CE - 250002326000200800737011SENTENCIA20230704224329

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 250002326000200800737 01 (49640)

EDGAR MORALES RODRÍGUEZ NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUPERINTENDENCIA,FINANCIERA Error jurisdiccional. Caducidad de la acción frente a la Fiscalía General de la Nación. Falta de legitimación en la causa por activa frente a la Superintendencia Financiera. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dél 26 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la caducidad de laacción de reparación directa. l. SÍNTESIS DEL CASO El 20 de abril de 1998, Mira Comunicaciones Ltda., representada legalmente por Edgar Morales Rodríguez, y Leasing de Occidente S.A., celebraron el contrato de leasing No. 54945, en el que esta última se obligó a entregar a título de leasing a Mira Comunicaciones Ltda., un vehículo marca Ford Explorer XL T, automático de placa ZIP 897, y a su vez, Mira Comunicaciones Ltda. se obligó a pagar un canon mensual de $1.424.624,00. No obstante, ante el incumplimiento en el pago del valor pactado, Leasing de Occidente S.A. dio por terminado el referido contrato y recobró

mensual de $1.424.624,00. No obstante, ante el incumplimiento en el pago del valor pactado, Leasing de Occidente S.A. dio por terminado el referido contrato y recobró el vehículo objeto del contrato No. 54945. Por lo anterior, Mira Comunicaciones Ltda. presentó queja ante la Superintendencia Bancaria quien, a través de Resoluciones 382 del 29 de abril de 2003 y 1652 del 21 de septiembre de 2006, impuso y confirmó, respectivamente, sanciones económicas a Leasing de Occidente S.A por incumplimiento de las normas relativas al manejo de solvencia, riesgo crediticio y el defecto en provisiones respecto de bienes recibidos en dación en pago, cobro de tasas de interés que superan el máximo legal e incumplimiento de las normas sobre prevención del lavado de activos.2

Radicado: 250002326000200800737 01 (49640] Demandante: Edgar Morales Rodríguez El 14 de julio de 2005, Edgar Morales Rodríguez, en representación de Mira Comunicaciones Llda., presentó denuncia penal contra Leasing de Occidente S.A., por los presuntos delitos de falsedad en documento, estafa y usura. Posteriormente, a través de providencia del 30 de marzo de 2006, la Fiscalía 68 de la Unidad de Delitos Contra el Orden Económico Social Delegada ante los Jueces Penales del Circuito profirió resolución inhibitoria para conocer del asunto, decisión que fue confirmada mediante proveído del 24 de agosto de 2006, proferido por la Fiscalía 24 delegada ante el Tribunal. Como consecuencia de lo anterior, en fecha indeterminada, Edgar Morales Rodríguez, en nombre propio, presentó acción de

confirmada mediante proveído del 24 de agosto de 2006, proferido por la Fiscalía 24 delegada ante el Tribunal. Como consecuencia de lo anterior, en fecha indeterminada, Edgar Morales Rodríguez, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Fiscalía General la Nación con el fin de que le fueran amparados los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2007, la Sala de Casación Penal - Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia negó por improcedente la referida acción tuitiva. Decisión que posteriormente, fue confirmada. a. través. de sentencia del 16 de marzo de 2007, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema. El demandante considera que la Fiscalía General de la Nación incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque omitió cumplir su función de investigar la presunta comisión de varios delitos endilgados a Leasing de Occidente S.A.; y que la Superintendencia Financiera incurrió en falla del servicio porque omitió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por las anomalías encontradas al interior de Leasing de Occidente S.A. y por las cuales se le impusieron sanciones económicas.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 18 de diciembre de 20081, Edgar Morales Rodríguez, "en calidad de representante legal de Mira Comunicaciones Ltda. ", mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la 1 FI. 3 a 27 y 32 a 33, C.1.3

Kadícado: 250002326000200800737 01 ( 49640)

Demandante: Edgar Morales Rodríguez

en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la 1 FI. 3 a 27 y 32 a 33, C.1.3

Kadícado: 250002326000200800737 01 ( 49640) Demandante: Edgar Morales Rodríguez Nación - Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia Financiera por ificurrir en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y falla en el servicio, respectivamente, por "[. .. ] negligencia manifiesta en el cumplimiento de sus funciones con ocasión del contrato No. 54945 del 20 de abril de 1998, celebrado entre Edgar Morales Rodríguez y la nombrada entidad financiera".

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, por perjuicios morales, la suma de $200.000.000; y por "perjuicios materiales", la suma de $760.995.137. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 20 de abril de 1998, Mira Comunicaciones Ltda., representada por Edgar Morales Rodríguez, y Leasing de Occidente S.A., celebraron el contrato de leasing No. 54945, en el que Mira Comunicaciones Ltda. figuraba como el "usuario" y Leasing de Occidente S.A. como la "compañía". Refiere que, a través del mencionado contrato, la compañía "se comprometía" a entregar al usuario a título de leasing, el vehículo marca Ford Explorer XL T automático 4X4, modelo 1998 de placa ZIP 897 y, el usuario se obligaba a pagar una cuota de $1.424.624,00 a la compañía. Sostiene que Leasing de Occidente S.A., argumentando el incumplimiento de Mira Comunicaciones Ltda., dio por terminado el contrato y, mediante "actuaciones que

una cuota de $1.424.624,00 a la compañía. Sostiene que Leasing de Occidente S.A., argumentando el incumplimiento de Mira Comunicaciones Ltda., dio por terminado el contrato y, mediante "actuaciones que riñen con el ordenamiento legal que regula la materia de leasing y desconociendo los derechos del arrendatario con opción de compra", recobró el vehículo objeto del contrato No. !:i:4945. Indica que el 20 de marzo de 2001, Mira Comunicaciones Ltda. presentó una queja ante la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia financiera) y que esta entidad inició una investigación contra Leasing de Occidente S.A., en la que, a través de Resoluciones 382 del 29 de abril de 2003 y 1652 del 21 de septiembre ?e 2006, se impusieron y confirmaron, respectivamente, sanciones económicas a la investigada, por considerarse "que estaban incurriendo en doble contabilidad, usura y llamó la atención sobre posible lavado de activos".4

Radicado: 250002326000200800737 01 (49640) Demandante: Edgar Morales Rodríguez Con fundamento en lo anterior, el 14 de julio de 2005, Mira Comunicaciones Ltda. presentó denuncia penal contra Leasing de Occidente S.A., por los presuntos delitos de "falsedad, estafa, usura", haciendo énfasis en que dicha denuncia era distinta a la presentada ante la Fiscalía 79 Secciona! "en oportunidad anterior (30 de septiembre de 2002) por hechos correspondientes a una presunta falsedad en documento privado, para establecer la diferencia entre las dos denuncias".

Indica que la denuncia del 14 de julio de 2005 fue asignada a la Fiscal 179 Secciona!

de septiembre de 2002) por hechos correspondientes a una presunta falsedad en documento privado, para establecer la diferencia entre las dos denuncias". Indica que la denuncia del 14 de julio de 2005 fue asignada a la Fiscal 179 Secciona! de Bogotá, quien mediante auto del 26 de julio de 2005 ordenó adelantar la investigación y la práctica de algunas pruebas. No obstante, dichas diligencias no se adelantaron ni se practicaron porque el apoderado de los denunciados indicó que ya existía pronunciamiento judicial sobre los mismos hechos. Resalta que, a través de auto del 6 de octubre de 2005, la Fiscalía 179 Secciona! de Bogotá resolvió remitir la denuncia del 14 de julio de ese mismo año, a la Fiscalía 79. "por tratarse de hechos nuevos sobrevinientes a la denuncia radicqda en el expediente No. 651782 de 2002", lo cual vulneró los "derechos de contradicción y debido proceso" del denunciante. Refiere que, mediante auto del 26 de enero de 2006, la Fiscalía 68 de la Unidad de Delitos Contra el Orden Económico Social Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, avocó conocimiento de la investigación penal y ordenó la práctica de varias pruebas. No obstante, a través de decisión del 30 de marzo de 2006, dicho despacho fiscal profirió resolución inhibitoria para conocer del asunto. Sostiene que mediante proveído del 24 de agosto de 2006, la Fiscalía 24 Delegada ante el Tribunal confirmó la resolución inhibitoria del 30 de marzo de ese mismo año, p_roferida por la Fiscalía 68, al considerar que frente al delito de falsedad en

ante el Tribunal confirmó la resolución inhibitoria del 30 de marzo de ese mismo año, p_roferida por la Fiscalía 68, al considerar que frente al delito de falsedad en documento privado había operado el fenómeno de prescripción; en cuanto al delito de estafa estaba probado que el denunciante conoció y leyó el documento objeto de denuncia y; respecto al delito de usura no se presentó la querella de que trata el artículo 33 del C.P.P.5

Kiidícado: 250002326000200800737 01 (49640) Demancbnte: Edgar Morales Rodríguez Manifiesta que el 19 de diciembre de 2006 Edgar Morales Rodríguez presentó una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación con el fin de tjue se ordenara a dicha entidad iniciar una investigación penal a Leasing de Occidente S.A., sin embargo, dicho amparo fue negado a través de providencia del 6 de febrero de 2007, proferida por la Corte Suprema de.Justicia.

Finalmente, refiere que, mediante proveído del 16 de marzo de 2007, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema confirmó la sentencia de tutela del 6 de febrero de 2007, proferida por la Sala de Casación Penal - Decisión de Tutelas de esa misma Corporación que negó por improcedente el amparo constitucional invocado por Edgar Morales Rodríguez, El demandante considera que la Fiscalía General de la Nación incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque omitió cumplir su función de investigar la presunta comisión de varios delitos endilgados a Leasing de Occidente S.A.; y que la Superintendencia Financiera incurrió en falla del servicio porque omitió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por las anomalías

función de investigar la presunta comisión de varios delitos endilgados a Leasing de Occidente S.A.; y que la Superintendencia Financiera incurrió en falla del servicio porque omitió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por las anomalías encontradas al interior de Leasing de Occidente S.A. y por las cuales se le impusieron sanciones económicas.

2. Contestaciones El 2 de abril de 20092, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación3 se opuso a las pretensiones de la demanda y en su defensa sostuvo que actuó conforme a la Constitución y la ley, pues no vulnE:ró derecho alguno al aquí demandante, porque la investigacipn se ajustó a las normas sustanciales y procesales que rigen el proceso penal. Propuso las excepciones que denominó ausencia de daño antijurídico y de relación de causalidad de los hechos demandados con la actuación de la Fiscalía General de la Nación. 2 FI. 43, C. 1. 3 FL 64 a 69, C. 1.6

Radicado: 250002326000200800737 01 (49640) Demandante: Edgar Morales Rodríguez . ,• · 2.2. Lá Superintendencia Financiera4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el actor no desvirtuó la presunción de legalidad de las Resoluciones 382 del 29 de abril de 2003 y 1652 del 21 de septiembre de 2006, por medio de las cuales dicha entidad sancionó y confirmó, respectivamente, las multas impuestas a Leasing de Occidente S.A. Finalmente, propuso las excepciones de

medio de las cuales dicha entidad sancionó y confirmó, respectivamente, las multas impuestas a Leasing de Occidente S.A. Finalmente, propuso las excepciones de caducidad de la acción, ineptitud sustantiva de la demanda por no precisarse los hechos y omisiones imputables a la Superintendencia Financiera, falta de legitimación por pasiva y la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 4 de agosto de 20115 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar.de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. • La parte demandante6, la Nación - Fiscalía General de la Nación7 y la Superintendencia Financieraª reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación de esta. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 26 de agostó de 20139 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación por pasiva de la Superintendencia Finan_ciera. A su vez, declaró la caducidad de la acción respecto __ de la Fiscalía General de la Nación, al constatar que el actor conoció el daño cuando se profirió la decisión del 24 de agosto de 2006, por medio de la cual la Fiscalía 24 Delegada 4 FI. 96 a 136, C.1. 5 FI. 164, C.1. 6 FI. 185 a 193, C.1. 7 FI. 169 a 175, C.1. 8 FI. 204 a 226, C. 1. 9 FI. 229 a 238, C. Pp al .7

Radicado: 25000232ó000200800737 01 (49640)

Demandante: Edgar Morales Rodríguez

8 FI. 204 a 226, C. 1. 9 FI. 229 a 238, C. Pp al .7

Radicado: 25000232ó000200800737 01 (49640) Demandante: Edgar Morales Rodríguez ante el Tribunal confirmó la resolución inhibitoria del 30 de marzo de ese mismo año, proferida por la Fiscalía 68 Secciona! de Bogotá.

Al efecto sostuvo que: "En este orden de ideas, se tiene que el actor tuvo conocimiento del hecho con la ejecutoria de la resolución, que en este caso señala como causante del daño, pues, así las cosas, se evidencia que nada impedía que el actor acudiera a la jurisdicción para obtener la reparación del mismo dentro del plazo, es decir, antes de que caducara la acción. Por lo tanto, no es de recibo que el actor haya tomado la fecha cuando quedó en firme la acción de tutela para instaurar la acción, porque si bien es cierto esta es de carácter subsidiario y residual, por lo tanto no se puede contabilizar el término de la caducidad de la acción de reparación directa de la fecha en que fue proferido el fallo de tutela ni mucho menos de la providencia que confirmó el fallo de tutela, por esta razón la Subsección procede a contabilizar el término de la caducidad de la acción desde la fecha en que fue expedida. la resolución por la Fiscalía 24 Delegada, toda vez que con esta resolución fue con la que presuntamente se Je ocasionó el daño al actor y no con las otras acciones que interpuso ante la Jurisdicción ( . .). En este orden de ideas, se observa que la demanda fue radicada el 18 de diciembre de 2008, fecha para la cual ya habían operado el fenómeno de la caducidad, toda vez que esta acción

se observa que la demanda fue radicada el 18 de diciembre de 2008, fecha para la cual ya habían operado el fenómeno de la caducidad, toda vez que esta acción caducó el día 25 de agosto de 2008 y la demanda se presentó el día 18 de diciembre de 2008, así las cosas, se vislumbra que la acción de reparación directa fue presentada cuando la acción ya había caducado [. .. ]".

5. Recurso de apelación El 2 de octubre de 201310, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 1º de noviembre de 201311 y admitido el 20 de enero de 201412. 5.1. El extremo activo13 indicó que la acción no estaba caducada, pues debía esperar que se dirimiera la acción de tutela presentada contra la Fiscalía General 10 FI. 240 a 242, C. Pp al . 11 FI. 246, C. Pp al . 12 FI. 250, e Pp al . 13 FI. 240 a 242, C. Pp al .8

Radicado: 250002326000200800737 01 ( 49640] Demandante: Edgar Morales Rodríguez de la Nación para poder presentar la acción de reparación directa. Por otro lado, sostuvo que la Superintendencia Financiera estaba legitimada por pasiva, porque omitió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación de las resoluciones que impusieron sanciones a Leasing de Occidente S.A.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 10 de marzo de 201414 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Superintendencia Financiera15 reiteró los argumentos expuestos en la

El 10 de marzo de 201414 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Superintendencia Financiera15 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 6.2. La parte demandante, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio.

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de

1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación 14 FI. 252, C. Ppal. 15 FI. 267 a 269, C. Ppal.I!¡

,!, 11 9

Radicado: 250002326000200fl00737 01 ( 49640) Demandante: Edgar Morales Rodríguez estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8616 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso, la Sala advierte que la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Fiscalía General de la Nación por omisión en la administración de justicia y por una falla del servicio por omisión a la Superintendencia Financiera.

3. Problemas jurídicos

porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Fiscalía General de la Nación por omisión en la administración de justicia y por una falla del servicio por omisión a la Superintendencia Financiera.

3. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: (i) si frente a la Nación - Fiscalía General de la Nación el derecho de acción se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la acción de reparación directa se encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda; y (ii) si la parte demandante está legitimada en la causa por activa para ••' . reclamar daños a la Superintendencia Financiera.

4. Solución de los problemas jurídicos Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia de la acción.

5. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general17, estableció unos plazos para poder ejercer 16 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daflo cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública."

o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública." 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener10

Radicado: 250002326000200800737 01 ( 49640] Demandante: Edgar Moral_es Rodríguez oportuname nte cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden públi co, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubi ese elevado la solicitud judicial, impl ica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pend ientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además , la racionalización de la utilización del apa rato judicia l, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la liber tad del ejercicio del derecho de acción18 , ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza , estabilidad y con ello seguridad , solidificando y concretando el concepto de derechos adquir idos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como lím ite y

los órganos judiciales adquieran firmeza , estabilidad y con ello seguridad , solidificando y concretando el concepto de derechos adquir idos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como lím ite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguar da y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caduci dad , en la primera de sus man ifestaciones, es un mecanismo de certidumbr e y seguridad ju rídica , pues con su advenimien to de pleno derecho y media nte su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configur ada , se consolidan los derechos de los actores ju rídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso , la caducidad se entiende también como una limi tación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción , resultando seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es ·una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la po_sif?.i(i_dad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia." 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la

18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurldica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.11

Radicado: 2S0002326000200800737 01 ( 49640] Demambnte: Edgar Morales Rodríguez como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 13 6 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Por otro lado, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por error

o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Por otro lado, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional la · Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro21 . Ahora, el demandante pretende que se declare patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados con la omisión de dicha entidad de adelantar una investigación penal, pues se inhibió de conocer una denuncia presentada por Edgar Morales Rodríguez, quebrantando su derecho de acceso a la administración de justicia. 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013 : "Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es asf como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite rerwncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal 1/amado·a interponer determinada acción judicial".

admite rerwncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal 1/amado·a interponer determinada acción judicial". 'º Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 19 98: " ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de juni o de 2010 , Rad: 17 493; Auto del 9 de mayo de 201 1, Rad.: 40.1 96; Sentencia del 27 de enero de 2012 , Rad: 22.205.12

Radicado: 250002326000200800737 01 (49640) Demandante: Edgar Morales Rodríguez Pues.bien, evidencia la Sala que los argumentos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que manifiesta la parte aclara, se refieren a las siguientes providencias: (i) auto del 30 de marzo de 2006 por medio del cual la Fiscalía 68 de la Unidad de Delitos Contra el Orden Económico Social. Delegada ante los Jueces Penales del Circuito se inhibió para conocer de la denuncia

siguientes providencias: (i) auto del 30 de marzo de 2006 por medio del cual la Fiscalía 68 de la Unidad de Delitos Contra el Orden Económico Social. Delegada ante los Jueces Penales del Circuito se inhibió para conocer de la denuncia presentada el 14 de julio de 2005 por Edgar Morales Rodríguez; y, (ii) auto del 24 .de agosto de 2006, a través del cual la Fiscalía 24 Delegada ante el Tribunal confirmó la resolución inhibitoria del 30 de maro de 2006. Toda vez que en la presente demanda se alega como título de responsabilidad el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, es deber de la Sala advertir que en el sub examine se interpretarán los hechos y fundamentos de la demanda y, en virtud del principio iura novit curia, se resolverá el caso concreto bajo él título de imputación que el juzgador considere aplicable al mismo, lo que de manera alguna implica un desbordamiento, alteración o modificación de la causa petendi, ni un curso arbitrario del proceso. Por lo anterior, el juez tiene la posibilidad de analizar la responsabilidad patrimonial del Estado con criterios de imputación diferentes a aquellos en los que se fundó el demandante22. En el caso concreto y de conformidad con los argumentos de la .demanda, se evidencia que en este asunto no se demanda la reparación de daños causados por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia sino por error jurisdiccional, puesto que la decisión de la Fiscalía de inhibirse para conocer de la denuncia interpuesta por Edgar Morales Rodríguez se materializó en una providencia judicial, razón por la qu