CE - 250002326000200800502011SENTENCIA20230718105114

Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 25001-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

Demandada: INPEC y Fiscalía General de la Nación

Tema: Privación de la libertad. La parte demandante es apelante únic a. Se confirma la decisión de condenar a la Fiscalía debido a que esta decisión no fue apelada. Se confirma la decisión de negar la reparación del daño causado por la incautación del vehículo del demandante porque la parte actora no solicitó su reparación en la demanda. Se confirma la decisión de absolver al INPEC porque no se encontró una relación de causalidad entre el daño alegado y la actuación de dicha autoridad. Se revisa la liquidación de los perjuicios causada por la privación de la libertad de la víctima directa de acuerdo con las reglas jurisprudenciales y la limitación de la non reformatio in pejus. Se revoca la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Laura María Bernal de Muñoz y Nilsa Bernal Gaitán y, en su lugar, se niega la reparación de los perjuicios morales solicitada por estos demandantes porque no acreditaron la calidad

en la causa por activa de los demandantes Laura María Bernal de Muñoz y Nilsa Bernal Gaitán y, en su lugar, se niega la reparación de los perjuicios morales solicitada por estos demandantes porque no acreditaron la calidad con la cual comparecieron al proceso. Se ordena una medida no pecuniaria para la reparación del daño al buen nombre.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que dispuso:

<<PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación por activa de Laura María Bernal de Muñoz y Nilsa Bernal Gaitán, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General por la privación injusta de la libertad de que fue objeto Juan Santos Mesa.

TERCERO: CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General a pagar por concepto de daños morales, las siguientes sumas a cada uno de los demandantes:

Juan Santos Mesa (privado de la libertad) 100 smlmv Manuela Bernal Gaitán (compañera permanente) 100 smlmv Teresa Liévano Mesa (hermana) 50 smlmv Faustino Liévano Mesa (hermano) 50 smlmv Flor Liévano Mesa (hermana) 50 smlmvRadicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

Doris Liévano Meza1 (hermana) 50 smlmv

Flor Liévano Mesa (hermana) 50 smlmvRadicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

Doris Liévano Meza1 (hermana) 50 smlmv Desiderio Liévano Mesa (hermano) 50 smlmv

CUARTO: CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de lucro cesante a favor de Juan Santos Mesa, la suma de ciento cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y un pesos ($154.582.251).

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda

SEXTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia (…)>>.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

Mediante auto del 14 de mayo de mayo de 2019 2 el Tribunal Administrati vo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y , en aplicación de la Ley 1395 de 2010, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía porque esta entidad no asistió a la audiencia de conciliación. En consecuencia, este despacho admitió la apelación de los demandantes el 1o de agosto de 20193.

Se corrió traslado para alegar de conclusión el 12 de septiembre de 2019. La Fiscalía

a la audiencia de conciliación. En consecuencia, este despacho admitió la apelación de los demandantes el 1o de agosto de 20193.

Se corrió traslado para alegar de conclusión el 12 de septiembre de 2019. La Fiscalía alegó de conclusión; el INPEC y los demandantes guardaron silencio. El Ministerio Público solicitó revocar la condena impuesta a la Fiscalía porque se configur ó el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 23 de octubre de 2008 por Juan Santos Mesa (víctima directa) y sus familiares. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación para obtener la reparación del daño causado por la privación de la libertad a la que fue sometido entre el 29 de julio de 2004 y el 27 de octubre de 2006 4, es decir, por <<27 meses>> . Así mismo, la parte actora demandó al I NPEC para obtener la reparación del daño causado por la falta de atención médica durante el tiempo en el que la víctima directa estuvo detenida. En el proceso penal se le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<(…) 1. Declárese que la entidad pública demandada (Nación – Fiscalía General de la Nación, Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados al señor Juan Santos Mesa, a sus hijos María del Pilar Mesa Rojas, Juan Pablo Mesa Rojas,

Nación, Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados al señor Juan Santos Mesa, a sus hijos María del Pilar Mesa Rojas, Juan Pablo Mesa Rojas,

1 En relación con l a señora Doris Liévano Meza , la Sala destaca que, pese a que en su registro civil de nacimiento está su apellido con “s”, es decir, Mesa , en el poder que aportó al proceso firma con “z”, así: Meza. Por lo tanto , se tendrá el apellido como lo firma en el poder, ya que no aportó copia de su cédula de ciudadanía. 2 Fl. 612, c.ppal. 3 Fl. 621, c. ppal. 4 Estas fechas corresponden a las indicadas en las afirmaciones de la demanda.Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

a su esposa María del Carmen Rojas 5, a su compañera permanente Manuela Bernal Gaitán, a sus hermanos Teresa Liévano Mesa, Faustino Liévano Mesa (discapacitado), Flor Liévano de Rojas, Doris Liévano Meza, Desiderio Liévano Mesa y sus cuñadas Laura María Bernal de Muñoz, Nilsa Bernal Gaitán, como consecuencia del error judicial que condujo a la retención y pérdida de la libertad del señor Juan Santos Mesa, sus padecimientos y daños físicos y psicológicos injustamente ocasionados a él y a su familia.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, ordenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación, Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC como

padecimientos y daños físicos y psicológicos injustamente ocasionados a él y a su familia.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, ordenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación, Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC como reparación del daño ocasionado a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de $1.357.776.900, conforme lo probado dentro del proceso, que corresponden además a los perjuicios causados, tanto de orden material, incluidos daño emergente, los efectos futuros o consecuenciales de los daños ocasionados, el lucro cesante y la pérdida o disminución de oportunidades de desarrollo personal, estabilidad económica, como también los perjuicios morales, biológicos, psicológicos causados para el resto de la existencia de los demandantes.

3. Condénese a la demandada a pagar a los demandantes, o a su apoderado, las cantidades liquidas de dinero que se establezcan pericialmente, causados y que se causen desde la fecha de presentación de esta demanda y durante el resto de la vida probable de Juan Santos Mesa para atender las consecuencias de los daños hasta cuando se estime su restablecimiento total y definitivo, por los siguientes conceptos:

3.1) Por los costos y demás erogaciones efectuadas y que deban efectuarse para atender oportunamente las secuelas de la injusta privación de la libertad de que fue víctima que se requieran el resto de la vida probable.

3.2). Por los gastos realizados y que deban realizarse para obtener los servicios

oportunamente las secuelas de la injusta privación de la libertad de que fue víctima que se requieran el resto de la vida probable.

3.2). Por los gastos realizados y que deban realizarse para obtener los servicios permanentes de terapia física, de psiquiatría, de psicología y de las demás disciplinas de la salud que deban atender al afectado y a los demás demandantes, incluyend o el valor de los perjuicios, teniendo en cuenta que Juan Santos Mesa debe adecuarse socialmente a su nueva forma de vida, por causa de la injusta privación de libertad, detrimento de su salud y de su imagen y las angustias propias de este estado.

4). Condénese a la Nación demandada a pagar a los demandantes, o a su apoderado, las cantidades liquidas de dinero que se establezcan principalmente, por la pérdida o disminución de la capacidad laboral a consecuencia de los daños biológicos y psicológicos causados por causa de la afectación de su imagen y cognición, teniendo en cuenta para esta indemnización el salario promedio mensual, primas, cesantías, vacaciones y demás emolumentos laborales, teniendo en cuenta la calidad de conductor profesional que ostenta el demandante Juan Santos Mesa.

5). En subsidio de las pretensiones 3 y 4, que se condene a la Nación demandada a pagar, a título de perjuicios, a cada uno de los demandantes, o a su apoderado, el valor causado y el que se proyecte a quinientos (500) salarios mínimos mensuales vigentes, a la fecha de ejecutoría de la sentencia definitiva.

(…) 5.3. Que se condene a la Nación demandada a pagar a título de perjuicios morales,

la fecha de ejecutoría de la sentencia definitiva.

(…) 5.3. Que se condene a la Nación demandada a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes, o a su apoderado, el valor de quinientos (500) salar ios mínimos mensuales legales vigentes, a la fecha de ejecutoría de la sentencia definitiva. (…)>>.

3.- En el acápite de <<estimación razonada de la cuantía>> los demandantes especificaron los perjuicios solicitados, así:

<<(…) 1.- Daño emergente:

Valor de $69.304.900 por concepto de costos pagados por servicios médicos, servicios de exámenes médicos, tratamientos, medicamentos, transporte propio y de un

5 Si bien el demandante Juan Santos Mesa presentó la demanda de reparación directa como agente oficioso de María del Pilar Mesa Rojas, Juan Pablo Mesa Rojas y María del Carmen R ojas, lo cierto es que el 21 de enero de 2010 la víctima directa mediante memorial desistió de la agencia oficiosa de los antes nombrados. El tribunal aceptó dicho desistimiento mediante auto del 30 de septiembre de 2010. Fl. 137, c.1.Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

acompañante promedio anual individual para atender las consecuencias sufridas por Juan Santos Mesa y demás demandantes (…).

Valor estimado de $402.342.000 por costos de atención médica y psiquiátrica, requeridos. Que dentro del proceso se corrobora mediante peritajes que dictaminarán sobre los costos esperados por servicios médicos, clínicos, exámenes de laboratorio, tratamientos,

Que dentro del proceso se corrobora mediante peritajes que dictaminarán sobre los costos esperados por servicios médicos, clínicos, exámenes de laboratorio, tratamientos, radiografías, medicamentos, el valor del tiempo y el transporte propio y de su acompañante, para atender las consecuencias sufridas por Juan Santos Mesa, incluidos los costos de fisiatría, terapias físicas, atención psiquiá trica y psicológica y demás disciplinas de la salud, para atender los efectos de las lesiones sufridas y sus secuelas por el resto de la vida probable de los demandantes.

2. Lucro cesante

Valor estimado de $887.400.000 por reducción de ingresos laborales futuros, teniendo en cuenta que Juan Santos Mesa es conductor y comerciante particular. Teniendo en cuenta que la expectativa de vida aproximada es de 18 años más, que se cuentan desde la presentación de la demanda, hasta los ochenta años (80), promedio d e vida productiva del demandante, en Colombia. Esta cifra estimada para 216 meses a razón de $2.958.000 mensuales de disminución de ingresos, se corroborará mediante un peritaje, teniendo en cuenta que por el estigma social que padece, no tiene la posibili dad que tenía antes de contratación y de generación de ingresos (…)

3. Daños morales

(…) Se considera que Juan Santos Mesa debe recibir una compensación económica de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago, aunado por la pérdida de la madre por lo que debe recibir una compensación económica; y que los demás familiares, relacionados en el hecho segundo deben recibir una compensación económica de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de pago.

Daños biológicos

los demás familiares, relacionados en el hecho segundo deben recibir una compensación económica de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de pago.

Daños biológicos

(…) Como quiera que en este asunto la pérdida de su salud y las demás secuelas que se han dejado reseñadas en esta demanda son de inmensa gravedad para cualquier persona, pero en mayor grado cuando se trata de una víctima de tercera edad, se estima que por este concepto Juan Santos Mesa debe ser indemnizado con una compensación económica de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago.

Daños psicológicos

(…) Teniendo en cuenta que el grave daño causado a Juan Santos Mesa y el constante deterioro psicológico que por esa causa padecerá de por vida, se estima que debe recibir una compensación económica de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago. (…)>>.

4.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas por la parte actora, se extrae que:

4.1.- La investigación penal tuvo su origen en la denuncia presentada por Marco Antonio Vera Ricaurte, quien señaló que el 30 de septiembre de 1999 dos miembros de las FARC llegaron a l establecimiento de comercio donde su primo Édgar Olaya Quijano vendía productos cárnicos y, luego de hablar con él, se lo llevaron en el vehículo del demandante Juan Santos Mesa.

4.2.- El 29 de julio de 2004 el demandante Juan Santos Mesa fue capturado.Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

demandante Juan Santos Mesa.

4.2.- El 29 de julio de 2004 el demandante Juan Santos Mesa fue capturado.Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

4.3.- El 11 de agosto de 2004 la Fiscalía Cuarta Especializada de la Unidad de Fiscalías Delegadas Antiextorsión y Secuestro dictó medida aseguramiento contra el demandante Juan Santos Mesa, a quien le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado.

4.4.- El 24 de octubre de 2006 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca profirió sentencia absolutoria a favor del demandante Juan Santos Mesa en aplicación del principio in dubio pro reo y ordenó su libertad. El 10 de abril de 2007 la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca confirmó la anterior decisión.

5.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se surtieron las siguientes actua ciones relevantes: (i) el demandante fue capturado el 29 de julio de 2004; (ii) el 11 de agosto de 2004 la Fiscalía dictó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario; (iii) el 24 de octubre de 2006 el juzgado dictó sentencia absolutoria a favor del demandante Juan Santos Mesa y ordenó su libertad, y (iv) el 10 de abril de 2007 el tribunal confirmó la sentencia absolutoria.

6.- Según la parte actora, el demandante Juan Santos Mesa fue privado injustamente de la libertad debido a que no existía prueba alguna que permitiera inferir su responsabilidad

6.- Según la parte actora, el demandante Juan Santos Mesa fue privado injustamente de la libertad debido a que no existía prueba alguna que permitiera inferir su responsabilidad penal. La vinculación al proceso penal se dio con fundamento en <<testigos de oídas que no presenciaron los supuestos hechos delictivos>>. Así mismo señaló que el INPEC era responsable por <<las pésimas condiciones de salubridad, el hacinamiento, y la falta de atención médica>>, <<el uso en varias ocasiones de gases lacrimógenos (…) las requisas en la madrugada en la cancha de futbol o en el patio, lejos de los dormitorios desnudándolo>> lo que generó afectación al sistema respiratorio, y resaltó que la víctima directa tenía 60 años de edad.

7.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que:

7.1.- El demandante Juan Santos Mesa y sus familiares sufrieron perjuicios morales, especialmente porque durante su detención <<falleció su señora madre Graciela Mesa y no pudo ir a visitarlo>>.

7.2.- El demandante Juan Santos Mesa incurrió en gastos de servicios médicos, exámenes, tratamientos, m edicamentos y transporte, incluidos los costos de Fisiatría, terapias físicas, atención psiquiátrica y psicológica <<y demás disciplinas de la salud, para atender los efectos de las lesiones sufridas y sus secuelas por el resto de la vida probable>>.

7.3.- Las víctimas indirectas incurrieron en gastos de transporte, alimentación, compra de implementos de aseo y consignaciones para el demandante Juan Santos Mesa cuando estaba recluido.

7.4.- La víctima directa dejo de percibir los ingresos correspondientes a la labor que

de implementos de aseo y consignaciones para el demandante Juan Santos Mesa cuando estaba recluido.

7.4.- La víctima directa dejo de percibir los ingresos correspondientes a la labor que ejercía como conductor y comerciante.

7.5.- El demandante Juan Santos Mesa padeció de perjuicios <<biológicos y psicológicos> por el grave deterioro su salud y el constante deterioro psicológico, <<lo cual requiere revisiones periódicas so bre su estado de salud mental y física, en búsqueda de un mejoramiento de esas secuelas dañinas en lo funcional, en lo estético y en lo psicológico>>.Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

B. Posición de las entidades demandadas

8.- La Fiscalía se opuso a las pretensiones. Como argumentos de defensa expuso que: (i) actuó de conformidad con la Constitución y la ley; (ii) la detención no fue injusta porque existían indicios graves contra el demandante Juan Santos Mesa y no se observó una actuación caprichosa por parte del ente acusador; (iii) no existió un nexo causal entre la actuación de la Fiscalía y el daño que solicitan los demandantes; y (iv) no es posible la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad.

9.- El INPEC contestó la demanda extemporáneamente. Sin embargo, en sus alegatos señaló que: (i) el daño antijurídico es imputable a la Fiscalía, quien era la entidad encargada de dictar la medida de aseguramiento contra el demandante Juan Santos Mesa y (ii) los demandantes no probaron el nexo causal entre la falla del servicio y la

encargada de dictar la medida de aseguramiento contra el demandante Juan Santos Mesa y (ii) los demandantes no probaron el nexo causal entre la falla del servicio y la actuación del INPEC. Adicionalmente, manifestó que no estaba legitimado en la causa por pasiva y que la señora Manuela Bernal Gaitán no acreditó su condición de compañera permanente de la víctima directa.

C. Sentencia recurrida

10.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C profirió la sentencia de primera instancia del 31 de marzo de 2016, en la que adoptó las siguientes decisiones:

10.1.- Declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa de Laura María Bernal de Muñoz y Nilsa Bernal Gaitán porque no acreditaron la calidad de cuñadas de la víctima directa con la que comparecieron al proceso.

10.2.- Condenó a la Fiscalía al aplicar un régimen objetivo de responsabilidad. Al respecto, señaló que se demostró la responsabilidad del ente acusador debido a que en el proceso penal <<se mantuvo intacta la presunción de inocencia que amparaba a Juan Santos Mesa>> y porque dictó la medida de aseguramiento y posteriormente el juez penal profirió sentencia absolutoria a favor de la víctima directa.

10.3.- Negó las pretensiones contra el INPEC porque los padecimientos de salud del demandante Juan Santos Mesa no eran imputables esa ent idad, ya que los demandantes no probaron la falta de atención médica, la ausencia de una cama en el establecimiento carcelario, el uso de gases lacrimógenos y las requisas en la madrugada en condiciones climáticas críticas.

demandantes no probaron la falta de atención médica, la ausencia de una cama en el establecimiento carcelario, el uso de gases lacrimógenos y las requisas en la madrugada en condiciones climáticas críticas.

11.- Respecto de los perjuicios:

a.- Reconoció el pago de los perjuicios morales para la víctima directa, su compañera permanente y sus hermanos, en los montos trascritos al principio de la providencia.

b.- Negó la reparación del daño emergente porque: (i) los demandantes no probaron los gastos por las visitas que las víctimas indirectas realizaron al establecimiento carcelario, los costos por servicios médicos, tratamientos, medicamentos y transporte y (ii) los demandantes aportaron pruebas que <<no guardan relación con (…) la privación injusta de la libertad>>, como lo son los gastos en los que incurrió la víctima directa con ocasión de la incautación del vehículo ordenada en el proceso penal, daño cuya reparación no se solicitó en la demanda.Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

c.- Reconoció el lucro cesante porque la parte actora acreditó que el demandante Juan Santos Mesa prestaba sus servicios como conductor de transporte público encargado de hacer expresos en su vehículo en el municipio de Viotá y hacia diferente veredas . Para liquidar este perjuicio tomó como base de la liquidación la ponderación de los valores que fueron referenciados en las certificaciones expedidas por usuarios del transporte, la Tesorería de Viotá y el Hospital San Francisco de Viotá; le adicionó el 25% por concepto de prestaciones sociales; y tuvo en cuenta los 8,75 meses de reubicación

valores que fueron referenciados en las certificaciones expedidas por usuarios del transporte, la Tesorería de Viotá y el Hospital San Francisco de Viotá; le adicionó el 25% por concepto de prestaciones sociales; y tuvo en cuenta los 8,75 meses de reubicación al momento de establecer el periodo a indemnizar.

d.- Negó la reparación del daño a la salud (perjuicios biológicos y psicológicos) porque no se acreditaron las circunstancias a las que fue sometido el demandante Juan Santos Mesa en el establecimiento carcelario y que generaron, a juicio de los demandantes, las secuelas físicas y psicológicas en la víctima directa.

D. Recurso de apelación

12.- Los demandantes solicitan que se modifique la sentencia de primera instancia, para que:

12.1.- Se revoque la decisión que declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa de Laura María Bernal de Muñoz y Nilsa Bernal Gaitán porque el t ribunal no señaló cuál fue el documento que hizo falta para acreditar el parentesco con la compañera permanente de la víctima directa. Adicionalmente , señalan que la calidad con la que acudieron al proceso se encontraba acreditada con las pruebas testimoniales, sin mencionar a qué testimonios se refieren.

12.2.- Se condene al INPEC porque si bien acreditar la crueldad y los <<horrores de la cárcel>> es una carga probatoria imposible de cumplir, lo cierto es que el INPEC no realizó un acompañamiento de las secuelas en lo funcional, estético y psicológico del demandante Juan Santos Mesa, durante y después de su detención. Ya que al demandante solo lo atendían cuando presentaba <<cuadros clínicos de importancia>>.

realizó un acompañamiento de las secuelas en lo funcional, estético y psicológico del demandante Juan Santos Mesa, durante y después de su detención. Ya que al demandante solo lo atendían cuando presentaba <<cuadros clínicos de importancia>>.

12.3.- Se incremente la cuantía de los perju icios reconocidos por lucro cesante porque <<el salario mínimo es inferior a lo que devengaba el demandante como trasportador>>.

12.4.- Se aumente la cuantía de los perjuicios morales y se reconozca la reparación de los perjuicios biológicos y psicológicos.

12.5.- Se repare el daño emergente porque si bien los gastos que tuvo el demandante Juan Santos Mesa y su familia, durante o posterior a la detención, <<no estaban detallados rigurosamente>>, lo cierto es que sí existieron.

12.6.- Se reconozcan los gastos en que incurrió el demandante Juan Santos Mesa para reparar los daños que sufrió el vehículo de su propiedad que fue incautado en el trámite del proceso penal.

12.7.- Se condene en costas a las autoridades vencidas en este proceso, de conformidad con el art. 171 del CPACA.Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

13.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.: (i) las circunstancias que provocaban las afectaciones en la salud de la víctima directa cesaron cuando el demandante Juan Santos Mesa recobró la

para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.: (i) las circunstancias que provocaban las afectaciones en la salud de la víctima directa cesaron cuando el demandante Juan Santos Mesa recobró la libertad el 27 de octubre de 20066; (ii) la sentencia penal absolutoria quedó ejecutoriada el 22 de mayo de 2007 7; y (iii) la demanda fue interpuesta a tiempo el 23 de octubre de 2008.

14.- Se confirmará la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación debido a que no fue apelada por esta entidad, que era la que podía tener interés en ello.

15.- Se confirmará la decisión de negar la reparación del daño causado por la incautación del vehículo del demandante porque la parte actora no solicitó su reparación en la demanda. Si bien en las afirmaciones de la demanda se mencionó la incautación del vehículo, en las pretensiones no se incluyó ninguna dirigida a obtener su reparación.

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

16.- A partir de: (i) el acta de la diligencia de captura 8 y (ii) la orden de libertad emitida por el INPEC9, está probado que e l demandante Juan Santos Mesa estuvo privado de su libertad entre el 29 de julio de 2004 y el 27 de octubre de 2006, es decir, por un término de dos (2) años, dos (2) meses y veintiocho (28) días.

17.- Está demostrado que mediante providencia del 24 de octubre de 2006 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca profirió sentencia

de dos (2) años, dos (2) meses y veintiocho (28) días.

17.- Está demostrado que mediante providencia del 24 de octubre de 2006 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca profirió sentencia absolutoria a favor del demandante Juan Santos Mesa en aplicación del principio in dubio pro reo, y que el 10 de abril de 2007 la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca confirmó la anterior decisión.

18.- En esta providencia, la Sala:

18.1.- Confirmará la decisión de absolver al INPEC porque no se demostró el nexo causal entre la actuación del INPEC con los padecimientos de salud del demandante Juan Santos Mesa . Lo anterior, porque no se probó que dichos padecimientos fueran causados por las condiciones de su reclusión.

18.2.- Revisará la liquidación de los perjuicios causada por la privación de la libertad de la víctima directa de acuerdo con las reglas jurisprudenciales . Sin embargo, debido al principio de la non reformatio in pejus, se confirmará el monto los perjuicios reconocidos en primera instancia debido a que no se puede hacer más gravosa la situación del apelante único.

6 Según orden de Libertad expedida por el INPEC. Fl. 255, c.1. 7 Según constancia de ejecutoria expedida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca. visible a fl.92, c.2. 8 Fl. 35, c.1. 9 Fl, 51-63. c.1.Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

8 Fl. 35, c.1. 9 Fl, 51-63. c.1.Radicado: 25000-23-26-000-2008-00502-01 (64347)

Demandantes: Juan Santos Mesa y otros

18.3.- Se ordenará una medida no pecuniaria para la reparación del daño al buen nombre.

G. La parte demandante no demostró que las afectaciones físicas y psicológicas de la víctima directa fueron causadas por una acción u omisión del INPEC

19.- Acerca de la atención médica de la víctima directa durante el período de su detención, los demandantes aportaron los siguientes elementos de prueba:

19.1.- La historia clínica del demandante Juan Santos Mesa por el t