CE - 250002326000200900729011SENTENCIA20230816093110

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023) Jj

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: ,.;fi'fi. ·,!

REPARACIÓN DIRECTA 25000232600020090072901 (46770)

MARIBEL RóZO LEÓN NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Decomiso de vehículo automotor. Caducidad. Violación del debido proceso por indebida vinculación a proceso penal. Se acreditó un daño antijurídico imputable a las entidades d.emandadas. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de mayo de 2012, proferida pqr el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 11 de julio de 2000, agentes del CTI incautaron la grúa de placas OAH367, de propiedad de Maribel Rozo León, pues presuntamente había sido utilizada por sus ocupantes en la comisión del delito de usurpación de funciones públicas. En el curso del proceso penal que se tramitó con el radicado No. 17705, por el delito atrás referido, el 30 de octubre de·2001, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Super(or de

del proceso penal que se tramitó con el radicado No. 17705, por el delito atrás referido, el 30 de octubre de·2001, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Super(or de Santa Marta ordenó la devolucióh del automotor a su propietaria. No obstante, en el mismo proveído compulsó copias para investigar el punible de falsedad marcaría, porque el sistema de identificación del referido vehículo estaba alterado. Por ello, el 26 de febrero de 2002, la Fiscalía 24 Secc.ional de Santa Marta dio apertura a la instrucción penal No. 26871 en contra de Maribel Rozo León, propietaria del vehículo referido, pues consideró que podía ser autora del delito de falsedad marcaría. Seguifiamente, el ente instructor declaró persona ausente a la2

Radicado: 25000232600020090072901 (46770) Demandante: Maríbel Rozo León procesada y le designó defensor de oficio. Surtido el trámite procefial correspondiente, mediante sentencia del 21 de julio de 2005, el Juzgado 5° Penal del Circuito de Santa Marta condenó a la sindicada a pena de prisión de un año por el referido delito. El 8 de septiembre de 2006, Maribel Rozo León instauró acción de tutela contra las autoridades judiciales que intervinieron en dicha causa penal, al considerar que su derecho al debido proceso había sido vulnerado, pues no había sido notificada de la apertura de una instrucción penal en su .contra. Fue así que, mediante sentencia del 11 de octubre de 2007, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora

sido notificada de la apertura de una instrucción penal en su .contra. Fue así que, mediante sentencia del 11 de octubre de 2007, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora y ordenó retrotraer el proceso penal a la calificación del mérito del sumario, pues a la señora Rozo León nó se le había notificado el proceso penal que cursó en su contra por el delito de falsedad marcaría. Finalmente, mediante Resolución del 15 de ab'ril de 2008, la Fiscalía 21 Secciona! de Sahta Marta precluyó la investigación seguida en contra de la imputada por prescripción de la acción penal. La demand,.;1nte considera que la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la ac;iministración de justicia, porque en el proceso con radicado No. 17705 in_cautaron sin razón alguna una grúa de su propiedad y en el proceso con radicado No. "26871 la vincularon indebidamente, vulnerando sus derechos constitucionales de defensa y debido proceso.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 19 de junio de 20091, Maribel Rozo León, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados. por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrieron, porque en el proceso con radicado No. 17705 incautaron sin razón 1 FI. 22 a 48, C. 1.3

Radicado: 25000232600020090072901 (46770)

Demandante: Maribel Rozo León

que incurrieron, porque en el proceso con radicado No. 17705 incautaron sin razón 1 FI. 22 a 48, C. 1.3

Radicado: 25000232600020090072901 (46770) Demandante: Maribel Rozo León alguna una grúa de su propiedad y en el proceso con radicado No. 26871 la vincularon indebidamente, vulnerando sus derechos constitucionales de defensa y debido proceso.

Como pretensiones de su demanda, la actora solicita condenar a las entidades demandadas a pagarle, por perjuicios morales, la suma de $200.000.000; por daño emergente, la suma de $52.000.000; y por lucro cesante, la suma de $228.000.000. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante indica que el 11 de julio de 2000, ag_entes del CTI incautaron la grúa de placas OAH367, de propiedad de Maribel Rozo León, pues presuntamente había sido utilizada en la comisión del delito de usurpación de funciones públicas por parte de Carlos Castiblanco y Carlos Potes, conductor y auxiliar del automotor, respectivamente. Indica que, en fecha indeterminada, Maribel Rozo León, quien fuera tercera incidental dentro de la c;ausa penal No .. 17705 que se adelantó por el referido delito, solicitó al ente instructor la devolución del automotor. Sostiene que, el 30 de octubre de 2001, ta Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta ordenó la devolución del vehículo a su propietaria, al considerar que el automotor no tenía incidencia dentro de la investigación penal·. No obstante, en el mismo proveído compulsó copias para investigar el punible de

Superior de Santa Marta ordenó la devolución del vehículo a su propietaria, al considerar que el automotor no tenía incidencia dentro de la investigación penal·. No obstante, en el mismo proveído compulsó copias para investigar el punible de falsedad, marcaría, porque el sistema de identificación del referido vehículo presentaba alteración de las plaquetas del motor y chasis. Afirma que el 26 de febrero de 2002, la Fiscalía 24 Seccional de Santa Marta dio apertura a la instrucción penal con radicado No. 26871, en contra de Maribel Rozo León, propietaria del automotor, por ser presunta autora del delito _de falsedad marcaría; y la citó a rendir indagatoria. Señala que, el 9 de junio de 2004, el ente instructor declaró persona ausente a,la .. procesada y le designó defensor de oficio.4

Radicado: 25000232600020090072901 (4·6770) Demand,rnte: Maribél Rozo León Aduce que el 11 de noviem,bre de 2004, la Fiscalía 24 Secciona! de Sarita Marta acusó a la señora Rozo León de ser autora del delito de falsedad marcaria.

Afirma que mediante sentencia del 21 de julio de 2005, el Juzgado 5° Penal del Circuito de Santa Marta condenó a la sindicada a pena de prisión de un año por el referido delito y ordenó el comiso de. la grúa de su propiedad. No obstante, en el mismo proveído el ente instructor le concedió el beneficio suspensión condicional de la pena a Maribel Rozo León, en aplicación del artículo 63 de la Ley 599 de 20002.

mismo proveído el ente instructor le concedió el beneficio suspensión condicional de la pena a Maribel Rozo León, en aplicación del artículo 63 de la Ley 599 de 20002. Advierte que, el 8 de septiembre de 2006, Maribel Rozo León instauró acción de tutela .contra la Fiscalía 24 Secciona! de Santa Marta y el Juzgado 5° Penal del Circuito de la misma ciudad,,.al considerar que sus derechos al debido ifroceso y de defensa habían sido vulnerados, pues no había sido notificada de la apertura de la instrucción penal que cursó en su contra. Sostiene que el 2 de octubre de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta declaró la improcedencia de la acción de tutela, a! constatar que no se cumplió con el requisito de inmediatez. Señala que, mediante providencia de tutela del 6 de diciembre de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia. 2 "Artículo 63. Suspensión de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa.de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio d a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que la pena impue_sta sea de prisión que no exceda de tres (3) años. 2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de fa conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de fa pena. La suspensión de la fijecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible."5

de fa conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de fa pena. La suspensión de la fijecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible."5

Radicado: 25000232600020090072901 (467'.!0) Demandante: Maribel Rozo León Argumenta que mediante sentencia de tutela del 11 de octubre de 2007, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional revisó las providencias que habían declarado la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la .actora y ordenó retrotraer el proceso penal a la calificación del mérito del sumario, al estimar que se había configurado una vía de hecho por defecto procedimental, pues a la señora Rozo León no se le había notificado el proceso penal que cursó en su contra.

Finalmente, indica que mediante Resolución del 15 de abril de 2008, la Fiscalía 21 Seccional de Santa Marta precluyó la investigación seguida en cbntra de la imputada por prescrip.ción de. la acción penal. La demandante considera que la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama ' ' . . .Judicial incurrieron en un defectuoso funcionamiento -de la administración de justicia, porque en el proceso con radicado No. 17705 incautaron sin razón alguna una grúa de su propiedad y en el proceso con radicado No. 26871 la vincularon indebidamente, vulnerando sus derechos constitucionales de defensa y debido proceso. Textualmente señala en la demanda: "/a Fiscalía General de la Nación es responsable de graves actuaciones e irregularidades por parte de las Fiscalías 1 O

indebidamente, vulnerando sus derechos constitucionales de defensa y debido proceso. Textualmente señala en la demanda: "/a Fiscalía General de la Nación es responsable de graves actuaciones e irregularidades por parte de las Fiscalías 1 O y 24 Secciona/es de Santa Marta, dentro de los procesos penales que perjudicaron gravemente a fa señora Maribel Rozo León [ .. .J. Asimismo, responsable de mantener retenido el automotor arbitrariamente y, además, disponer la compulsa de copias para investigarse en otro proceso el presunto punible de falsedad mfircaria contra la señora Maribel Rozo León, originándose el proceso pen,al No. 26871· en la Fiscalía 24 Secciona/ de Santa Marta [. . .] que tanto el Consejo Superior de la Judicatura como la Fiscalía General de la Nación son responsables y por lo tanto deberán asumir el pago de todos los perjuicios morales y materiales irrogados a la señora Maribel Rozo León, como consecuencia de la falla del servicio por el cúmulo de arbitrariedéldes cometidas por los funcionarios judiciales sin haber tenido el derecho a defenderse al no haber sido vinculada en legal fonna al proceso penal de la Fiscalía 24 Secciona/ de Santa Marta [ .. ]".. 2. Contestaciones 6

Radicado: 25000232600020090072901 (46770) Demandante.: M<tribel Rozo León El 5 de noviembre de 20093, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ord.enó su notificación a las entidades demandadas y al MÍnisterio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación4 manifestó que no ocasionó un daño

demanda y ord.enó su notificación a las entidades demandadas y al MÍnisterio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación4 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a la actora, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de los postulados constitucionales y legales que le habían sido conferidos. 2.2. La Rama Judicial5 argumentó que el Juzgado 5° Penal del Circuito de Santa Marta no ocasionó un daño antijurídico a la demandante, pues sus decisiones estuvieron ajustadas a derecho. Formuló como excepciones las de "qulpa exclusiva de la víctima", "falta de legitimidad en la causa por pasiva" y "cobro de fo no debido".

3. Alegatos de conclusión en primera instanc.ia El 27 de octubre de 20116 se corrió tras.lado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectiva.mente. 3.1. La Fiscalía General de la Nación7 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. La parte actora, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio. 3 FI. 58 y 59, C. 1. 4 FI. 63 a 73, C. 1. 5 FI. 89a 105, G.1. 6 Fl.161,G.1. 7 FI. 162 a 168, C. 1.1 fi ,.

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4. Sentencia de primera instancia

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Radicado: 25000232600020090072901 ( 46770) Demancbnte: Maribel Rozo León Mediante sentencia del 11 de mayo de 2Ó128, el Tribunal Administrativo de

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4. Sentencia de primera instancia

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Radicado: 25000232600020090072901 ( 46770) Demancbnte: Maribel Rozo León Mediante sentencia del 11 de mayo de 2Ó128, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le corrfispondía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no aportó al plenario la totalidad de las piezas procesales correspondientes a las actuaciones adelantadas por las Fiscalías 1 O y 24 Secciona les de Santa Marta y el Juzgado 5° Penal del Circuito de la misma ciudad, sobre las cuales edificó la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial por haber sido presuntamente arbitrarias en los procesos penales identificados con radicados. Nos. 17705 y 26871.

Al ·efecto sostuvo que: "[. . .] En relación con la responsabilidad de la NaciónFiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, a quienes se fes atribuye los perj.uicíos causados con ocasión de la condena impuesta a la señora Maribel Rozo León, sin hal)er tenido el derecho a defenderse al no haber sido vinculada en legal forma a los procesos penales de las Fiscalías 1 O y 24 Secciona/es por el supuesto punible de usurpación de funciones públicas y falsedad marcaria, respectivamente, una vez analizado el material probatorio allegado al plenario, se evidencia que la parte. actora no allega copia de las actuaciones adelantadas por la

por el supuesto punible de usurpación de funciones públicas y falsedad marcaria, respectivamente, una vez analizado el material probatorio allegado al plenario, se evidencia que la parte. actora no allega copia de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía 1 O y 24 Secciona/es, ni por el Juzgado 5° Penal del Circuito de Santa Marta [. . .} Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que la accionante no allegó todas las pruebas procesales requeridas para realizar la valoración del daño, razón por la cual no logra probar que el mismo sea imputable a las entidades demandadas, toda vez que no es posible hacer una valoración concreta de las actuaciones adelantadas tanto por /a Fiscalía 24 Secciona!, como por el Juzgado 5° Penal del Circuito, ante la ausencia de las actuaciones allí adelantadas y que constituyen la razón misma de la presente acción esta Sala procederá a negar las pretensiones [. .. ]". 8 FI. 173 a 179, C. Ppal.5. Recurso de apelación 8

Radicado: 250002'.32600020090072901 ( 46770) Derm!ndante: Maríbd Rozo León El ·30 de noviembre de 20129, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 23 de enero de 201310 y admitido el 6 de mayo de 2013.11. 5.1. La demandante12 indicó que sí probó el daño antijurídico que Ie· fue causado, pues aportó al plenario la providencia de tutela del 11 de oc,tubre de 2007, proferida por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, mediante la cual se

pues aportó al plenario la providencia de tutela del 11 de oc,tubre de 2007, proferida por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, mediante la cual se dejó sin efectos la sentencia del 21 de julio de 2005, dictada por el Juzgado 5° Penal del Circuito de Sánta Marta, que la había condenado a un año de prisión. Adicionalmente, consideró que el a quo desconoció el material probatorio obrante en el plenario.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 5 de mayo de 201413 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte actora14 y la Fiscalía General de la Nación15 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente. 6.2. El Ministerio Público16 solicitó declarar la caducidad de la acción de reparación directa, ya que la actora no la ejerció dentro del término de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del daño, esto es, en ag?s. fi?- de 2006, fecha en la cual se enteró de su vinculación al proceso penal No. 26871 y se decomisó el vehículo de su propiedad.

9 FI. 215, C. Ppal. 10 FI. 224, C. Ppal. 11 FI. 228, C. Ppal. 12 FI. 215 a 222, C. Ppal. 13 FI. 242, C. Ppal. 14 FI. 256 a 260, C. Ppal. 1s FI. 243 a 255, C. Ppal. 16 El concepto fue rendido el 15 de noviembre de 2016, por el Dr. Francisco Manuel Salazar Gómez

14 FI. 256 a 260, C. Ppal. 1s FI. 243 a 255, C. Ppal. 16 El concepto fue rendido el 15 de noviembre de 2016, por el Dr. Francisco Manuel Salazar Gómez como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado. FI. 302 a 305, C. Ppal.j' il . ,, . 9 R,idicat\o: 2500023260002 0090072901 {46770) Demand;rnte: Maríbel Rozo León 6.3. La Rama Judicial guardó silencio17.

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desata( el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 11 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativ9 de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad p·atrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8618 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicja.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico 17 FI. 265, C. Ppal. 18 "Articulo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico 17 FI. 265, C. Ppal. 18 "Articulo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daflo cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o_do/o de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública." ... .. ,..-10

Radicado: 25000232600020ú90072901 (46770) Demandante: Maribel Rnzo León jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general19, estableció unos plazos para poder ejercer •• oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho pe acción20, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por

racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho pe acción20, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando fiI concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que, busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno dfirecho y 19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de fa cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la par'afizacíón del tráfico jurídico. En esta medida,. la Cflducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un lnTerés general. Como claramente se explícó en la· sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y lfJ posibilidad de ser

Como claramente se explícó en la· sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y lfJ posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.". 2° Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 ",..e/ derecho al acceso a fa administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda Sea oportuna y fas acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .). El ·término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de fas acciones, so pena de quelas situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurfdica, para solidificar el concepto de derechos adquin·dos. ''.11

Radicado: 25000232600020090072901 (46770) Demambnte: Maribel Rozo León mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso íure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más

como una sanción ipso íure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad , 1 potestativa de accionar. :¡ El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación ' ' ;. administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que tratándose de 1fi declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante23. 21'Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como • una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tierppo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derec¡ho. Es

tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tierppo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derec¡ho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe dec.lararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 22 Corte Constitucional. Sentencia C-57 4 de 1998: " ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin qu(;I pueda alegar$e excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantfa para la seguridad jurfdica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinfido derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 23 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 55999.12

Radicado: 250002326000200900729,01 (46770) Demandante: Maríbel Rozo León En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar no se ejerció en tiempó frente al defectuoso funcionamiento de la administración de· justicia,

Demandante: Maríbel Rozo León En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar no se ejerció en tiempó frente al defectuoso funcionamiento de la administración de· justicia, consistente en que, según afirma la actora, la Fiscalía 10ª Secciona! de Santa Marta retuvo sin razón alguna la grúa que era propiedad de Maribel Rozo León dentro-del proceso penal No. 17705, teniendo en cuenta: i) qué el 30 de octubre de 2001 la demandante tuvo conocimiento del daño alegado, puesto que ese día la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta ordenó la devolución del vehículo a la señora Rozo León24; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 1 O de noviembre de 200825, la cual se declaró fallida el 14 de mayo de 200926; y iii) que la demanda se presentó el 19 de junio de 200927, cuando evidentemente ya habian transcurrido los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna.

De otro lado, se advierte que el derecho de accionar sí se ejerció en tiempo frente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consistente en la injusta vinculación de la demandante al proceso penal No. 26871 , teniendo en cuenta: i) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 10 de noviembre de 200828, la cual se declaró fallida el 14 de mayo de 200929; y ii) que aunque no hay constancia de la fecha en la que quedó notificada y/o ejecutoriada la providencia del 11 de octubre de 200730, mediante la cual la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho fundamental al

que aunque no hay constancia de la fecha en la que quedó notificada y/o ejecutoriada la providencia del 11 de octubre de 200730, mediante la cual la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho fundamental al debido proceso de la actora y ordenó retrotraer el proceso penal a la calificación del mérito del sumario, lo cierto es que entre esta fecha y aquella en la que se presentó la demanda, esto es, el 19 de junio de 200931 , no transcurrieron más de dos años. 24 FI. 55 a 57, C. 2. 25 FI. 2 a 19, C. 1. 26 FI. 208 y 209. C. 2. 27 FI. 22 a 48, C. 1. 28 FI. 2 a 19, C. 1. 29 FI. 20.8 y 209, C. 2, Se advierte que si bien la conciliación extrajudicial se declaró fallida