre

probatoria requerida para imponer una sanción administrativa, lo que es contrario al debido proceso.

Indicó que al otorgar este entendimiento se invalida el sentido obvio de las normas y se desconoce que las reuniones celebradas entre ACEMI, como gremio, y las EPS fueron únicamente con el fin de formular una propuesta regulatoria al Gobierno respecto de los medicamentos cubiertos en el POS , en ningún caso para la fijación de precios, como lo dedujo la SIC.

Señaló que la SIC sancionó a ACEMI por la presunta comisión de las conductas descritas en la modalidad por objeto; y que si bien la ley prohíbe la realización de acuerdos bajo este criterio, es preciso establecer el objeto del acuerdo e identificar los supuestos perjuicios y sus efectos.

Agregó q ue no era posible que la SIC se quedara en suposición, aunque de manera insistente la SIC manifestó que no era necesario probar cuál era la voluntad o el objeto de las actuaciones investigadas, y mucho menos el objetivo de ACEMI, lo que demuestra la violación al debido proceso y del principio de presunción de la buena fe.11

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1.3.3. Violación a los artículos 6 °, 29, 83 y 209 de la Constitución Política; 35 del Decreto 01 de 1984; y 174, 175, 187, 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el particular, la actora indicó que la SIC debió demostrar que

Constitución Política; 35 del Decreto 01 de 1984; y 174, 175, 187, 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el particular, la actora indicó que la SIC debió demostrar que restringió la libre competencia al adoptar políticas internas con el propósito de restringir los servicios de salud, la afe ctación de la transparencia de la información y la fijación de precios, lo que no ocurrió.

Lo anterior, porque la sanción impuesta no acreditó que mediara la existencia de un acuerdo de voluntades para restringir la competencia. No hubo valoración probatoria, lo que evidencia la falta de imparcialidad.

Destacó que existieron pruebas testimoniales que demuestran y desvirtúan las conclusiones de la SIC, en especial los siguientes:

.- Declaración de la señora Mery Bolívar, Directora de Gestión del Ministerio de la Protección Social:

“[…] Dr. Montealegre: En relación con los derechos de petición que se formulan al Ministerio de la Protección Social, de los cuales tiene usted conocimiento por supuesto, mencionó usted en una respuesta anterior que no todas las EPS tienen las mismas inquietudes sobre las coberturas. Quisiera pedirle una ampliación de esa respuesta por favor.

Sra Bolívar: Si, por ejemplo, cuando uno hace procesamientos entonces uno mira que en los recobros al Fosyga hay EPS, por ponerle un ejemplo que recobran audífonos y otras no. O sea,12

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para algunos el audífono está en el POS, de hecho no lo recobran y lo pasan en el estudio de suficiencia y otras sí lo hacen entonces a eso es a lo que me refiero. Entonces es distinto el comportamiento de las EPS frente al tema de los dispositivos. Hay unas que lo hacen, hay otras que no. Hay unas que los pasan en el estudio de suficiencia, esos requisitos como tal y hay otras que los pasan a través de lo que nosotros solicitamos de lo que rechaza el Fosyga. Entonces es evidente que algunas consideran que es el POS porque así nos lo mandan y hay otras que no […]”.

.- Declaración del señor Juan Manuel Díaz Granados, Presidente Ejecutivo de ACEMI, quien en su declaración señaló:

“[…] Despacho: ¿Ha existido en alguna oportunidad alguna posición por parte de ACEMI y sus agremiados respecto de políticas de autorizaciones de servicios de salud?

Dr. Díaz Granados: No, las autorizaciones y la política la define cada entidad y nosotros no t enemos in jerencia alguna ni sugerencia alguna en relación con esos temas porque son autónomas. Cada entidad afiliada es independiente, tiene sus órganos propios de decisión y ACEMI ni asiste ni tiene injerencia alguna en esa materia.

Despacho: Le hago la misma pregunta con respecto al tema de recobros.

Dr. Díaz Granados: Igual, porque cada entidad toma sus propias decisiones sobre que recobra, que no recobra. Hay entidades que deciden recobrar unas cosas, unas recobrar

recobros.

Dr. Díaz Granados: Igual, porque cada entidad toma sus propias decisiones sobre que recobra, que no recobra. Hay entidades que deciden recobrar unas cosas, unas recobrar otras, dependiendo del valor. Cua ndo hay conflictos jurídicos cada entidad decide si demanda o no demanda, eso es problema de cada quien yo no tengo poder de las EPS para decidir nada ni para presentar demanda alguna. En consecuencia, son decisiones ya que son de la esfera individual de cada una de las afiliadas […]”.

.- Testimonio de la señora Sandra Marcela Camacho , Directora Médica de ACEMI, quien manifestó:

“Dr. Montealegre: Hablo usted y está en el expediente y se ha hecho referencia en preguntas anteriores a ese cuadro, un13

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cuadro que incluye una expresión que para términos de esta investigación es muy importante que se llama consenso, específicamente sobre ese punto de consenso yo quiero que usted explique si ese consenso tuvo como efecto, así no fuese el propósito que usted en respuesta anterior dijo que ese no era el propósito sino presentar una propuesta fue lo que usted dijo, y ese consenso tuvo el propósito de hacer común la postura de las EPS en las materias a que se refiere la información que consta en ese cuadro.

Sra. Camacho: El propósito no era hacer común esa materia sino presentar una propuesta al Ministerio.

Dr Montealegre: Y el efecto que tuvo, estoy preguntándole por

información que consta en ese cuadro.

Sra. Camacho: El propósito no era hacer común esa materia sino presentar una propuesta al Ministerio.

Dr Montealegre: Y el efecto que tuvo, estoy preguntándole por el efecto no por el propósito.

Sra Camacho: El efecto se refiere a…

Dr Montealegre: La consecuencia que tuvo el haber formulado esa propuesta de consenso, en el interior de cada EPS, es mi pregunta.

Sra Camacho: Al interior de cada EPS, no lo conozco, pero lo que sí es que en el Ministerio si lo proceso y digamos de hecho algunas de las cosas que tenían en esa propuesta, pues las he venido incorporando ya sea metodológicamente o incluso digamos como en términos generales de utilizar la metodología

[…]”.

Destacó, de lo registrado en estas declaraciones , que no existió acuerdo sobre las coberturas del POS . Además, insistió en que el propósito de las reuniones entre los miembros del gremio, en los que se trataron temas atinentes a los contenidos del POS, radicó en el desarrollo de una propuesta regulatoria para subsanar los defectos en esa materia y en ningún caso, como lo afirmó la SIC , actuó con el ánimo de afectar la transparencia de la información y acordar la fijación de los precios de la UPC.14

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Indicó que tampoco se valoró la declaración del señor Humberto Navarro, actuario de Nueva EPS, entidad no afiliada a ACEMI, que en relación con el tema objeto de estudio, manifestó:

Indicó que tampoco se valoró la declaración del señor Humberto Navarro, actuario de Nueva EPS, entidad no afiliada a ACEMI, que en relación con el tema objeto de estudio, manifestó:

“[…] Despacho: Quisiera aprovechar su experiencia, como matemático y como una persona que ha trabajado en el tema de actuario, ya a nivel de ilustración en términos generales, de los estudios actuariales para los estudios actuariales de la salud en Colombia, usted podría precisar qu é problemas ha precisado en el trabajo actuarial para el cálculo de la UPC en general del sistema.

Sr. Navarro: no solamente en seguridad social, sino en todos los ámbitos que ustedes pueden ver, en Colombia el tema de la información es muy descuidado en todos los sectores, […] entonces es prácticamente una falta de cultura de información en todas las entidades. […] eso se refleja en la seguridad social, el tema del sistema de información para la gestión es un tema que se tiene que trabajar fuertemente. Entonces, todo eso influye en que no existen los registros suficientes y pues toca hacer de pronto modelos de análisis, para suplir de pronto lo que no se alcanza a cubrir uno sea que una entidad no puede tener una frecuencia de uso de medicina general de 0.3, porque uno sabe que está entre 1.6 y 2.1 y si le presentan a uno un 0.3 pues hay un subregistro de información. O cualquier cosa de esas […]

Obviamente cualquier subregistro de la información afecta los estudios y los resultados finales y de hecho cuando uno mira los informes del cálculo de UPS anteriores, 2007 2006, muchos de ellos se dice que no se sabe si esta d esviada o no pues la

Obviamente cualquier subregistro de la información afecta los estudios y los resultados finales y de hecho cuando uno mira los informes del cálculo de UPS anteriores, 2007 2006, muchos de ellos se dice que no se sabe si esta d esviada o no pues la información no da para sacar una conclusión al respecto. Obviamente que cuando no se presenta información, aparentemente la UPC es suficiente porque si, aguanta […] El subregistro hace que la prima sea más bajita, o la UPC en estos casis sea más bajita, eso afecta obviamente a las EPS. Uno de los problemas también es de pronto el tema de la Capita en servicios, pues no se registra la información individualizada, no se registra de pronto la […] individualizada de servicios. Porque se cal cula sobre un porcentaje. Entonces mientras no haya algo que obligue a que las IPS registren la información y la mandan a las EPS pues simplemente ellas lo darán de alguna manera, pues adicional a lo que tienen que hacer y no algo como o obligatorio.

Es importante que de alguna manera sea obligatorio […] de lo contrario seguirá habiendo subregistro de información. […]15

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Dr Montealegre: ¿De acuerdo con la experiencia profesional en las entidades donde usted ha laborado y su conocimiento del sistema, cuáles son los problemas que puede tener el esquema de la elaboración de la UPC frente a la suficiencia?

Sr. Navarro: El primer problema es el que acabo de decir, que es la unificación de los criterios, de captura de la información y de definición de unidade s de medida. […] y es el principio

de la elaboración de la UPC frente a la suficiencia?

Sr. Navarro: El primer problema es el que acabo de decir, que es la unificación de los criterios, de captura de la información y de definición de unidade s de medida. […] y es el principio fundamental de los seguros, y por eso existen los ramos, y dentro d