CE - 250002326000200300840012SENTENCIA20230815163110

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00840-01 (37630)

Actor: INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA

URBANA -INURBEEN LIQUIDACIÓN

Demandado: SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLIMPICA SA Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DERECHOS DE CONTENIDO CREDITICIO-El titular puede renunciarlos si solo afectan el interés individual y no lo prohíbe la ley. JUSTO PRECIO-Concepto. CADUCIDAD EN LESIÓN ENORME-Régimen aplicable.

LESIÓN ENORME-Concepto. LESIÓN ENORME-Eventos en los que procede. JUSTO PRECIO-Concepto. LESIÓN ENORME-Límite objetivo que puede ser modificado por el legislador. LESIÓN ENORME-Requisitos para su procedencia en la compraventa de bienes. CADUCIDAD DE PRETENSIONES POR LESIÓN ENORME­ El conteo del término para interponer la demanda inicia desde el día siguiente la suscripción del respectivo contrato. COSTAS EN CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 28 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 28 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO El 20 de septiembre de 2000, Supertiendas y Droguerías Olímpica SA, como compradora, y el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -lnurbeen liquidación, como vendedora, celebraron un contrato de compraventa de inmueble ubicado en Bogotá. La demanda alega lesión enorme, pues se estipuló un precio inferior a la mitad del justo precio. ANTECEDENTES El 11 de abril de 2003, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -lnurbeen liquidación (en adelante «lnurbe en liquidación»), a través de apoderado judicial, formuló demanda de controversias contractuales contra Supertiendas y Droguerías Olímpica SA. Solicitó la rescisión del contrato por lesióne Expediente nº. 37.630

Demandante: lnurbe en liquidación Declara caducidad enorme y que se completara el justo precio del bien. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que celebró un contrato de compraventa sobre un lote de terreno sin desarrollar en Bogotá y que se pactó un precio inferior a la mitad del justo precio.

El 29 de mayo de 2003 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, lnurbe en liquidación, al oponerse a las pretensiones, señaló que no se configuró la lesión enorme y formuló la excepción caducidad, pues la demanda se presentó después de dos años de celebrado el

escrito de contestación de la demanda, lnurbe en liquidación, al oponerse a las pretensiones, señaló que no se configuró la lesión enorme y formuló la excepción caducidad, pues la demanda se presentó después de dos años de celebrado el contrato de compraventa. El 21 de junio de 2007 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio. El 28 de mayo de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia negó las pretensiones, porque el demandante no acreditó el justo precio del inmueble al momento de la venta. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 2 de julio de 2009 y admitido el 5 de mayo de 201 O. Esgrimió que se probó la lesión enorme. El 27 de mayo de 201 O se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó que no se probó el justo precio del bien.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunalese Expediente nº. 37.630

de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunalese Expediente nº. 37.630

Demandante: lnurbe en liquidación Declara caducidad Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLM V exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $166.000.000 1.

Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo cuando se alega la lesión enorme de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).

Demanda en tiempo

3. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de controversias contractuales se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la ley.

111. Análisis de la Sala

4. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término para formular las pretensiones de naturaleza contractual, en la acción controversias contractuales, por regla general es de dos años a partir del día siguiente de

lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término para formular las pretensiones de naturaleza contractual, en la acción controversias contractuales, por regla general es de dos años a partir del día siguiente de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento, de conformidad con el artículo 136.1 O CCA. El término de caducidad establecido en el artículo 136.1 O CCA es una norma de orden público -y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC hoy retomado por el art. 13 CGP)- de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 1999, $332.000, por 500.e 4 Expediente nº. 37.630

Demandante: lnurbe en liquidación Declara caducidad porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general.

Además, salvo algunas excepciones legales, los derechos crediticios asociados a las acciones indemnizatorias son renunciables, transigibles y, en general, de libre disposición de su titular (art. 15 CC). La caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar exequible el artículo 136 CCA, cuando estimó que la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley, ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos [ratio decidend1]2.

derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos [ratio decidend1]2. Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia [ratio decidend1]3.

5. Frente a las pretensiones relativas a la configuración de la lesión enorme aducidas en la demanda, la Sala ha sostenido que, aunque el artículo 1954 CC establece que la acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años contados desde la fecha del contrato, el término aplicable en los contratos públicos es el prescrito en el artículo 136.1 O CCA, por ser norma especial4. El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. 2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5]. 3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4]. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2000, Rad. N12850 [fundamento

3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4]. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2000, Rad. N12850 [fundamento jurídico B2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 601, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJHe Expedientenº. 37.630

Demandante: lnurbe en liquidación Declara caducidad La Sala ha sostenido que, aunque el artículo 1954 CC establece que la acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años contados desde la fecha del contrato, el término aplicable en los contratos públicos es el prescrito en el artículo 136.1 O CCA, por ser norma especial5.

Según el artículo 1495 CC, el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El contrato, entendido como un acuerdo de voluntades destinado a crear una o más obligaciones o para constituir regular o extinguir entre las partes una relación jurídica patrimonial, conforme al artículo 864 C.Co, puede ser real, consensual o solemne (art. 1500 CC). Por regla general, los contratos son consensuales y solo excepcionalmente reales o solemnes (art. 824 C. Ca). Los contratos son consensuales cuando se perfeccionan por el solo consentimiento, son reales cuando para que sean perfectos es necesario la entrega de la cosa a que se refiere, como ocurre en los contratos de mutuo y depósito (art. 2222 y 2237 CC) y son solemnes cuando están sujetos a la observancia de ciertas

consentimiento, son reales cuando para que sean perfectos es necesario la entrega de la cosa a que se refiere, como ocurre en los contratos de mutuo y depósito (art. 2222 y 2237 CC) y son solemnes cuando están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales, de modo que sin ellas no producen ningún efecto civil. Las formalidades especiales a las que están sujetas la formación del contrato solemne pueden ser: (i) impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto; (ii) impuestas por las mismas partes y (iii) exigidas en atención a la calidad o el estado de las partes que celebraron el contrato. Las solemnidades impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto son comunes en los contratos en los que hay una modificación en el titular o se imponen limitaciones al derecho de propiedad (arts. 1857, 1966 y 2434 CC). El artículo 1857 CC establece que la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y el precio. El objeto de las prestaciones principales de las dos partes en este contrato es, pues, la cosa y el precio. El artículo 1857 CC prescribe, a su vez, que la venta de bienes raíces no se reputa perfecta ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública. Conforme a esta disposición, el 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2000, Rad. N12850 [fundamento jurídico 82], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 651, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH.e 6 Expedienten º. 37.630

Demandante: lnurbe en liquidaci ón

A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 651, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH.e 6 Expedienten º. 37.630

Demandante: lnurbe en liquidaci ón Declara caducidad contrato de compraventa de inmuebles es solemne, pues se perfecciona con el otorgamiento de la escritura pública correspondiente, momento en el cual hay acuerdo sobre la cosa y el precio.

Frente al contrato de compraventa de bienes inmuebles, el artículo 1947 CC dispone que el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. El comprador sufre a su vez lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. La lesión enorme respecto a este tipo de contrato opera, pues, cuando el precio no se ajusta al límite que el legislador definió como «justo precio», entendido como aquél común o corriente al lugar donde está el bien y en el tiempo de la celebración del contrato6. Se trata de un límite objetivo aritmético fijado por la ley, esto es, menos de la mitad del «justo precio» para el vendedor o más del doble del «justo precio» para el comprador7. Límite que, se insiste, corresponde definir a la ley y que bien podría cambiar por la libertad de configuración legislativa, sin que ello contravenga normas constitucionales. Como la lesión enorme se configura en el momento en que las partes acuerdan cosa y precio y elevan el contrato a escritura pública, es en este momento en el que se fija el precio que sirve de fundamento para la reclamación y, por ello, el término para intentar la demanda comienza desde el día siguiente a la firma del contrato

cosa y precio y elevan el contrato a escritura pública, es en este momento en el que se fija el precio que sirve de fundamento para la reclamación y, por ello, el término para intentar la demanda comienza desde el día siguiente a la firma del contrato respectivo (artículo 136.1 O CCA)8.

6. Según la demanda, se configuró lesión enorme sobre un contrato de compraventa de un bien inmueble celebrado entre Supertiendas y Droguerías Olímpica SA e lnurbe en liquidación. En el proceso se acreditó lo siguiente: 6.1. El 29 de septiembre de 2000, lnurbe en liquidación suscribió contrato mediante 6 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de marzo de 1965 [fundamento jurídico A]. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de junio de 1999, Rad. 14943 [fundamento jurídico 4], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 400 y 401, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2003, Rad: 22482 [fundamento jurídico 11], Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2015, Rad: 33297 [fundamento jurídico 111], Subsección C, sentencia del 8 de mayo de 2017, Rad: 43093 [fundamento jurídico 3.4] y sentencia del 6 de julio de 2020,

Rad: 48680 [fundamento jurídico 9.1.3].Expediente nº. 37.630

Demandante: lnurbe en liquidación Declara caducidad el cual se obligó a transferir a Supertiendas y Droguerías Olímpica SA, a título de venta, un lote de terreno ubicado en Bogotá de 21.297,72 metros cuadrados, por valor de $2.300.000.000, según da cuenta copia auténtica de la escritura pública n.º 2619 de la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá (f. 3-9 c. 2). 6.2. Las partes consignaron en la escritura pública n. º 2619 que «la UAEICT al hacer una revisión de linderos detectó un error» y aclararon los linderos del lote transferido. También dejaron constancia de una solicitud a la Oficina de Instrumentos Públicos para que asignara un número de matrícula inmobiliaria a los lotes desenglobados mediante ese instrumento, según da cuenta copia auténtica de la escritura pública de n. º 2619 de la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá (f. 3-9 c. 2). 6.3. El 9 de enero de 2001, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá profirió la nota devolutiva rad n.° 2000-969777. Según el documento, el cambio de área y linderos que conllevara un aumento respecto de los registrados debía hacerse con base en una certificación o resolución de Catastro y Agustín Codazzi elevada a escritura pública. De acuerdo con la nota devolutiva, los linderos solo podían ser corregidos con base al certificado catastral protocolizado, según da

debía hacerse con base en una certificación o resolución de Catastro y Agustín Codazzi elevada a escritura pública. De acuerdo con la nota devolutiva, los linderos solo podían ser corregidos con base al certificado catastral protocolizado, según da cuenta nota devolutiva rad n.º 2000-969777 (f. 18 c. 4). 6.4. El 27 de marzo de 2001, Supertiendas y Droguerías Olímpica SA e lnurbe en liquidación suscribieron aclaración a la escritura pública n. º 2619, según da cuenta copia auténtica de la escritura pública n. º 792 (f. 13-15 c. 2). En el documento, las partes consignaron -ante la nota devolutiva de la Oficina de Instrumentos Públicos rad n.º 2000-96977que «equivocadamente en la escritura se dijo que la UAEICT, al hacer una revisión de linderos detectó un error, por lo cual mediante este instrumento procedió a aclarar los linderos del lote transferido por el lnurbe». También consignaron que el área y los linderos del inmueble eran los contenidos en la Resolución n. º 570 de 1996 registrada en el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1453286, que se divide materialmente en tres lotes, según da cuenta copia auténtica de la escritura pública n.º 792 (f. 13-15 c. 2). 6.5. El 17 de abril de 2001, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos dee Expediente nº. 37.630

Demandante: lnurbe en liquidación Declara caducidad Bogotá inscribió la escritura pública n.º 2619, mediante la cual lnurbe en liquidación

Demandante: lnurbe en liquidación Declara caducidad Bogotá inscribió la escritura pública n.º 2619, mediante la cual lnurbe en liquidación transfirió el dominio del inmueble objeto de la compraventa a Supertiendas y Droguerías Olímpica SA, y la escritura pública n.º 792, que aclaró ese instrumento, según da cuenta copia simple del certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula n.° 50C-1521758 (f. 134 c. 1).

Según las pruebas allegadas, las partes elevaron a escritura pública, el 29 de septiembre de 2000, la compraventa sobre la cual recae la reclamación por lesión enorme, en el que pactaron la cosa y el precio del contrato (art. 1849 CC). El 27 de marzo de 2001, Supertiendas y Droguerías Olímpica SA e lnurbe en liquidación aclararon la escritura pública de compraventa para señalar que los linderos del bien correspondían al consignado en el folio de matrícula inmobiliaria asignada al inmueble, dado que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá les indicó que no podían modificar el área y linderos sin el cumplimiento de los requisitos legales para ello. La aclaración, pues, no versó sobre el precio de la compraventa. Como el contrato de compraventa del inmueble -elevado a escritura pública n.° 2619se celebró el 29 de septiembre de 2000, el término de dos años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 30 de septiembre de 2000 y venció el 30 de septiembre de 2002, sin que en el expediente obre prueba que indique que ese

la demanda comenzó a correr a partir del 30 de septiembre de 2000 y venció el 30 de septiembre de 2002, sin que en el expediente obre prueba que indique que ese término fue suspendido. Como la demanda se presentó el 11 de abril de 2003, según da cuenta sello de recibido de la demanda (f. 17 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad. Aún, si en gracia de discusión, se tomara el 27 de marzo de 2001 -fecha en la que se aclaró la escritura pública de compraventapara determinar el inicio del término para intentar la demanda, el plazo para formular el medio de control también estaría caducado. Por ello, la Sala revocará la sentencia apelada.

7. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,e Expediente nº. 37.630

Demandante: lnurbe en liquidación Declara caducidad administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: REVÓCASE la sentencia del 28 de mayo de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de caducidad del término para formular la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

formular la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNC

JFB/PT