CE - 250002326000200502740011SENTENCIA20230607143858

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-26-000-2005-02740-01 (53267) Actor: Mario Gerardo Durán y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

Temas: ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – La responsabilidad que se imputa a las entidades se funda en diversas causas fácticas que deben ser resueltas de forma independiente – REPARACIÓN DIRECTA – FALLA EN EL SERVICIO – incumplimiento de los deberes legales de administración, cuidado y conservación de bienes incautados.

Corresponde a la Sala resolver los recursos de apelación interpuestos por la Dirección Nacional de Estupefacientes y la parte actora, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.

Se pretende la reparació n de los perjuicios ocasionados por la permisión de introducción de material estupefaciente en una avioneta privada, la falta de vigilancia respecto de esa aeronave, el indebido decomiso de ese aerodino de transporte de carga, su errada destinación provisi onal a una entidad estatal, el inadecuado uso y custodia que se le dio, el retardo en su devolución, además de la privación injusta de la libertad de quien fungía como su capitán.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

inadecuado uso y custodia que se le dio, el retardo en su devolución, además de la privación injusta de la libertad de quien fungía como su capitán.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 14 de agosto de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que resolvió la demanda que presentó 1 Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V., Ilda de Yanira Navarro García, Jenny de Yanira Durán Navarro, Minerva Samantha Durán y Mario Gerardo Durán, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

(Aerocivil), con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables y se les obligue a indemnizar los perjuicios morales y materiales indicados en la demanda.

2. Como fundamento fáctico se expuso que, en desarrollo del giro habitual de sus negocios, Alcón Servicios Aéreos Sociedad Anónima de Capital Variable (empresa de transporte aéreo constituida en los Estados Unidos de México, con sede en Saltillo, México) fue contratada por PDG Services Air para transportar equipos de panadería desde Toluca (Mex) hacia Pereira (Col).

1 5 de diciembre de 2005, según folio 133 c. 1.Radicación: 25000-23-26-000-2005-02740-01 (53267)

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

2

3. En el marco del contrato, la aeronave de matrícula mexicana XA -TND Nihon 22234-1 de propiedad de la sociedad, arribó a Pereira, donde fue estacio nada frente a la garita de la Policía Nacional del Aeropuerto Matecaña de Pereira y quedó bajo vigilancia policial constante durante el 20, 21 y 22 de abril de 2000 a petición de la propietaria, mientras regresaba a su punto de origen en México.

4. El 22 de abril del citado año, previo a emprender su regreso, miembros de la Policía Nacional inspeccionaron la aeronave y aprobaron su partida; no obstante, al momento de abordar, la tripulación hizo la verificación de rigor y halló unas cajas extrañas, por lo cual dieron aviso inmediato a los efectivos policiales del aeropuerto y al capitán Mario Gerardo Durán Girón, quienes de forma conjunta las revisaron y hallaron cocaína y heroína en su interior. Por tal situación, la Policía retuvo toda la tripulación incluyendo al capitán y la puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación; asimismo decomisó el avión y lo dejó a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, al tiempo que incautó el material ilegal.

5. Mediante Resolución 1259 del 18 de septiembre de 2000, la DNE ordenó la entrega para disposición, cuidado, uso y custodia de la aeronave al Ejército

de Estupefacientes, al tiempo que incautó el material ilegal.

5. Mediante Resolución 1259 del 18 de septiembre de 2000, la DNE ordenó la entrega para disposición, cuidado, uso y custodia de la aeronave al Ejército Nacional, pese a las reiteradas solicitudes que se presentaron para que lo entregaran en depósito provisional a la empresa propietaria. Además, aunque s e solicitó a la DNE que constituyera las garantías de ley que ampararan la aeronave de eventuales daños, la autoridad hizo caso omiso y, en este sentido, permitió que se causaran afectaciones al aerodino por impericia de los militares, ya que, aun cuando e l 26 de octubre de 2000 solicitaron a la sociedad instrucción sobre su manejo, nunca contrataron ese servicio y procedieron a operarla sin los conocimientos técnicos suficientes.

6. En el trámite penal de rigor, la Fiscalía General de la Nación vinculó a lo s agentes de policía que estuvieron en labores de vigilancia durante la permanencia de la aeronave en el aeropuerto Matecaña y, el 11 de mayo de 2000, resolvió la situación jurídica de los indagados con la disposición de medida de aseguramiento de detenció n preventiva sin beneficio de excarcelación contra los policiales y el capitán de la aeronave señor Durán Girón, con exclusión de la tripulación que había dado aviso a las autoridades de la presencia de los alcaloides.

7. Posteriormente, la Fiscalía declaró la preclusión de la investigación a favor de la tripulación y algunos agentes de policía; no obstante, acusó al señor Durán Girón

dado aviso a las autoridades de la presencia de los alcaloides.

7. Posteriormente, la Fiscalía declaró la preclusión de la investigación a favor de la tripulación y algunos agentes de policía; no obstante, acusó al señor Durán Girón y otras dos personas por el delito de tráfico de estupefacientes, decisión que fue apelada, pero confirmada en segunda instanc ia, con la salvedad que hiciera el órgano acusador, según el cual, dada la cantidad de alcaloide hallado en la aeronave, debió haberse contado con la aquiescencia policial pues aún con el deber de prestar vigilancia 24 horas a las aeronaves, no impidieron el ingreso de la carga ilegal.Radicación: 25000-23-26-000-2005-02740-01 (53267)

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

3

8. Mediante sentencia del 23 de julio de 2002, el Juzgado Único Especializado de Pereira declaró inocente a la tripulación objeto de investigación y a su capitán, y ordenó la entrega de la aeronave aduciendo que los procesados no participaron en el embarque de los estupefacientes en la aeronave y, en su lugar, fueron agentes policiales los que intervinieron en esos hechos.

9. Pese a la orden judicial de entrega y a las reiteradas peticiones elevadas ante la DNE, la Fiscalía Genera l de la Nación y el Ejército Nacional, sólo se ordenó la

policiales los que intervinieron en esos hechos.

9. Pese a la orden judicial de entrega y a las reiteradas peticiones elevadas ante la DNE, la Fiscalía Genera l de la Nación y el Ejército Nacional, sólo se ordenó la entrega de la aeronave al señor Mario Durán como representante legal de Alcón Servicios Aéreos S.A., mediante resolución 669 del 15 de julio de 2003, orden que vino a materializarse hasta el 9 de diciembre siguiente.

10. La demandante, con base en el recuento fáctico, acumuló las varias pretensiones indemnizatorias y las fundó en las siguientes imputaciones: i) la Aerocivil no mantuvo vigilancia efectiva en las instalaciones del aeropuerto Matecaña de Pereira; ii) la Policía Nacional se prestó para que terceros introdujeran material estupefaciente; iii) la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención injustificada del señor Durán Girón, decomisó la aeronave siendo ello improcedente y, además, no resolvió el incidente d e restitución de bien que fue propuesto; iv) la Dirección Nacional de Estupefacientes entregó el avión al Ejército Nacional, pese a que la sociedad demandante era la primera llamada a ser la depositaria; v) el Ejército Nacional operó de forma equivocada y sin conocimientos técnicos el avión y no constituyó garantías, dando a lugar afectaciones del bien; y, vi) tanto el Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Estupefacientes incurrieron en mora en el cumplimiento de la orden de entrega de la aeronave2.

La defensa

11. El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones y en su defensa arguyó que

Nacional y la Dirección Nacional de Estupefacientes incurrieron en mora en el cumplimiento de la orden de entrega de la aeronave2.

La defensa

11. El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones y en su defensa arguyó que no había lugar a adelantar un estudio de responsabilidad por la supuesta operación indebida de la aeronave y la falta de constitución de garantías que se le enrostraba, en tanto l a acción estaba caducada, ello en atención a que la orden judicial de restitución de la aeronave databa del “30 de octubre de 2002”, pero la demanda se presentó el “ 30 de noviembre de 2005 ”, cuando ya había vencido el plazo de dos años dispuestos por ley3.

12. El Ministerio del Interior y de Justicia también contrarió lo pretendido; como sustento alegó que no participó materialmente en los hechos de la controversia y tampoco fungía como representante de los órganos que sí lo hicieron, ni siquiera de la Dirección Nacional de Estupefacientes que aún hallándose a él adscrita, tenía

2 Folio 28 c. 1. 3 Folios 285 a 307 c. 1.Radicación: 25000-23-26-000-2005-02740-01 (53267)

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

4

autonomía administrativa, patrimonio propio y capacidad procesal para comparecer por sí misma ante los juicios adelantados en su contra; por tanto expresó su falta de legitimación en la causa4.

4

autonomía administrativa, patrimonio propio y capacidad procesal para comparecer por sí misma ante los juicios adelantados en su contra; por tanto expresó su falta de legitimación en la causa4.

13. La Aerocivil se opuso a las pretensiones, para lo cual indicó que legalmente no le asiste la obligación de prestar seguridad o vigilancia en los aeropuertos, cuestión que es del resorte exclusivo del explotador del centro de despacho aeronáutico, esto es, el municipio de Pereira y de la Policía Nacional, por lo que no estaba legitimada en la causa y que el daño estaba relacionado con el hecho de un tercero y con la culpa de la misma víctima que no adoptó medidas de seguridad suficientes respecto de la aeronave. Además, coincidió con el Ejército Nacional en cuanto a que no podía adelantarse juicio alguno, en tanto la acción estaba caducada, teniendo en cuenta que la sentencia absolutoria a favor del capitán Durán Girón databa del 23 de julio de 2003 y quedó ejecutoriada el 14 de mayo de ese año, pero la demanda se presentó el 5 de diciembre de 2005, vencido el término legal 5. En virtud del llamamiento en garantía solicitado por la Aerocivil, se vincularon al proceso

Colseguros S.A. y La Previsora S.A.6.

14. La DNE también contradijo el petitum y en su defensa explicó que su órbita competencial gira en torno a la administración de bienes determinada por órdenes judiciales en las que no interviene, de ahí que los procesos y procedimientos penales, de captura y decomisos como los relatados en la demanda no son objeto

competencial gira en torno a la administración de bienes determinada por órdenes judiciales en las que no interviene, de ahí que los procesos y procedimientos penales, de captura y decomisos como los relatados en la demanda no son objeto de su intervención. En cuanto a la adjudicación provisional de la aeronave, dijo que, de acuerdo con la ley, no hay derecho de preferencia que forzara a nombrarla como depositaria provisional, conforme con la Ley 333 de 1996 y el Decreto 1461 de 2000, por lo que la disposición a favor del Ejército Nacional no supuso un actuar irregular, decisión que, como todas las demás adoptadas por la DNE, se adoptaron a través de actos administrativos, cuya legalidad no fue cuestionada y que tampoco vale cuestionar en reparación directa; en consecuencia propuso la indebida escogencia de la acción y la caducidad. Finalmente, frente a los daños de la aeronave, precisó que las obligaciones de cuidado y conservac ión son exclusivas del depositario tal como se indicó en la Resolución 1259 de 2000, por lo que las afectaciones que pudo sufrir no le son imputables7.

15. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones y argumentó que el decomiso de la aeronav e, la aprehensión de la tripulación y la retención de algunos de sus integrantes se ejecutaron en ejercicio de la función judicial a cargo del Estado de investigar las conductas potencialmente punibles, y se hallaron justificadas, en atención al hallazgo i ndubitado de 189 kg de cocaína y 1.2 kg de

4 Folios 326 a 333 c. 1. 5 Folios 339 a 349 c. 1. 6 Folios 104 y 105 c. 3.

4 Folios 326 a 333 c. 1. 5 Folios 339 a 349 c. 1. 6 Folios 104 y 105 c. 3. 7 Folios 356 a 373 c. 1.Radicación: 25000-23-26-000-2005-02740-01 (53267)

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

5

heroína por parte de una autoridad estatal en un medio de transporte aéreo en cuyo proceso de carga, negociación y vuelo sólo participaba la tripulación técnica, sin presencia de terceros o personal ajeno, y cuyo capitán, de acuerdo con los testimonios recaudados, había sido visto en pretéritos días alrededor de la aeronave sin causa aparente y, si bien luego fue absuelto de cargos, tal decisión obedeció a la existencia de duda frente a su responsabilidad, pero no por haberse comprobado su inocencia (in dubio pro reo), tal como lo resaltó el Juez Único Penal Especializado del Circuito de Pereira. Así, afirmó que las decisiones penales adoptadas estuvieron fundadas y no cabía predicar error alguno que justificara la indemnización que procuran los demandantes8.

16. La Previsora de Seguros y Colseguros S.A., reiteraron que la acción estaba caducada. Dijeron que no había responsabilidad de la Aerocivil, en atención a que no era esa autoridad sino el municipio de Pereira el que estaba operando el aeropuerto Matecaña cuando en abril de 2000, ocurrieron los hechos, al lado de lo

caducada. Dijeron que no había responsabilidad de la Aerocivil, en atención a que no era esa autoridad sino el municipio de Pereira el que estaba operando el aeropuerto Matecaña cuando en abril de 2000, ocurrieron los hechos, al lado de lo cual pidieron que se tuviera en cuenta que dicha autoridad tampoco intervino en el proceso penal ni en las decisiones que allí se tomaron de cara a lo s procesados y la aeronave9.

17. La Policía Nacional presentó su contestación de forma extemporánea10.

18. Concluida la fase probatoria 11, al alegar de conclusiones, la Policía Nacional manifestó que no le asistía responsabilidad en atención a que la denuncia de los hechos ocurridos en el aeropuerto Matecaña de Pereira, la aprehensión de la tripulación y la retención de la aeronave, hacen p arte del deber que ostenta constitucionalmente y que exige prevenir conductas punibles y colaborar con la justicia para su juzgamiento12.

19. La parte demandante reiteró las imputaciones expuestas en la demanda, las que señaló de estar acreditadas con los medios de prueba recaudados y conforme

8 Folios 374 a 386 c. 1. 9 Folios 127 a 168 c. 3. 10 Folio 416 c. 1. 11 El a quo tuvo como prueba los documentos allegados por las partes concernientes a la escritura pública de constitución empresarial de la demandante, registro civiles de nacimiento y pasaportes de los demandantes, constancias de registro empresarial en Publication of Brand Names of the International Economy, constancia de inclusión en el Registro Nacional de Turismo de México, copia del proceso penal 2001-0091, adelantado ante

constancias de registro empresarial en Publication of Brand Names of the International Economy, constancia de inclusión en el Registro Nacional de Turismo de México, copia del proceso penal 2001-0091, adelantado ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, copia de las póliza s de responsabilidad civil expedidas por la Previsora S.A. en coaseguro con Colseguros S.A., el acta de entrega de la aeronave, constancia de ejecutoria de la sentencia condenatoria del 23 de julio de 2002, copia de la investigación penal 273 adelantada por la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, copia del proceso contencioso administrativo de Aida López contra la Aerocivil, informes rendidos por esta autoridad la alcaldía de Pereira, certificación de la tasa de cambio de peso colombiano a dólar estadounidense, dictamen pericial y complementación sobre determinación contable de pérdidas y ganancias, certificado de matrícula del 21 de enero de 1991 (ver auto de pruebas, folios 431 y 432 c. 1). 12 Folios 719 a 725 c. 2.Radicación: 25000-23-26-000-2005-02740-01 (53267)

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

6

con las cuales se hallaba justificada la responsabilidad de las autoridades demandadas13.

20. La DNE insi stió en la falta de participación e intervención en los hechos ocurridos en el aeropuerto Matecaña, por lo que insistió en la falta de legitimación.

demandadas13.

20. La DNE insi stió en la falta de participación e intervención en los hechos ocurridos en el aeropuerto Matecaña, por lo que insistió en la falta de legitimación.

Explicó que intervino únicamente en la administración de la aeronave en cuyo desarrollo no hubo ninguna irregularidad, ni siquiera en la devolución del aerodino, pues recibido el oficio que comunicaba la orden judicial impartida en tal sentido el 27 de mayo de 2003, el 15 de julio siguiente se expidió la Resolución 669 que la acataba y la entrega, que pendía de l Ejército Nacional, la que se efectuó cinco meses después, el 9 de diciembre de ese año14.

21. La Previsora de Seguros y Colseguros S.A. reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda15.

22. Aerocivil también insistió en la acción estaba caducada y, además, en la falta de responsabilidad16.

23. El Ministerio Público afirmó que se hallaba caducada la acción, salvo en lo relacionado con los daños ocasionados por la incautación de la aeronave y los supuestos daños; de un lado, dijo que medida fue justa y apegada al ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la incautación de material de estupefacientes y, de otro, que no había prueba de daños del aerodino, por lo que no había lugar a ningún reconocimiento indemnizatorio17.

24. Las demás partes guardaron silencio.

La decisión recurrida

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró el “ejercicio indebido de la acción” frente a las pretensiones contra la Dirección Nacional de Estupefacientes;

24. Las demás partes guardaron silencio.

La decisión recurrida

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró el “ejercicio indebido de la acción” frente a las pretensiones contra la Dirección Nacional de Estupefacientes; la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Aeronáutica Civil; la inepta demanda respecto a las pretensiones dirigidas contra la Fiscalía General de la Nación; la caducidad de la acción en relación con la privación de la libertad y l a incautación de la aeronave; no obstante emitió la

siguiente condena (se transcribe literal):

“QUINTO: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y DIRECCIÓN NACIONAL DE

13 Folios 733 a 768 c. 2. 14 Folios 769 a 781 c. 2. 15 Folios 782 a 818 c. 2. 16 Folios 819 a 821 c. 2. 17 Folios 823 a 843 c. 2.Radicación: 25000-23-26-000-2005-02740-01 (53267)

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

7

ESTUPEFACIENTES HOY EN LIQUIDACIÓN de los perjuicios materiales causados a la Sociedad ALCON SERVICIOS S.A. por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEXTO: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y DIRECCIÓN

causados a la Sociedad ALCON SERVICIOS S.A. por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEXTO: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES HOY EN LIQUIDACIÓN a pagar a la Sociedad ALCON SERVICIOS S.A. a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante y de daño emergente, las sumas que resulten liquidadas como consecuencia del respectivo incidente, con fundamento en las bases expuestas en la parte considerativa de este proveído”.

26. El Tribunal precisó que eran varias las causas que se contenían en la demanda.

Frente a la imputación contra la DNE, fundada en la indebida entrega de la aeronave a favor del Ejército Nacional, determinó que ese supuesto proceder indebido se fundó en el acto administrativo contenido en la Resolución 125 9 de 2000, por lo que su debate debió darse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no a través de la reparación directa, condición que forzaba la declaratoria del “ejercicio indebido de la acción”.

27. En relación con el Ministerio del Interior y de Justicia, explicó que no adoptó decisiones ni participó en los hechos fundantes de la controversia, por lo que no halló razón que justificara su presencia en juicio; si bien era el órgano al cual estaba adscrita la DNE, gozaba de autonom ía administrativa y presupuestal y, por ende, podía comparecer a juicio directamente sin el acompañamiento del ministerio.

28. De cara a la Aerocivil, sostuvo que por virtud del Decreto 260 de 2004, era la

podía comparecer a juicio directamente sin el acompañamiento del ministerio.

28. De cara a la Aerocivil, sostuvo que por virtud del Decreto 260 de 2004, era la autoridad a cargo de la administración de los aeropuertos, pero precisó que para el año 2000, el aeropuerto Matecaña de Pereira, estaba bajo la administración del municipio de Pereira, por lo que no encontró sustento para mantener a la autoridad civil en juicio como tampoco justificación para pronunciarse respecto de las aseguradoras que ésta llamó en garantía.

29. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación y los daños proveniente s de las decisiones de incautación de la aeronave y de retención intramural del señor Durán Girón, señaló que se consolidaron el 14 de mayo de 2003, cuando cobró ejecutoria la sentencia del 23 de julio de 2002, por la cual el Juzgado Único Especializado de Pereira dispuso la libertad del citado señor y la devolución del aerodino, por lo que los demandantes contaban con plazo para presentar la demanda el 15 de mayo de 2005, pero como lo hicieron el 5 de diciembre siguiente, consideró caducada la acción, sin posibilidad de analizar una posible suspensión del término dada la ausencia de constancia de conciliación prejudicial.

30. Definido lo anterior, expresó que la única causa que permanecía como objeto de análisis judicial era la responsabilidad por las averías de la aeronave durante suRadicación: 25000-23-26-000-2005-02740-01 (53267)

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

8

incautación y la mora en el cumplimiento de la orden de entrega de la aeronave, imputables a la DNE y al Ejército Nacional.

31. Al respecto, manifestó que la DNE mantuvo la aeronave bajo su custodia durante 4 meses desde mayo de 2000 , cuando la recibió de parte de la Fiscalía General de la Nación y durante ese lapso no cuidó la aeronave y permitió que sufriera las múltiples averías que posteriormente quedaron reflejadas en el acta que levantó el Ejército Nacional el 9 de septiembre de 2000, cuando recibió provisionalmente el aerodino, razón por la que, aunado a la falta de exigencia de constitución de garantías (aspecto que no precisó el Tribunal) se hallaba comprometida la responsabilidad de aquella entidad.

32. Sin perjuicio de lo anter ior, explicó que el Ejército Nacional hizo uso de la aeronave en el territorio nacional tal como lo evidenciaban los informes allegados, y aunque estos señalaban múltiples causas como fundamento de las averías, eran concisos en exponer que una de ellas hab ía sido las horas de vuelo excesivo del aerodino, condición constitutiva de falta de cuidado que comprometía la responsabilidad del depositario, en los términos del Código Civil.

33. Dijo el Tribunal que el Juzgado Único Penal Especializado de Pereira mediante oficio recibido el 16 de junio de 2003, comunicó al Ejército Nacional y a la DNE la

responsabilidad del depositario, en los términos del Código Civil.

33. Dijo el Tribunal que el Juzgado Único Penal Especializado de Pereira mediante oficio recibido el 16 de junio de 2003, comunicó al Ejército Nacional y a la DNE la orden de devolución de la aeronave, quien, en cumplimiento, el 15 de julio de ese año, expidió la Resolución 669 la que fue materializada en su cumplimiento por el Ejército Nacional el 9 de diciembre de 2003. Así, explicó que, desde la comunicación hasta el cumplimiento, transcurrieron injustificadamente más de cinco meses por lo que consideró que se hallaba comprometida la responsabilidad del órgano militar y de la DNE, p ues ésta, aun cuando expidió oportunamente el acto administrativo de rigor, no veló por su adecuado cumplimiento.

34. En cuanto a la cuantía de la indemnización, el a quo expresó que se liquidaría por trámite incidental, ya que las pruebas eran insuficientes para determinarla.

Como criterios estableció, para el daño emergente, la demostración del valor de los gastos de reparación de las averías, y para el lucro cesante, dijo que correspondería a los ingresos dejados de percibir entre el 15 de julio de 2003, cuando se expidió la Resolución 669 y el 9 de diciembre de ese año, cuando se hizo efectiva la entrega de la aeronave.

35. Finalmente, negó la indemnización de perjuicios morales, en la medida en que los reportes periodísticos allegados no constituían sustento probatorio del padecimiento de ese daño por parte de la sociedad demandante y se abstuvo de condenar en costas18.

los reportes periodísticos allegados no constituían sustento probatorio del padecimiento de ese daño por parte de la sociedad demandante y se abstuvo de condenar en costas18.

18 Folios 851 a 879 c. principal.Radicación: 25000-23-26-000-2005-02740-01 (53267)

Actor: Alcón Servicios Aéreos S.A. de C.V.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

9

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación de los recursos de apelación

36. Como sucesora procesal de la DNE19, la Sociedad de Activos Especiales pidió la revocatoria de la condena, teniendo en cuenta que la autoridad no ejerció la custodia de la aeronave y, por ende, no fue su omisión la que hizo derivar averías, como tampoco fue su desidia en la exigencia de seguros, la que causó perjuicios.

37. Explicó que la incautación de la aeronave la realizó el departamento de Policía de Risaralda – Sección Policía Judicial el 22 de abril de 2000 y que la custodia desde ese momento hasta la entrega al Ejército Nacional, la ej ecutó la Policía Aeroportuaria de Risaralda – Aeropuerto Matecaña, siendo esta entidad la llamada a responder por los daños que la aeronave hubiera podido tener durante ese tiempo.

Si bien existió el oficio del 26 de abril de 2000, por el cual la Fiscalía puso a disposición de la DNE el aerodino, tal documento no implicaba la entrega del bien, la que, por tanto, nunca se produjo.

Si bien existió el oficio del 26 de abril de 2000, por el cual la Fiscalía puso a disposición de la DNE el aerodino, tal documento no implicaba la entrega del bien, la que, por tanto, nunca se produjo.

38. Dijo que el acto administrativo contenido en la Resolución 1259 de 2000, por la cual se entregó la aeronave a título de depósito provisional al Ejército Nacional estaba acorde con la normatividad vigente y a través de su conducto exigió la constitución de garantías, como lo reflejaba su contenido, obligación que le correspondía satisfacer al órgano militar como lo reiteró e n los oficios remitidos en tal sentido, de modo que la falta de satisfacción de tal exigencia no comprometía su responsabilidad.

39. Explicó que la orden de devolución de la aeronave contenida en la sentencia del 23 de julio de 2002 se recibió 10 meses despué s, esto es, el 27 de mayo de 2003; aun así, efectuado el trámite administrativo, expidió en el término de 1 mes y 18 días la Resolución 669 del 15 de julio de 2003, cuyo contenido se comunicó el 21 de julio siguiente al Ejército Nacional y si bien la entrega material se efectuó el 9 de diciembre de 2003, fue una condición ajena a la entidad que dependió exclusivamente de la autoridad militar, de modo que es sólo ésta la que eventualmente puede ver comprometida su responsabilidad20.

40. De otro lado, la parte d emandante solicitó la revocatoria de las decisiones que declararon la caducidad de la acción y el “indebido ejercicio de la acción”, así como la modificación de la decisión de acudir al trámite incidental