CE - 250002326000201000886011SENTENCIA20230704223044

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: ACCIÓN DE REPETICIÓN 2500012326000201000886 01 (56634)

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

DOMICILIARIOS

DIEGO HUMBERTO CAICEDO ORTIZ PÚBLICOS Acción de repetición. Régimen jurídico aplicable Ley 678 de

2001. Se probó la conducta gravemente culposa del agente estatal. Condena.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 20 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda. l. SINTESIS DEL CASO Mario Alberto Prada Corredor presentó demanda de nulidad-y restablecimiento del derecho contra el Decreto No. 991 del 21 de mayo de 2002, los oficios del 23 y 31 "de mayo de 2002 y la Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002 dictados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitando la nulidad de lodos ellos • y el reintegro al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculación o a uno superior, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Mediante sentencia del 23 de agosto de 2007, la Sección

lodos ellos • y el reintegro al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculación o a uno superior, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Mediante sentencia del 23 de agosto de 2007, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002, declaró la nulidad del oficio de 31 de mayo de 2002 y ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a reintegrar. a Mario Alberto Prada Corredor a un cargo igual o superior al que ocupaba al momento de su desvinculación, así como pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir desde su retiro hasta la fecha de su reintegro.1 l. 2 - ------ ------- -----------fi Radicado: 2500012326000201000886 01 (56634] Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de Diego Humberto Caicedo Ortiz, señalando que debía reembolsarle dicho dinero, pues había sido el servidor público que con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada la entidad.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 1 º de diciembre de 20101 , la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda en contra de Diego Humberto Caicedo Ortiz para que se le

1. Demanda El 1 º de diciembre de 20101 , la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda en contra de Diego Humberto Caicedo Ortiz para que se le declarara patrimonialmente responsable del pago de $254.199.682,57 a Mario Alberto Prada Corredor, realizado en cumplimiento de la condena que le impuso el Consejo de Estado mediante sentencia del 23 de agosto de 2007.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a Diego Humberto Caicedo Ortiz a pagarle la suma de $254.199.682,57, corie;pondiente a lo que pagó a Mario Alberto Prada Corredor. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que\ Mario Alberto Prada Corredor se posesionó el 1 º de febrero de 1996 en el cargo de profesional especializado código 301 O grado 17 en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Refiere que mediante Decreto No. 991 del 21 de mayo de 2002, se modificó la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, razón por la que, a través de oficio del 23 de mayo de 2002, Angélica María Tocara Castro, en calidad de coordinadora de talento humano de esa entidad, comunicó a Mario Alberto Prada Corredor que su cargo fue suprimido y que por ser funcionario 1 Fl.3a19,C.1.3

Radicado: 250001232600020'J 0008H6 O l (56634)

Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos

de carrera tenía la opción de ser incorporado a un empleo equivalente dentro de la

1 Fl.3a19,C.1.3

Radicado: 250001232600020'J 0008H6 O l (56634)

Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos

de carrera tenía la opción de ser incorporado a un empleo equivalente dentro de la nueva planta de personal o de recibir una indemnización en los términos establecidos en la ley. Sostiene que Mario Alberto Prada Corredor optó por su reincorporación a un cargo equivalente al que desempeñaba antes de la modificación de la planta de personal, sin embargo, mediante oficio del 31 de mayo de 2002, la coordinadora de talento humano de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le informó que "no existía vacante disponible en cargo equivalente al que venía desempeñando". Resalta que mediante Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios realizó "las incorporaciones" a la nueva planta de personal de esa entidad, sin nombrar a Mario Alberto Prada Corredor, aun cuando según la reestructuración "quedaron 24 cargos de profesional especializado código 3010 grado 17 con las mismas funciones" que venía desempeñando el señor Prada Corredor. Indica que en fecha indeterminada, Mario Alberto Prada Corredor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Decreto No. 991 del 21 de mayo de 2002, los oficios del 23 y 31 de mayo de 2002 y la Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002, solicitando la nulidad de todos ellos y el reintegro al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculación o a uno superior, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

008420 del 6 de junio de 2002, solicitando la nulidad de todos ellos y el reintegro al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculación o a uno superior, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Sostiene que mediante providencia del 8 de marzo de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se inhibió para pronunciarse sobre la nulidad del Decreto No. 991 del 21 de mayo de 2002 y negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho frente a los otros actos administrativos demandados. Indica que Mario Alberto Prada Corredor interpuso recurso de apelación en contra del mencionado proveído.4

Radicado: 25000l23260002010008B6 01 (56634] Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Sostiene que mediante sentencia del 23 de agosto de 2007, la Sección Segundfi del Consejo de Estado revocó la sentencia recurrida y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002, declaró la nulidad del oficio de 31 de mayo de 2002 y ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a reintegrar a Mario Alberto Prada_ .Corredor a un cargo igual o superior al que ocupaba al momento de su desvinculación, así como pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir desde su retiro hasta la fecha de su reintegro.

Atendiendo a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de

de su reintegro. Atendiendo a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de Diego Humberto Caicedo Ortiz, señalando que debía reembolsarle dicho dinero, pues había sido el servidor público que con su actuar doloso y/o gravemente culposo había incidido en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

2. Contestaciones El 27 de enero de 20112, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación al demandado y al Ministerio Público. 2.1. Diego Humberto Caicedo Ortiz3 se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que no se acreditó su actuación dolosa y/o gravemente culposa, carga probatoria que, según afirmó, estaba en cabeza de la entidad demandante. Al respecto, indicó que actuó conforme a la Constitución y la ley, restructurando la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios según lo previsto en los Decretos 15724 de 1998 y 9915 de 2002. De hecho, así lo manifestó: 2 FI. 22, C. 1. 3 FI. 53 a 72, C. 1. 4 "Por el cual se reglamenta fa Ley 443 de 1998 y el Decreto - Ley 1567 de 1998". s "Por el cual se modifica fa planta de personal de fa Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones".5

Radicado: 25000123260002010008B6 01 (56634)

Demandante: Superintendencia de Servícios Públícos

Domiciliarios y se dictan otras disposiciones".5

Radicado: 25000123260002010008B6 01 (56634) Demandante: Superintendencia de Servícios Públícos "No quedó probado en el proceso de acción de nulidad interpuesto por el funcionario Mario Alberto Prada Corredor la existencia de una desviación de poder, en la medida en que no se acreditó que la no incorporación del mencionado a la nueva planta de personal por el acto administrativo nulitado obedeciera a un propósito distinto al señalado expresamente en el artículo 4º del decreto 991 de 2002, y menos aún que este hecho se hubiera producido con la incuestionable intención de favorecer a las personas nombradas en provisionalidad".

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 22 de julio de 201 46, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios7 y Diego Humberto Caicedo Ortiz8 reiteraron los argumentos expuestos en el libelo introductorio y su contestación, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público9 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda porque estaba probado que Diego Humberto Caicedo Ortiz actuó con desviación de poder

al suprimir el cargo de carrera que Mario Alberto Prada Corredor y no vincularlo a la nueva planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 20 de noviembre de 201 41º el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar

Domiciliarios.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 20 de noviembre de 201 41º el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002 fue expedida con desviación

6Fl.144,C.1. 7 F1. 145 a 149, C. 1. 8 FI. 150 a 172, C. 1. 9 FI. 174 a 176, C. 1. 10 FI. 178 a 195, C. Ppal.6 , Radicado: 2500012326000201000886 01 (56634) Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos de poder, por lo que Diego Humberto Caicedo Ortiz estaba inmerso en la presunción de dolo prevista en el artículo 5º de la Ley 678 de 2001. Al efecto, sostuvo: "Al quedar probado dentro del plenario la expedición del acto administrativo cuya nulidad fue decretada por el honorable Consejo de Estado, por parte del señor Diego Humberto Caicedo Ortiz y al haberse declarado que tal decisión obedeció a la desviación de poder en que incurrió en el acto y al encontrarse acreditado que fue emitido por el mencionado servidor, no queda más que concluir que al tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, el funcionario está incurso en una de las causales de presunción de dolo establecidas por dicha norma, cual es, haber proferido un acto administrativo que fue expedido con desviación de poder." En la parte rfisolutiva el a qua condenó a Diego Humberto Caicedo Ortiz a pagar a

por dicha norma, cual es, haber proferido un acto administrativo que fue expedido con desviación de poder." En la parte rfisolutiva el a qua condenó a Diego Humberto Caicedo Ortiz a pagar a la entidad demandante la suma de $189.319.610,8, púes fue la suma efectivamente recibida por Mario Alberto Prada Corredor.

5. Recurso de apelacíón El 1511 y 1612 de. diciembre de 2014, la Superintendencia de Servicios Públicos Domi?iliarios y Diego Humberto Caicedo Ortiz interpusieron recursos -fie ,apelación, los cuales fueron concedidos el 9 de febrero de 201613 y admitidos el 12 de abril de 201614. 5.1. La Superintendencia de Servicios Públicos15 sostuvo que el a quo no valoró adecuadamente las pruebas aportadas al proceso, pues estaba acreditado que esa entidad realizó el pago de $254.199.682 ,57 a Mario Alberto Prada Corredor, en cumplimiento de la condena que le sentencia del 23 de agosto de 2007. 11 FI. 198 a 200, C. Ppal. 12 FI. 201 a 256, C. Ppal. 13 FI. 279, C. Ppal. 1• FI. 283, e Ppal. 1s FI. 198 a 200, C. Ppal. impuso el Consejo de Estado mediante7

Radicado: 25000l23260002010008B6 01 (56634) Demandante: Superintendencla de Servicios Públicos 5.2. Diego Humberto Caicedo Ortiz16 sostuvo que la parte demandante no acreditó su conducta dolosa y tampoco el pago total de la condena. En efecto, sostuvo que para proferir sentencia condenatoria el a quo se limitó a reproducir los argumentos

5.2. Diego Humberto Caicedo Ortiz16 sostuvo que la parte demandante no acreditó su conducta dolosa y tampoco el pago total de la condena. En efecto, sostuvo que para proferir sentencia condenatoria el a quo se limitó a reproducir los argumentos de· Ia sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, sin hacer un análisis probatorio en el proceso de repetición. Por otro lado, indicó que únicamente se probó el pago parcial de la obligación y no su totalidad, por lo que debía declararse que no se satisfizo ese presupuesto para estudiar la acción de repetición.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 11 de mayo de 201617 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios18 y Diego Humberto Caicedo Ortiz19 reiteraron los argumentos expuestos en los recursos de apelación, respectivamente. 6.2. El Ministerio Público20 rindió concepto en el que solicitó revocar la sentencia recurrida y negar las pretensiones de la demanda, pues Diego Humberto Caicedo Ortiz logró desvirtuar la presunción de dolo consagrada en el artículo 5º de la Ley 678 de 2001, al demostrar que la reestructuración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domi_ciliarios fue "el resultado de estudios, análisis, verificación y autorización de un equipo de trabajo, contando incluso con asesoría directa del Departamento Administrativo de la Función Pública y otras entidades". 16 FI. 201 a 256, C. Ppal. 17 FI. 285, C. Ppal. 18 FI. 287 a 289, C. Ppal.

Departamento Administrativo de la Función Pública y otras entidades". 16 FI. 201 a 256, C. Ppal. 17 FI. 285, C. Ppal. 18 FI. 287 a 289, C. Ppal. 19 FI. 290 a 314, C. Ppal. 20 ,,. FI. 317 a 322, C. Ppal.7. Del impedimento 8

Radicado: 2500012326000201000886 01 (56634] Demandante: Superintendencia de Servicios Públifi.:os 7.1. El 16 de junio de 201621 el magistrado Guillermo Sánchez Luque manifestó estar impedido para conocer del asunto en virtud de lo dispuesto en la causal 12 del artículo 150 del Código de procedimiento Civil. 7.2. El impedimento manifestado por el magistrado Guillermo Sánchez L_uque fue aceptado a través de decisión del 12 de julio de 201622.

111. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de i.Jna <lctuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA23, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de

2001 24. 21 FI. 316, C. Ppal.

jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA23, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 24. 21 FI. 316, C. Ppal. 22 FI. 324 a 325, C. Ppal. 23 "El Consejo de Estado, en Sala de fo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de fas apelaciones de fas sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de fas apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda; o no se conceda el extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional de consulta se surtirá, en los eventos de que trata el artículo 184 de este código." 24 "Artículo 7. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente9

Radicado: 25000123 26000201000886 01 [56634) Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Al respecto, esta Corporación ha señalado que la competencia en acciones de repetición reguladas por el Código Contencioso Administrativo se determina de acuerdo con el criterio de conexidad consagrado en el inciso 2° del artículo 7 de la

Al respecto, esta Corporación ha señalado que la competencia en acciones de repetición reguladas por el Código Contencioso Administrativo se determina de acuerdo con el criterio de conexidad consagrado en el inciso 2° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, siempre y cuando tengan origen en un proceso judicial que hubiere cursado ante esta jurisdicción y en virtud del cual hubiere resultado comprometida la responsabilidad25 patrimonial del Estado, sin que se requiera establecer la cuantía del asunto. De conformidad con lo anterior, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de repetición.

2. Acción procedente De conformidad con la definición del artículo 2° de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemn izatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a Diego Humberto Caicedo Ortiz patrimonialmente responsable del pago de $254.199.682,57, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Consejo de Estado mediante sentencia del 23 de agosto de 2007. el juez o tribunal que haya aprobado. el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto( ... )".

de Estado mediante sentencia del 23 de agosto de 2007. el juez o tribunal que haya aprobado. el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto( ... )". 25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de noviembre de 2016 y Rad. 46108, 13 de abril de 2016, Rad. 42.354, entre otras.3. Vigencia de la acción 10

Radicado: 25000l23260002010008B6 01 (56634] Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del · interés general26, estableció unos plazos para •'poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la con;,.ol!dación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción27, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite. y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda 26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a fa protección de un interés general. Como·cfaramente se explicó en fa sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público fo que explica su carácter irrenunciable, y fa posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia. " 27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 " ... el derecho al acceso a fa administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que fa promoción de fa demanda sea oportuna y fas acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (, .:). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el

promoción de fa demanda sea oportuna y fas acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (, .:). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para fa estabilidad del derecho, fo que impone al interesado el empleo oportuno de fas acciones, so pena de que fas situaciones adquieran la firmeza necesaria a fa seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos11

Radicado: 2500012326000201000886 01 (56634] Dema11dantr: Superintendencia de Servicios Públicos y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente .

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure28 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia29, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará

allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4º del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo30. 28 Consejo de· Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurldica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 29 Corte Constitucional. Sentencia C-57 4 de 19 98: " ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado • derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad

inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el /Imite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado". 30 Mediante sentencia C-832 de 2·001 la Corte Constitucional se pronunció frente al contenido normativo del numeral 9 del articulo 136 del CCA, cuyo texto es idéntico al primer inciso del articulo 11 de la Ley 678 de 2001. En la mencionada providencia, esa Corporación declaró la constitucio nalidad condicionada de la norma bajo una interpretación armónica con el inciso 4º del12

Radicado: 2500012326000201000BB6 01 (56634] Demandante: Superintendencia de Servicios Públicos En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 23 de agosto de 2007, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 008420 del 6 de junio de 2002, declaró la nulidad del oficio de 31 de mayo de 2002 y ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a reintegrar a Mario Alberto Prada Corredor, así como pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir, quedó ejecutoriada el 2 de noviembre de 2007, según da cuenta copia de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a reintegrar a Mario Alberto Prada Corredor, así como pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir, quedó ejecutoriada el 2 de noviembre de 2007, según da cuenta copia de la constancia secretarial31 ; ii) que el 432 de mayo de 2009 vencieron los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA; iii) que el 19 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó el último pago de la condena, tal y como consta en el certificado del 13 de octubre de 2010, expedido por el coordinador del grupo de tesorería de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios33; y iv) que la demanda se presentó el 1 º de diciembre de 201034, esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna. artículo 17 7 del CCA, el cual establece que el pago de las condenas judiciales proferidas contra las entidades públi cas podrá ser ejecutable 18 meses después de ejecutoriada la sentencia. Así, la Corte indicó que en el evento en que la entidad pública no hubi ere realizado el pago dentro de dicho término, la caducidad deberá contarse entonces a partir del vencimiento de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria o del auto aprobatorio de la conciliación. Cabe resaltar que con posterioridad, en Sentencia C-394 de 2002, la Corte Constitucional también estudió la exequibilidad del primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y dispuso que su constitucionalidad estaría sometida a la misma interpretación realizada en la Sentencia C-832 de

estudió la exequibilidad del primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y dispuso que su constitucionalidad estaría sometida a la misma interpretación realizada en la Sentencia C-832 de 2001 , de manera que, "el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar,