CE - 250002326000200900268011ACLARACIONDEV20230824202213

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Fredy Ibarra Martínez

Radicado: 25000-23-26-000-2009-00268-01 (51785)

Actor: SÁNITAS S.A. E.P.S.

Demandado: Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y otro Referencia: Acción de reparación directa

Aclaración de voto de Alberto Montaña Plata

Comparto la decisión de la Sala, pero aclaro mi voto porque considero que se incurrió en un error al concluir que el autor de los actos administrativos en los que se omitió reconocer los intereses moratorios era el particular contratista que administraba el Fosyga, en este caso, el consorcio Fidufosyga 2005. Reitero la postura sostenida en la aclaración de voto de la Sentencia de unificación proferida el 20 de abril de 2023 por la Sala Plena de la Sección Tercera, expediente No. 55.085, en la cual indiqué que, afirmar que un particular ejerce función administrativa, porque administra recursos públicos (regla de dudosa corrección) no significa, por s í solo, que ese particular expida actos administrativos.

Aunque la Corte Constitucional en la Sentencia C-510 de 2004 sostuvo que, el trámite de las solicitudes de recobro constituía un procedimiento administrativo especial, no afirm ó que el acto administrativo definitivo lo adoptaba el

administrativos.

Aunque la Corte Constitucional en la Sentencia C-510 de 2004 sostuvo que, el trámite de las solicitudes de recobro constituía un procedimiento administrativo especial, no afirm ó que el acto administrativo definitivo lo adoptaba el particular contratista, como sí lo concluyó la presente sentencia . Tres razones me llevaron a sostener que los actos administrativos eran adoptados por el Ministerio de Salud y no por el consorcio: en primer lugar, el contrato no es, en principio, un medio idóneo para atribuir competencias para la expedición de actos admi nistrativos. En segundo lugar, ninguna norma jurídica atribuyó tal competencia al consorcio contratista. Finalmente, ante la duda, bastaba con consultar el contenido de las comunicaciones del Consorcio Fidufosyga 2005 para concluir que allí mismo se recon ocía que la s decisiones que omitieron reconocer los intereses moratorios eran del Ministerio de Salud y Protección Social.

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado