CE - 250002326000201101570011SENTENCIA20230814211135

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 14 de julio de 2023

Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01 (59.806) Demandantes: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I Demandado: Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Referencia: Acción de reparación directa

Temas: reparación directa – nulidad y restablecimiento del derecho - fuente del daño – ineptitud de la demanda – indebida escogencia de la acción – fallo inhibitorio

Síntesis del caso: la parte demandante solicitó la declaratoria de la responsabilidad del Estado por el daño sufrido producto de l os descuentos aplicados a los recursos que el FOSYGA debía girarle, por considerar que fueron arbitrarios e ilegales.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativ o de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 1 de febrero de 20171, que declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción2.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción2.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3.

Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 16 de diciembre de 2011, la Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I (en adelante la Asociación) presentó demanda3, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación – Ministerio de Protección Social y la Nación

1 “FALLA: PRIMERO: Declárese probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, y consecuentemente la Sala se inhibe para resolver de fondo el presente asunto.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada liquídense por Secretaría los gastos de proceso. Devuélvanse los remanentes al interesado.

Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados dichos remanentes, la Secretaría declarara la prescripción a favor de la Rama Judicial.

CUARTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección ARCHIVESE el expediente dejando las constancias del caso.” 2 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del

Código Contencioso Administrativo (CCA).

constancias del caso.” 2 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA). 3 Folios 5 a 21 del Cuaderno 1.Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806) Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Referencia: reparación directa Decisión: confirma la declaratoria de indebida escogencia de la acción 2 de 11

– Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):

“Primera. - Que la Nación - Ministerio de la Protección Social - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Organismo de Administración Conjunta de la Cuenta de Alto Costo - es administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios irrogados a la Asociación Indígena del Cauca - AIC-EPS-I, por los descuentos arbitrarios que se le hicieron de los recursos que la cuenta denominada Fosyga debía girar a la AIC-EPS-I por concepto de los afiliados que esta EPS tiene en cada uno de los Municipios donde opera, descuentos que han causado y siguen causando daño en su patrimonio al privarla injustamente de los recursos con que debe asegurar la salud de la población indígena afiliada. Segunda. - Como consecuencia de la declaración anterior la Nación - Ministerio

causado y siguen causando daño en su patrimonio al privarla injustamente de los recursos con que debe asegurar la salud de la población indígena afiliada. Segunda. - Como consecuencia de la declaración anterior la Nación - Ministerio de la Protección Social , Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pagará a la Asociación Indígena del Cauca - AIC-EPS-1, po r concepto de perjuicios materiales, a título de daño emergente, causados dentro del lapso comprendido entre la fecha efe ctiva de cada uno de los descuentos directos hasta la fecha en que se efectúe el pago, los siguientes periodos de corte; (…) daño emergente: $5.810.039.172,00 (…) Tercera. - Como consecuencia de la declaración anterior la Nación - Ministerio de la Protecci ón Social Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pagará a la Asociación Indígena del Cauca - AIC-EPS-I, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, consistente en la acusación de intereses de mora entre la fecha efectiva de cada uno de los descuentos directos hasta la fecha en que se efectúe pago, que ascienden a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (500.000.0000) o la suma que probatoriamente, se establezca dentro del proceso ordinario, o en el incidente que autoriza liquidación de los mismos, que establece el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, perjuicio sobre los cuales se liquidarán intereses desde la fecha en que se produjo el daño. Cuarta. - Que se condene, así mismo, a la Nación - Ministerio de la Protección

Procedimiento Civil, perjuicio sobre los cuales se liquidarán intereses desde la fecha en que se produjo el daño. Cuarta. - Que se condene, así mismo, a la Nación - Ministerio de la Protección Social - Ministerio Hacienda y Crédito Público, a pagar a la Asociación Indígena del Cauca - AIC-EPS-I, por concepto perjuicios morales, la suma de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento de ejecutoria del fallo. Quinta. - La Nación - Ministerio de la Protección Social - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cumplimiento a la sentencia que se profiera en el presente proceso, en el término señalado en el art ículo 176 del C.C.A., y reconocerá intereses comerciales durante seis (6) meses siguientes a la ejecutoria este fallo y moratorios, después de este término.”

2. La parte actora fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes

afirmaciones y hechos:

3. 1) El Ministerio de la Protección Social, luego de una operación administrativa en la que participaron el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Organismo de Administración de la Cuenta de Alto Costo , ordenó al FOSYGA realizar descuentos, dirigidos a la cuenta de enfermedades de alto costo, de los recursos correspondientes a la Asociación, para los periodos 2008, 2009 y 2010 , por un valor total de $5.810.039.177,00.

4. 2) Esos descuent os se ordenaron y efectuaron (se trascribe) “ (…) en aplicación de una norma expedida con posterioridad a las fechas de corte para la entrega de información (…) resolución 4917 del 9 de diciembre de 2009,

aplicación de una norma expedida con posterioridad a las fechas de corte para la entrega de información (…) resolución 4917 del 9 de diciembre de 2009, expedida conjuntamente por los Ministerios de Protección Social y Hacienda y Crédito Público, la cual en su artículo 3 ordenó la aplicación RETROACTIVA delRadicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806) Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Referencia: reparación directa Decisión: confirma la declaratoria de indebida escogencia de la acción 3 de 11

mecanismo de cálculo creado por la Resolución No. 3413 del 16 de septiembre de 2009, sin que la aplicación retroactiva hubiera sido ordenada por la Ley 1122 de 2007 (…)”

5. 3) Con la participación del Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se violentó (se trascribe) “(…) el debido proceso a la AIC EPSI en cuanto debió verificar que el computo de cero casos (incluido en el artículo 3º del Dec reto 3511 de 2009 que modificó para adicionar dicha inciso en el artículo 6 del Decreto 2699 de 2007), no se podía aplicar retroactivamente, tal como se efect uó al aplicar el artículo 3º de la resolución No. 4917 del 09 de diciembre de 2009, causando con e llo los perjuicios que se esperan sean resarcidos en el presente proceso, al violar el artículo 9 del Decreto 2699 de 2007.”

No. 4917 del 09 de diciembre de 2009, causando con e llo los perjuicios que se esperan sean resarcidos en el presente proceso, al violar el artículo 9 del Decreto 2699 de 2007.”

6. 4) Resaltó que (se trascribe) “(…) la modificación del mecanismo de cálculo, realizada por la resolución 4917 de 9 de diciembre del 2009, y su aplicación retroactiva altera sustancialmente la situación AIC, EPS-I, porque aplicar cero (0) casos, implica que debe pagar un mayor valor a la cue nta de alto costo, por concepto de los periodos de cortes vencidos antes de la entrada en vigencia del artículo 3 de la mencionada Resolución.”

7. 5) Además, (se trascribe) “(…) la Resolución 4917 de 2009 se expidió violando el principio de legalidad y socavando la seguridad jurídica, ya que ha sido tradición jurídica aceptada en nuestro país que el Acto Administrativo, lo mismo que la ley, rige para el futuro y la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido unánime en señalar que la irretroactividad del Acto Administrativo es uno de los pilares del Estado de Derecho y sólo en forma excepcional pueden los actos tener efecto hacia el pasado; (…)”

8. 6) En aplicación de la cuestionada Resolución 3413 de 2009, modificada por la Resolución 4917 de 2009, el Organismo de Administración Conjunta de la Cuenta de Alto Costo , en relación con los valores correspondientes a esa cuenta, le notificó a la Asociación, mediante oficio CAC-531 del 5 de noviembre de 2010, que para el año 2008 eran $941.061.606 y para el 2009 era

cuenta, le notificó a la Asociación, mediante oficio CAC-531 del 5 de noviembre de 2010, que para el año 2008 eran $941.061.606 y para el 2009 era $2.126.077.565 y, mediante oficio CAC -586 del 3 de febrero de 2011 , que para 2010 era de $2.742. 900.101,06. Lo anterior, para un total de $ 5.810.039.172, correspondientes a la cuantía de los perjuicios.

9. 7) Como consecuencias de la aplicación retroactiva del mecanismo de cálculo para los descuentos, según lo previsto en la Resolución 4971 de 2009 y el Decreto 3511 de 2 009, se le causaron perjuicios económicos a la Asociación, que (se trascribe) “ (…) dificultan el cumplimiento de los estándares financiero de margen de solvencia y patrimonio mínimo [obviando que] la asociación a la Cuenta de Alto Costo era facultativa como se desprende de la lectura del artículo 19 de la Ley 1122 de 9 de enero de 2007”.Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806) Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Referencia: reparación directa Decisión: confirma la declaratoria de indebida escogencia de la acción 4 de 11

1.2. Posición de la parte demandada

10. El Ministerio de Salud y Protección Social contestó la demanda4 y se opuso a

Decisión: confirma la declaratoria de indebida escogencia de la acción 4 de 11

1.2. Posición de la parte demandada

10. El Ministerio de Salud y Protección Social contestó la demanda4 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque había actuado en el marco de la habilitación contenida en el Decreto 2699 de 2007 , expedido conforme con lo previsto en los artículos 19 y 25 de la Ley 1122 de 2007, que autorizó la creación del mecanismo adicional de financiación para las patologías de algo costo y, por tanto, la creación de la cuenta a la cual se transfirieron los recursos que se descontaron al actor. Por lo tanto, las actuaciones gozan “(…) de presunción de legalidad y no afectan la conservación de los pueblos indígenas, como lo pretende hacer entender la parte actora (…)”.

11. Propuso como excepciones: i) la ineptitud sustantiva de la demanda, porque la fuente del daño eran actos administrativos; ii) la obligación para la Asociación de pertenecer y aportar a la cuenta de alto costo , según las mismas normas citadas por el actor y que eran la fuente de ese deber de solidaridad ; iii) la improcedencia de perjuicios morales para una persona jurídica; iv) la ausencia de daño antijurídico y v) la indebida escogencia de la acción.

12. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda5 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sostuvo que las actuaciones realizadas se soportaban en la normativa vigente y, en términos sustanciales, relató las razones

a la prosperidad de las pretensiones. Sostuvo que las actuaciones realizadas se soportaban en la normativa vigente y, en términos sustanciales, relató las razones por las que dichas normas fueron expedidas. En efecto, (se trascribe) “(…) de lo que se trata es de compensar o redistribuir ex post las desviaciones presentadas en periodos anteriores, por ello resulta lógico y necesario solicitar el reporte de dichos periodos a las EPS, EPS -S, y EOC, sin que esto implique la aplicación retroactiva de la ley, ni mucho menos una aplicación indebida o injustificada de la misma. (…) la única man era de llevar a cabo una redistribución real de los recursos que permitan compensar la desviación es teniendo en cuenta datos del pasado, por lo que la Resolución 4917 de 2009 establece cortes de periodos que permitan tener certeza de la información y la m anera como se comportaron los diferentes factores.”

13. Planteó como excepciones: i) la indebida escogencia de la acción, porque se alega ba que los perjuicios derivan de norma s que est aban dotadas de presunción de legalidad; ii) la falta de legitimación por p asiva, porque los descuentos no los ordenó el Ministerio; iii) la indebida interpretación del artículo 19 de la Ley 1122 de 2007 ; iv) la inexistencia de retroactividad del mecanismo de cálculo de la cuenta de alto costo; v) la ausencia de obligación de consulta a los pueblos indígenas y vi) la inexistencia de perjuicios morales de las personas jurídicas.

4 Folios 129 a 150 del Cuaderno 1.

a los pueblos indígenas y vi) la inexistencia de perjuicios morales de las personas jurídicas.

4 Folios 129 a 150 del Cuaderno 1. 5 Folios 156 a 163 del cuaderno 1.Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806) Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Referencia: reparación directa Decisión: confirma la declaratoria de indebida escogencia de la acción 5 de 11

1.3. Sentencia recurrida

14. El 1 de febrero de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , profirió sentencia de primera instancia 6, en la que declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción. En consecuencia, se inhibió para decidir de fondo.

15. Para el Tribunal, en virtud de los reproches de ilegalidad que el actor adujo en los hechos y pretensiones de la demanda , respecto de los Decretos 2699 y 3511 de 2007 y las Resoluciones 3412 y 4917 de 2009, (se trascribe) “(…) la acción de reparación directa no es la idónea cuando la fuente del daño es un acto administrativo del que se refuta ilegalidad, por cuanto se impone su declaratoria de nulidad y de cotera el medio idóneo es el de nulidad y restablecimiento del derecho (…)”.

16. Resaltó que, además, la acción de reparación directa se ejerció el 16 de

de nulidad y de cotera el medio idóneo es el de nulidad y restablecimiento del derecho (…)”.

16. Resaltó que, además, la acción de reparación directa se ejerció el 16 de diciembre de 2011, cuando (se trascribe) “(…) se había superado el término de cuatro (4) meses , previsto para promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y de contera encontraba caduca, como quiera que los descuentos (…) se realizaron el 30 de agosto de 2008, el 30 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2010.” En línea con lo anterior, encontró que (se trascribe) “(…) el contencioso objetivo contra los Decretos 2699 de 2007 y 355 de 2009 y la Resolución 4917 de 2009, se promovió con posterioridad al 16 de diciembre de 2011 y, por consiguiente, en contexto del mismo era improcedente pretensión o efecto resarcitorio.”

17. Por último, consideró que, contrario a lo planteado por el actor, en el caso no se configuró daño especial porque (se trascribe) “(…) conforme a la realidad procesal y tesis de la demanda, no se trata de un perjuicio derivado de decisión legitima de la administración que aparejó el rompimiento de las cargas públicas, sino que se refuta la ilegalidad de la decisión unilateral de la admini stración contenida (…)”, en los actos administrativos referidos.

1.4. Recurso de apelación

18. El 9 de febrero de 2017 la parte demandante presentó recurso de apelación7 en el que se opuso a la decisión de primera instancia por considerar que el artículo 86 del CCA, en relación con la acción de reparación directa es

18. El 9 de febrero de 2017 la parte demandante presentó recurso de apelación7 en el que se opuso a la decisión de primera instancia por considerar que el artículo 86 del CCA, en relación con la acción de reparación directa es procedente cuando “(…) el daño antijurdico ocasionado al demandante es producto de la aplicación de actos administrativos de carácter general, sin que entre estos y el daño haya mediado un acto administrativo de carácter particular y concreto, situación que configura una operación administrativa

(…)”

6 Folios 357 a 361 del cuaderno del Consejo de Estado. 7 Folios 363 a 370 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806) Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Referencia: reparación directa Decisión: confirma la declaratoria de indebida escogencia de la acción 6 de 11

19. Indicó que, con ocasión de los actos administrativos relacionados en la demanda, se generaron perjuicios a la demandante por “ (…) los descuentos arbitrarios, que la privaron injustamente de los recursos de salud con los que debía asegurar a la población afiliada. ” Y, en relación con la indebida escogencia de la acción, indicó que “ (…) el apoderado del Ministerio propuso la excepción de indebida escogencia de la acción y la fundamentó sobre el hecho de que debía haberse demandado en ejercicio de la acción de nulidad

escogencia de la acción, indicó que “ (…) el apoderado del Ministerio propuso la excepción de indebida escogencia de la acción y la fundamentó sobre el hecho de que debía haberse demandado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante, en ningún aparte se refirió a la existencia de algún acto administrativo de carácter particular y concreto, así como tampoco aportó prueba documental que permitiera establecer la existencia de tal acto administrativo.”

20. Reiteró que, con ocasión de lo anterior, la parte actora, en otro proceso judicial tramitado ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, bajo el radicado No. 11001-03-24-000-201100402-00, demandó “(…) la nulidad de los apartes del decreto y de la resolución de carácter general contrarios al ordenamiento legal superior, (…) logrando la suspensión provisional del artículo 3º de la Resolució n 4917 de 2009, (…) para luego obtener en la acción de reparación directa la reparación del daño.” E, indicó que, para la fecha de presentación de la apelación , estaba pendiente la sentencia en ese proceso de nulidad.

1.5 Trámite relevante en segunda instancia

21. En el recurso de apelación se solicitó que se tuviera como prueba “(…) copia del memorial de corrección de la demanda en tres (3) folios (…) ” y, mediante Auto del 9 de abril de 2018, se negó dicha solicitud probatoria8.

22. En la oportunidad para alegar de conclusión la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio 9. A su turno, el Ministerio de Hacienda y

Auto del 9 de abril de 2018, se negó dicha solicitud probatoria8.

22. En la oportunidad para alegar de conclusión la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio 9. A su turno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en escrito del 30 de mayo de 2018, reiteró que, conforme con las pretensiones de la demanda, la reparación del eventual daño alegado sólo era procedente previa declaratoria de nulidad de los actos que se consideraban arbitrarios10.

23. Por último, mediante escrito del 30 de mayo de 2018 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) presentó alegatos y solicitó sucesión procesal de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social11, la cual fue aceptada mediante Auto del 27 de noviembre de 2018 12. Como argumentos de conclusión reiteró la configurac ión de la

8 Folio 383 del Cuaderno del Consejo de Estado. 9 Folio 413 del cuaderno del Consejo de Estado. 10 Folios 411 y 412 del Cuaderno del Consejo de Estado. 11 Folios 386 a 393 del Cuaderno del Consejo de Estado. 12 Folios 418 a 420 del Cuaderno del Consejo de Estado.Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806) Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Referencia: reparación directa Decisión: confirma la declaratoria de indebida escogencia de la acción 7 de 11

Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Referencia: reparación directa Decisión: confirma la declaratoria de indebida escogencia de la acción 7 de 11

indebida escogencia de la acció n pues el actor cayó en “(…) confu sión respecto de los efectos de la providencia que decreta la suspensión provisional, ya que la decisión adoptada, en ese sentido, no implica en momento alguno el prejuzgamiento y mucho menos, es una providencia que declare de manera definitiva la nulidad del acto administrativo demandado (…)”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Presupuestos procesales – 2.3. Condena en costas

2.1. Síntesis de la controversia

24. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque, al igual que el Tribunal, encuentra probada la excepción de indebida escogencia de la acción. En consecuencia, se inhibirá de fallar de fondo, toda vez que se presentó una acción de reparación directa, que no resultaba procedente en esta controversia, en virtud de la fuente del daño.

2.2. Presupuestos procesales

25. Para solucionar el caso concreto y evaluar la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado es necesario recordar que, para esta Corporación, en términos generales, el medio de control a elegir por el demandante depende de la fuente u origen d el daño que el actor pretende que le sea reparado y/o de la naturaleza del acto que pretende controvertir13.

26. En aplicación de dicha construcción, se evidencia que la parte demandante, tanto en la demanda como en la apelación, afirmó que el daño

que le sea reparado y/o de la naturaleza del acto que pretende controvertir13.

26. En aplicación de dicha construcción, se evidencia que la parte demandante, tanto en la demanda como en la apelación, afirmó que el daño se derivó de una operación administrativa , de ejecución de actos administrativos de carácter general, en la que participaron el Organismo de Administración Conjunta de la Cuenta de Alto Costo, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público . En concreto, según la demandante (se trascribe) “(…) la operación administrativa consistente en realizar descuentos a la AIC-EPS-I a períodos de corte anteriores a la entrada en vigencia de los actos administrativos generales expedidos c onjuntamente por los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público

13 En Sentencia de 4 de junio de 2019 ( Exp. 43.758), esta Subsección sostuvo: “El ordenamiento jurídico colombiano distinguió la procedencia de las acciones a partir del origen del daño, reservando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a aquellos eventos en los que los perjuicios aleg ados sean consecuencia de un acto administrativo y, la acción de reparación directa, para los que encuentren su fuente en un hecho, omisión u operación administrativa. Sin embargo, la regla aludida encuentra dos excepciones claras en la jurisprudencia: la primera, referente a los daños que se hubieren causado por un acto administrativo legal y, la segunda, relacionada con los daños cuya fuente sea la ejecución de un acto administrativo que haya sido objeto de revocatoria directa o de anulación por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (…)

ejecución de un acto administrativo que haya sido objeto de revocatoria directa o de anulación por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (…) La Sala ha reconocido la viabilidad de la acción de reparación directa por los perjuicios causados por la expedición de un acto administrativo cuya legalidad no se discute en el curso del proceso, toda vez que, reconoce que el ejercicio de la función administrativa, ajustado al ordenamiento jurídico, puede generar un rompimiento del equilibrio de las cargas públicas y, en esta hipótesis, la procedencia de la acción de reparación directa depende principalmente de la ausencia de cuestionamiento respecto de la legalidad del acto administrativo que generó los perjuicios alegados por la parte actora”.Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806) Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público Referencia: reparación directa Decisión: confirma la declaratoria de indebida escogencia de la acción 8 de 11

violaron el artículo 29 C.P., (…) que exige como garantía para los ciudadanos que preexista la norma, en este caso el acto administrativo, a la conducta omisiva imputada, es decir el no reporte de información a la Cuenta de Alto Costo. No podía retrotraerse hacía el pasado el efecto de la resolución 4917 de 9 de diciembre de 2009, reglamentaria del Decreto 2699 de 2007, modificado por el Decreto 35l1 de 14 de septiembre de 2009, norma última que introdujo la

9 de diciembre de 2009, reglamentaria del Decreto 2699 de 2007, modificado por el Decreto 35l1 de 14 de septiembre de 2009, norma última que introdujo la sanción de ceros casos para las entidades que presenten la información en los periodos señalados en la resolución No. 00173 del 28 de enero de 2009.”

27. Sin embargo, la Sala encuentra que la fuente directa14 del daño15, tal como el demandante lo afirmó, fue la aplicación misma de las reglas de cálculo y descuento previstos en los actos administrativos que relacionó , no una operación administrativa. En efecto, el actor efectuó reproches de ilegalidad a las Resoluciones 3414 y 4917 de 2009, expedidas conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de la Protección Social, y a las decisiones del Organismo de Administración Conjunta de la Cuenta de Alto Costo, comunicadas mediante oficios CAC-531 de 2010 y CAC-586 de 2010 por considerar que “(…) no podían aplicarse a los periodos comprendido en la fase I y II, porque sus efectos no son retroactivos ya que no existe norma legal que lo autorizara y aplicarlos retroactivamente contraria el principio de legalidad y de irretroactividad, tanto de la ley como de los actos administrativos generales.”16

28. Precisamente, en sentir del actor, en desarrollo de los artículos 19 y 25 de la Ley 1122 de 2007 y de los Decretos 2699 de 2007 y 3511 de 2009, la Resolución 4917 de 2009 (se trascribe) “(…) se expidió violando el principio de legalidad y socavando la seguridad jurídica, ya que ha sido tradición jurídica aceptada en

4917 de 2009 (se trascribe) “(…) se expidió violando el principio de legalidad y socavando la seguridad jurídica, ya que ha sido tradición jurídica aceptada en nuestro país que el Acto Administrativo, lo mismo que la ley, rige para el futuro (…) y sólo en forma excepcional pueden los actos tener efecto hacia el pasado; para ello es necesario que medie siempre autorización de la ley (…)”17

29. En relación con los descuentos que le fueron comunicados, la Asociación consideró que (se trascribe) “( …) se hicieron en aplicación de una norma expedida con posterioridad a las fechas de corte para la entrega de la información base para aplicar el mecanismos de cálculo, esta norma es la resolución 4917 del 9 de diciembre de 2009 (…) la cual en su artículo 3 ordenó la aplicación retroactiva del mecanismo de cálculo creado por la resolución 3441 del 16 de septiembre de 2009, sin que la aplicación retroactiva hu biera sido ordenada por la Ley 1122 de 2007, que dio facultades al Gobierno Nacional

14 “Debe recordarse que, en materia de lo contencioso administrativo, de una parte, la fuente del daño que se afirma irrogado es la que determina la acción idónea o procedente a efectos de lograr la consideración del asunto por parte del juez, y ello a su vez, fija la técnica apropiada en la formulación de las pretensiones y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de