CE - 250002326000200602061012SENTENCIA20230705155253

e CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 25000-23-26-000-2006-02061-01 (43467)

Actor: AURA LIGIA CAIT A RAMÍREZ

Demandado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. EXCEPCIONES DE FONDO-El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo, propuestas o no. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término se contabiliza a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño (art. 136 CCA). CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-Las normas que disponen el término para demandar son de orden público e indisponibles para el juez y las partes. DERECHOS DE CONTENIDO CREDITICIO-El titular puede renunciarlos si solo afectan el interés individual y no lo prohíbe la ley. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo. TUTELA Y REPARACIÓN DIRECTA-La presentación de una tutela no amplía los términos perentorios e improrrogables para demandar en reparación directa. TUTELA Y CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-La orden de amparo no extiende sus efectos al ámbito civil de la responsabilidad del Estado. COSTAS EN CCA­

para demandar en reparación directa. TUTELA Y CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-La orden de amparo no extiende sus efectos al ámbito civil de la responsabilidad del Estado. COSTAS EN CCA­ lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de conformidad con lo dispuesto en el auto del 9 de diciembre de 2013, decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 26 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO Aura Ligia Ramírez Ramírez (hoy Aura Ligia Gaita Ramírez) inició un proceso de restitución de inmueble arrendado contra José Cayetano Vainilla. El 24 de octubre de 1990, el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá, declaró terminado el contrato de arrendamiento, decretó el lanzamiento del demandado y comisionó a la Inspección 11 C Distrital de Policía para esa diligencia. Alega falla del servicio de la inspección de policía por incumplir la orden de desalojo.e Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Gaita Ramírez Declara caducidad ANTECEDENTES El 11 de octubre de 2006, Aura Ligia Caita Ramírez, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra Bogotá Distrito Capital. Solicitó $799.576.515 por daño emergente, $1.167.335.738 por lucro cesante y 1.000

SMLMV por perjuicios morales. En apoyo de las pretensiones, la demandante sostuvo que era heredera y poseedora de dos predios en la vereda «Tuna Baja» en

SMLMV por perjuicios morales. En apoyo de las pretensiones, la demandante sostuvo que era heredera y poseedora de dos predios en la vereda «Tuna Baja» en Suba, Bogotá. En 1978, arrendó los inmuebles a José Cayetano Vainilla, que después demandó la pertenencia, afirmó que era poseedor, y enajenó los bienes a terceros. Cayetano Vainilla, en el proceso de pertenencia, obtuvo sentencias favorables en primera y segunda instancia, pero la Corte Suprema de Justicia, en acción de revisión, las revocó. La demandante inició proceso de restitución de inmueble arrendado contra Cayetano Vainilla, obtuvo sentencia favorable y el juez ordenó el lanzamiento. Desde 1990, la Inspección 11 C Distrital de Policía fue comisionada para el lanzamiento, en 1994 los habitantes de los predios presentaron oposiciones a la diligencia y el juez civil las negó. En 2005, la inspección envió la comisión a varios juzgados de descongestión, que tampoco practicaron la diligencia. En 2006, la demandante interpuso acción de tutela contra los juzgados civiles y la inspección de policía, el juez de tutela accedió al amparo y ordenó el desalojo. Aduce falla del servicio, pues a la fecha de presentación de la demanda, la inspección de policía no practicó la diligencia de lanzamiento. El 8 de noviembre de 2006 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, Bogotá Distrito Capital propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, Bogotá Distrito Capital propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que las inspecciones de policía ejercían funciones administrativas y que no tenía responsabilidad por la comisión para la diligencia de lanzamiento porque era una función jurisdiccional. Agregó que la inspección de policía programó la diligencia en varias oportunidades, pero fue imposible practicarla. El 20 de febrero de 2008, el Tribunal improbó el acuerdo de conciliación judicial que presentaron las partes, al considerar que resultaba lesivo para los intereses económicos del Estado. El 15 de julio de 2009 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante3 Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Caita Ramirez Declara caducidad afirmó que Bogotá Distrito Capital, de forma expresa y tácita, había reconocido la omisión en la práctica del lanzamiento, pero no habían llegado a un acuerdo sobre el valor de los perjuicios. El demandado reiteró lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio.

El 26 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que desde que se libró el despacho comisario, la Administración no adoptó las medidas necesarias para practicar el lanzamiento y, por ello, un gran número de personas se asentó en los predios. El demandado, al prestar servicios públicos en esos predios, creó expectativas legítimas en estas personas. Estimó que, aunque se trataba de una

para practicar el lanzamiento y, por ello, un gran número de personas se asentó en los predios. El demandado, al prestar servicios públicos en esos predios, creó expectativas legítimas en estas personas. Estimó que, aunque se trataba de una ocupación por terceros, se asimilaba a una ocupación del Estado, pues este la permitió. Condenó en un 50% al demandado ($1.066.709.682,65) y respecto de los predios, indicó que la sentencia obraría como título traslaticio de dominio a favor de la Administración, a menos que existieran derechos reconocidos judicialmente a terceros. Las partes interpusieron recursos de apelación, que fueron concedidos el 22 de febrero de 2012 y admitidos el 29 de marzo siguiente. La parte demandante esgrimió que el monto reconocido no corresponde al valor comercial de los predios, el Tribunal los «expropió» de forma ilegal y debió reconocer todos los perjuicios solicitados. El demandado sostuvo que la Nación-Rama Judicial era responsable, pues fue la autoridad jurisdiccional que comisionó la diligencia de lanzamiento. Indicó que el término para formular la acción de reparación directa caducó, pues a partir de 1994, después que se resolvieron las oposiciones, la demandante conocía la omisión. Cuando la demandante interpuso la tutela, en 2006, habían transcurrido más de quince años desde que la inspección recibió el despacho comisario y no lo había podido cumplir. Agregó que la demandante perdió la posesión de los predios por la actuación ilegal de José Cayetano Vainilla. El 26 de abril de 2012, esta Corporación negó la solicitud de pruebas en segunda

había podido cumplir. Agregó que la demandante perdió la posesión de los predios por la actuación ilegal de José Cayetano Vainilla. El 26 de abril de 2012, esta Corporación negó la solicitud de pruebas en segunda instancia, allegadas en la apelación de la demandante. El 2 de agosto de 2012 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La parte demandante actualizó el valor de los predios, reiteró que la orden de desalojo no se cumplió y se debían reconocer todos los perjuicios. El demandado reiteró lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó que el término para formular la acción dee 4 Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Gaita Ramírez Declara caducidad reparación directa estaba caducado, pues la demandante tuvo conocimiento de la omisión desde el 17 de noviembre de 1998, cuando el juzgado civil devolvió las diligencias a la inspección para que practicara el lanzamiento. Agregó que no puede contarse la caducidad desde el fallo de tutela del 2006, pues la demandante, desde 1998, podía interponer la demanda de reparación directa. El 24 de octubre de 2012 esta Corporación negó la solicitud de intervención como terceros interesados de José Guillermo Castro Hernández, William Nelson Pinilla Ángel y Oliverio Bernal Tolosa. El 14 de enero de 2020 se aceptó el impedimento manifestado por el Consejero Nicolás Yepes Corrales y se apartó del conocimiento del proceso.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las

Consejero Nicolás Yepes Corrales y se apartó del conocimiento del proceso.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 ° de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 129

CCA, modificado por la Ley 446 de 1998. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor asciende a $1.167 .335. 738, suma que supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $204.000.0001 . Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo2, en este caso por una omisión que se imputa a una 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2006, $408.000, por 500. 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303e Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Caita Ramirez

administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303e Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Caita Ramirez Declara caducidad entidad pública (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC).

Demanda en tiempo

3. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la ley.

111. Análisis de la Sala

4. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio3.

5. El artículo 164 CCA autoriza al tallador a declarar cualquier hecho exceptivo, como es justamente la configuración del hecho jurídico de la caducidad del término para intentar la acción4.

6. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la

para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017, Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.ly/3qijduK. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bitly/3gjjduK. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Rad. 22.936 [fundamento jurídico 111], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá,

Imprenta Nacional, 2018, p. 282, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.e Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Gaita Ramírez Declara caducidad ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

El término de caducidad establecido en el artículo 136 CCA es una norma de orden público -y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC hoy retomado por el art. 13 CGP)- de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Además, salvo algunas excepciones legales, los derechos crediticios asociados a las acciones indemnizatorias son renunciables, transigibles y, en general, de libre disposición de su titular (art. 15 CC). La caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar exequible el artículo 136 CCA, cuando estimó que la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos [ratio decidend1]5. Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general,

la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia [ratio decidend1]6. El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo 5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5]. 6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4].e 7 Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Gaita Ramírez Declara caducidad de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este7. Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño8.

7. Según la demanda, Bogotá Distrito Capital es responsable por la omisión de la

demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño8.

7. Según la demanda, Bogotá Distrito Capital es responsable por la omisión de la Inspección 11 C Distrital de Policía, pues desde 1990 recibió el despacho comisario para practicar diligencia de lanzamiento en los predios de Aura Ligia Caita Ramírez y no cumplió la orden.

Está acreditado que el 1 de junio de 1978, Aura Ligia Caita Ramírez celebró con José Cayetano Vainilla un contrato de arrendamiento de dos predios ubicados en la vereda «Tuna Antigua» en Suba, de los cuales Caita Ramírez era «heredera y poseedora», según da cuenta copia simple del contrato (f. 26 c. 3). Cayetano Vainilla demandó la prescripción adquisitiva extraordinaria de los dos predios, y el 4 de junio y el 9 de diciembre de 1985, un juez civil y el Tribunal Superior de Bogotá reconocieron la prescripción y declararon la pertenencia a favor de Cayetano Vainilla. El 19 de junio de 1989, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al decidir un recurso extraordinario de revisión, revocó esas providencias, según da cuenta copia auténtica de la sentencia de la corte (f. 26 a 46 c. 2). El 27 de febrero de 1990, Aura Ligia Caita Ramírez formuló demanda de restitución de inmueble arrendado contra Cayetano Vainilla, según da cuenta copia simple de la demanda (f. 248 a 259 c. 3). El 24 de octubre siguiente, el Juzgado 38 Civil

de inmueble arrendado contra Cayetano Vainilla, según da cuenta copia simple de la demanda (f. 248 a 259 c. 3). El 24 de octubre siguiente, el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá declaró terminado el contrato de arrendamiento, decretó el lanzamiento del demandado y comisionó al inspector distrital de policía para practicar la diligencia, según da cuenta copia simple de la sentencia (f. 48 a 51 c. 3). El 30 de noviembre de 1990, la Secretaría de Gobierno de Bogotá recibió el 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Rad. 20.692 [fundamento jurídico 3.1]. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767 [fundamento jurídico 4], con salvamento de voto.e Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Gaita Ramirez Declara caducidad despacho comisario nº. 569 y lo repartió a la Inspección 11 C Distrital de Policía, según da cuenta copia simple del despacho comisario (f. 52 c. 3).

El 28 de enero de 1991, la inspección intentó practicar la diligencia de lanzamiento, pero los habitantes de los predios presentaron más de cincuenta oposiciones, al alegar la posesión, según da cuenta copia simple del acta de la diligencia (f. 53 a 57 c. 3). La inspección aceptó las oposiciones y el 6 de abril de 1994, el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá las negó, al considerar que los opositores no probaron la

57 c. 3). La inspección aceptó las oposiciones y el 6 de abril de 1994, el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá las negó, al considerar que los opositores no probaron la posesión, pues la cadena posesoria carecía de «fundamentos de hecho y contenido jurídico». Conforme a la providencia, Cayetano Vainilla, era simple tenedor de los bienes, pero dispuso de ellos como si fuera poseedor, los arrendó y los terceros vendieron esa «posesión» a los opositores. El juez ordenó a la inspección practicar el desalojo sin atender ninguna otra oposición y con «uso de la fuerza pública, si era necesario», según da cuenta copia simple de la providencia (f. 74 a 82 c. 3). El 17 de noviembre de 1998, el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá le comunicó a la Inspección 11 C Distrital de Policía que en la providencia del 24 de octubre de 1990 y en la diligencia del 28 de enero de 1991, los predios quedaron alinderados e identificados en debida forma. Le devolvió el despacho comisario y ordenó continuar la diligencia, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 91 c. 3). El 11 de octubre de 2006, Aura Ligia Caita Ramírez presentó acción de tutela, radicado nº. 2006-00310-01, contra el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá, la Inspección 11 C Distrital de Policía de Suba y el Juzgado 14 Civil de Descongestión de Bogotá, por la omisión «durante quince años» en el cumplimiento de la orden de

Inspección 11 C Distrital de Policía de Suba y el Juzgado 14 Civil de Descongestión de Bogotá, por la omisión «durante quince años» en el cumplimiento de la orden de lanzamiento, según da cuenta copia simple de la tutela (f. 1 a 21 c. 3). El 28 de julio y el 16 de agosto de 2006, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá ampararon el derecho al debido proceso y ordenaron realizar las gestiones necesarias para entregar los inmuebles, según da cuenta copia auténtica de las providencias (f. 274 a 282 y 295 a 308 c. 1). 7.1. La parte demandante, en el hecho sexto de la tutela y en los fundamentos de derecho de la demanda, afirmó que desde el 6 de abril de 1994 -fecha en que el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá resolvió las oposicionesla Inspección 11 C Distrital de Policía fue negligente y omisiva en practicar el desalojo, según da cuentaExpediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Gaita Ramirez Declara caducidad copia simple de la tutela y original de la demanda (f. 6 y 12 c. 1 ).

Conforme a las pruebas de este proceso, el Juzgado 38 Civil Municipal de Bogotá, cuatro años después de resolver todas las oposiciones -mediante auto del 17 de noviembre de 1998, notificado por estado del 19 de noviembre siguienteinformó a la Inspección 11 C Distrital del Policía que los predios estaban delimitados e identificados y que debía practicar la diligencia. Es decir, al analizar las pruebas

noviembre de 1998, notificado por estado del 19 de noviembre siguienteinformó a la Inspección 11 C Distrital del Policía que los predios estaban delimitados e identificados y que debía practicar la diligencia. Es decir, al analizar las pruebas allegadas, en conjunto con el escrito de tutela y la demanda de reparación directa, la demandante, para finales de 1998, sabía que la inspección no había practicado el lanzamiento. Al ser parte del proceso judicial, conoció el auto notificado por estado del 19 de noviembre de 1998 y, conforme lo manifestó en la tutela y la demanda de reparación directa, sabía que desde 1994, el juez civil resolvió todas las oposiciones y ordenó a la inspección hacer el lanzamiento. Según las pruebas, para el momento de presentación de la demanda de reparación directa -11 de octubre de 2006-, la demandante tenía conocimiento de la omisión que alegó -al menosdesde finales de 1998. Tiempo en el que no interpuso la acción de reparación directa para la defensa de sus derechos. Como la demandante tuvo conocimiento del daño desde el 19 de noviembre de 1998, el término para formular la demanda empezó a correr a partir del día siguiente y vencía el 20 de noviembre de 2000. Como la demanda se formuló el 11 de octubre de 2006, según da cuenta el sello de radicación (f. 23 c. 1 ), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad. 7.2. Los artículos 86 CN y 2 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela procede para la protección de los derechos constitucionales fundamentales.

caducidad. 7.2. Los artículos 86 CN y 2 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela procede para la protección de los derechos constitucionales fundamentales. Si la orden de amparo se deriva de la omisión de una autoridad, el fallo que subsane esta situación debe ordenarle realizar la acción omitida (art. 23 Decreto 2591 de 1991 ). Dicha orden tiene efectos entre las partes y su alcance no se extiende a otros procesos o autoridades judiciales (art. 48.2 Ley 270 de 1996 LEAJ). Los términos procesales son perentorios y de orden público (arts. 6 CPC retomado por los artículos 117 y 118 CGP). El artículo 136 CCA, se reitera, dispone que la demanda de reparación directa deberá interponerse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento de la omisión. Este plazo es,e 10 Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Gaita Ramírez Declara caducidad pues, de orden público. La presentación de una acción de tutela, cuyo ámbito de decisión radica en la protección de un derecho constitucional fundamental, no modifica una norma de orden público que establece el término perentorio para la presentación de la demanda, ni supone un plazo adicional para formular la acción de reparación directa. Además, una orden de amparo no extiende sus efectos al ámbito de la responsabilidad civil del Estado (art. 90 CN y 2341 y ss. CC).

Cuando el fallo de tutela se fundamente en la existencia de una omisión, el amparo constitucional se limita a ordenar la acción omitida. No implica que se amplíen los

Cuando el fallo de tutela se fundamente en la existencia de una omisión, el amparo constitucional se limita a ordenar la acción omitida. No implica que se amplíen los términos perentorios e improrrogables de procesos de naturaleza indemnizatoria, que buscan la reparación de perjuicios como consecuencia de esa misma omisión. De modo que, cuando por tutela se proteja un derecho fundamental violado por una omisión, tal decisión no supone que el plazo para presentar la demanda, mediante la que se pretenda la responsabilidad patrimonial del Estado, inicia desde el fallo de tutela. El 28 de julio y el 16 de agosto de 2006, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá ampararon el derecho al debido proceso de la demandante y ordenaron al inspector de policía realizar las gestiones necesarias para entregar los inmuebles. Las decisiones de tutela tuvieron por fundamento la omisión, ya consumada, en cuanto al deber de realizar las actividades de lanzamiento y recuperación del inmueble. Para la fecha de esos fallos, entonces, el hecho causante del daño ya se había configurado: la omisión de la autoridad. Esos fallos tuvieron por fin la protección de un derecho constitucional fundamental y no determinar el momento a partir del cual debía presentarse la demanda de reparación directa. Tales decisiones, por tanto, no tienen como efecto reabrir el plazo para demandar, pues, se reitera, este inició desde el día siguiente al hecho que produjo el daño, esto es, la omisión, que es anterior a los fallos de tutela. Por demás, cuando se profirió la referida sentencia de tutela, ya había operado la caducidad, pues ya habían transcurrido más de dos años

anterior a los fallos de tutela. Por demás, cuando se profirió la referida sentencia de tutela, ya había operado la caducidad, pues ya habían transcurrido más de dos años desde la omisión, que es el hecho que causó el daño.

8. Según el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998,e 11

Expediente nº. 43.467

Demandante: Aura Ligia Gaita Ramirez Declara caducidad no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que las partes hayan actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: REVÓCASE la sentencia del 26 de octubre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de caducidad del término para formular la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ AVAS

UL J. APSIOAO