CE - 250002326000200710274021SENTENCIA20230928101335

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – error judicial – determinaciones dictadas en un proceso de reparación directa instaurado contra una empresa industrial y comercial del Estado por la muerte de una ciudadana / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – se ciñe a los cargos formulados contra el fallo del a quo por el recurrente / REPROCHES OBJETO DE ANÁLISIS – INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS MORALES – imposibilidad de adelantar un juicio de responsabilidad ante la inexistencia de la decisión cu estionada – DECISIÓN INHIBITORIA – no se evidencia un daño antijurídico – para su configuración la providencia debe estar desprovista de una justificación o argumentación razonable, lo que no sucedió en el caso concreto.

La Sala resuelve el recurso de ap elación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 21 de febrero de 2018, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I.SÍNTESIS DEL CASO

sentencia del 21 de febrero de 2018, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I.SÍNTESIS DEL CASO

Los accionantes estiman que en el proceso de reparación directa 1993 -07712 se incurrió en error judicial, pues en los fallos del 12 de julio de 1993 y del 30 de junio de 1994, dictados por el Tribunal Administrativo de Santander y por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su orden, se reconoció un monto inferior al que tenían derecho por perjuicios morales; no se tuvo en cuenta la condición de apelantes únicos y se declaró la excepción de falta de jurisdicción, decisiones que, a su modo de ver, impidieron acc eder a la reparación por la muerte de la señora Albertina Enciso Díaz.Radicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

2

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

En demanda presentada el 16 de junio de 1997, corregida el 22 de octubre de 19991 y subsanada el 14 de enero de 20102 (fls. 1 – 16; 64 – 105 y 268 – 273 del c.1), los señores José Domingo Díaz Daza; María Ruth, Lesme de Jesús, Clara Inés, Nohora María, Mercedes, Milena y Norma Elena Díaz Enciso solicitaron que se declarara la

señores José Domingo Díaz Daza; María Ruth, Lesme de Jesús, Clara Inés, Nohora María, Mercedes, Milena y Norma Elena Díaz Enciso solicitaron que se declarara la responsabilidad de la Nación -Rama Judicialcon ocasión de los supuestos errores jurisdiccionales cometidos por el Tribunal Administrativo de Santander y por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa 1993-07712.

Por lo anterior, pidieron que se les reconoci era y pagara por daño emergente la suma que resultara probada en el proceso a favor del señor José Domingo Díaz3 Daza y por daño moral el equivalente a 5.000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes.

Como fundamento fáctico de la demanda, la p arte actora manifestó, en resumen, que el 24 de enero de 1989, la señora Albertina Enciso Díaz falleció en el Hospital Ismael Darío Rincón de Barrancabermeja, hecho por el cual sus familiares iniciaron un proceso contra Ecopetrol E.I.C.E., debido a una presunta falla médica.

En fallo del 12 de julio de 1993, el Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones invocadas, providencia que fue cuestionada “ por los actores”, en el sentido de aumentar la indemnización reconocida.

A través de sentencia del 30 de junio de 1994, la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó esa determinación, toda vez que encontró probada la excepción de falta de jurisdicción y, como consecuencia, se inhibió para fallar de fondo el asunto, lo cual fr ustró “las justas aspiraciones indemnizatorias, sin que hubiese quedado

Estado revocó esa determinación, toda vez que encontró probada la excepción de falta de jurisdicción y, como consecuencia, se inhibió para fallar de fondo el asunto, lo cual fr ustró “las justas aspiraciones indemnizatorias, sin que hubiese quedado alternativa de reparación por la muerte, pues los intentos de anular el fallo fueron infructuosos”.

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales referidas profirieron decisiones contrarias a derecho, con sustento en lo siguiente:

1 Se modificaron los montos iniciales establecidos por perjuicios y se adicionaron unos medios de prueba. 2 Se precisaron las razones por las que se consideraba le asistía responsabilidad a la entidad demandada. 3 Estimado a la fecha de la demanda en $5’000.000.Radicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

3

(i) La primera, desconoció el precedente judicial frente al reconocimiento de los perjuicios morales por la muerte derivada de la falla médica, en tanto reconoció 350 gramos de oro para cada uno de lo s hijos de la víctima directa del daño, cuando lo correcto era otorgarles 1.000 gramos de oro.

(ii) La segunda, “afectó la situación del apelante único” al pronunciarse sobre un punto que no era objeto del recurso de apelación y, además, “denegó justicia” con la declaratoria de falta de jurisdicción para resolver de fondo el asunto, en razón de que la jurisdicción ordinaria civil era la llamada a

un punto que no era objeto del recurso de apelación y, además, “denegó justicia” con la declaratoria de falta de jurisdicción para resolver de fondo el asunto, en razón de que la jurisdicción ordinaria civil era la llamada a pronunciarse sobre la litis, postura que resultaba equivocada, al punto de que la misma Sección del Consejo de Estado la modificó el 20 de febrero de 1996 y precisó que “la competencia para dirimir controversias en las que involucrara la prestación de un servicio público de salud por parte de una empresa industrial y comercial del Estado estaba en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa”.

2. Trámite procesal en primera instancia

2.1. En auto del 25 de enero de 1999, el Tribunal Administrativo de Santander, después de aceptar varios impedimentos de sus magistrados para avocar el conocimiento del sub lite , remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 44 – 50 del c.1), providencia que fue apelada por la parte actora; pero, el Consejo de Estado no admitió el recurso pertinente4 (fls. 60 – 61 del c.1).

El 16 de febrero de 2000, el Tribunal Administrativo de Santander envió de nuevo el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 119 – 120 del c.1); sin embargo, los accionantes formularon recurso de súplica, el cual fue despachado desfavorablemente en proveído el 4 de septiembre de 2001 (fls. 152 – 159 del c.1). El 8 de octubre de 2003, esa Corporación declaró la nulidad y se abstuvo de decidir

desfavorablemente en proveído el 4 de septiembre de 2001 (fls. 152 – 159 del c.1). El 8 de octubre de 2003, esa Corporación declaró la nulidad y se abstuvo de decidir un recurso de reposición (fls. 165 – 170 y 200 – 201 del c.1).

Luego de varios trámites administrativos, el 13 junio de 2007 se sometió el expediente a reparto de los Juzgados Administrativos de Bogotá, con base en la cuantía del proceso (fl. 206 del c.1). El 10 de junio de 2008, el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado, admitió la demanda y dispuso su notificación (fls. 220 – 229 del c.1), auto contra el que la parte actora interpuso recurso de reposición; no obstante, obtuvo respuesta negativa (fl. 248 –

4 Por considerar que no se cumplía con la cuantía.Radicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

4 252 del c.1). Después, en providencia del 16 de junio de 2009, el juzgado declaró su falta de competencia funcional (fls. 257 – 259 del c.1).

El 9 de septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de toda la actuación del juzgado y avocó el conocimiento del asunto (fls. 263 – 264 del c.1) y, el 11 de diciembre de esa anualidad, inadmitió la demanda.

nulidad de toda la actuación del juzgado y avocó el conocimiento del asunto (fls. 263 – 264 del c.1) y, el 11 de diciembre de esa anualidad, inadmitió la demanda.

Dado que la falencia advertida fue subsanada, el 5 de febrero de 2010 se dispuso su admisión y notificación a la entidad estatal demandada y al Ministerio Público (fls. 267 y 275 del c.1), actuación que se cumplió en debida forma.

2.2. La Rama Judicial contestó la demanda, su reforma y subsanación, para lo cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas, puesto que las consideró carentes de soporte fáctico y jurídico.

Sobre los hechos, refirió que el daño causado a los demandantes se originó en las sentencias de primera y segunda instancia, dictadas en el marco del proceso de responsabilidad extracontractual adelantado por la muerte de la señora Albertina Enciso Díaz.

En ese sentido, precisó que el fallo del Tribunal Administrativo de Santander fue apelado por ambas partes, ya que, de un lado, los actores mostraron inconformidad con la compensación económica otorgada y, de otra parte, Ecopetrol E.I.C.E., como apelante adhesivo, reiteró su tesis atinente a la nulidad del proceso, aduciendo la falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para resolver esa demanda, situación que desvirtuaba la supuesta vulneración al debido proceso.

Asimismo, subrayó que la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que le puso fin a la controversia, se sujetó a las normas vigentes y a la jurisprudencia

Asimismo, subrayó que la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que le puso fin a la controversia, se sujetó a las normas vigentes y a la jurisprudencia decantada de la época frente a la competencia para juzgar asuntos jurídicos en los que interviniera una entidad como la demandada en esa oportunidad, circunstancias que permitían inferir que no se trató de una decisión arbitraria o caprichosa.

Por último, propuso las excepciones denominadas (i) falta de causa para demandar, porque las sentencias respondieron a un actuar conforme a los preceptos legales y jurisprudenciales de la época; (ii) culpa exclusiva de la víctima, en atención a que la parte demandante “al momento en que se declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción, no hizo lo pertinente para corregir dicha nulidad”; (iii) nulidad de todo lo actuado por falta de los requisitos del artículo 139 de CCA., toda vez que noRadicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

5 se aportaron las copias de las sentencias “que son base de la presente acción” (fls. 280 – 293 del c.1).

2.3. Vencido el período probatorio, el 13 de octubre de 2015, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fl. 579 del c.2), etapa en la que la Nación – Rama

partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fl. 579 del c.2), etapa en la que la Nación – Rama Judicial y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

2.4. La parte actora insistió en los argumentos de responsabilidad indicados en la demanda. De igual manera, hizo especial énfasis en lo expresado por el magistrado que salvó el voto respecto de la providencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, que decidió el recurso extraordinario de súplica formulado en el proceso por la muerte de la señora Albertina Enciso Díaz, en el que “ advierte la denegación de justicia, al proferirse un fallo inhibitorio por falta de competencia”.

En su criterio, se les privó de la posibilidad de obtener una reparación, habida cuenta de que contaban con una sentencia favorable “ pero en la que se otorgó una indemnización menor, apelaron, y lo que se obtuvo no fue el justo incremento, sino una sentencia inhibitoria por la supuesta falta de jurisdicción ”, pronunciamiento desacertado y cuyo yerro resultó palmario con la decisión que adoptó la Sección Tercera del Consejo de Estado el 20 de febrero de 1996, expediente 11.312, al rectificar su tesis sobre la competencia que la jurisdicción ostentaba para dirimir conflictos en los que se debatiera la responsabilidad de una empresa industrial y comercial del Estado, por las presuntas fallas en la prestación de los servicios de salud.

Arguyó que, “de no ser por un indebido reconocimiento de perjuicios perpetrado por el Tribunal Administrativo de Santander, no hubiese sido necesario interponer la apelación que quebrantó las justas aspiraciones indemnizatorias”, lo que convalida

salud.

Arguyó que, “de no ser por un indebido reconocimiento de perjuicios perpetrado por el Tribunal Administrativo de Santander, no hubiese sido necesario interponer la apelación que quebrantó las justas aspiraciones indemnizatorias”, lo que convalida también un erro r jurisdiccional ligado a la aplicación del precedente judicial por el monto de perjuicios morales reconocido, además de un trato discriminatorio y desigual, en relación con otros casos similares (fls. 580 – 583 del c.2).

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 21 de febrero de 2018, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda.Radicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

6 El a quo señaló que el análisis se circunscribía a verificar (i) si el Tribunal Administrativo de Santander omitió la aplicación del precedente judicial al efectuar el reconocimiento de perjuicios morales de los actores en el proceso de reparación directa que inic iaron por la muerte de la señora Albertina Enciso Díaz; y (ii) si la Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció la condición de apelante único de la parte actora, quien, únicamente, censuró el fallo de primera instancia del aludido tribunal, en relac ión con la indemnización ordenada y, de paso, si se equivocó al declarar la falta de jurisdicción para tramitar el asunto.

de la parte actora, quien, únicamente, censuró el fallo de primera instancia del aludido tribunal, en relac ión con la indemnización ordenada y, de paso, si se equivocó al declarar la falta de jurisdicción para tramitar el asunto.

Al respecto, previo a enunciar las normas que regulan el error judicial y conceptos acerca del precedente judicial, el cambio de jurisprudencia, el derecho de acceso a la Administración de Justicia, la implicación de decisiones inhibitorias, así como de relacionar los medios de prueba obrantes en el expediente, concluyó que las providencias enjuiciadas no comportaron un daño antijurídico para la parte actora y descartó, uno a uno, los interrogantes planteados.

En primer lugar, aclaró que para la época de los hechos en discusión no existía una línea jurisprudencial consolidada frente al reconocimiento de perjuicios morales en casos de muerte, sino que la unificación de ese punto se produjo hasta el 28 de agosto de 2014, es decir, muchos años después de la ocurrencia del evento en el que se soportaba la presunta antijuridicidad del daño, situación que permitía sostener que ese cargo no tenía vocación de prosperidad.

En segundo término, subrayó que no era cierto que la parte actora tuviera la condición de apelante único, habida cuenta de que Ecopetrol E.I.C.E. presentó apelación adhesiva y planteó, entre otras cosas, la falta de jurisdicción para resolver la litis, de ahí que el Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 357 del CPC, estaba facultado para pronunciarse sin limitaciones.

De este modo, en su criterio, quedaba sin soporte alguno su aseveración y “ mal

la litis, de ahí que el Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 357 del CPC, estaba facultado para pronunciarse sin limitaciones.

De este modo, en su criterio, quedaba sin soporte alguno su aseveración y “ mal podría hablarse de que tenía una situación consolidada, el hecho de haber obtenido una sentencia parcialmente condenatoria, cuando ésta carecía de firmeza hasta que no hubiera decisión de segunda instancia”.

Finalmente, concluyó que no había lugar a calificar de desacertada la declaración de falta de jurisdicción por parte de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, comoquiera que fueron abundantes motivos en los que se amparó no sólo ésta, sino la Sala Plena de la Corporación para mantener la determinación.Radicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

7 Resaltó que allí se puntualizó la inaplicación de otros pronunciamientos al proceso de reparación directa 1993-07712 (8825), porque no guardaban relación entre sí y a partir de los cuales la parte actora pretendió estructurar una nueva tesis “que se informaba por un criterio general del artículo 82 del CCA ante la falta de estipulación expresa que atribuyera competencia a esta jurisdicción para tramitar controversias de responsabilidad extracontractual de una E.I.C.E”.

Por tanto, las reglas de competencia aplicables para ese momento correspondían a los artículos 12 y 16 del CPC –antes de la modificación de la Ley 794 de 2003–, que

de responsabilidad extracontractual de una E.I.C.E”.

Por tanto, las reglas de competencia aplicables para ese momento correspondían a los artículos 12 y 16 del CPC –antes de la modificación de la Ley 794 de 2003–, que radicaban la competencia en la jurisdicción ordinaria y que, según la lectura de los artículos 6° y 31 de los Decretos 1050 y 3130 de 1968, las empresas industriales y comerciales del Estado se regían por derecho privado.

Añadió que para ese entonces no existía excepción a la regla general de competencia en asuntos de responsabilidad extracontractual de una empresa como Ecopetrol E.I.C.E., sino que la jurisprudencia la contempló en una providencia posterior, a saber, la del 20 de febrero de 1996, expediente 11.312, pero esta no fijó efectos retroactivos, por manera que no podía impactar lo ya debatido, so pena de afectar la cosa juzgada. En concreto, esto dijo (fls. 591 – 607 del c.ppal):

(…) Para la época de los hechos no existía una línea consolidada por parte del órgano de cierre de esta jurisdicción que contemplara su competencia para dirimir conflictos de responsabilidad extracontractual de una empresa industrial y comercial del Estado, distintos a los expresamente asignados por la ley, según el Decreto 3130 de 1968, por lo tanto, no habría razón para considerar una vulneración en la aplicación de no rma de carácter procesal, en vista de la inexistente atribución expresa de competencia para dirimir tales conflictos. Y en cuanto a la aplicación de criterio asumido por la sentencia de 1996, la Sala considera que este cambio de jurisprudencia no puede aplicarse, toda vez que

inexistente atribución expresa de competencia para dirimir tales conflictos. Y en cuanto a la aplicación de criterio asumido por la sentencia de 1996, la Sala considera que este cambio de jurisprudencia no puede aplicarse, toda vez que al momento de adoptar la sentencia por el Consejo de Estado objeto de la causa generadora del daño (30/06/1994), estaba sometido el accionante a las condiciones del debate judicial vigente que, como bien lo expuso la Sala Plena del Consejo de Estado cuando resolvió el recurso extraordinario de súplica, era una posición razonable a la que estaba sometido el demandante. Es decir, no existe derecho subjetivo del demandante a que no se cambie la jurisprudencia en el futuro y menos a que se retrotraiga ese nuevo criterio al caso ya decidido.

4. Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la determinación anterior y, en su lugar, se acceda a las pretensiones incoadas.

En esencia, estableció que constituía un desacierto del a quo asegurar que los 1.000 gramos de oro “no se les otorgaba siempre a los hijos de las víctimas fatales de las fallas imputables al Estado”, porque no se encontró un solo antecedente del TribunalRadicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

8 Administrativo de Santander “donde hubiere reconocido la exigua cantidad de 350 gramos de oro, como lo hizo y sin dar un motivo del por qué lo hacía”.

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

8 Administrativo de Santander “donde hubiere reconocido la exigua cantidad de 350 gramos de oro, como lo hizo y sin dar un motivo del por qué lo hacía”.

A ello sumó que el Consejo de Estado venía tasando desde tiempo atrás el perjuicio moral en los términos aludidos, situación que se observaba a partir de providencias del 19 de junio de 1989, expediente 4678; del 1º de marzo de 1990, expediente 3260; del 2 0 de septiembre de 1990, expediente 5702; del 28 de junio de 1991, expediente 6249; y del 20 de mayo de 1993, expediente 8325, lo que apuntaba a sostener que sí se ignoró el precedente sobre la materia.

Por ende, “ tal otorgamiento irrisorio fue lo que ob ligó a apelar la sentencia de primera instancia y lo que obviamente le permitió a Ecopetrol adherirse al recurso de apelación que se interpuso, haciendo perder la condición de apelante único y obtener una decisión que lesionó el interés legítimo ”, que, inc lusive, intentó que fuera amparado vía tutela, pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia no accedieron a lo pedido.

De otra parte, puntualizó que no era razonable que se dictara una decisión inhibitoria “aduciendo que por ser una empresa industrial y comercial del Estado se ha debido demandar ante la justicia civil ordinaria ”, para que “ pasados ocho meses ” se mencionara lo contrario, esto es, que las demandas como la que se instauró por la muerte de la señora Albertina Enciso Díaz contra Ecopetrol E.I.C.E. sí se podían

mencionara lo contrario, esto es, que las demandas como la que se instauró por la muerte de la señora Albertina Enciso Díaz contra Ecopetrol E.I.C.E. sí se podían tramitar ante el juez contencioso administrativo.

Comentó que no era ajustado argüir que la competencia de esta jurisdicción para dichos asuntos “empezó desde el día en el que el Consejo de Estado la reconoció, cuando profirió la sentencia del 20 de febrero de 1996 ”, comoquiera que el artículo 31 del Decreto 3130 de 1968, invocado en esa decisión, regía antes de que se produjera el fallo inhibitorio. Sobre el particular, en concreto, relató:

(…) El legislador ya venía advirtiendo desde 1968 que las demandas contra tales empresas eran de competencia de la justicia ordinaria, siempre y cuando no se tratara de funciones administrativas, esto es, de funciones típicamente del resorte del Estado, por lo que antes de inhibirse debió tener en cuenta que la muerte no se produjo por la explosión de un oleoducto, sino por una falla médica (…).

(…) La redacción de la norma era de claridad meridiana y su texto significaba a los ojos del observador más desprevenido que desde el año 1968 se entendía por parte del legislador que solamente los actos y hechos que una empresa industrial o comercial del Estado llevara a cabo en desarrollo de sus actividades industriales y comerciales estaban sujetos a la jurisdicc ión ordinaria. De resto, los actos y hechos de dichas empresas que no fueran ejecutados en desarrollo de estas, por el simple descarte, le correspondían a la justicia contencioso

industriales y comerciales estaban sujetos a la jurisdicc ión ordinaria. De resto, los actos y hechos de dichas empresas que no fueran ejecutados en desarrollo de estas, por el simple descarte, le correspondían a la justicia contencioso administrativa (…).Radicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

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Cuestionó que el tribunal hubiera citado apartes de la motivación del recurso extraordinario de súplica contra el fallo inhibitorio, a fin de enrostrar que no existía línea jurisprudencial acerca de la problemática planteada, a sabiendas de que allí solo “se verificó que no hubo oposición entre lo decidido por la Sección y lo decidido por la Sala Plena del mismo asunto (…) y nada tiene que ver con la cuestión que nos ocupa, porque lo que aquí se señala es que la Sección Tercera de aquel entonces se equivocó al negar fallar de fondo la demanda, aduciendo que no era competente, cuando la norma era clara, así que si no había pronunciamientos anteriores de la Sala Plena es irrelevante” (fls. 609 – 627 del c.1).

5. Trámite en segunda instancia

El 21 de febrero y el 8 de marzo de 2019, esta Corporación admitió el r ecurso de apelación interpuesto y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera su concepto (fls. 633 – 635 del c.1),

apelación interpuesto y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera su concepto (fls. 633 – 635 del c.1), etapa en la que la parte actora insistió en lo dicho a lo largo del proceso y los demás sujetos procesales no intervinieron (fls. 636 – 655 del c.ppal).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

A la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación5, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin c onsideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del CCA, cuya causa petendi sea defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error judicial o privación injusta de la libertad6.

2. Oportunidad de la acción

El artículo 136.8 del CCA, norma aplicable al asunto en cuestión, consagraba un término de dos años, contado a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, tiempo que, una vez vencido, impedía solicitar la

5 Acuerdo 80 de 2019. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio

Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.Radicación número: 25000-23-26-000-2007-10274-02 (63.225)

Actor: JOSÉ DOMINGO DÍAZ DAZA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

10 declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

En los casos en que se discute la responsabilid ad del Estado por error judicial, el término de caducidad inicia a correr a partir del día siguiente de aquel en el que quedó ejecutoriada o en firme la providencia que supuestamente lo contiene, cuando con esta se concreta el daño y si la persona afectada hizo parte del proceso; no obstante, si el daño se produce o se materializa con posterioridad a la actuación judicial que le dio origen, la caducidad comienza a correr desde que el afectado pudo evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta7.

En el sub lite, la parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios derivados de los supuestos errores judiciales contenidos en las decisiones del 12 de julio de 1993 y del 30 de junio de 1994, proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander y por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa 1993-07712.

La Sala advierte que la primera de las mencionadas decisiones fue revocada, por tal motivo, la oportunidad debe verificarse desde la ejecutoria de la segunda determinación, la cual se produjo una vez la Sala Plena del Consejo de Estado

La Sala advierte que la primera de las mencionadas decisiones fue revocada, por tal motivo, la oportunidad debe verificarse desde la ejecutoria de la segunda determinación, la cual se produjo una vez la Sala Plena del Consejo de Estado resolvió el recurso extraordinario de súplica promovido por los actores contra tal fallo8, puesto que con esa decisión el proceso no solo culminó, sino que la sentencia cuestionada en este juicio adquirió firmeza.

Cabe anotar que el recurso extraordinario de súplica era un medio de impugnación propio del procedimiento administrativo cuya finalidad primordial era lograr la uniformidad de la jurisprudencia de la Corporación, y así evitar que las distintas Secciones que la componen produjeran decisiones contradictorias respecto de los mismos puntos de derecho9.

Para la época de los hechos, la única regulación del aludido recurso estaba prevista en el artículo 130 del CCA, subrogado por artículo 21 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989, que establecía:

Habrá recurso de súplica, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo excluidos los consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra los autos interlocutorios o las sentencias proferidas por las secciones cuando sin la

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de abril de 2020, expediente 59.096, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 8 Se expl