CE - 250002326000200700621011SENTENCIA20230615153646

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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00621-01 (58.034) Actor: Sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. y John Jairo Cano Amaya Demandado: Nación – Rama Judicial y DNE Referencia: Acción de reparación directa

Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Inexistencia de Daño alegado por la persona jurídica - Efectos de las sentencias cuestionadas no se proyectan a la sociedad actora – Rescisión de contrato de compraventa, controversia civil no atribuible a la Rama Judicial – Caducidad parcial de las pretensiones introducidas en la reforma de la demanda – Operó - Acto de Destinación Provisional - Indebida escogencia de la acción – Acción procedente nulidad y restablecimiento del derecho – Ineptitud sustantiva de la demanda – Daños alegados por la persona natural – No se analizan no fueron obje to de apelaciónProcede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la pasiva incurrió en fallas del servicio al declarar media nte sentencia judicial la extinción del derecho de dominio del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1108965 y al expedir la resolución a través de

sentencia judicial la extinción del derecho de dominio del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1108965 y al expedir la resolución a través de la cual nombró como destinatario provisional del inmueble a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Tales irregularidades, en criterio de la sociedad actora, le causaron daños materiales indemnizables.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 28 de enero de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dispuso,

lo siguiente (transcripción literal):

“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.Radicación: 25000232600020070062101 (58.034)

Actor: Sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. y Jhon Jairo

Cano Amaya

Demandado: Nación – Rama Judicial y DNE

Referencia: Reparación Directa

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“SEGUNDO: DECLARAR administrativa y solidariamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DNE EN LIQUIDACIÓN, esta última sucedida procesalmente por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE S.A.S., por defectuoso funcionamiento de la ad ministración de justicia y falla del servicio, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

“TERCERO: DECLARAR probada la objeción por error grave al dictamen pericial.

“CUARTO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –

por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

“TERCERO: DECLARAR probada la objeción por error grave al dictamen pericial.

“CUARTO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DNE EL LIQUIDACIÓN, esta última sucedida procesalmente por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE S.A.S., al pago de la suma de $456.896.250,oo por concepto de perjuicios ma teriales en la modalidad de daño emergente ocasionados a la sociedad HERMAN CAROL & CIA LTDA.

“QUINTO: CONDENAR solidariamente y en abstracto a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DNE EL LIQUIDACIÓN, esta última sucedida proc esalmente por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE S.A.S., al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante ocasionados a la sociedad HERMAN CAROL &

CIA LTDA.

“SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“SÉPTIMO: Sin condena en costas.

“OCTAVO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría liquídense los gastos del proceso y devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados 2 años sin que hubieran sido reclamados dichos remanentes, se considerarán prescritos a favor de la Rama Judicial”1.

Demanda inicial2

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 7 de noviembre de 20073, por la sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. y el señor John Jairo Cano Amaya, en

Demanda inicial2

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 7 de noviembre de 20073, por la sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. y el señor John Jairo Cano Amaya, en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y la Dirección Nacional de Estupefacientes, en adelante, DNE hoy

1 Folios 489 a 514 del cuaderno principal. 2 Ha de señalarse que la demanda inicial fue presentada por el abogado Oscar Emilio Silva Duque, quien representó a ambas demandantes; sin embargo, el 2 de abril de 2009, la sociedad actora otorgó un nuevo poder a la abogada Sandra Patricia Munévar, quien actuó en lo sucesivo solo en favor de aquélla. 3 Sello de presentación personal de la demanda visible a folio 19 reverso del cuaderno 1.Radicación: 25000232600020070062101 (58.034)

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Sociedad de Activos Espe ciales SAE S.A.S. 4, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes5:

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños materiales que le fueron ocasionados por el error contenido en la sentencia que declaró la extinción del derecho de dominio del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria

y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños materiales que le fueron ocasionados por el error contenido en la sentencia que declaró la extinción del derecho de dominio del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 050 110896 -hoy 50C-110896y por la expedición de la resolución 1153 del 8 de noviembre de 2005, por medio de la cual la Subdirección de Bienes de la DNE ordenó una destinación provisional en relación con el referido bien.

4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) cincuenta (50) SMLMV para el señor Jhon Jairo Cano Amaya, por concepto de perjuicios materiales derivados del pago de la cláusula penal por incumplimiento del contrato de promesa de compraventa del referido inmueble; ii) cuatrocientos cincuenta (450) SMLMV para la sociedad actora por concepto de perjuicios materiales derivados de la rescisión del contrato de compraventa suscrito con el referido señor; y, iii) nueve (9) SMLMV en favor de esta misma sociedad, por concepto de perjuicios materiales derivados de un préstamo bancario al que debió acceder con el propósito de cumplir la rescisión referida6.

Hechos

5. En la demanda inicial, la parte actora relató que, el 30 de enero de 1995, el señor Elcías Torres le vendió a la sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. el inmueble identificado con el folio de matrícula 50C-110896 -antes 050 110896-, negocio que se protocolizó en la escritura pública 599, la cual quedó registrada en ese folio a través de la anotación 8 del 20 de febrero siguiente.

se protocolizó en la escritura pública 599, la cual quedó registrada en ese folio a través de la anotación 8 del 20 de febrero siguiente.

6. Indicó que desde la referida fecha, la sociedad, como titular del bien, lo gravó con hipoteca, la que posteriormente, canceló y, luego, a través de escritura pública 1114 del 21 de abril de 2005, lo vendió al señor Jhon Jairo Amaya Cano, negocio que quedó inscrito en el folio de matrícula en la anotación 11 del 29 de junio del mismo año.

7. Argumentó que en septiembre de 2006, el señor Cano Amaya suscribió una promesa de venta sobre el bien, negocio que no pudo formalizar, por cuanto al revisar el folio de matrícula inmobiliaria se percató que en el mismo obraba la

4 Inicialmente la demanda se dirigió también contra el Ministerio del Interior y de Justicia, pero en escrito de subsanación, la sociedad actora aclaró que el extremo pasivo de la litis estaba conformado por la Rama Judicial y por la DNE (folios 91 y 92 del cuaderno 1). 5 Folios 5 a 19 del cuaderno 1. 6 Folios 12 y 13 del cuaderno 1.Radicación: 25000232600020070062101 (58.034)

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anotación 12 del 17 de noviembre de 2005, en la que se inscribió la Resolución 1153 del 8 de noviembre anterior, a través de la cual la DNE nombró como destinatario

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anotación 12 del 17 de noviembre de 2005, en la que se inscribió la Resolución 1153 del 8 de noviembre anterior, a través de la cual la DNE nombró como destinatario provisional del bien a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

8. Expresó que tras indagar sobre la anotación, los actores detectaron que la aludida resolución se emitió como consecuencia de la sentencia del 21 de septiembre de 1998, en la cual el Juzgado Regional de Santa Fe de Bogotá -proceso seguido bajo la radicación JR 3756condenó al señor Elcías Torres por el delito de testaferrato y, además, declaró la extinción del derecho de dominio del inmueble en cuestión, fallo que confirmó la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el 5 de agosto de 1999 y que no casó la Corte Suprema de Justicia el 18 de enero de 2001.

9. Ante esta eventualidad, el señor Jhon Jairo Cano Amaya “… tuvo que rescindir la promesa de contrato de compraventa” y pagar la cláusula penal por incumplimiento.

10. Además de lo anterior, el referido ciudadano le reclamó a la sociedad actora que rescindieran el contrato de compraventa que habían celebrado el 21 de abril de 2005, por lo que esta sociedad tuvo que proceder de conformidad y sufragar los costos de esa rescisión, para lo cual adquirió “… un préstamo, con un interés convencional del 2%”.

11. Afirmó que la rescisión del contrato de compraventa se formalizó en escritura

costos de esa rescisión, para lo cual adquirió “… un préstamo, con un interés convencional del 2%”.

11. Afirmó que la rescisión del contrato de compraventa se formalizó en escritura pública 258 de 31 de enero de 2007; sin embargo, ese contrato no se pudo inscribir en el folio de matrícula dada la anotación sobre la destinación provisional.

12. Agregó que por los anteriores hechos, los actores promovieron una acción de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos como terceros de buena fe exentos de culpa, protección que negó el juez constitucional en cada una de las instancias, tras considerarla improcedente.

13. Por lo anterior, los actores alegaron que las sentencias proferidas en el proceso penal adolecen de error, pues: i) se extinguió el derecho de dominio de un “… inmueble que no estaba en cabeza del penado”; ii) el juez profirió el fallo sin advertir que, en virtud de la Ley 333 de 1996, la Fiscalía debía dictar medidas cautelares con el fin de sacar el bien del comercio, omisión que debía corregirse al momento de proferirse sentencia; iii) según la misma norma, se debía adelantar, en trámites separados, la extinción del derecho de dominio y la definición de responsabilidad penal del procesado; y, iv) a esa actuación debían vincularse los terceros de buena fe, con el fin de que fueran escuchados y se respetaran sus derechos.

14. Al lado de esto, indicó que la DNE al expedir la resolución 1153 de 2005 desconoció el debido proceso, pues afectó el inmueble con un registro que no seRadicación: 25000232600020070062101 (58.034)

14. Al lado de esto, indicó que la DNE al expedir la resolución 1153 de 2005 desconoció el debido proceso, pues afectó el inmueble con un registro que no seRadicación: 25000232600020070062101 (58.034)

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pudo controvertir, en tanto que negó la solicitud de revocatoria directa de la resolución, a demás, no tuvo en cuenta la tradición del bien, la cual aparecía registrada en el folio de matrícula inmobiliaria.

15. Concluyeron que los anteriores hechos ocasionaron daños materiales indemnizables; así: i) a la sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. derivados de la rescisión del contrato de compraventa del inmueble en cuestión suscrito con el señor Cano Amaya y por la adquisición de un crédito bancario para cubrir el emolumento causado con ello; y, ii) al señor Jhon Jairo Cano Amaya por la rescisión del contrato de promesa de venta y el pago de la cláusula penal por incumplimiento.

Reforma de la demanda

16. La demanda inicial fue admitida el 12 de febrero de 2008 por el Juzgado 35

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá7; sin embargo, el 1º de septiembre de 2009, remitió el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 8, por falta de competencia funcional9. En auto del 21 de octubre de 2009, el Tribunal declaró la nulidad de todo lo actuado -inclusive del auto admisorio -10, y, en consecuencia,

competencia funcional9. En auto del 21 de octubre de 2009, el Tribunal declaró la nulidad de todo lo actuado -inclusive del auto admisorio -10, y, en consecuencia, inadmitió la demanda con el fin de que se aclarara cómo estaba integrado el contradictorio, ante lo cual la apoderada de la sociedad actora dijo que la pasiva estaba integrada por la Nación – Rama Judicial y la DNE11.

17. En auto del 30 de abril de 2010 12, el Tribunal admitió la demanda y dentro de término de fijación en lista, la apoderada de la sociedad actora, en escrito radicado el 2 de julio de 2010, presentó “corrección o reforma de la demanda”, oportunidad

en la cual:

1. Introdujo como extremo pasivo de la litis a la Superintendencia de Notariado y Registro y, en consecuencia, le reprochó su omisión de inscribir la escritura pública contentiva del contrato de rescisión celebrado entre la sociedad actora y el señor Jhon Jairo Cano Amaya en enero de 2007.

1. Introdujo pretensión indemnizatoria dirigida al pago de perjuicios “morales” en cuantía no inferior a $300’000.000.

1. Introdujo pretensión indemnizatoria dirigida al pago de $1’000.000. mensuales que corresponden al canon de arrendamiento que la sociedad actora tuvo que pagar

7 Folios 25 a 27 del cuaderno 1. 8 El 2 de abril de 2009, la sociedad en cuestión otorgó nuevo poder (folio 71); en consecuencia, el juzgado en

cuestión, en auto del 1º de septiembre de 2009 (folio 82), le reconoció personería a la abogada Sandra Patricia Munévar para actuar en representación de esa sociedad. 9 Folios 79 a 82 del cuaderno 1. 10 Folios 86 a 87 del cuaderno 1. 11 Folios 90 a 94 del cuaderno 1. 12 Folio 94 del cuaderno 1.Radicación: 25000232600020070062101 (58.034)

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al señor Jhon Jairo Cano Amaya, en virtud del contrato de arrendamiento de local comercial que suscribió con éste el 12 de febrero de 2007, luego de entregarle en tenencia el inmueble en cuestión.

1. Introdujo como daño antijurídico imputable a la pasiva la pérdida del inmueble.

1. Modificó la pretensión indemnizatoria dirigida al pago de perjuicios materiales y, en consecuencia, dijo que la sociedad actora pagó al señor Jhon Jairo Cano Amaya, la suma de $160’000.000, por la rescisión del contrato de compraventa suscrito el 21 de abril de 2005.

18. En auto del 15 de octubre de 2010, el Tribunal admitió la reforma de la demanda, y, en consecuencia, vinculó a la actuación a la Superintendencia de Notariado y

Registro13.

La defensa

19. Notificados en debida forma los autos admisorios de la demanda y su reforma, las demandadas presentaron los siguientes planteamientos de defensa.

Registro13.

La defensa

19. Notificados en debida forma los autos admisorios de la demanda y su reforma, las demandadas presentaron los siguientes planteamientos de defensa.

20. La Dirección Nacional de Estupefacientes -DNEse opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que no incurrió en falla en el servicio, dado que es la autoridad judicial quien tiene la competencia para adelantar el proceso de extinción de dominio y dictar medidas cautelares sobre los bienes sujetos al trámite, de ahí que sus actuaciones no constituyan la causa del daño reclamado.

21. Precisó que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 333 de 1996 “en ningún caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso”, razón por la cual, la acción penal podía concluir con la extinción del dominio de los bienes de los procesados.

22. Propuso como excepciones: i) “falta de legitimación en la causa por pasiva” , dado que la afectación del dere cho de dominio se produjo dentro de un proceso penal; ii) “indebido ejercicio de la acción”, por considerar que respecto de sus actos procedía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) “caducidad de la acción”, toda vez que el término de ca ducidad debe computarse desde la Resolución No. 1153 de 8 de noviembre de 2005; iv) “hecho de un tercero” , por cuanto el daño es imputable a la autoridad jurisdiccional; v) “ausencia de nexo causal entre la conducta imputada y el supuesto daño”; y, vi) la innominada14.

cuanto el daño es imputable a la autoridad jurisdiccional; v) “ausencia de nexo causal entre la conducta imputada y el supuesto daño”; y, vi) la innominada14.

23. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que sus decisiones estuvieron ajustadas a derecho. Asimismo, expresó

13 Folio 174 del cuaderno 1. 14 Folios 135 a 153 y 189 a 209 del cuaderno 1.Radicación: 25000232600020070062101 (58.034)

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que el daño es imputable al señor Elcías Torres, dado que para la fecha en que perfeccionó la venta del inmueble a la sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. - 20 de febrero de 1995 -, sabía que no era el verdadero dueño del bien y que el mismo podría verse afectado en virtud del proceso penal que se adelantaba en su contra por los delitos de enriqu ecimiento ilícito y testaferrato. En consecuencia, propuso como excepciones: i) “ausencia de los presupuestos para la existencia de error jurisdiccional”; ii) “ausencia de causa para demandar” ; iii) “inexistencia de daño antijurídico”; iv) “hecho de un tercero”; y, v) la innominada15.

24. La Superintendencia de Notariado y Registro -Oficina de Registro de Instrumentos Públicos-, no contestó la demanda. Surtido el período probatorio 16,

24. La Superintendencia de Notariado y Registro -Oficina de Registro de Instrumentos Públicos-, no contestó la demanda. Surtido el período probatorio 16, mediante auto del 8 de septiembre de 2015 el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto17.

25. El señor John Jairo Cano Amaya señaló que la rescisión del contrato de compraventa le ocasionó perjuicios que se encuentran pendientes de pago, a la vez

15 Folios 230 a 238 del cuaderno 1. 16 Durante la actuación se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: i) los documentos aportados con la demanda y su reforma, que comprenden: el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Herman Carol y Compañía Ltda. (folios 133, 134 -C.1y 1, 2 -C.3-); el certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula No. 50C-110896 (folios 3 y 4, C.3); la sentencia de 21 de septiembre de 1998, proferida por el Juzgado Regional de Bogotá (folios 61 a 120 -C.2y 5 a 63 -C.3-); la Res olución No. 1153 de 8 de noviembre de 2005 “por medio de la cual se nombra como depositaria provisional a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá”, dictada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (folios 64 a 67 y 130 a 185, C.3); la escritura

pública No. 258 de 31 de enero de 2007 otorgada en la Notaría 56 del Círculo de Bogotá (folios 129 a 131, C.1 y 70 a 73, C.3); el acta No. 48 de reunión de socios de Herman Carol & Cía. Ltda. (folio 74, C.3); la demanda de revocatoria directa de la Resolución No. 1153 (folios 76 a 84, C.3); la Resolución No. 1092 de 2 de octubre de 2007 “por medio de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 1153 de 8 de noviembre de 2005”, proferida por la Dirección Nacional de Estupefacientes (folios 85 a 90 y 124 a 129, C.3); la sentencia del 1º de marzo de 2007, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia – Sala de decisión de tutelas No. 2 (folios 114 a 119, C.1); el recibo por valor de $160.000.000 (folio 120, C.1) ; el contrato de arrendamiento comercial celebrado el 12 de febrero de 2007 entre la sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. y el señor John Jairo Cano Amaya (folios 121 a 127, C.1); el certificado de tradición y libertad del inmueble No. 50C -110896 de 29 de ju nio de 2010; ii) declaración rendida por la señora Martha Eugenia Maldonado Araque el 2 de noviembre de 2011 (folios 268 a 270, C.1); iii) copia de los actos administrativos

proferidos por la DNE, en el expediente 20080002 (folios 95 a 185, C.3); iv) copia de las resoluciones Nos. 1153 de 2005 y 1092 de 2007 y sus oficios de notificación (folios 186 a 276, C.3); v) la sentencia de 5 de agosto de 1999, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala especial de descongestión (folios 6 a 60 -C.2y 277 a 331 -C.3-); vi) la sentencia de 18 de enero de 2001, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (folios 121 a 149 -C.2y 332 a 360 -C.3-); vii) certificación de 19 de diciembre de 2011 sobre el proceso con radicado JR 3756-8 seguido en contra de Elcías Torres y otros (folios 1 y 2, C.1); viii) el auto de 7 de julio de 2010, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que confirma el proveído que negó la nulidad solicitada por la sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. (folios 117 a 126, C.8); ix) el auto de 24 de abril de 2012, proferido por el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, mediante el cual da respuesta a la solicitud del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (folios 127 a 132, C.8); x) el dictamen pericial de 15 de marzo de 2012 , rendido por el perito

Antonio José Sánchez Zambrano (folios 2 a 24, C.4); xi) dictamen pericial de 22 de marzo de 2012 rendido por el perito Víctor Hugo Ramírez Delgado (folios 1 a 26, C.4); xii) el informe de aclaración y complementación del dictamen pericial rendido por el perito Víctor Hugo Ramírez Delgado (folios 27 a 31, C.4); xiii) Resolución de 7 de abril de 2003, dictada por la Fiscalía 30 Especializada, mediante la cual se ordenó el inicio oficioso del trámite de extinción del derecho de dominio (folios 4 a 22, C.9); xiv) el edicto emplazatorio del inicio de trámite de extinción de dominio con radicado 1026 E.D. (folios 24 a 32, C.9); xv) la sentencia del 31 de enero de 2005, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializada de Extinción de Dominio de Descongestión (folios 33 a 74, C.9); xvi) la sentencia del 31 de agosto de 2005, proferida por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá (folios 75 a 104, C.9); y, xvii) el oficio No. 056 de 11 de mayo de 2012 del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá (folios 105 a 107, C.9). 17 Folio 429 del cuaderno 1.Radicación: 25000232600020070062101 (58.034)

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que insistió en la responsabilidad de la Rama Judicial por desconocer el procedimiento dispuesto en la Ley 333 de 1996 y omitir dar publicidad al proceso de extinción de dominio respecto de los bienes sujetos a registro18.

26. La sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. señaló que el juez no garantizó los derechos de los terceros de buena fe, como lo dispone el artículo 7 de la Ley 333 de 199619.

27. A su turno, la Nación – Rama Judicial reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda20.

28. La Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., como sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE en liquidación, reiteró que carece de funciones jurisdiccionales para ordenar la incautación del bien objeto de estudio o decretar las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre el mismo21.

29. El Ministerio Público conceptuó que la pasiva incurrió en error jurisdiccional, dado que emitió una orden genérica de extinción de dominio, sin verificar la existencia de otros legítimos propietarios del bien y decretar alguna medida cautelar que les permitiera hacer valer sus derechos. Asimismo, indicó que los perjuicios debían ser indemnizados solo en el monto equivalente a los rendimientos financieros causados durante el tiempo en que la sociedad demandante no pudo disponer del bien22.

La decisión

30. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

financieros causados durante el tiempo en que la sociedad demandante no pudo disponer del bien22.

La decisión

30. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos indicados al inicio de esta sentencia.

31. De manera introductoria, se pronunció sobre la caducidad para indicar que no había operado este fenómeno frente a las imputaciones dirigidas contra la Rama y la DNE, pues, en su sentir, los daños alegados con causa en las sentencias que declararon la extinción de dominio y en la reso lución que dispuso la destinación provisional, se conocieron con la anotación 12 del 17 noviembre de 2005 del folio de matrícula 50C 110896 en la que inscribió la referida resolución y como la demanda se presentó el 7 de noviembre de 2007, ello ocurrió en tiempo.

18 Folios 430 a 432 del cuaderno 1. 19 Folios 433 a 447 del cuaderno 1. 20 Folios 448 a 455 del cuaderno 1. 21 Folios 456 a 463 del cuaderno 1. 22 Folios 465 a 487 del cuaderno 1.Radicación: 25000232600020070062101 (58.034)

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32. Al punto de las imputaciones dirigidas contra la Superintendencia de Notariado y Registro por su aparente omisión en registrar la escritura pública 258 de 31 de

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32. Al punto de las imputaciones dirigidas contra la Superintendencia de Notariado y Registro por su aparente omisión en registrar la escritura pública 258 de 31 de enero de 2007 - que protocolizó la rescisión del contrato de compraventa suscrito entre los actores -, dijo que la acción no había caducado, dado que la Oficina de Registro emitió nota devolutiva del 11 de mayo de 2009 y la corrección de la demanda se presentó el 2 de julio de 2010.

33. Al referirse sobre la legitimación en la causa , dijo que c omo las funciones de esta Superintendencia se relacionan con la inspección y vigilancia de la actividad notarial y no con aquellas “… referentes a la extinción del derecho de dominio o el registro de decisiones judiciales o actos administrativos incautados , por tanto carece de legitimación para comparecer como demandada al presente proceso”.

34. Dicho lo anterior, se pronunció sobre la declaratoria de responsabilidad para concluir -luego de referirse al material probatorio - que la Rama Judicial incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por su omisión de decomisar el inmueble con el fin de evitar que permaneciera en el comercio durante 15 años, tiempo durante el cual la sociedad actora se lo compró al entonces procesado y luego lo vendió al señor Jhon Jairo Cano Amaya.

35. Agregó que aun cuando la sociedad devolvió la suma cancelada por la venta del inmueble al referido señor, lo concreto es que no se pudo inscribir el contrato de rescisión y con ello lograr que las cosas volvieran a su estado anterior.

35. Agregó que aun cuando la sociedad devolvió la suma cancelada por la venta del inmueble al referido señor, lo concreto es que no se pudo inscribir el contrato de rescisión y con ello lograr que las cosas volvieran a su estado anterior.

36. En línea con lo anterior, indicó que la DNE incurrió en una falla del servicio, pues si bien el juzgado le dejó a disposición el inmueble desde febrero de 2001, lo cierto es que solo hasta noviembre de 2005 lo destinó provisionalmente a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, con lo cual desconoció que le correspondía notificar el comiso de forma inmediata a las personas inscritas en el registro.

37. Frente a la falla que se le reprochó a la oficina de registro indicó que su función no se extiende a verificar la legitimidad de los actos jurídicos sometidos a registro, por lo que no procedía ninguna declaración de responsabilidad en su contra.

38. Concluyó que las fallas advertidas ocasionaron un daño antijurídico a la sociedad actora, pues como consecuencia de la rescisión del contrato de compraventa tuvo que devolverle al señor Cano Amaya el valor del inmueble, pese a lo cual no logró inscribir ese contrato ni pudo recuperar la propiedad o la posesión sobre el mismo.

39. Al punto del daño reclamado por el señor Jhon Jairo Cano Amaya indicó que no probó los daños que alegó, en tanto que no allegó prueba alguna de que hubiere celebrado contrato de promesa de compraventa del inmueble ni que se hubiera vistoRadicación: 25000232600020070062101 (58.034)

Actor: Sociedad Herman Carol & Cía. Ltda. y Jhon Jairo

Cano Amaya

celebrado contrato de promesa de compraventa del inmueble ni que se hubiera vistoRadicación: 25000232600020070062101 (58.034)

Actor: Socied