CE - 250002326000200600444011SENTENCIA20230801121004

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 5 de junio de 2023

Radicación: 25000-23-26-000-2006-00444-01 (50.765) Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por p rivación injusta de la libertad – Decreto 2700 de 1991 – Falla del servicio

Síntesis del caso: El demandant e principal fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisió n de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuer zas armadas. Dicha actuación finalizó con sentencia absolutoria a su favor

Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia proferida el 28 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión , mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

proferida el 28 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión , mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones

1 Folios 391 al 405 del cuaderno del Consejo de Estado. En el resuelve de la sentencia se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Alejandra María Ruíz Ortiz como se dijo en la parte motiva de esta sentencia. // SEGUNDO: DECLÁRASE solidariamente responsables a la NaciónFiscalía General de la Nación - y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Bernardo Ruiz Silva , entre el 20 de abril de 1999 y el 22 de mayo de 2003.// TERCERO: CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar solidariamente por concepto de perjuicios morales a favor de las siguientes personas las siguientes sumas así:

Bernardo Ruiz Silva (Víctima directa)

80 S.M.L.M.V

Elizabeth Ortiz Pastrana (Esposa) 60 S.M.L.M.V Paula Fernanda Ruíz Ortiz (Hija) 60 S.M.L.M.V. Sebastián Ruíz Ortiz (Hijo) 60 S.M.L.M.V. María Teresa Ruíz Silva (Hermana) 20 S.M.L.M.V.

Paula Fernanda Ruíz Ortiz (Hija) 60 S.M.L.M.V. Sebastián Ruíz Ortiz (Hijo) 60 S.M.L.M.V. María Teresa Ruíz Silva (Hermana) 20 S.M.L.M.V. Juan de Dios Ruíz Silva (Hermano) 20 S.M.L.M.V. Luis Antonio Ruíz Silva (Hermano) 20 S.M.L.M.V. Amparo Ruiz Silva (Hermana) 20 S.M.L.V.V Pastor Ruiz Silva (Hermano) 20 S.M.L.V.V

CUARTO: CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar solidariamente por concepto de daño a la vida de relación a favor de Bernardo Ruíz Silva la suma de (80) SMLMV. // QUINT O: Negar las demás pretensiones de la demanda. (…) SÉPTIMO: SIN COSTAS por no aparecer causadas. (…)”Radicación: 25000-23-26-000-2006-00444-01 (50.765) Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19962.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1. 4. Recursos de apelación; 1.5. Tr ámite relevante en segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 27 de enero de 2006, Bernardo Ruiz Silva, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad, ocurrida dentro del proceso pena l adelantado en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas3.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se

trascribe):

“PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios materiales (material damage), de los perjuicios inmateriales (modalidad lesión moral; non. material damage -pretieum doloris) y por las alteraciones en las condiciones normales de existencia (“troubles dans les conditio d existente”) causados a los demandantes con motivo de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor BERNARDO RUIZ SILVA, por órdenes de la Fiscalía

condiciones normales de existencia (“troubles dans les conditio d existente”) causados a los demandantes con motivo de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor BERNARDO RUIZ SILVA, por órdenes de la Fiscalía General de la Nación, en el período comprendido entre el 20 de abril de 1999, y hasta el 22 de mayo de 2003, es decir por un espacio de mil cuatrocientos noventa y dos (1.492) días”4.

3. Por lo anterior, solicitó que se condenara a las entidades demandadas

a pagar los siguientes montos:

Perjuicio Demandante Calidad Monto

Perjuicios morales Bernardo Ruiz Silva Víctima directa 500 SMLMV5 María Elizabeth Ortiz Pastrana Cónyuge 250 SMLMV Paula Fernanda Ruiz Ortiz Hija 300 SMLMV Alejandra María Ruíz Ortiz Hija 300 SMLMV Juan Sebastián Ruiz Ortiz Hijo 300 SMLMV María Teresa Ruiz Silva Hermana 100 SMLMV

2 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00. 3 Folios 12 al 78 del cuaderno No. 1 del tribunal. 4 Folio 14 del cuaderno No. 1 del tribunal. 5 La expresión “SMLMV” hace referencia a salarios mínimos legales mensuales vigentes.Radicación: 25000-23-26-000-2006-00444-01 (50.765) Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada

Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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Juan de Dios Ruiz Silva Hermano 100 SMLMV Luis Antonio Ruiz Silva Hermano 100 SMLMV Amparo Ruiz Silva Hermana 100 SMLMV Pastor Ruiz Silva Hermano 100 SMLMV Perjuicios materiales Bernardo Ruiz Silva

Víctima directa

Daño emergente: $72.050.000

Perjuicios por alteración de las condiciones de existencia Bernardo Ruiz Silva Víctima directa 500 SMLMV María Elizabeth Ortiz Pastrana Cónyuge 250 SMLMV Paula Fernanda Ruiz Ortiz Hija 300 SMLMV Alejandra María Ruíz Ortiz Hija 300 SMLMV Juan Sebastián Ruiz Ortiz Hijo 300 SMLMV María Teresa Ruiz Silva Hermana 100 SMLMV Juan de Dios Ruiz Silva Hermano 100 SMLMV Luis Antonio Ruiz Silva Hermano 100 SMLMV Amparo Ruiz Silva Hermana 100 SMLMV Pastor Ruiz Silva Hermano 100 SMLMV

4. Por otra parte, pidió que se condenara en abstracto por los perjuicios causados a Bernardo Ruiz Silva , con ocasión de “la difusión por parte de la Fiscalía General de la Nación de la labor investigativa en contra del accionante y publicación -sin su autorizaciónde fotografías e información de sus rasgos físicos, con fecha posterior a sentencia proferida del Tribunal Superior Distrito Judicial Sala Penal de fecha 02 de diciembre de 2003, confirmando sentencia absolutoria

emitida por el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá D.C”.

con fecha posterior a sentencia proferida del Tribunal Superior Distrito Judicial Sala Penal de fecha 02 de diciembre de 2003, confirmando sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá D.C”.

5. Finalmente, solicitó que se actualizaran las sumas objeto de condena , se diera cumplimiento a lo previsto por los artículos 176 y siguientes del C.C.A. y se ordenara el pago de costas a cargo de la parte demandada.

6. Como fundamento de las pretensiones, la parte actora refirió, en

síntesis, los siguientes hechos:

7. 1) El 28 de abril de 1999, la fiscalía definió la situación jurídica de Bernardo Ruiz Silva y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por la supuesta comisión de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas.

8. 2) Lo anterior, por su presunta participación en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir. Para la época de los hechos, el aquí demandante se desempeñaba como comandante de la

Brigada 20 del Ejército Nacional.

9. 3) El 8 de noviembre de 1999, el ente acusador calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en su contra.Radicación: 25000-23-26-000-2006-00444-01 (50.765) Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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10. 4) El 20 de mayo de 2003, el Juzgado 2º penal del circuito especializado de Bogotá profirió sentencia absolutoria a su favor. En c ontra de esa decisión, la fiscalía interpuso recurso de apelación.

11. 5) El 2 de diciembre de 2003, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, confirmó el fallo absolutorio de primera instancia.

1.2. Posición de la parte demandada

12. El 15 de diciembre de 2009, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas6. Lo anterior, toda vez que afirmó que no se trató de una detención injusta , porque existían indicios graves que comprometían la responsabilidad penal del entonces procesado. Además, el ordenamiento jurídico permit ía la pérdida de la libertad de una persona ante el cumplimiento de ciertos requisitos, lo que no genera ba automáticamente responsabilidad del Estado. Finalmente, formuló las excepciones de falta de legitimación pasiva en la causa e “ inexistencia de daño extrapatrimonial por falta de prueba”.

13. La Rama Judicial fue demandada, sin embargo, la demanda se admitió únicamente en contra de la Fiscalía General de la Nación7.

1.3. Sentencia de primera instancia

14. El 28 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

admitió únicamente en contra de la Fiscalía General de la Nación7.

1.3. Sentencia de primera instancia

14. El 28 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión, profirió Sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda8. Como fundamento de la decisión señaló que, la privación de la libertad de Bernardo Ruiz Silva , que se extendió por 4 años y 32 días, fue injusta. Lo anterior, toda vez que la medida de aseguramiento se impuso sin que se decretaran pruebas adicionales que permitieran esclarecer los hechos objeto de investigación.

15. De hecho, el juez de la causa concluyó que , “no hubo ni se recaudó prueba seria o de mérito alguna que ameritara la vinculación del acusado bajo el supuesto de partícipe determinador de la muerte violenta del Doctor Álvaro Gómez Hurtado”. Por lo tanto, declaró solidariamente responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial y las condenó a pagar los perjuicios causados. Finalmente, declaró la falta de le gitimación activa en la causa de Alejandra María Ruíz Ortiz porque se aportó una certificación de la Notaría 5ª del Círculo de Bucaramanga y no su registro civil de nacimiento para acreditar el parentesco.

6 Folios 313 al 321 del cuaderno No. 1 del tribunal. 7 Auto admisorio proferido el 30 de marzo de 2006 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A (folios 88 y 89 del cuaderno No. 1 del tribunal).

7 Auto admisorio proferido el 30 de marzo de 2006 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A (folios 88 y 89 del cuaderno No. 1 del tribunal). 8 Folios 391 al 405 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-26-000-2006-00444-01 (50.765) Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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1.4. Recursos de apelación

16. El 27 de septiembre de 2013, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación , en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones formuladas 9. Al respecto, insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que el daño alegado no fue demostrado , porque no obraba en el expediente una certificación expedida por la autoridad penitenciaria, en la que se acreditara las fechas de ingreso y egreso de la víctima directa en el establecimiento carcelario. En todo caso, sostuvo que si se profería sentencia condenatoria, la responsabilidad no podía s er solidaria, dado que el entonces procesado solo estuvo a su cargo entre el 20 de abril y el 8 de noviembre de 1999. Además, afirmó que los perjuicios reconocidos estaban sobrestimados.

17. El 25 de marzo de 2015, la parte demandante interpuso apelación adhesiva, en la que solicitó que se modificara la sentencia de primera

reconocidos estaban sobrestimados.

17. El 25 de marzo de 2015, la parte demandante interpuso apelación adhesiva, en la que solicitó que se modificara la sentencia de primera instancia10. Así, indicó que debían aumentarse los montos reconocidos a título de perjuicios morales, toda vez que estaba probada la grave afectación padecida por la parte actora y debían concederse los perjuicios por daño a la vida de relación a favor de todos los demandantes , al estar acreditado el desprestigio generado por la privación injusta de la libertad de Bernardo Ruiz Silva. Por otra parte, pidió que se reconociera el daño emergente solicitado por concepto de honorarios cancelados al abogado que intervino en el proces o penal, perjuicio que estaba probado con el “documento original de pago” y, finalmente, sostuvo que estaba debidamente acreditada la legitimación activa en la causa de Alejandra

María Ruiz Ortiz.

1.5. Trámite relevante en segunda instancia

18. Mediante Auto de 11 de diciembre de 2015, esta Corporación admitió la apelación adhesiva presentada por la parte demandante y negó su solicitud probatoria, consistente en el registro civil de nacimiento de Alejandra María Ruiz Ortiz, toda vez que no se ade cuaba a ninguna de las causales establecidas en el artículo 214 del CCA11.

19. El 5 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que certificara la fecha de radicación de la demanda que dio origen a l presente proceso 12. Sin

9 Folios 407 al 414 del cuaderno del Consejo de Estado. 10 Folios 458 al 467 del cuaderno del Consejo de Estado.

radicación de la demanda que dio origen a l presente proceso 12. Sin

9 Folios 407 al 414 del cuaderno del Consejo de Estado. 10 Folios 458 al 467 del cuaderno del Consejo de Estado. 11 Folios 479 y 480 del cuaderno del Consejo de Estado. 12 Índice Samai No. 30.Radicación: 25000-23-26-000-2006-00444-01 (50.765) Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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embargo, el tribunal simplemente reportó la información que reposa en el sistema de gestión de la Rama Judicial13.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

20. La parte actora pretende que se incrementen los montos concedidos a título de perjuicios morales , así como por daño a la vida de relación y se reconozcan los perjuicios solicitados por concepto de daño emergente. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación sostiene que no se debe declarar su responsabilidad porque actuó conforme a derecho y que, en todo caso, debe tenerse en cuenta únicamente el tiempo que el entonces procesado estuvo a cargo de esa entidad.

otro lado, la Fiscalía General de la Nación sostiene que no se debe declarar su responsabilidad porque actuó conforme a derecho y que, en todo caso, debe tenerse en cuenta únicamente el tiempo que el entonces procesado estuvo a cargo de esa entidad.

21. Además, se encuentra probado en el expediente que , la víctima directa estuvo privada de la libertad, desde el 28 de abril de 199914 hasta el 20 de mayo de 2003 15, con ocasión del proces o penal que se adelantó en su contra por la conducta punible d e homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines terroristas o de sicariato y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, el cual finalizó con sentencia absolutoria a su favor16.

22. En esta sentencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal. En efecto, la providencia que confirmó la sentencia absolutoria quedó ejecutoriada el 28 de enero de 200417 y la demanda se radicó el 27 de enero de 200618, es decir, dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

13 Índice Samai No. 36. 14 De acuerdo con la Resolución proferida el 28 de abril de 1999 por la Fiscalía Regional adscrita a la Unidad Especial de Terrorismo, mediante la cual se le impuso medida de aseguramiento a Bernardo Ruiz Silva, e n la que se señaló lo siguiente: “En el caso del Coronel Bernardo Ruiz Sil va (…), hoy privado de su libertad sindicado de ser

Especial de Terrorismo, mediante la cual se le impuso medida de aseguramiento a Bernardo Ruiz Silva, e n la que se señaló lo siguiente: “En el caso del Coronel Bernardo Ruiz Sil va (…), hoy privado de su libertad sindicado de ser uno de los AUTORES INTELECTUALES en el homicidio del Dr. ALVARO GOMEZ HURTADO ” (Subrayas fuera de texto). Folio 973 de la A-Z No. 2. 15 Según la decisión de 8 de noviembre de 1999, mediante la cual se profirió resolución de acusación sin beneficio de excarcelación en contra del entonces sindicado, en la que se señaló lo siguiente: “ En el caso del Coronel Bernardo Ruiz Silva ex oficial del Ejército Nacional, hoy privado de su libertad” (folio 857 del anexo No. 2 del tribunal). Así mismo, en la sentencia absolutoria de primera instancia expedida el 20 de mayo de 2003, se le concedió el beneficio de libertad provisional, mediante caución prendaria de 10 SMLMV (folio 305 de la A -Z No. 1). Si bien el tribunal señaló que la detención se extendió hasta el 22 de mayo de 2003, no obra ninguna prueba en el expediente que acredite que la privación de la libertad se extendió hasta esa fecha. 16 Fallo proferido el 20 de mayo de 2003 por el Juzgado 2º Penal del Circuito especializado de Bogotá (folios 124 al 505 de la A-Z No. 1 y 506 al 742 de la A-Z No. 2), el cual fue confirmado el 2 de diciembre de 2003 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (folios 90 a 123 de la A-Z No. 1). 17 De acuerdo con la constancia de ejecutoria visible a folio 86 del cuaderno No. 1 del tribunal.

del Tribunal Superior de Bogotá (folios 90 a 123 de la A-Z No. 1). 17 De acuerdo con la constancia de ejecutoria visible a folio 86 del cuaderno No. 1 del tribunal. 18 De conformidad con el sello de presentación personal de la demanda, diligencia que fue realizada ante la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, visible a folio 78 anverso del cuaderno No. 1 del tribunal. En el expediente no obra ningún otro sello que acredite que la demanda fue radicada en una fecha diferente , ya que el acta individual de reparto es de fecha 14 de febrero de 2006 (folio 79 del cuaderno No. 1 del tribunal).Radicación: 25000-23-26-000-2006-00444-01 (50.765) Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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23. Así las cosas, se modificará la Sentencia de primera instancia, dado que se confirmará la declaratoria de responsabilidad , pero únicamente de la Fiscalía General de la Nación , se ajustarán los montos reconocidos a título de perjuicios, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares, y se ordenará restablecer el buen nombre de la víctima directa.

24. Además, se revocará la declaratoria de falta de legitimación activa en la causa de Alejandra María Ruíz Ortiz. En la acción de reparación directa, el presupuesto procesal de legitimación en la causa depende de las afirmaciones de la demanda. De manera que, al presentarse a dicha

la causa de Alejandra María Ruíz Ortiz. En la acción de reparación directa, el presupuesto procesal de legitimación en la causa depende de las afirmaciones de la demanda. De manera que, al presentarse a dicha persona como víctima del hipotético daño antijurídico alegado, le asiste legitimación activa en la causa, con independencia de que, por razones de fondo, se concedan o nieguen las pretensiones formuladas a su favor, como más adelante se explicará. Finalmente, no se estudiará la responsabilidad de la Rama Judicial porque la demanda no fue admitida en contra de esa entidad y esa decisión quedó en firme, como quiera que se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra de dicho auto. Además, de las actuaciones surtidas en primera instancia, no se advierte que, de alguna mane ra, dicha entidad haya sido representada por la Fiscalía General de la Nación19.

25. En ese sentido , la Sala abordará los siguientes asuntos: primero, identificará que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la detención y profundizará en las razones por las cuales se incum plió con los requisitos de ley . Ante la ausencia del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Fiscalía General de la Nación , únicamente en la proporción equivalente al tiempo que el entonces sindicado estuvo privado de la libertad por cuenta

19 Sobre la falta de vinculación de la Rama Judicial al proceso, se observa lo siguiente: 1) La dem anda fue

tiempo que el entonces sindicado estuvo privado de la libertad por cuenta

19 Sobre la falta de vinculación de la Rama Judicial al proceso, se observa lo siguiente: 1) La dem anda fue interpuesta en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, sin embargo, m ediante Auto de 30 de marzo de 2006, el tribunal admitió la demanda únicamente en contra de la fiscalía, sin explicar los motivos por los cuales no se vinc ulaba a la Rama (folios 88 y 89del cuaderno No. 1 del tribunal) ; 2) La parte demandante manifestó que interponía recurso de apelación en contra de esa decisión, pero no lo sustentó (folio 91 del cuaderno No. 1 del tribunal) ; 3) Luego, en Auto de 11 de mayo de 2006, el tribunal no concedió el recurso por improcedente (folio 93 del cuaderno No. 1 del tribunal) ; 4) En contra de esta última providencia, no se interpuso recurso, razón po r la cual quedó en firme ; 5) El proceso fue remitido, por competencia, a los juzgados administrativos (folio 95 del cuaderno No. 1 del tribunal) ; 6) El 3 de octubre de 2006, el Juzgado 37 administrativo de Bogotá avocó conocimiento y ordenó la notificación dispuesta por el tribunal en el Auto de 30 de marzo de 2006, es decir, solo a la fiscalía (folio 96 del cuaderno No. 1 del tribunal) ; 7) El 13 de agosto de 2009, el tribunal declaró la nulidad de lo actuado , desde el Auto mediante el cual el juzgado avocó conocimiento, por falta de

declaró la nulidad de lo actuado , desde el Auto mediante el cual el juzgado avocó conocimiento, por falta de competencia (folios 305 a 309 del cuaderno No. 1 del tribunal); 8) El 1 de octubre de 2009, el tribunal advirtió que, “cuando el presente proceso cursaba en este Despacho antes de haberlo remitido al Juzgado Administrativo, la notificación a la entidad demandada, aún no se había surtido ”, por lo que ordenó la notificación personal a la fiscalía (folio 311 del cuaderno No.1 del tribunal). Como puede observarse, la Rama Judicial, a pesar de haber sido demandada, nunca fue vinculada al proceso, y ni el tribunal, ni la parte actora, alegaron que la representación de esta entidad estaba en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. De hecho, en la sentencia de primera instancia, al analizar la legitimación pasiva en la causa de esa entidad, se señaló que “Para efectos de esta acción la Rama Judicial, es el ente que representa e identifica los Juzgados, Tribunales y Cortes que administran justicia a lo largo de nuestro país, está representada por la Dirección Ejecutiva de Admin istración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.” Sin embargo, no se expusieron las razones por las cuales se condenó a la Rama Judicial, si nunca actuó en el presente asunto, precisamente porque no fue vinculada. Por ello, la Sala concluye que no puede analizarse la responsabilidad de una entidad que no hizo parte del proceso.Radicación: 25000-23-26-000-2006-00444-01 (50.765) Actor: Bernardo Ruiz Silva y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Modifica sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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de esta entidad ; liquidará la indemnización de los perjuicios y, finalmente, declarará improcedente la condena en costas.

2.2. Identificación del daño

26. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de Bernardo Ruiz Silva que se extendió, desde el 28 de abril de 1999 hasta el 20 de mayo de 2003, es decir, por un período de 4 años y 23 días.

2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad

27. En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, el proceso penal fue adelantado bajo las previsiones del Decreto 2700 de 199120. De acuerdo con dicha normativa, los requisitos que debían cumplirse para la imposición de la medida de aseguramiento eran los siguientes:

a. Debía tenerse en cuenta la naturaleza del delito, entre otros, aquellos que previeran pena de prisión cuyo mínimo fuera o excediera de dos años (art. 397)21. b. La existencia de por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas lega lmente producidas en el proceso (art. 388)22

28. Así las cosas, se advierte que, en relación con el primer requisito aludido, uno de los delitos por el cual se definió la situación jurídica, es decir, homicidio, tenía una pena mínima superior a los dos años, por lo que se cumplió cabalmente con este supuesto23.

aludido, uno de los delitos por el cual se definió la situación jurídica, es decir, homicidio, tenía una pena mínima superior a los dos años, por lo que se cumplió cabalmente con este supuesto23.

29. Respecto al segundo requisito, la Sala encuentra que la fiscalía no contaba con el indicio grave de responsabilidad en contra de Bernardo Ruiz Silva. En efecto, la investigación tuvo origen en los siguientes hechos:

“El 2 de noviembre de 1.995, pasadas las 10:30 a.m. el Dr. ALVARO GOMEZ HURTADO y sus acompañantes se desplazaba en el vehículo de su propiedad, Mercedes Benz de placas BCE-578 color azul oscuro, escoltado por un Agente de la Policía Nacional quien ocupaba el asiento delantero del automotor, cuando en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda (…) fue interceptado por dos individuos que dispararon al interior del vehículo causándoles heridas de gravedad, las cuales produjeron i