CE - 250002326000201100375011SENTENCIA20230709192144

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2023

Radicación: 25000-23-26-0002011-00375-01 (54994)

Actor: Luis Alfonso Santiago Ramírez y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial y Otros Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Decreto 2700 de 1991) - Privación de la libertad – Hecho de la víctima como causa eximente de responsabilidad // Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia – incautaciones en el marco de proceso penal – deterioro del bien

Síntesis del caso: el demandante principal fue privado de la libertad por la supuesta comisión de varios delitos, entre ellos, secuestro simple , así como hurto agravado y calificado . La Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del sindicado e incautó un vehículo de su propiedad. En juicio, se profirió sentencia condenatoria, la cual fue revocada en segunda instancia

Conoce la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la parte actora, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia proferida el 29 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Conoce la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la parte actora, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia proferida el 29 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-26000-2008-00009-00 (IJ) de 9 de septiembre de 2008.Radicación: 25000-23-26-0002011-00375-01 (54994)

Actor: Luis Alfonso Santiago Ramírez y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial y Otros Referencia: Acción de reparación directa

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1. El 15 de abril de 20112, Luis Alfonso Santiago Ramírez, con su grupo familiar, en

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1. El 15 de abril de 20112, Luis Alfonso Santiago Ramírez, con su grupo familiar, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial , con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad que experimentó el demandante principal , así como por la retención de un camión de su propiedad.

2. En la demanda se formul aron las siguientes pretensiones declarativas (se

trascriben):

“PRIMERA.- LA NACIÓN - Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia son administrativa, patrimonial, extracontractual y solidariamente responsables por los daños morales y materiales, causados al Señor LUIS ALFONSO SANTIAGO RAMIREZ, a su cónyuge MARIA LIGIA ACUÑA MORALES DE SANTIAGO Y, al Sr. JOSÉ CONCEPCIÓN ACUÑA MORENO, (padre de la segunda y suegro del primero), con ocasión de la privación injusta de la libertad, de que fue objeto el primero de los nombrados Sr. LUIS ALFONSO SANTIAGO RAMIREZ, desde el día 17 de Agosto de 1999 hasta el día 18 de Agosto de 2000, esto es, durante 366 días, sindicado como coautor de los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo con los delitos de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado y sec uestro simple,

delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo con los delitos de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado y sec uestro simple, delitos imputados que no cometió como autor ni como coautor y, de los cuales fue absuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, con sentencia de 14 de Noviembre de 2008, lo que constituyó la privación injusta de la libertad del citado señor. SEGUNDA.- [las demandadas] son administrativa, patrimonial, extracontractual y solidariamente responsables por los daños morales y materiales, causados a [los demandantes] (…), por haberle impuesto al Sr. LUIS ALFONSO SANTIAGO RAMIREZ la carga de soportar con sufrimiento y aflicción, junto con su familia, la incriminación penal durante 9 años, 3 meses y 2 días, sindicado como coautor de los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo con los delitos de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado y secuestro simple, delitos que no cometió como autor ni como coautor, cargos imputados de los que fue absuelto. Y, por lo más intenso en el desespero, miedo y angustia de él y de su familia que soportaron cuando se tuvo conocimiento de la sentencia condenatoria (de 27 de Julio de 2007) en contra de LUIS ALFONSO SANTIAGO RAMIREZ, desde el 28 de Julio de 2007 y, hasta el 19 de Noviembre de 2008 en que se conoció la sentencia absolutoria de la Sala TERCERA.- [las demandadas] son, igualmente, administrativa, patrimonial, extracontractual

2008 en que se conoció la sentencia absolutoria de la Sala TERCERA.- [las demandadas] son, igualmente, administrativa, patrimonial, extracontractual y solidariamente responsables por los daños morales y materiales, causados a [los demandantes] (…), con ocasión de la retención del vehículo, camión de placas UTW -203 de propiedad de mi poderdante LUIS ALFONSO SANTIAGO RAMIREZ de la cual fue objeto, desde el mismo día 17 de Agosto de 1999 hasta el día 10 de Marzo de 2009, (fecha ésta del oficio de entr ega del automotor), esto es, durante Nueve (9) años, Seis (6)Meses y Veinte y Un (21) días, tiempo durante el cual, permaneció inmovilizado a órdenes de las respectivas autoridades, lo que impidió la explotación económica del automotor, en perjuicio del patrimonio de su propietario. Además, por el lapso adicional de paralización del automotor, desde el día 11 de Marzo de 2009 y hasta la fecha de la sentencia condenatoria, si la hay, ya que se ha prolongado la inactividad económica del vehículo por las misma s causas imputables a las entidades públicas demandadas, por haber quedado inservible con motivo del deterioro que sufrió durante cerca de 10 años, a cielo descubierto, al sol y al agua en el parqueadero, ya que los componentes metálicos del

2 Folio 48 del Cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 25000-23-26-0002011-00375-01 (54994)

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vehículo se ox idaron y los no metálicos se pudrieron, quedando degradado total y funcionalmente, lo que hace que el automotor no se haya podido explotar económicamente después de la orden de entrega a su propietario, por carecer, éste, de recursos económicos para repararlo”.

3. Como consecuencia de esas pretensiones, solicitaron que se condenara a las demandadas al pago de perjuicios inmateriales y materiales, que se cuantificaron

así: Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Luis Alfonso Santiago Ramírez Víctima directa 100 SMLMV María Ligia Acuña Morales Esposa 100 SMLMV Maira Jinneth Santiago Acuña Hija 40 SMLMV Lina Marcela Santiago Acuña Hija 36 SMLMV Luis José Santiago Acuña Hijo 32 SMLMV José Concepción Acuña Suegro 70 SMLMV

Daño emergente Luis Alfonso Santiago Ramírez Víctima directa -$900.000 y $4’000.000 por honorarios - $528.194 valor de la caución - Diferencia del valor del precio del precio del camión al momento de la restitución María Ligia Acuña Morales Esposa 60’000.000 y $2’925.000 Maira Jinneth Santiago Acuña Hija $22’000.000 Lina Marcela Santiago Acuña Hija $18’000.000 Luis José Santiago Acuña Hijo $14’000.000

Maira Jinneth Santiago Acuña Hija $22’000.000 Lina Marcela Santiago Acuña Hija $18’000.000 Luis José Santiago Acuña Hijo $14’000.000 José Concepción Acuña Suegro $7’300.000 y $2’100.000

Lucro cesante Luis Alfonso Santiago Ramírez Víctima directa -$450.000 mensuales durante el periodo de la privación. -8,7 meses de salario (tiempo en que habría conseguido nuevo empleo). - Producción del vehículo entre el 17 de agosto de 1999 hasta el 10 de marzo de 2009, en razón de $7’000.000 mensuales. - Producción del vehículo entre la fecha de entrega y la del fallo condenatorio, debido a que quedó inservible. - Intereses sobre el rendimiento mensual María Ligia Acuña Morales Esposa $42’000.000 Maira Jinneth Santiago Acuña Hija $60’000.000 Lina Marcela Santiago Acuña Hija $48’000.000 Luis José Santiago Acuña Hijo $36’000.000 José Concepción Acuña Suegro $33’188.980

4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte demandante

expuso, en síntesis:

5. 1) El 17 de agosto de 1999, Luis Alfonso Santiago Ramírez fue capturado, dado que, en una fi nca de su propiedad , había sido “desguezado” un camión que, días antes, había sido hurtado y cuyo conductor, así como su tripulante, habían sido víctimas de secuestr o. Además, Luis Santiago Ramírez instaló partes del

que, en una fi nca de su propiedad , había sido “desguezado” un camión que, días antes, había sido hurtado y cuyo conductor, así como su tripulante, habían sido víctimas de secuestr o. Además, Luis Santiago Ramírez instaló partes del vehículo robado en un camión de su propiedad (las llantas y la carrocería la había llevado a un taller para que fuera recortada). En razón de lo anterior, fue capturado y el vehículo de su propiedad fue aprehendido por la Fiscalía.Radicación: 25000-23-26-0002011-00375-01 (54994)

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6. 2) El actor fue vinculado al proceso penal por los delitos de hurto agravado y calificado, en concurso con porte ilegal de armas y secuestro simple, al haber permitido el estacionamiento de un camión hurtado y haber recibido , en contraprestación, las llantas y otros elementos del mismo. Sin embargo, la entrega de esos elementos , cuya real procedencia desconocía, obedeció al acuerdo celebrado con Luis Antonio Velásquez Gutiérrez, a quien consideraba como una persona honorable, trabajadora y conocida en la región.

7. 3) El 24 de agosto de 1999 se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto coautor de dichos delitos 3. La Fiscalía se negó a hacer la entrega del vehículo de propiedad de Luis Santiago Ramírez y decretó su embargo y secuestro. El 30 de noviembre del mismo año se profirió resolución de acusación.

negó a hacer la entrega del vehículo de propiedad de Luis Santiago Ramírez y decretó su embargo y secuestro. El 30 de noviembre del mismo año se profirió resolución de acusación.

8. 4) El 27 de julio de 2007, el Juzgado 1 penal del circuito especializado de descongestión de Cundinamarca profirió sentencia condenatoria en contra de Luis Alfonso Santiago Ramírez, como coautor de los delitos de hurto calificado y agravado y secuestro simple. Esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Cundinamarca en sentencia de 14 de noviembre de 2008, con fundamento en que , ni la Fiscalía, ni el Juzgado de conocimiento establecieron las circunstancias en las que el vehículo hurtado fue llevado a la finca Pedregal (de propiedad de la progenitora de aquel), de manera que no podía deducirse que el procesado era integrante de una banda criminal , por lo que su comportamiento pudo configurar el delito de receptación.

9. 5) La defensa del procesado había solicitado que se encaminara la investigación a la posible comisión de l delito de receptación , en lugar de aquellos por los que se adelantó todo el proceso. En la Sentencia del Tribunal se ordenó la restitución del vehículo de propiedad del demandante, el cual “quedó reducido en su valor y convertido en chatarra, por el deterioro o degradación después de 10 años inactivo, al sol y al agua en el parqueadero, expuesto a la intemperie, a cielo descubierto a órdenes de las autoridades judiciales”.

1.2. Posición de la parte demandada

10. La Rama Judicial alegó como excepciones la “culpa exclusiva de la víctima”,

descubierto a órdenes de las autoridades judiciales”.

1.2. Posición de la parte demandada

10. La Rama Judicial alegó como excepciones la “culpa exclusiva de la víctima”, con fundamento en que “una persona de bien, nunca le pondría como repuestos a su automotor, partes de vehículos hurtados” 4. Indicó que , en esas condiciones, existían razones suficientes para restringir el derecho a la libertad de Luis Alfonso Santiago, pues “existieron motivos fundados que objetivamente fueron verificados por la policía judicial tras hallar en el sitio donde se encontraba las partes del automotor hurtado”. Asimismo, alegó como defensa la “aplicación del principio de unidad de decisión o unidad de respuesta”, con respaldo en que, de la valoración probatoria del caso penal , cabía hacer varias hipótesis, y que la de la sentencia

3 Según la demanda, mediante auto de “14 de agosto de 1999” se concedió la libertad condicional al procesado, la cual se materializó “el 18 de agosto de 1999”, una vez pagó la respectiva caución. 4 Folios 83 al 92 del cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 25000-23-26-0002011-00375-01 (54994)

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condenatoria penal resultaba razonable y coherente , lo que excluía el error judicial, al margen de que el Tribunal que desató el recurso de apelación hubiera tenido otra interpretación . Por último, propuso la “Caducidad procesal de la

condenatoria penal resultaba razonable y coherente , lo que excluía el error judicial, al margen de que el Tribunal que desató el recurso de apelación hubiera tenido otra interpretación . Por último, propuso la “Caducidad procesal de la acción”, que , a su juicio, debía contarse desde la fecha de la sentencia absolutoria de primera instancia5.

11. La Fiscalía General de la Nación alegó que la imposición de la medida de aseguramiento “obedeció a razones jurídicamente atendibles en ese momento determinado”, ya que había pruebas de que el actor estaba “directamente relacionado con los hechos delictivos” . Propuso la excepción de “hecho exclusivo y determinante de un tercero” , debido a que el juzgado que condenó al demandante se basó en una “posible certeza para proferir el respectivo fallo, panorama legal que no se exige para la Fiscalía General de la Nación, pues el ente investigador podrá proferir resolución de acusación basando en pruebas semi plenas que no impliquen total certeza”6.

1.3. Sentencia de primera instancia

12. El 29 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia de primera instancia , en la que declaró la responsabilidad de las entidades demandadas por la privación ilegítima de la libertad alegada en la demanda, con base en un régimen objetivo, en el que resultaba intrascendente el análisis de la legalidad de las determinaciones que afectaron ese derecho 7.

En efecto, como Luis Alfonso Santiago estuvo privado de la libertad por un año y un día, ese daño era atribuible a la Fiscalía y a la Rama Judicial , porque no

el análisis de la legalidad de las determinaciones que afectaron ese derecho 7. En efecto, como Luis Alfonso Santiago estuvo privado de la libertad por un año y un día, ese daño era atribuible a la Fiscalía y a la Rama Judicial , porque no lograron desvirtuar su presunción de inocencia. De todas maneras, precisó que, la sola vinculación del demandante al proceso penal, como las molestias que ello ocasionó, eran cargas que estaba en la obligación de soportar.

13. Como indemnización de perjuicios reconoció , a título de daño emergente, los honorarios que el demandante pagó para su defensa (aunque de manera parcial) y la indexación de la suma que pagó a título de caución; accedió a las pretensiones de lucro cesante relacionadas con los salarios que no pudo percibir por estar privado de su libertad y profirió condena en abstracto para liquidar el

5 Folios 55 al 61 del cuaderno 1 del Tribunal. 6 Folios 65 al 75 del cuaderno 1 del Tribunal. 7 En la parte resolutiva (en la forma en que quedó luego de que el fallo se corrigiera [fl. 311 -314. C. Consejo de Estado]) se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN (…) // SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial de las demandadas Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, por los perjuicios materiales y morales de que fueron objeto los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor Luis Alfonso Santiago Ramírez”. En el ordinal “TERCERO” condenó a la Fiscalía y a la Rama

Rama Judicial, por los perjuicios materiales y morales de que fueron objeto los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor Luis Alfonso Santiago Ramírez”. En el ordinal “TERCERO” condenó a la Fiscalía y a la Rama Judicial a “…pagar a cada uno de los demandantes de manera proporcional en un cincuenta (50%) cada una de las siguientes sumas de dinero…”, por daño emergente (gastos de honorarios profesionales a un abogado [$7’913.654,95] e indexación del valor de la caución [$355.764,38]); lucro cesante (salarios dejados de percibir durante el periodo de la privación [$18’411.951]) y perjuicios morales, que reconoció en cuantía de 90S.M.L.M.V. a favor de la víctima directa, la misma cantidad para su cónyuge y cada uno de sus 3 hijos y 13.5 S.M.L.M.V a favor del suegro de la víctima directa, a quien tuvo por tercero a falta de prueba del parentesco. En el ordinal “CUARTO” se dispuso: “CONDENAR en abstracto a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la RAMA JUDICIAL y ordenar establecer el quantum de la obligación a título de lucro cesante, por concepto de ganancias dejadas de percibir con ocasión de la retención del vehículo de placas UTW-203 de propiedad del señor Luis Alfonso Santiago Ramírez, la cual se realizará a través de un incidente de regulación de perjuicios que se realizará en aplicación a las reglas previstas en el presente proveído, los valores probados dentro del mencionado incidente estarán a cargo de las demandadas en la misma proporción indicada en el numeral

regulación de perjuicios que se realizará en aplicación a las reglas previstas en el presente proveído, los valores probados dentro del mencionado incidente estarán a cargo de las demandadas en la misma proporción indicada en el numeral tercero de la presente decisión. // QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión (…)”.Radicación: 25000-23-26-0002011-00375-01 (54994)

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lucro cesante derivado de la imposibilidad de explotar económicamente el camión de propiedad de la víctima directa. Reconoció perjuicios morales a favor de todos los demandantes y denegó las demás pretensiones de la demanda, que limitó a la indemnización de la diferencia de valor del camión al momento de su restitución y el daño emergente alegado por María Ligia Acuña Morales (esposa).

1.4. Recursos de apelación

14. La parte demandante solicitó el reconocimiento de l lucro cesante “por la retención del vehículo” en la forma en que fue solicitado en la demanda (esto es: por la imposibilidad de explotarlo por 9 años, 6 meses y 21 días; por el periodo adicional que va desde su entrega hasta la fecha de la sentencia y por los intereses del rendimiento mensual), en la medida en que, en criterio de la parte actora, a partir de la prueba pericial se demostró que la improductividad del vehículo le causó al demandante un perjuicio por $963.832.204,56. Además,

intereses del rendimiento mensual), en la medida en que, en criterio de la parte actora, a partir de la prueba pericial se demostró que la improductividad del vehículo le causó al demandante un perjuicio por $963.832.204,56. Además, pidió que se reconociera a la víctima directa el daño emergente de la diferencia del valor entre el precio que se pagó por él y su valor actual, teniendo en cuenta que era chatarra, valor que en el dictamen se estimó en $45’000.000. Asimismo, reclamó que se accediera a la indemnización del daño emergente y el lucro cesante reclamado por los hijos del demandante y su esposa . Argumentó que , “…todas las anteriores solicitudes están sustentadas en la prueba documental aportada (...), por la prueba testimonial (…) [y] por el dictamen pericial rendido…”8.

15. La Fiscalía General de la Nación solicitó la revocatoria del fallo recurrido. Al respecto, alegó que el demandante “tuvo participación activa” en la comisión del delito investigado, de manera que su conducta fue causa eficiente de la investigación penal, lo que configuraba la eximente de responsabilidad de hecho exclusivo de la víctima. Además, i nsistió en que la medida de aseguramiento se fund ó en las pruebas disponibles y que se ajustó a las exigencias de forma y fondo previstas por la ley. Por último, con respaldo en un pronunciamiento del Consejo de Estado de 1994, manifestó que las personas estaban en el deber de soportar la detención, cuandoquiera que se daban los presupuestos para restringir el derecho a la libertad9.

16. La Rama Judicial también solicitó la revocatoria del fallo de primera

estaban en el deber de soportar la detención, cuandoquiera que se daban los presupuestos para restringir el derecho a la libertad9.

16. La Rama Judicial también solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia. Insistió en que, la diversidad de criterios entre las sentencias penales que se profirieron en el caso de Luis Alfonso Santiago, “era simplemente la expresión del principio constitucional de la autonomía judicial” , lo que no implicaba error judicial . Agregó que, como en su momento existían indicios serios de responsabilidad, la privación de la libertad era una carga que el actor estaba en el deber jurídico de soportar.

8 Folios 316 al 323 del cuaderno del Consejo de Estado. 9 Folios 259 al 267 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-26-0002011-00375-01 (54994)

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17. Reiteró que estaba demostrada la causa eximente de hecho exclusivo de la víctima, pues el demandante, como lo argumentó el juez penal que conoció de la primera instancia, encontró que había tenido participación en los delitos investigados. En línea con lo anterior, cuestionó por incongruente la sentenc ia recurrida, pues en ella se sostuvo que no había irregularidades en la vinculación del demandante al proceso penal , sobre todo porque por su propia conducta había activado el aparato judicial y, sin embargo, el fallo terminó por condenar a la Rama Judicial por una responsabilidad objetiva, desconociendo la referida

del demandante al proceso penal , sobre todo porque por su propia conducta había activado el aparato judicial y, sin embargo, el fallo terminó por condenar a la Rama Judicial por una responsabilidad objetiva, desconociendo la referida eximente de responsabilidad, que no se declaró probada en la parte resolutiva.

18. Cuestionó que se hubiera reconocido como perjuicio el pago de honorarios, pues el acto del pago de los mismos no quedó debidamente acreditado , ya que no bastaba simplemente con una afirmación o un certificado en ese sentido. Por último, manifestó que se presentó en este caso otra causal eximente, que consistía en que, si la responsabilidad penal de la víctima directa no se demostró, entonces debía valorarse la incidencia que en la privación de la libertad tuvieron los informes de la policía de Cáqueza que sirvieron para dictar la medida de aseguramiento.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis sustantivo del daño por la privación injusta de la libertad; 2.3. Análisis sustantivo del daño por la incautación del vehículo; 2.4. Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

19. Los demandantes pidieron la indemnización de los perjuicios que le s causó 1) la privación de la libertad de Luis Alfonso Santiago Ramírez, 2) su vinculación a un proceso penal por un periodo considerable de tiempo, 3) y la incautación de un vehículo de propiedad del demandante principal , el cual fue aprehendido por todo el tiempo que duró la actuación penal y fue restituido

a un proceso penal por un periodo considerable de tiempo, 3) y la incautación de un vehículo de propiedad del demandante principal , el cual fue aprehendido por todo el tiempo que duró la actuación penal y fue restituido inservible. Frente a la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación replicaron que no deb ió declararse su respons abilidad patrimonial, en la medida en que actuaron conforme a derecho en las decisiones que se adoptaron dentro de la actuación penal y que, en todo caso, el daño era atribuible al hecho exclusivo de la víctima directa o de un tercero. El extremo actor, por su parte, solicitó que la condena se extendiera a los perjuicios que no reconoció el Tribunal Administrativo.

20. Está probado que el demandante fue vinculado a un proceso penal y que, con ocasión del mismo, estuvo privado de la libertad entre el 17 de agosto de 1999 y el 18 de agosto de 2000 , como “presunto coautor de los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo con los delitos de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado y secuestro simple ”10.

10 Según la Resolución de Acusación proferida el 30 de noviembre de 1999 (folios 1-12 del cuaderno 5 del Tribunal).Radicación: 25000-23-26-0002011-00375-01 (54994)

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Asimismo, se demostró que el vehículo de su propiedad fue aprehendido con

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Asimismo, se demostró que el vehículo de su propiedad fue aprehendido con ocasión de dicho trámite y que le fue reintegrado una vez que fue absue lto de los delitos por los que fue enjuiciado.

21. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del término legal. En efecto, la sentencia que exoneró de responsabilidad penal al demandante quedó ejecutoriada el 26 de enero de 200911 y el 15 de abril de 2011 se presentó la demanda, la cual, en relación con el 1) daño por la privación ilegítima de la libertad y la 2) vinculación al proceso penal por más de 9 años, se promovió dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A. , si se repara en que la solicitud de conciliación prejudicial suspendió la caducidad entre el 15 de diciembre de 2010 y el 14 de marzo de 2011. La acción para reclamar la indemnización de perjuicios por la 3) incautación del vehículo de propiedad del demandante principal se ejerció, asimismo, de manera oportuna, si se tiene en cuenta que la orden de restitución se dio en la sentencia complementaria de 12 de diciembre de 2008, que quedó en firme el 26 de enero de 2009.

22. 1) En relación con el daño por la privación injusta de la libertad , la Sala revocará la Sentencia de primera instancia, d ebido a que no hay

de 2008, que quedó en firme el 26 de enero de 2009.

22. 1) En relación con el daño por la privación injusta de la libertad , la Sala revocará la Sentencia de primera instancia, d ebido a que no hay responsabilidad de las entidades demandadas , en tanto que la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva fue consecuencia de un hecho atribuible a Luis Alfonso Santiago, concretamente, por haber realizado afirmaciones contradictorias en su diligencia de indagatoria.

23. A propósito de la 2) vinculación del demandante principal al proceso penal por espacio de 9 años, 3 meses y 2 días , la Sala no hará ningún tipo de pronunciamiento y confirmará la sentencia apelada, en la medida en que el recurrente no cuestionó que, a juicio del Tribunal, dicha vinculación no fue ilegítima.

24. Finalmente, en punto a la 3) retención del vehículo por el tiempo que duró la investigación, aunque ese daño quedó demostrado, advierte la Sala que en la demanda no se expusieron razones por las cuales la aprehensión del vehículo de propiedad de Luis Alfonso Santiago a la actuación penal fue ilegítima, carga en que la parte actora es insustituible . El hecho de que se haya producido una privación injusta de la libertad, no conlleva razonar, necesariamente, que dicha aprehensión también lo fue. En todo caso, como tesis subsidiaria, la Sala pondrá de presente que l