CE - 25000232600020110025301120230816182457

e CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 25000-23-26-000-2011-000253-01(51428) acumulado: 25000-23-26-000-2010-000941-01 (51406)

Actor: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS Y OTROS

Demandado: NACIÓN-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Referencia: REPARACIÓN DIRECTA COMPETENCIA DEL SUPERIOR-Apelación de ambas partes. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. PROVIDENCIAS JUDICIALES-Valor probatorio. FOTOGRAFÍAS-Valor probatorio. VERSIONES LIBRES, INDAGATORIAS Y ENTREVISTAS-Las declaraciones de terceros deben ser recibidas bajo la gravedad de juramento. RECORTES DE PRENSA-Valor probatorio. PRUEBA TRASLADADA-Valor probatorio. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO ILÍCITO EN EL ÁMBITO ESTATAL-Ilicitud, culpabilidad y daño en responsabilidad civil del Estado. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LIBERTAD-Fundamentos de la responsabilidad civil del Estado. FALLA DEL SERVICIO O CULPA DE LA ADMINISTRACIÓN-Título de imputación por excelencia. INTIMIDAD PERSONAL Y BUEN NOMBRE-La Constitución Nacional estableció garantías para la protección de estos derechos fundamentales. DERECHO A LA HONRA Y LA DIGNIDAD-Convención Americana Sobre Derechos Humanos. AUTONOMÍA JUDICIAL-Presupuesto de la democracia y el Estado de

protección de estos derechos fundamentales. DERECHO A LA HONRA Y LA DIGNIDAD-Convención Americana Sobre Derechos Humanos. AUTONOMÍA JUDICIAL-Presupuesto de la democracia y el Estado de derecho. SEPARACIÓN DE PODERES-Principio fundamental de la organización republicana. COLABORACIÓN ARMÓNICA DE LAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO-Respeto de la autonomía de los jueces. PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Facultades y actuaciones de los servidores públicos están sujetas al ordenamiento jurídico. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS-Objetivo, deberes y funciones. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS-Inteligencia, contrainteligencia e inteligencia estratégica del Estado. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS-Deber de mantener y garantizar la reserva legal de la información. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS-Prohibición de dar a conocer información reservada de forma indebida. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSO-Valoración probatoria. INTERROGATORIO DE PARTE-Valor probatorio. TESTIGO TÉCNICO-Debe tener conocimiento directo o indirecto de los hechos, art. 227 CPC. TESTIGO TÉCNICO-No sustituye al dictamen pericial. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DAPRE-Asiste al Presidente en el cumplimiento de funciones constitucionales y legales. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO, UIAF-Objetivo. UNIDAD

de funciones constitucionales y legales. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO, UIAF-Objetivo. UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO-La información que produzca está sujeta a reserva. BAREMOS EN PERJUICIOS-Las sentencias de unificación sirven como parámetro de guía, pero la tasación del perjuicio depende siempre de la valoración judicial. ARBITRIO IURIS-No es sinónimo de arbitrariedad. CONGRUENCIA DEL FALLO-El recurso de apelación no es la oportunidad prevista para formular nuevas pretensiones. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN-Se subsume en los perjuicios morales ya reconocidos. DAÑO A LA SALUD-Aplicación de los criterios de sentencias de unificación. DOCUMENTO PRIVADO EMANADO DE TERCEROS-Eventos en que se reputa auténtico. DAÑO EMERGENTE-Se niega por falta de prueba. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN-Procede en los procesos de reparación directa contra el agente frente al cual aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave. PRESUNCIÓN DE DOLO Y CULPA GRAVE DEL SERVIDOR PÚBLICO-Carga de alegar los hechos que configuran las «presunciones» de la Ley 678. DOLO Y CULPA GRAVE-Si no se alegan los hechos que configuran una «presunción» se recurre al régimen general de responsabilidad civil. COSTAS EN CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra las

«presunción» se recurre al régimen general de responsabilidad civil. COSTAS EN CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra las sentencias del 20 de marzo y 3 de abril de 2014, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundincmarca. La primera negó las pretensiones y la segunda accedió parcialmente.(t) 2 Expediente nº. 51.428

Demandante: Maria del Rosario González de Lemos y otros Concede pretensiones SÍNTESIS DEL CASO En 2007 y 2008, funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS­ interceptaron sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia - «chuzadas»- y recolectaron información de los magistrados Yesid Ramírez Bastidas y María del Rosario González de Lemas aducen falla del servicio, pues esa entidad y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la RepúblicaDAPRE- «desprestigiaron y asediaron» a los magistrados. Solicitaron, sin orden judicial, información financiera a la Unidad de Información y Análisis FinancieraUIAFy divulgaron información con reserva legal a la prensa.

ANTECEDENTES Proceso 2010-0941: el 15 de diciembre de 2010, Yesid Ramírez Bastidas y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-DAS, UIAF y el DAPRE. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que desde 2007 hasta 2009, funcionarios del DAS y del DAPRE, de forma irregular, sin orden judicial ni procedimiento reglado solicitaron información

Nación-DAS, UIAF y el DAPRE. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que desde 2007 hasta 2009, funcionarios del DAS y del DAPRE, de forma irregular, sin orden judicial ni procedimiento reglado solicitaron información financiera, interceptaron comunicaciones privadas e hicieron seguimientos al magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas y a su familia. Las demandadas, con e! propósito de desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, filtraron información falsa a la prensa. Solicitaron 500 SMLMV para Yesid Ramírez Bastidas y 100 SMLMV para cada uno de los demandantes, por daño moral, daño a la vida de relación y a la intimidad personal; 500 SMLMV para Yesid Ramírez Bastidas por daño a la honra, honor, buen nombre y salud física y mental; y $200.000.000 por daño emergente, por la representación judicial en procesos penales y ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El 24 de febrero de 2011, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. El DAS, al oponerse a las pretensiones, en el escrito de contestación de la demanda expuso que, conforme a las decisiones judiciales expedidas hasta ese momento, exfuncionarios de la entidad, a título personal, cometieron delitos que no estuvieron relacionados con los fines misionales. Formuló llamamiento en garantía a Bernardo Moreno, Andrés Peñate Giralda, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, José Miguel Narváez,, Fernando Alonso Tabares . ,.... e 3 Expediente nº. 51.428

llamamiento en garantía a Bernardo Moreno, Andrés Peñate Giralda, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, José Miguel Narváez,, Fernando Alonso Tabares . ,.... e 3 Expediente nº. 51.428

Demandante: Maria del Rosario González de Lemos y otros Concede pretensiones Molina, Jorge Alberto Lagos León y Carlos Alberto Arzayuz Sánchez. El DAPRE sostuvo que no había prueba de una falla del servicio. Adujo que si existieron conductas ilegales de exservidores de la Presidencia, estos debían responder a título personal. Alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

La UIAF señaló que la entidad actuó conforme a sus funciones y las actuaciones no requerían orden judicial, pues la entidad centraliza, sistematiza y analiza información financiera para entregarla a las autoridades competentes. Alegó la excepción de caducidad. El 1 O de noviembre de 2011, se admitió el llamamiento en garantía de Andrés Peñate Giraldo, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, José Miguel Narváez, Fernando Alonso Tabares Molina, Jorge Alberto Lagos León y Carlos Alberto Arzayuz Sánchez, y se negó el de Bernardo Moreno. José Miguel Narváez, en el escrito de contestación al llamamiento, expuso que no era responsable, pues para la fecha de los hechos -2007 y 2008no era funcionario del DAS, porque fue subdirector de esa entidad desde el 1 de junio al 25 de octubre de 2005. Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León señalaron que actuaron dentro de las facultades legales de la función de inteligencia del DAS y no eran responsables por actuaciones ilegales de otros

25 de octubre de 2005. Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León señalaron que actuaron dentro de las facultades legales de la función de inteligencia del DAS y no eran responsables por actuaciones ilegales de otros funcionarios. Alegaron la excepción de caducidad. Andrés Peñate Giraldo sostuvo que fue director del DAS desde octubre de 2005 hasta agosto de 2007 y no existe prueba sumaria de que actuó con culpa grave o dolo. Carlos Alberto Arzayuz Sánchez no contestó el llamamiento en garantía. El 25 de julio de 2012, el Tribunal dispuso continuar el proceso sin Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado como llamados en garantía, pues no se logró su vinculación. El 27 de noviembre de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante dijo que probó que los demandados interceptaron comunicaciones privadas de los magistrados, organizaron un plan de desprestigio en su contra, recolectaron información financiera y filtraron información reservada a los medios de comunicación. El DAS insistió en la caducidad y alegó que adelantó actividades de inteligencia legales, pero algunos funcionarios se extralimitaron en sus funciones y cometieron delitos a título personal. No se probó la interceptación de comunicaciones privadas ni seguimientos a los demandantes. El DAPRE expusoe 4 Expediente nº. 51.428

Demandante: María del Rosario González de Lemos y otros Concede pretensiones que la justicia penal investigaba los hechos y no se había declarado la responsabilidad de ningún funcionario. La entidad no tiene funciones de inteligencia ni contrainteligencia. La UIAF reiteró que actuó en cumplimiento de convenios

Concede pretensiones que la justicia penal investigaba los hechos y no se había declarado la responsabilidad de ningún funcionario. La entidad no tiene funciones de inteligencia ni contrainteligencia. La UIAF reiteró que actuó en cumplimiento de convenios interadministrativos de intercambio de información con el DAS y al contestar los requerimientos indicó que la información no estaba verificada y era reservada. Fernando Alonso Tabares y Jorge Alberto Lagos dijeron que el DAS sí podía recaudar información sin orden judicial, pues se trataba de actividades de inteligencia del Estado y, por ello, no aplicaba el Código de Procedimiento Penal. No se probó que ellos filtraron la información a la prensa, la interceptación de comunicaciones privadas, ni los perjuicios alegados. El Ministerio Público y los demás llamados en garantía guardaron silencio. El 3 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que, en principio, las actividades del DAS se desarrollaron dentro del marco legal de inteligencia del Estado, al investigar la presunta influencia del narcotráfico en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esa entidad, para desacreditar y desprestigiar a los magistrados de la Corte, entregó la información recolectada a medios de comunicación y no a las autoridades competentes. Condenó al DAS a pagar perjuicios morales, negó las demás pretensiones y condenó a Fernando Alonso Tabares y Jorge Alberto Lagos a pagar al DAS las sumas de la condena, pues estimó que actuaron con dolo. La parte demandante, fiI DAS, Fernando Alonso Tabares y Jorge Alberto Lagos interpusieron recursos de apelación, que fueron

Tabares y Jorge Alberto Lagos a pagar al DAS las sumas de la condena, pues estimó que actuaron con dolo. La parte demandante, fiI DAS, Fernando Alonso Tabares y Jorge Alberto Lagos interpusieron recursos de apelación, que fueron concedidos el 28 de mayo de 2014 y admitidos el 10 de julio siguiente. La demandante esgrimió que el Tribunal erró al afirmar que el DAS actuó conforme a la ley en las actividades de inteligencia, pues se probó que instalaron grabadoras en las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, accedieron a expedientes judiciales reservados e investigaron la vida privada y finanzas de los magistrados. No hubo procedimiento reglado, ni orden judicial previa. Existían pruebas de la participación de funcionarios del DAPRE y la UIAF en el plan para desprestigiar a los magistrados. Solicitó el reconocimiento de los perjuicios que negó el Tribunal. El DAS arguyó que las labores de inteligencia no requerían orden judicial previa, no se probó la interceptación de comunicaciones privadas y la:filtración de la información es imputable a los funcionarios que actuaron a títulp personal. Insistió en la .... e 5 Expediente nº. 51.428

Demandante: Maria del Rosario González de Lemos y otros Concede pretensiones caducidad. Fernando Alonso Tabares y Jorge Alberto Lagos pidieron declarar la caducidad. Agregaron que no tuvieron relación con la filtración de la información a la revista Semana y frente a la filtración a la periodista Salud Hernández, Jorge Lagos cumplió la orden de su superior. No se probó que el perjuicio moral se derivó de una conducta del DAS o de sus funcionarios.

El 1 de junio de 2017 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda

Lagos cumplió la orden de su superior. No se probó que el perjuicio moral se derivó de una conducta del DAS o de sus funcionarios. El 1 de junio de 2017 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto y dijo que la caducidad debía contarse desde el 22 de febrero de 2009, esto es, desde la publicación de la revista Semana en la que tuvo conocimiento de las irregularidades. El DAPRE y la UIAF insistieron en que no se probó la falla del servicio. Andrés Peñate solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, pues para la fecha de los hechos no era funcionario del DAS. El DAS, Fernando Alonso Tabares y Jorge Alberto Lagos reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio. Proceso 2011-0253: el 22 de marzo de 2011, María del Rosario González de Lemas, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra el DAS y el DAPRE. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que desde 2007 hasta 2009 soportó hostigamientos, amenazas, interceptaciones telefónicas y grabaciones de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, donde ejercía como magistrada de la Sala de Casación Penal. Expuso que en septiembre de 2007, hubo una amenaza de bomba en el colegio de su hija, en enero de 2008, el vehículo que tenía asignado sufrió una avería causada voluntariamente y en febrero de 2008, incluyeron en su grupo de escoltas a un agente que hizo parte de la seguridad de un senador juzgado por la Corte. Las demandadas, de forma ilegal,

el vehículo que tenía asignado sufrió una avería causada voluntariamente y en febrero de 2008, incluyeron en su grupo de escoltas a un agente que hizo parte de la seguridad de un senador juzgado por la Corte. Las demandadas, de forma ilegal, interceptaron sus teléfonos, grabaron sesiones de la Sala Plena de la Corte, la hostigaron y la amenazaron. Solicitó 400 SMLMV por la violación de los derechos a la intimidad personal, la familia, la vida e integridad personal y al trabajo. El 14 de abril de 2011, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. El DAS, al oponerse a las pretensiones, en el escrito de contestación de la demanda, sostuvo que, según las decisiones judiciales que se habían proferido, las actividades de interceptación telefónica, infiltración de las sesiones de la Corte y perfiles ideológicos y políticos fueron actuaciones personales ilícitas de funcionarios de la entidad. Formuló llamamiento en garantía a Bernardo Moreno, Andrés Peñatee 6 Expediente nº. 51.4 28

Demandante: María del Rosario González de Lemas y otros Concede pretensiones Giraldo, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, José Miguel Narváez, Fernando Alonso Tabares, Jorge Alberto Lagos y Carlos Alberto Arzayuz Sánchez. El Tribunal no se pronunció sobre estos llamamientos y el DAS tampoco lo solicitó. El DAPRE señaló que la justicia penal investigaba los hechos y la entidad no desarrollaba actividades de inteligencia, contrainteligencia o espionaje. Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.

El 31 de octubre de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para

actividades de inteligencia, contrainteligencia o espionaje. Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva. El 31 de octubre de 2013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante alegó que estaba probado que funcionarios de las demandadas cometieron los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de transmisores, concierto para delinquir, entre otros. El DAS dijo que había caducidad y los funcionarios que cometieron los delitos debían responder por los perjuicios. El DAPRE expuso que no existían decisiones penales en firme contra algún funcionario y no se probaron los perjuicios. El Ministerio Público conceptuó que se probó que las demandadas, de forma ilegal, interceptaron y grabaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues para ese momento existía una confrontación entre el gobierno y esa corporación. El 20 de marzo de 2014, el Tribunal Administrativo_ de Cundinamarca en la sentencia declaró la caducidad respecto de la amenaza de bomba, avería del vehículo e ingreso de un nuevo escolta al equipo de seguridad de la demandante. Frente a los otros hechos negó las pretensiones, al considerar que aunque estaba probado que se grabaron las sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción administrativa no podía establecer su legalidad o ilegalidad. Estimó que no se probó el daño, pues no se demostró cómo el DAS usó las grabaciones e interceptaciones, ni la afectación a la honra o moral de la demandante. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido

Estimó que no se probó el daño, pues no se demostró cómo el DAS usó las grabaciones e interceptaciones, ni la afectación a la honra o moral de la demandante. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 15 de mayo de 2014 y admitido el 17 de julio siguiente. La demandante esgrimió que la amenaza de bomba, avería del vehículo e ingreso de un nuevo escolta al esquema de seguridad estaban relacionados con las fallas imputadas a las demandadas y no debían analizarse de forma aislada. Arguyó que el Tribunal desconoció las pruebas que acreditaron la afectación moral y la vulneración de sus derechos, pues se probó que la demandante identificó su voz ante la fiscalía, en.. e 7 Expediente nº. 51.428

Demandante: Maria del Rosario González de Lemas y otros Concede pretensiones una de las grabaciones irregulares de las sesiones de la Sala Plena y varios funcionarios involucrados aceptaron y explicaron en qué consistió el plan de desprestigio contra los magistrados.

El 25 de noviembre de 2014, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. El DAS alegó que la entidad podía recopilar información de personas, con respeto de la reserva legal, para desarrollar la inteligencia y contrainteligencia y solicitó confirmar la sentencia del Tribunal. El DAPRE sostuvo que no se probó la falla del servicio de la entidad. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. El 11 de diciembre de 2018 se decretó la acumulación del proceso 2010-0941-01(51406) al proceso 2011-0253-01(51428).

CONSIDERACIONES

Ministerio Público guardaron silencio. El 11 de diciembre de 2018 se decretó la acumulación del proceso 2010-0941-01(51406) al proceso 2011-0253-01(51428).

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 ° de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 1395 de 201 O, que modificó el artículo 20.2 CPC, el valor de la suma de las pretensiones supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $257.500.000 para el 2010 y $267.800.000 para el 20111.

Acción procedente

2. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de los años 2010 y 2011, $515.000 y $535.600, respectivamente, por 500.e 8

Expediente nº. 51.428

Demandante: Maria del Rosario González de Lemos y otros Concede pretensiones de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un

respectivamente, por 500.e 8 Expediente nº. 51.428

Demandante: Maria del Rosario González de Lemos y otros Concede pretensiones de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo2, en este caso por una falla del servicio imputable a los demandados (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa. En el proceso 2010-0941, el 2 de abril de 2009, el demandante -Yesid Ramírez Bastidasmediante declaración por certificación jurada a la Procuraduría General de la Nación, afirmó que tuvo conocimiento, por medios de comunicación, que el DAS le había hecho interceptaciones telefónicas y electrónicas, según da cuenta copia simple de la declaración (f. 47 y 48 c. 2 Exp. 2010-0941). Como la demanda se interpuso el 15 de diciembre de 2010, se presentó en tiempo.

En la demanda del proceso 2011-0253, María del RosariÓ González de Lemos adujo que el 28 de septiembre de 2007, hubo una amenaza de bomba en el colegio de su hija [hecho nº. 2], el 31 de enero de 2008, el vehículo que le asignó la Corte sufrió

que el 28 de septiembre de 2007, hubo una amenaza de bomba en el colegio de su hija [hecho nº. 2], el 31 de enero de 2008, el vehículo que le asignó la Corte sufrió una avería grave causada de forma voluntaria [hecho nº. 4] y el 11 de febrero de 2008, se integró a su grupo de seguridad un agente de la policía que había sido escolta de un senador que la Corte juzgaba en ese momento [hecho nº. 4]. Como el término de dos años para interponer la acción de reparación directa respecto de estos hechos venció el 29 de septiembre de 2009, el 1 y el 12 de febrero de 2010, respectivamente, y la demanda se formuló el 22 de marzo de 2011, según da cuenta sello de radicación (f. 12 c. 1 Exp. 2011-00253), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad respecto de esos hechos. En relación con las grabaciones irregulares a las sesiones de la Corte, el 8 de julio de 201 O, la demandante en diligencia ante la Fiscalía General de la Nación, reconoció su voz en una grabación que la entidad 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del" 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en

Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744,746 y 747, disponible en https://bit.ly/3gjjduK... 9 Expediente nº. 51.428

Demandante: Maria del Rosario González de Lemes y otros Concede pretensiones reprodujo y que correspondía a una sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, grabada por funcionarios del DAS, según da cuenta copia simple del formato de entrevista FPJ-14 del 8 de julio de 2010 (f. 53 y 54 c. 2 Exp. 2011-0253).

Como la demanda se presentó el 22 de marzo de 2011, se interpuso en tiempo. Legitimación en la causa

4. Yesid Ramírez Bastidas, María del Rosario González de Lemas, Raquel Bastidas de Ramírez, Raquel Yohanna, Laura Tatiana y Pedro Gabriel Ramírez Bastidas son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues los dos primeros eran magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para la fecha de los hechos [hechos probados 12.1 y 12.2] y los demás conforman el núcleo familiar de Ramírez Bastidas [hecho probado 12.6].

La Nación-DAS, el DAPRE y la UIAF están legitimados en la causa por pasiva, pues la primera era la entidad encargada de la inteligencia y contrainteligencia del Estado para la época de los hechos (arts. 1 y 2 D. 643 de 2004); la UIAF centralizaba, sistematizaba y analizaba información financiera recaudada, mediante actividades

para la época de los hechos (arts. 1 y 2 D. 643 de 2004); la UIAF centralizaba, sistematizaba y analizaba información financiera recaudada, mediante actividades de inteligencia, para prevenir el lavado de activos (art. 3 Ley 526 de 1999) y el DAPRE, según las demandas, hizo parte de las actividades delictivas e irregulares.

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró falla del servicio de las entidades demandadas, por el incumplimiento de los objetivos, funciones y deberes de reserva de la información obtenida en labores de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

111. Análisis de la Sala

5. Como las sentencias fueron recurridas por ambas partes, la Sala resolverá en los términos del artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de estae 10

Expediente nº. 51.428

Demandante: Maria del Rosario González de Lemas y otros Concede pretensiones Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio3.

7. Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales4 . En cada proceso el juez debe fundarse en las pruebas allegadas al mismo (art. 174 CPC) y las partes deberán tener la oportfinidad para contradecirlas.

Las sentencias penales del 7 de marzo y 31 de mayo de, 2011 serán valoradas.

8. La fotografía aportada al proceso (f. 11 c. 3 Exp. 2011-00253) no será valorada, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 CPC, hoy 244

8. La fotografía aportada al proceso (f. 11 c. 3 Exp. 2011-00253) no será valorada, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 CPC, hoy 244

CGP, no se tiene certeza de la persona que la realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que fue tomada5.

9. Al proceso se aportó copia de los interrogatorios y entrevistas hechas a Jorge Alberto Lagos León, Fernando Alonso Tabares Malina y Germán Albeiro Ospina Arango dentro del proceso penal nº. 2010-00088 y disciplinario nº. IUS 2009-57515

IUC D-2010-4-105231 (f. 55 a 67 y 255 a 263 c. 3 Exp. 2011-00253, f. 1 a 27 c. 4 Exp. 2010-0941, f. 2 a 6 c. 5 Exp. 2010-00941 ). El artículo 227 CPC dispone que las declaraciones de terceros sean recibidas bajo la gravedad del juramento. Como las declaraciones contenidas en estos interrogatorios y entrevistas no cumplen con este mandato legal, no serán valoradas.

10. En el expediente obran recortes de prensa, revistas y comunicados de prensa

(f. 13 a 34 c. 3, f. 68 a 74 c. 3, f. 452, 498 a 501 c. 2, f. 137 a 180, 217 a 220 c. pruebas 2 Exp. 2010-0941, tres revistas Semana ediciones nº. 1317, 1372 y 1399). Las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas

Las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia:!, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconfonmidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurispiudencías y Conceptos, Consejo de Estado 1817 -2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacicinal, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en !J_!!Qs://bit.fi_t;. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad.