CE - 250002326000201000237011SENTENCIA20230616130338

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2023

Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016) Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: R eparación d irecta - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley 906 de 2004) – Detención provisional en trámite de extradiciónDaño especial

Síntesis del caso: El demandante fue capturado en virtud de la solicitud de detención provisional con fines de extradición que presentó la Embajada de Estados Unidos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia . No obstante, en el transcurso del procedimiento de extradición, el Estado requirente retiró la solicitud, por lo cual el ciudadano fue dejado en libertad

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 12 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Esta Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Esta Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sen tencia proferida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la pa rte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada ; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1 De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016) Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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1.1. Posición de la parte demandante

1. El 27 de abril de 2010 , Antonio Ulises Cortés Escobar, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Ministerio

1. El 27 de abril de 2010 , Antonio Ulises Cortés Escobar, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Procuraduría General de la Nación, Congreso de la República y Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de su libertad, la cual ocurrió en razón de la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por la Embajada de Estados Unidos ante el Gobierno Nacional2.

2. En el escrito se solicitó como pretensión declarativa (se trascribe):

“Declárese que la NACIÓN COLOMBIANA – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – DIJIN -, representado por el Ministro de Defensa o quien haga sus veces, Ministerio del Interior y Justicia, representado por el Ministro del Interior y Justicia o por quien ha ga sus veces, Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por el Ministro de Relaciones Exteriores o por quien haga sus veces, Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General de la Nación o por quien haga sus veces, Procuraduría General de la Nación, representada por el Procurador General de la Nación o por quien haga sus veces, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia representada por la Dirección Ejecutiv a de Administración Judicial, Congreso de la República, representado por el Presidente del Congreso o quien haga sus veces, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, representado por su Director Administrativo,

Administración Judicial, Congreso de la República, representado por el Presidente del Congreso o quien haga sus veces, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, representado por su Director Administrativo, son administrativa, extracontractual, y solidariamente responsables de los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los demandantes y en especial al señor ANTONIO ULISES CORTÉS ESCOBAR, quien permaneció privado injustamente de su libertad por espacio de 31 4 días con sus noches, en el pabellón número siete (7) del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Combita (Boyacá), debido a la falla en el servicio en que incurrieron las entidades demandadas al detenerlo preventivamente con fines de extradición, sin que se le identificara plenamente y fue capturado dejando al verdadero culpable a la fuga. Todo esto lo padeció hasta que el propio gobierno requirente -Estados Unidos de Norteamérica - desistió de la solicitud de extradición, una vez constató que el capturado no era la persona contra quien la Corte del Distrito Este de New York (Estados Unidos) había proferido Resolución de acusación por los delitos de conspiración para poseer, importar y distribuir 5 kilos o más de una sustan cia controlada conocida como cocaína (narcotráfico)”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Antonio Ulises Cortés Escobar Víctima directa 1.000 SMLMV3 Yanett Sánchez Sánchez Compañera permanente 500 SMLMV Sandra Zuley Cortés Parra Hija 500 SMLMV

Perjuicios morales Antonio Ulises Cortés Escobar Víctima directa 1.000 SMLMV3 Yanett Sánchez Sánchez Compañera permanente 500 SMLMV Sandra Zuley Cortés Parra Hija 500 SMLMV Marisol Cortes Parra Hija 500 SMLMV

2 Folios 6 al 28 del cuaderno del Tribunal No. 1. 3 La abreviación SMLMV se refiere a salarios mínimos legales mensuales vigentes.Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016) Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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Juan Manuel Cortes García Hijo 500 SMLMV Lucy Cortes Escobar Hermana 500 SMLMV Ana Tulia Escobar Hermana 500 SMLMV Edith Cortes Escobar Hermana 500 SMLMV María Stella Cortes Escobar Hermana 500 SMLMV José Ferney Cortes Escobar Hermano 500 SMLMV Flor Alba Cortes de Andrade Hermana 500 SMLMV Cora Emma Cortes de Arévalo Hermana 500 SMLMV Perjuicios “daño a la vida en relación” Antonio Ulises Cortés Escobar Víctima directa 2000 gr. oro Yanett Sánchez Sánchez Compañera permanente 1000 gr. oro Sandra Zuley Cortés Parra Hija 1000 gr. oro Marisol Cortes Parra Hija 1000 gr. oro Juan Manuel Cortes García Hijo 1000 gr. oro

Yanett Sánchez Sánchez Compañera permanente 1000 gr. oro Sandra Zuley Cortés Parra Hija 1000 gr. oro Marisol Cortes Parra Hija 1000 gr. oro Juan Manuel Cortes García Hijo 1000 gr. oro Lucy Cortes Escobar Hermana 1000 gr. oro Ana Tulia Escobar Hermana 1000 gr. oro Edith Cortes Escobar Hermana 1000 gr. oro María Stella Cortes Escobar Hermana 1000 gr. oro José Ferney Cortes Escobar Hermano 1000 gr. oro Flor Alba Cortes de Andrade Hermana 1000 gr. oro Cora Emma Cortes de Arévalo Hermana 1000 gr. oro Perjuicios materiales “Daño emergente” 4 Antonio Ulises Cortés Escobar Víctima directa $26.120.000 Perjuicios materiales “Lucro cesante” 5 Antonio Ulises Cortés Escobar Víctima directa $ 12.000.000 más 500 SMLMV

4. Adicionalmente, solicitó que, al momento de proferirse la sentencia, se actualizara la condena al valor real del monto y se diera cumplimiento a la providencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en

síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) El 31 de enero de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía General de la Nación , así como al Ministerio del Interior y de Justicia, la Nota diplomática No. 285 de 26 de enero de 2007, por medio de

la Fiscalía General de la Nación , así como al Ministerio del Interior y de Justicia, la Nota diplomática No. 285 de 26 de enero de 2007, por medio de la cual la Embajada de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Antonio Ulises Cortés Escobar.

7. 2) El 7 de febrero de 2007, la fiscalía ordenó la captura del ciudadano solicitado para extradición. En cumplimiento de lo anterior, el 12 de abril de 2007, la Policía Nacional hizo efectiva la captura y puso al detenido a disposición de la fiscalía, por lo que esta última entidad, mediante oficio de

4 Por los gastos en que incurrió en su defensa en el proceso penal, el gasto en transporte de los familiares a la cárcel y los gastos de estadía durante esas visitas. 5 Por los ingresos dejados de percibir durante el tiempo de la detención y los ingresos que no percibió a causa de la estigmatización por la detención.Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016) Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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17 de abril de 2007, inform ó al Ministerio del Interior y de Justicia sobre la detención.

8. 3) El 8 de junio de 2007, mediante Nota verbal No. 1534, el gobierno de Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de Antonio Cortés, por lo que, el 19 de junio siguiente, el Ministerio del Interior y de Justicia envió el

8. 3) El 8 de junio de 2007, mediante Nota verbal No. 1534, el gobierno de Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de Antonio Cortés, por lo que, el 19 de junio siguiente, el Ministerio del Interior y de Justicia envió el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que emitiera concepto sobre la solicitud de extradición, en cumplimiento del trámite previsto por la Ley 906 de 2004.

9. 4) El 3 de agosto, 18, 24 y 28 de septiembre, así como el 19 de noviembre de 2007, los familiares del procesado presentaron solicitudes ante distintas autoridades nacionales para que se corrigiera el error en el que se había incurrido en la identi ficación del solicitado en extradición . Frente a dichas peticiones, el Ministerio del Interior y de Justicia informó que Antonio Cortés debía defenderse ante las autoridades competentes en Estados Unidos .

Asimismo, el abogado defensor presentó solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para que se practicaran las pruebas que permitieran corroborar la verdadera identidad del solicitado por el gobierno extranjero , no obstante, el 12 de septiembre de 2007, la Corte negó dicha petición.

10. 5) El 21 de febrero de 2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio del Interior y de Justicia sobre la Nota diplomática No. 515, por medio de la cual la Embajada de Estados Unidos retiró la solicitud de extradición de Antonio Cortés. Seguidamente, el 22 de febrero de 2008, la fiscalía revoc ó la orden de captura, por lo que el 26 de febrero de 2008, el procesado fue dejado en libertad.

Unidos retiró la solicitud de extradición de Antonio Cortés. Seguidamente, el 22 de febrero de 2008, la fiscalía revoc ó la orden de captura, por lo que el 26 de febrero de 2008, el procesado fue dejado en libertad.

11. 6) El 29 de febrero de 2008, la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de continuar con el procedimiento de extradición y archiv ó las actuaciones relacionadas con ese trámite y, finalmente, el 14 de marzo de 2008, el Ministerio del Interior y de Justicia concluyó de manera definitiva el asunto.

1.2. Posición de la parte demandada

12. El 17 de agosto de 2010, el Ministerio del Interior y de Justicia presentó contestación a la demanda, en la que solicitó el rechazo de las pretensiones formuladas por la parte actora6. La entidad explicó que la extradición es un trámite que se realiza en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con la comunidad internacional, con el fin de garantizar la sanción de los delitos sin importar el lugar en que se hayan cometido. En ese sentido, la labor de las autoridades nacionales se limita a la verificación de los

6 Folios 101 al 106 del cuaderno del Tribunal No. 1.Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016) Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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requisitos formales previstos por la ley para la entrega de la persona

Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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requisitos formales previstos por la ley para la entrega de la persona solicitada en extradición . Además, en ningún caso existe un estudio de responsabilidad penal, ya que este corresponde hacerlo al Estado requirente, por lo que el Estado requerido carece de jurisdicción para verificar la legalidad de sus decisiones . Por lo anterior, en estos casos, al no existir un juzgamiento por parte de las autoridades nacionales, no es posible atribuirles responsabilidad por el daño que eventualmente se pueda derivar de dicho trámite.

13. El 20 de septiembre de 2010, el Ministerio de Defensa allegó contestación a la demanda, en la que propuso como excepción la falta de legitimación pasiva en la causa7. En el escrito afirmó que en la demanda no se refirió ningún hecho concreto a partir del cual se derivara su responsabilidad. A demás, señaló que , en el trámite de extradición , la entidad se limitó a cumplir un requerimiento realizado por la fiscalía , por lo que el daño reclamado no le era atribuible.

14. El 22 de septiembre de 2010, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República contestó la demanda , oponiéndose a las pretensiones allí planteadas8. Como argumento de defensa expuso que la entidad no intervino en el proceso de extradición del demandante y atendió oportunamente todos los requerimientos , así como las solicitudes presentadas por sus familiares. En todo caso, afirmó que el trámite fue legal, por lo que en el caso concreto no se configuró un daño antijurídico. Por

oportunamente todos los requerimientos , así como las solicitudes presentadas por sus familiares. En todo caso, afirmó que el trámite fue legal, por lo que en el caso concreto no se configuró un daño antijurídico. Por último, propuso como excepciones “la incapacidad e indebida representación del demandado”, “la notificación de la admisión de la demanda a persona distinta a la demandada” y “la ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación por pasiva”.

15. El 27 de septiembre de 2010, la Rama Judicial, en su contestación a la demanda, explicó que en el procedimiento de extradición no se debatía la culpabilidad de la persona señalada de cometer un delito en el exterior, sino que se trata ba de un mero trámite administrativo, en el cual la Corte Suprema de Justicia debía emitir un concepto que indicara si la solicitud presentada por el Estado requirente cumplía todos los requisitos exigidos en la ley9. Sin embargo, en este caso, lo anterior ni siquiera ocurrió , porque el gobierno de Estados Unidos retiró la solicitud antes de que la Corte profiriera un pronunciamiento. Así, solicitó que se declarara probada la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa y, subsidiariamente, se declarara la configuración de la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, debido a que el daño alegado en la demanda se produjo como consecuencia de las actuaciones de un Estado extranjero.

7 Folios 109 al 119 del cuaderno del Tribunal No. 1. 8 Folios 132 al 137 del cuaderno del Tribunal No. 1.

consecuencia de las actuaciones de un Estado extranjero.

7 Folios 109 al 119 del cuaderno del Tribunal No. 1. 8 Folios 132 al 137 del cuaderno del Tribunal No. 1. 9 Folios 165 al 170 del cuaderno del Tribunal no. 1.Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016) Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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16. En la misma fecha, la Procuraduría General de la Nación , en la contestación a la demanda, manifestó que en el presente caso no existía nexo causal entre la actuación desplegada por la entidad y la privación injusta de la libertad del demandante10. En efecto, el concepto emitido por la procuraduría no era vinculante, de manera que la entidad no tenía una participación directa en la causación del daño. A demás, la extradición nunca se llevó a cabo, de modo que el daño no se configuró. Por lo anterior, propuso como excepciones “la falta de legitimación en la causa por pasiva” y “el cobro de lo no debido o falta de causa para demandar”.

17. El Congreso de la República también presentó contestación a la demanda, en la que solicitó el rechazo de las pretensiones allí planteadas11.

En su escrito argumentó que la corporación era la encargada de crear las leyes, pero no le correspondía aplicarlas, por lo que ninguna responsabilidad le era atribuible por la correcta o incorrecta aplicación de las disposiciones

En su escrito argumentó que la corporación era la encargada de crear las leyes, pero no le correspondía aplicarlas, por lo que ninguna responsabilidad le era atribuible por la correcta o incorrecta aplicación de las disposiciones normativas referentes al trámite de extradición. Así, propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “cobro de lo no debido”.

18. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al contestar la demanda , manifestó que esta entidad actúa como interlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones oficiales que se adelant an entre las entidades gubernamentales y los gobiernos de otros países 12. Además, en el caso de los trámites de extradición, es el canal diplomático entre el Estado requirente y las autoridades competentes en el Estado requerido, no obstante, no tiene competencia para decidir sobre la procedencia o no de las solicitudes.

Asimismo, indicó que, en el caso concreto, las actuaciones del ministerio estuvieron acordes a las disposiciones de orden público e interés general previstas por las normas nacionales e internacionales, por lo que no era procedente atribuirle responsabilidad por los hech os alegados en la demanda. En el escrito propuso las excepciones de “falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “ausencia de falla en el servicio”.

19. La Policía Nacional también presentó contestación a la demanda13. En el escrito, por una parte, afirmó que a la entidad no le era atribuible la responsabilidad por los hechos alegados por la parte actora, dado que actuó en cumplimiento de un deber legal y puso al capturado a disposición

el escrito, por una parte, afirmó que a la entidad no le era atribuible la responsabilidad por los hechos alegados por la parte actora, dado que actuó en cumplimiento de un deber legal y puso al capturado a disposición de la autoridad competente dentro del término previsto por la ley. Por otra parte, señaló, como causa eficiente del daño , el error en que incurrió la Embajada de Estados Unidos, al presentar la solicitud de extradición de una persona que no había cometido delito alguno , por lo que al Estado colombiano no le era atribuible ninguna responsabilidad por esos hechos.

10 Folios 171 al 181 del cuaderno del Tribunal No. 1. 11 Folios 200 al 210 del cuaderno del Tribunal No. 1. 12 Folios 226 al 243 del cuaderno del Tribunal No. 1. 13 Folios 219 a 225 del cuaderno del Tribunal No. 1.Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016) Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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En concordancia, presentó como excepciones “la falta de legitimación en la causa por pasiva” y “el hecho de un tercero”.

20. El 30 de septiembre de 2010, la Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda14. Sin embargo, en el Auto de 18 de agosto de 2011, el tribunal resolvió tener por no contestada la demanda por parte de esta entidad, debido a que el escrito fue presentado

contestación a la demanda14. Sin embargo, en el Auto de 18 de agosto de 2011, el tribunal resolvió tener por no contestada la demanda por parte de esta entidad, debido a que el escrito fue presentado extemporáneamente15. En los alegatos de conclusión 16, la entidad expuso que su actuación se ajustó a lo dispuesto en la Constitución y la ley. En relación con el requerimiento realizado por el gobierno estadounidense, explicó que la fiscalía debía ordenar la captura del ciudadano, sin que esa solicitud admitiera alguna controversia o estudio . En efecto, el Estado requirente identificó debidamente al solicitado y, con base en esos datos, la fiscalía reconoció y capturó a Antonio Cortés , por lo que no era cierto lo afirmado por la parte actora acerca de la existencia de una falla en la identificación e individualización del detenido. Por lo anterior, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.

1.3. Sentencia de primera instancia

21. El 12 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , profirió Sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda 17. El a quo explicó que la captura con fines de extradición tiene como objeto poner a disposición del Estado requirente a la persona solicitada que se encuentra en el Estado requerido, la cual presuntamente ha cometido un delito en su territorio, con el fin de que ese Estado extranjero, bajos sus propias normas, adelante el respectivo proceso penal, en el que debe definir la responsabi lidad del acusado. De manera que, en estos casos , el Estado requerido no realiza

el fin de que ese Estado extranjero, bajos sus propias normas, adelante el respectivo proceso penal, en el que debe definir la responsabi lidad del acusado. De manera que, en estos casos , el Estado requerido no realiza ningún control jurisdiccional sobre la decisión de restricci ón de la libertad y se limita a realizar el trámite de verificación de la solicitud , en un proceso administrativo que finaliza con un acto administrativo. En el caso concreto, el tribunal encontró que el procedimiento estuvo acorde con la norma procesal penal vigente para ese momento , por lo que concluyó que no existió ninguna falla por parte de las entidades demandada s, las cuales, además, estaban obligadas a realizar la detención conforme a las obligaciones adquiridas por Colombia en virtud del principio de colaboración entre Estados.

14 Folios 251 al 267 del cuaderno del Tribunal No. 1. 15 Auto que obra en los folios 278 al 279 del cuaderno del Tribunal No. 1. 16 Folios 377 al 386 del cuaderno del Tribunal No. 1. 17 Folios 403 al 416 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016) Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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1.4. Recurso de apelación

22. El 26 de agosto de 2013, l a parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revocara la Sentencia de primera instancia

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1.4. Recurso de apelación

22. El 26 de agosto de 2013, l a parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revocara la Sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda18. En el escrito manifestó que debía declararse la responsabilidad de las entidades demandadas, dado que todas ellas intervinieron en el trámite previo a la extradición de Antonio Corté s, en el cual se le ocasionó un daño que no tenía el deber jurídico de soportar. Asimismo, omitieron verificar la identidad del capturado y corroborar que era la persona realmente requerida y acusada por las autoridades judiciales de Estados Unidos.

23. Además, respecto al Congreso de la República , alegó que su responsabilidad derivaba de lo que la doctrina y la jurisprudencia ha n denominado “el hecho del legislador ”. Así, explicó que el Estado estaba obligado a responder “cuando el órgano legislativo expide una ley que, a pesar de su carácter general e impersonal, ocasiona un daño especial, violando de esa manera el principio de igualdad de todos los ciudadanos frente a las cargas públicas”. En el mismo sentido, a gregó que , en la reglamentación del proceso de extradición, “el legislador omitió regular lo relativo a la privación injusta de la libertad derivada de los procesos de extradición, al solo prever los trámites y mecanismos para realizar la entrega de las personas al Estado solicitante sin tener en cuenta la consecuencia jurídica cuando no hubiere condena o si se desistiere de la solicitud de extradición”.

24. Por último, señaló que no resultaba procedente reclamar la reparación

sin tener en cuenta la consecuencia jurídica cuando no hubiere condena o si se desistiere de la solicitud de extradición”.

24. Por último, señaló que no resultaba procedente reclamar la reparación del daño a la Embajada de Estados Unidos, como pareció sugerirlo el tribunal y algunas de las entidades demandadas, ya que dicha entidad gozaba de inmunidad diplomática, razón por la cual no podía ser sometida a la jurisdicción nacional. En ese sentido, el Estado colombiano debía asumir la responsabilidad por los daños o le siones que el Estado extranjero había causado al ciudadano.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de l trámite de extradición en el que se produjo la detención ; 2.4.

Estudio del daño especial; 2.5. Entidades a las que se le atribuye el daño; 2.6. Inexistencia de responsabilidad por hecho del legislador , así como de la Policía Nacional ; 2.7. Liquidación de perjuicios; 2.8. Costas

18 Folios 419 al 462 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016) Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

25. El Tribunal, en la Sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las entidades demandadas actuaron de conformidad con lo previsto por la ley y la Constitución, de modo que la privación de la libertad que padeció el demandante era un daño que no se les podía atribuir. La parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de esa decisión, toda vez que las entidades demandadas omitieron cumplir con sus deberes de verificar la identidad del solicitado en extradición por el Estado requirente . Además, consideró que debía estudiarse la responsabilidad del Congreso de la República por la posible configuración de un hecho del legislador , y que se había configurado un daño especial, dado que, el demandante no tenía la obligación de soportar la restricción de la libertad ordenada por un Estado extranjero.

26. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar , entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, el 14 de marzo de 2008, el Ministerio del Interior y de Justicia expidió el acto mediante el cual dio por terminado el trámite de extradición adelantado en contra de Antonio Cortés , p or lo cual, en principio, el término para la presentación oportuna de la demanda se extendía hasta el 15 de marzo de 2010.